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DECISIÓN AMPARO ROL C9161-21</p>
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Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule</p>
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Requirente: Fiorella Ayala</p>
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Ingreso Consejo: 13.12.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule, ordenándose la entrega de copia del expediente administrativo de regularización N° 118925, a nombre de la persona que se indica.</p>
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Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se advierte la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva que justifique la denegación de lo solicitado, desestimándose, asimismo, la afectación de derechos del tercero interesado, quien no justificó su oposición al no dar cuenta de una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a sus derechos.</p>
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Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C438-13, C1045-15, C2397-16, C1867-17, C1712-20 y C2564-20.</p>
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En sesión ordinaria N° 1264 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de marzo de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C9161-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de noviembre de 2021, doña Fiorella Ayala solicitó a la Subsecretaría de Bienes Nacionales, la siguiente información:</p>
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"copia del expediente administrativo 118925, de Eugenia de las Mercedes Bravo Care o Caro, con publicación en el diario de circulación regional el 01 de septiembre y probablemente el 15 de septiembre de 2021, procedimiento donde está corriendo plazo para formular eventuales oposiciones y cuyos antecedentes ya fueron solicitados en una solicitud anterior. Se solicita la copia del expediente completo con cada uno de los documentos que son parte de él, planos, escrituras públicas, certificados, inscripciones, resoluciones, informes positivos o negativos que sean parte de aquel expediente, copia de formularios, declaración de testigos, etc, en definitiva, el expediente completo. En la publicación del diario aparece la solicitante con el segundo apellido CARE, pero podría ser CARO".</p>
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En sus observaciones, advirtió que la copia del expediente fue solicitada con anterioridad en la fecha que indicó.</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 01329 de fecha 18 de noviembre de 2021, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule -en adelante e indistintamente, también, SEREMI-, respondió a dicho requerimiento y denegó lo solicitado por oposición de tercero. Así, indicó que la solicitud fue notificada al tercero afectado con fecha 10 de noviembre de 2021, el cual, presentó su carta de oposición con fecha 15 de noviembre de 2021.</p>
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3) AMPARO: El 13 de diciembre de 2021, doña Fiorella Ayala dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales del Maule, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
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La reclamante hizo presente que lo solicitado dice relación con la necesidad de examinar de manera completa y tener los antecedentes exigidos y suficientes de un expediente tramitado a través del procedimiento administrativo público contemplado en el Decreto Ley N° 2695 del año 1979. Advirtió que tanto los documentos que sustenta dichos procedimientos, así como las resoluciones intermedias y las finales del organismo deben ser públicas. En este sentido, indicó que lo pedido comprende antecedentes en virtud de los cuales el órgano autoriza la regularización de un inmueble, y particularmente del acto mediante el cual se resuelve acoger o no una solicitud de regularización de posesión de un bien raíz. Además, señaló que la denegación de los antecedentes afectaría la igualdad ante la ley, la debida defensa, y un racional y justo procedimiento conforme a los artículos 7°, 19° Nos. 2 y 3 y 24° de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 19 y 20 del DL 2695.</p>
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Por otra parte, señaló que realizó con anterioridad otra solicitud de información -que adjuntó al efecto-, a la cual se respondió por parte del órgano -adjuntó oficio-, que se modificara la solicitud de acceso.</p>
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Por último, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación sobre la materia consultada.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales del Maule, mediante Oficio N° E735 de fecha 12 de enero de 2022, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida(s) y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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Al respecto, por medio de Ordinario N° SE07-00 0141 de fecha 20 de enero de 2022, el órgano presentó sus descargos en los siguientes términos:</p>
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Reiteró la denegación de lo solicitado fundado en la oposición del tercero interesado. Así, adjuntó copia de la presentación de fecha 15 de noviembre de 2021, por medio de la cual el tercero se opuso a la entrega de pedido, advirtiendo que la requirente es una de las integrantes de la sucesión de la persona que señala, cuyo terreno se encuentra lejos del suyo.</p>
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En efecto, el órgano precisó que, en razón de la oposición, se encuentra impedido de entregar lo solicitado, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Además, indicó que, a su juicio, concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, particularmente en relación a la esfera de la vida privada y los derechos de carácter comercial y económico de los terceros, en la medida que el expediente administrativo contiene por lo general documentación y antecedentes de carácter privado, relativos a datos de identificación, domicilio, red familiar, entre otros.</p>
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Aclaró que, en el expediente administrativo de regularización solicitado, se procedió a dictar resolución exenta de fecha 23 de agosto de 2021, donde se aceptó la solicitud de la persona consultada y se ordenó realizar las publicaciones del extracto de la misma en el diario de circulación regional que indica. Agregó que se dictó Resolución Definitiva Exenta N° E-65936 de fecha 22 de diciembre de 2021, que ordenó inscribir en el Conservador de Bienes Raíces de Talca, la propiedad ubicada en el lugar que refiere, y mediante Ordinario N° E.127963 de fecha 23 de diciembre de 2021, se remitió solicitud de inscripción al Conservador de Bienes Raíces de Talca.</p>
