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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C492-13</strong></p>
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Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile</p>
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Requirente: Juan Carlos Duque Gutiérrez</p>
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Ingreso Consejo: 19.04.2013</p>
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En sesión ordinaria N° 442 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de junio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C492-13.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285, N° 19.880 y N° 19.628; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) CONTEXTO PREVIO:</p>
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a) El 13 de julio de 2012, don Pedro Iván Bujes Retamal, en representación de don Juan Duque Gutiérrez, solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile –en adelante, indistintamente, PDI– informarle acerca de qué funcionarios consultaron en el Sistema GEPOL a su representado, así como las razones de dicha consulta, en el período comprendido entre el 20 de junio y 30 de diciembre de 2010.</p>
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b) Contra la respuesta dada por la PDI a esa solicitud, don Pedro Iván Bujes Retamal, en representación de don Juan Carlos Duque Gutiérrez, dedujo un amparo ante este Consejo, el cual fue ingresado bajo el Rol C1259-12. Tal reclamo fue acogido parcialmente el 5 de diciembre de 2012, requiriendo a la PDI que entregara al reclamante la información relativa a los nombres de los funcionarios que consultaron en el Sistema GEPOL, el nombre de don Juan Carlos Duque Gutiérrez en el período comprendido entre el 20 de junio y 30 de diciembre de 2010.</p>
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c) Mediante carta de 17 de enero de 2013, la PDI dio cumplimiento a dicha decisión informando al recurrente los nombres de cuatro funcionarios que cumplían las condiciones antes indicadas. Además, comunicó lo siguiente: “…también acceden a dicho sistema, funcionarios del Departamento Asuntos internos consultando al Sr. DUQUE GUTIÉRREZ, quienes lo hicieron en cumplimiento a instrucciones, en el marco de las indagaciones dispuestas por el Ministerio Público en causa RUC N° 1000593351-5, siendo por tanto datos de una actuación de la investigación y que forma parte de la carpeta investigativa”. Agregó que “Atendido lo anterior y, conforme al Instructivo de la Fiscalía Nacional en cuanto a la aplicación de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, contenido en Oficio N° 026/2011 de fecha 14.ENE2011 y que se transcribe a continuación, lo requerido por usted es de conocimiento de ese órgano persecutor”. Por último señaló: “En razón a lo expuesto, su referida solicitud será derivada al Ministerio Público, conforme lo ordena el artículo 13 de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y el Instructivo citado precedentemente”.</p>
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d) Por medio de correo electrónico enviado el 28 de enero de 2013, la PDI informó al solicitante que en la carta de 17 de enero de 2013 por un error se indicó que la investigación llevada a cabo por el Departamento V “Asuntos Internos”, que motivó las consultas efectuadas al Sr. Duque Gutiérrez en el Sistema GEPOL, “había comprendido el período que va desde el 20.JUN.011 en adelante, debiendo decir, «20.JUN.010 al 19.JUN.011»”.</p>
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e) Por el mismo medio y con la misma fecha, el Sr. Bujes Retamal comunicó a la PDI y a este Consejo que antes del 30 de junio de 2010 no existía investigación criminal ya que la denuncia al Ministerio Publico se realizó por el Departamento V el mismo 30 de junio de 2010 a las 18:00 hrs aproximadamente. Agregó que en la carpeta investigativa no existía constancia de haberse ordenado la consulta de su representado en el Sistema GEPOL y/o en el Biométrico por la Fiscal del caso, ni antes del 30 de junio de 2010 ni con posterioridad a esa fecha. Tampoco existía orden verbal para tales efectos ya que el Sr. Bujes solicitó copia de los registros de órdenes verbales y no existía nada de lo respondido al Consejo para la Transparencia.</p>
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f) A través de correo electrónico de 29 de enero de 2013, el Jefe de la Unidad de Seguimiento y Sumarios de este Consejo informó al Sr. Bujes que revisada la respuesta del 17 de enero de 2013, así como su rectificación, ellas se ajustaban a lo resuelto por esta Corporación en la decisión C1259-12, estimándose cumplida en estas circunstancias.</p>
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2) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de febrero de 2013, don Pedro Bujes Retamal, en representación de don Juan Carlos Duque Gutiérrez, solicitó a la PDI, la siguiente información:</p>
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a) Funcionarios que consultaron a su representado don Juan Carlos Duque Gutiérrez, en el sistema GEPOL y Biométrico que utiliza la PDI, entre el 20 y el 30 de junio de 2010, con indicación de fecha y hora, funcionario y por orden de quién se realizó la consulta. Hizo presente que “dicha información no se encuentra establecida al tenor del artículo 182 del CPP ya que la denuncia del Departamento V fue el 30 de junio de 2010, al Ministerio Público”.</p>
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b) Se otorgue copia de los libros de entrada y registro al Cuartel Central y al “Departamento V Asuntos Internos” desde el 20 de junio de 2010 al 31 de diciembre de 2010.</p>
