Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C356-22

Reclamante:	RICARDO ANDRÉS ARRAIAGADA ACEVEDO
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de San Ignacio, ordenando la entrega de copia de los informes finales del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) Municipal de San Ignacio, de los años 2016 y 2017. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder de la institución conforme a sus obligaciones legales, respecto de la cual se desestimó la alegación de distracción indebida de sus funcionarios, por no acreditarlo fehacientemente. No obstante lo anterior, se concede al municipio un plazo mayor para dar respuesta al presente requerimiento.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/24/2022
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C1336-16
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
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DECISIÓN AMPARO ROL C356-22   Entidad pública: Municipalidad de San Ignacio. Requirente: Ricardo Arriagada Acevedo. Ingreso Consejo: 15.01.2022 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de San Ignacio, ordenando la entrega de copia de los informes finales del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) Municipal de San Ignacio, de los años 2016 y 2017. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder de la institución conforme a sus obligaciones legales, respecto de la cual se desestimó la alegación de distracción indebida de sus funcionarios, por no acreditarlo fehacientemente. No obstante lo anterior, se concede al municipio un plazo mayor para dar respuesta al presente requerimiento. En sesión ordinaria N° 1264 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de marzo de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C356-22. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de diciembre de 2021, don Ricardo Arriagada Acevedo requirió a la Municipalidad de San Ignacio lo siguiente: "me dirijo a usted para solicitar los informes finales del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) Municipal de San Ignacio, pertenecientes a los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. La razón por la cual realizo esta petición, es porque me encuentro cursando un Magister en Política y Gobierno en la Universidad de Concepción, y requiero de esta información primordial para llevar a cabo mi tesis que tratará sobre la implementación de la Ley 19.803 en la Gestión Municipal en la Región de Ñuble (2016- 2020)". 2) RESPUESTA: El 30 de diciembre de 2021, mediante Oficio Alcaldicio N° 837, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, entregando la información correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020, y denegando la entrega de la documentación de los años 2016 y 2017, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, argumentando que "no contamos con los informes de los años 2016 y 2017 digitalizados, dicha información solo se encuentra en formato papel archivada en la bodega. Que, nos encontramos en proceso de cierre de año, razón por la cual no contamos con personal que pueda destinarse a la búsqueda de dichos archivos, desarchivar y digitalizar, considerando además, que son de años anteriores. Que, para dar cumplimiento a la totalidad de la información solicitada se hace necesario contratar a una persona, por el período de a lo menos una semana y actualmente el municipio no cuenta con recursos para ello". 3) AMPARO: El 15 de enero de 2022, don Ricardo Arriagada Acevedo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de San Ignacio, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud. Asimismo, alegó que "La información recibida es incompleta porque no se encuentra en formato digital y no tienen personal para recopilarla físicamente de su bodega". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio E2959, de 11 de febrero de 2022, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Ignacio, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante Ord. N° 116, de fecha 22 de febrero de 2022, el municipio evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, y mencionar cómo se gestiona el programa consultado, agregó en síntesis, que "Por razones de espacio físico, cada año la documentación que ya no es utilizada en los procedimientos regulares, es almacenada en la bodega municipal, junto con los archivos de todas las unidades que componen el municipio (...) el municipio hizo un esfuerzo y pudimos recuperar los informes de los años 2018 a 2020 (...) Cabe señalar que en esa fecha, al igual que ahora, hay funcionarios haciendo uso de su feriado legal y se han presentado licencias médicas por contagios de COVID-19, otras enfermedades y permisos especiales por el plazo de tiempo en que reciben los resultados del PCR", agregando que la institución se ha visto muy afectada por la pandemia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de la Municipalidad de San Ignacio, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de los informes finales del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) Municipal de San Ignacio, de los años 2016 a 2020. Al respecto, el órgano entregó información relativa al PMG correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020, y denegó la entrega de la documentación de los años 2016 y 2017 fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Tal consagración de la garantía constitucional determinó la promulgación, con fecha 20 de agosto de 2008, de la Ley Número 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, la cual en su artículo 32 dispone que: "El consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información". 3) Que, en segundo lugar, con relación a la documentación correspondiente a los años 2016 y 2017, el órgano denegó la entrega de la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, el cual dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 4) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 7) Que, en la especie, si bien el órgano señaló que debería contratar a una persona en forma exclusiva para buscar y recabar la información, y que varios funcionarios se encontrarían con feriado legal o con licencias médicas, cabe tener presente que dichas alegaciones no revisten una magnitud tal que permita tener por configurada la causal de reserva alegada. En efecto, el órgano no detalló la cantidad de antecedentes que comprende el requerimiento, ni el número de documentos que contiene cada informe final del PMG, ni la cantidad de jornadas laborales o período de tiempo necesario para reunirla, ni ningún otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo en consideración que la información requerida se refiere a antecedentes correspondientes a sólo 2 períodos anuales, y teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, motivos por los cuales este Consejo estima que las alegaciones del órgano no permiten tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debiendo desestimarse su concurrencia. 8) Que, asimismo, a juicio de esta Corporación, contar con la información requerida debidamente sistematizada da cuenta de una debida diligencia por parte del órgano. Luego, cabe hacer presente que el hecho de mantener sistematizada la información requerida, más que provocar una distracción indebida de las funciones del órgano, es de aquellas actividades que -precisamente- permiten facilitar el control social y, a la vez, rendir cuenta del correcto ejercicio de sus funciones públicas, en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Así las cosas, una deficiente gestión documental por parte de la institución reclamada, en ningún caso, puede justificar la denegación del derecho de acceso a información pública, toda vez que la falta de una política integral de automatización o digitalización en la tramitación de los documentos, con el estado actual de las tecnologías de la información, no permite fundar la imposibilidad de entrega de documentación como la requerida. 9) Que, en consecuencia, tratándose de información pública que obra en poder del órgano, y habiéndose desestimado sus alegaciones fundadas en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, debiendo el órgano tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, el nombre de terceros, número de cédula de identidad, domicilio particular, estado civil, teléfono, correo electrónico particular, entre otros, en aplicación de lo previsto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. 10) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19. En ese contexto, esta Corporación pudo prever que dicha situación podría disminuir la capacidad de trabajo de sus dotaciones, lo que podría generar una demora en el desarrollo de sus procesos internos, afectando con esto los plazos contemplados en la ley. Por lo anterior, se concederá un plazo mayor para dar respuesta al presente requerimiento. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Ricardo Arriagada Acevedo en contra de la Municipalidad de San Ignacio, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Ignacio que: a) Entregue al reclamante copia de los informes finales del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) Municipal de San Ignacio, de los años 2016 y 2017, debiendo el órgano tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, el nombre de terceros, número de cédula de identidad, domicilio particular, estado civil, teléfono, correo electrónico particular, entre otros. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ricardo Arriagada Acevedo y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Ignacio. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.