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Por último, adjuntó los datos de contacto del tercero.</p>
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5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio N° E2738, de fecha 9 de febrero de 2022.</p>
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No obstante lo anterior, a la fecha del presente acuerdo, no consta que el tercero hubiere presentados sus observaciones en esta sede.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de la información correspondiente al expediente administrativo de regularización individualizado, gestionado conforme al Decreto Ley N° 2695. Al efecto, en su respuesta y con ocasión de sus descargos la SEREMI denegó lo solicitado, fundada en la oposición formulada por el tercero interesado, en ejercicio de la facultad que establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, primeramente, cabe tener presente que el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."</p>
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3) Que, la reclamada en sus descargos ha advertido que la divulgación de lo solicitado, podría producir una afectación a la esfera de la vida privada y a los derechos comerciales o económicos del tercero interesado, toda vez que el expediente requerido contiene antecedentes de carácter privado, tales como información de la red familiar, datos de identificación, entre otros. Asimismo, por cuanto el tercero interesado se opuso a la divulgación de lo pedido, fundado en que la circunstancia de una sucesión hereditaria. Al respecto, cabe hacer presente que en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, advertida por la reclamada, se podrá denegar el acceso a la información solicitada cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. En tal sentido, el artículo 7° N° 2, del Reglamento de la Ley de Transparencia, precisa que se entenderá por tales derechos aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés. Luego, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.</p>
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4) Que, en la especie, cabe hacer presente que la circunstancia de que la requirente forma parte de una sucesión hereditaria en relación a predios que refiere, alegada por el tercero interesado, a juicio de este Consejo, no constituye un argumento suficiente que permita determinar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad de sus derechos y que permita demostrar una afectación concreta de los mismos. En este sentido, no se advierte que el tercero interesado hubiere esgrimido la afectación a algún derecho específico, limitándose únicamente a explicar que la reclamante forma parte de una sucesión hereditaria en los predios que individualiza.</p>
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5) Que, unido a lo anterior, y en relación a lo advertido por el órgano, cabe señalar que la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia está establecida en favor del tercero interesado, quien debe acreditar la afectación a alguno de sus derechos, lo que no se advierte en la especie. Con todo, y en relación a la afectación de los derechos comerciales y económicos que fuere esgrimida por el órgano, cabe hacer presente que este Consejo ha establecido los siguientes criterios copulativos para efecto de tener por acreditada la referida causal, esto es: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). En la especie, cabe señalar que la sola invocación de la causal, no constituye un argumento suficiente que permita acreditar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad de sus derechos comerciales y económicos y que permita demostrar una afectación concreta de los mismos, en la medida que el órgano no explicó ni acreditó la forma en que la divulgación del expediente consultado implicaría una afectación a su desenvolvimiento competitivo. Por otra parte, el órgano no acompañó antecedentes suficientes que permitieran acreditar una afectación concreta y específica a la esfera de la vida privada del tercero -resultando insuficiente para estos efectos la sola indicación de que el expediente contiene antecedentes privados, los cuales, además, no fueron señalados por el tercero interesado-, o de alguno de los bienes jurídicos protegidos en la norma citada. Por lo anterior, se desestimará la concurrencia de la causal esgrimida.</p>
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6) Que, además, respecto a requerimientos de similar naturaleza, este Consejo ha sostenido reiteradamente, a partir de las decisiones de los amparos Roles C438-13, C1045-15, C2397-16, C1867-17, C1712-20 y C2564-20, entre otras, que la información requerida es de naturaleza pública. En efecto, se trata de antecedentes relativos a la regularización de un inmueble, conforme al procedimiento regido por el Decreto Ley N° 2.695, de 1979 -que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella-, el cual establece un procedimiento para que los poseedores materiales de determinados inmuebles soliciten al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de aquéllos, a fin de que puedan adquirir su dominio por prescripción.</p>
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7) Que, en mérito de lo expuesto, tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, respecto de la cual este Consejo no advierte la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva que justifique la denegación de lo requerido, se acogerá el presente amparo, ordenando a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Maule, proporcionar al reclamante copia del expediente administrativo de regularización individualizado.</p>
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8) Que, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros datos de terceros que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Fiorella Ayala en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales del Maule, lo siguiente:</p>
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a) Entregue a la reclamante la información requerida en la solicitud consignada en el numeral 1° de lo expositivo, sobre copia del expediente administrativo de regularización N° 118925, a nombre de la persona que se indica.</p>
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Asimismo, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros datos de terceros que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Fiorella Ayala, al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule y al tercero interesado.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>