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c) Funcionarios que consultaron a su representado don Juan Carlos Duque Gutiérrez, en el sistema GEPOL y Biométrico que utiliza la PDI, entre el 30 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, especificando el lugar, fecha y hora de la consulta y si ésta fue ordenada por el Ministerio Público. Hizo presente que “en calidad de abogado defensor penal privado, no afecta ningún secreto a esta información de conformidad a la ley”.</p>
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d) Copia de todas las constancias y órdenes del Ministerio Público para consultar en los sistemas GEPOL y Biométrico a su representado Juan Carlos Duque Gutiérrez, desde el 20 de junio de 2010 al 31 de diciembre de 2010; y,</p>
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e) Se le otorgue copia de la investigación llevada por el “Departamento V Asuntos Internos” por los funcionarios que han consultado a su representado don Juan Carlos Duque Gutiérrez.</p>
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3) RESPUESTA: El Jefe de la Sección de Acceso a la Información Pública respondió a dicho requerimiento de información a través de carta fechada en 1° de abril de 2013, señalando en síntesis lo siguiente:</p>
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a) Respecto de su solicitud de informar los nombres de los funcionarios que consultaron a su representado en el sistema GEPOL y Biométrico, entre el 20 de junio de 2010 y el 31 de diciembre del mismo año, comunicaron que dicha información le fue entregada por esa sección, el 17 de enero de 2013, “toda vez que se trata de la misma petición de información, abarcando el período solicitado en el presente requerimiento” (sic).</p>
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b) Respecto de la entrega de copia de la investigación llevada por el Departamento V Asuntos Internos, relacionada con los funcionarios que habían consultado a su representado, informaron que ésta se encontraba tramitada y afinada. Le indicaron que previamente debía pagar los costos de reproducción ($2.004), y le señalaron dónde debe retirar la información.</p>
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c) Finalmente, hizo presente que en la copia de la investigación del Departamento V Asuntos Internos, que dice relación con los funcionarios que consultaron a su representado, “se encuentra la información complementaria requerida”.</p>
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4) AMPARO: El 19 de abril de 2013, don Juan Carlos Duque Gutiérrez, representado por don Pedro Bujes Retamal, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la PDI, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Adjuntó a su amparo un correo electrónico enviado el 1° de abril de 2013 a la Sección Acceso a la Información Pública de la PDI, en el cual se lee –en síntesis– lo siguiente:</p>
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a) El reclamante indicó que la información requerida sobre las personas que consultaron a su representado, no es la misma petición anterior, ya que la respuesta anterior abarcó un período de investigación del Ministerio Público “inexistente, esto es, del 20 junio 2010 al 30 junio 2010, toda vez que la denuncia fue formulada el mismo día 30 de junio de 2010 a las 18.00 hrs aproximadamente”.</p>
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b) Indicó que lo señalado respecto de la derivación al Ministerio Público (se refiere a la carta de respuesta de fecha 17 de enero de 2013) es una “burla, ya que sigo siendo el abogado defensor penal de don Juan Carlos Duque Gutiérrez y Ud. sabe muy bien que esa información no la tiene el Ministerio Público, ya que nunca ordenó ni verbal ni en forma escrita la consulta en el sistema GEPOL ni Biométrico de mi representado (...)”.</p>
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c) Señaló que no correspondía que el órgano reclamado se amparara en el secreto del artículo 182 del Código Procesal Penal, porque él no es un tercero ajeno al procedimiento e insistió en que no existía denuncia criminal entre el 20 de junio de 2010 y el 30 de junio de 2010.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante oficio N° 1590 de 29 de abril de 2013, al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones. En dicha comunicación se hizo presente a la reclamada que en el análisis de admisibilidad del presente caso, se advirtió que el reclamante restringió su amparo sólo a lo solicitado en el literal a) de su solicitud de acceso. En respuesta, el Director General requerido presentó sus descargos y observaciones mediante el oficio Ord. N° 245, de 10 de mayo de 2013, ingresado a este Consejo el día 26 del mismo mes y año, señalando, en síntesis, que:</p>
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a) El 1° de abril de 2013 ese servicio público respondió la solicitud de acceso que motivó el presente amparo, indicándole al solicitante que la información requerida ya le había sido entregada con fecha 17 de enero de 2013.</p>
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b) El Sr. Bujes Retamal ha solicitado en reiteradas oportunidades la misma información, sólo cambiando el período consultado. Una de las cuales requirió la información “desde el 20 de junio de 2010 al 31 de diciembre de 2010, sin perjuicio que UDS la puedan ampliar desde el 01.011.2010” (sic), como da cuenta el correo electrónico remitido por el reclamante a ese servicio el 13 de agosto de 2012.</p>
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c) La PDI al responder esa solicitud le indicó al requirente que la información comprendía desde el 20 de junio de 2010 al 19 de junio 2011, es decir, se entregó más allá del período consultado.</p>
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d) Ante la disconformidad a la respuesta emitida por ese servicio, el Sr. Bujes interpuso reclamo ante este Consejo, el que resolvió mediante decisión C1259-12, que la información debía ser entregada. El cumplimiento de la resolución se verificó el 17 de enero de 2013. Posteriormente, el 28 de enero de 2013 se efectuó una rectificación porque el período que se señalaba era incorrecto, aclarándose que abarcaba desde el 20 de junio de 2010 al 19 de junio de 2011. Para acreditar lo anterior, la PDI acompañó el correo electrónico enviado por esa institución al Sr. Bujes el 28 de enero pasado.</p>
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e) Solicitó el rechazo del reclamo, por tratarse de igual petición, en cuanto a materia y período consultado, que una solicitud anterior que se encuentra resuelta.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que tanto la solicitud de acceso del 19 de febrero de 2013 como el presente amparo fueron presentados por el Sr. Pedro Bujes Retamal, quien no acompañó poder para representar a don Juan Carlos Duque Gutiérrez, sin embargo, su personería fue acreditada previamente ante la PDI, hecho que se tuvo a la vista por este Consejo en el amparo C406-12. Por lo tanto, conforme al artículo 17 letra c) de la Ley N° 19.880, se tuvo por acreditada la representación en este caso.</p>
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2) Que consta en el acta N° 234 del Comité de Admisibilidad de este Consejo, reunido el 26 de abril de 2013, que al efectuarse el examen de admisibilidad del presente amparo, se estableció que el mismo había sido deducido sólo respecto de la información requerida en el literal a) de la solicitud de acceso, situación que fue debidamente comunicada a los intervinientes a través del oficio N° 1590 de 29 de abril de 2013, anotado en el numeral 5) de la parte expositiva. Por lo tanto, la presente decisión se referirá exclusivamente a esa parte de la solicitud de acceso.</p>
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3) Que al realizar una comparación entre la solicitud que dio origen al presente amparo y la solicitud que motivó el amparo Rol C1259-12, es posible establecer que ambos requerimientos no son idénticos, ya que la petición del 13 de julio de 2012 se refirió a un período de tiempo más amplio que la solicitud de 19 de febrero de 2013. En efecto, la primera de ellas se refirió al período comprendido entre el 20 de junio y 30 de diciembre de 2010, mientras que en esta última se acotó al período entre el 20 y 30 de junio del mismo año. Además, en la solicitud que motiva este amparo se agregaron indicaciones respecto a la información pedida. En efecto, en la petición del 19 de febrero se requirió que se precisara la fecha y hora de cada consulta realizada y por orden de quién ésta se había realizado, asociado al nombre del funcionario consultante, cuestión que no se requirió en la petición anterior.</p>
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4) Que, tal como se indicó en las decisiones de los amparos C406-12 y C1259-12, cabe señalar que la información requerida obra en poder de la PDI, toda vez que “al revisarse por un funcionario una o más de aquellas tablas que son parte del Sistema de Gestión Policial (GEPOL) –ordenes de detención, control de identidad, arraigos, etc.–, queda registrado en su base informática el nombre del funcionario que accedió a ella y la persona por la cual éste requirió antecedentes en dicha base de datos”. Por lo anterior, es posible concluir que la información requerida es de carácter pública, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, en tanto no se han alegado causales de reserva a su respecto.</p>
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5) Que analizada la carta de respuesta del 17 de enero de 2013 –rectificada el día 28 del mismo mes–, a la cual se remitió la PDI en su respuesta a la petición del 19 de febrero de 2013, es posible concluir que la PDI no informó los nombres de los funcionarios que consultaron en el Sistema GEPOL y Biométrico, el nombre de don Juan Carlos Duque Gutiérrez en el período específico comprendido entre el 20 y 30 de junio de 2010. Si bien se entregaron los nombres de algunos de los funcionarios que consultaron al Sr. Duque entre el 20 de junio de 2010 y el 19 de junio de 2011, no se indicó en qué fecha se realizaron esas consultas, por lo tanto, no es posible saber quiénes consultaron el Sistema entre el 20 y 30 de junio de 2010. En consecuencia, no es posible tener por entregada, a través de la carta del 17 de enero, la solicitud de acceso del 19 de febrero. Por lo anterior, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la PDI que entregue al reclamante la información requerida en el literal a) de la solicitud de acceso anotada en el numeral 1) de la parte expositiva de este acuerdo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Juan Carlos Duque Gutiérrez, el 19 de abril de 2013, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones que:</p>
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a) Entregue al reclamante el nombre de los funcionarios que consultaron a don Juan Carlos Duque Gutiérrez, en el sistema GEPOL y Biométrico que utiliza la PDI, entre el 20 y el 30 de junio de 2010, con indicación de fecha y hora, funcionario y por orden de quién se realizó la consulta.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pedro Bujes Retamal, en su calidad de representante de don Juan Carlos Duque Gutiérrez, y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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