Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C659-13

Reclamante:	JAIME MARCELO DIAZ LAVANCHY
Reclamado:	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana (SERVIU), fundado en que recibió respuesta parcial a su solicitud de información sobre información respecto de 4 edificios demolidos en Villa Canadá, comuna de Ñuñoa. El Consejo señaló que si bien la información requerida ha sido generada por entidades privadas, toda vez que se trata de un proyecto de construcción de conjuntos habitacionales elaborado por una empresa constructora en el marco de un contrato de construcción celebrado con una EGIS también privada, la misma ha sido puesta a disposición del SERVIU para el legítimo ejercicio de sus atribuciones, en la especie, la evaluación técnica, económica, social y legal del proyecto, lo que se traduce en la dictación de una resolución por parte de la reclamada, que otorgue el certificado de calificación definitiva del proyecto. Además, se ha generado en el marco de un programa de fondo solidario de vivienda, por lo que existe presupuesto público comprometido en el financiamiento de dicho conjunto o proyecto habitacional. En consecuencia, conforme a todo lo precedentemente señalado, la información requerida se trata, en principio, de información pública.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/26/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C3483-16
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Vivienda

DECISIÓN AMPARO ROL C659-13 Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana (SERVIU) Requirente: Jaime Díaz Lavanchy Ingreso Consejo: 14.05.2013 En sesión ordinaria Nº 451 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de julio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C659-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; el Decreto Supremo Nº 174, de 2005, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Reglamenta el Programa Fondo Solidario de Vivienda; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de marzo de 2013, don Jaime Díaz Lavanchy solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, en adelante indistintamente SERVIU, información respecto de 4 edificios demolidos en Villa Canadá, comuna de Ñuñoa. En específico, el solicitante requirió: a) Copia del estudio de daños que justifica la demolición. b) Copia de la resolución que asigna subsidios y que permite el financiamiento de la reconstrucción de los 4 edificios demolidos en el sector. c) Número y nómina de los propietarios que fueron expropiados y fecha de publicación de la expropiación en el Diario Oficial. d) Documento que acredite el monto total pagado por concepto de expropiaciones. Específicamente, si existen expropiaciones que están pendiente de pago y en qué número, y si es efectivo que las demoliciones fueron autorizadas por el SERVIU antes de que las expropiaciones fueran pagadas. e) Copia del Proyecto presentado por la Empresa Vesia, con especificaciones técnicas, planos y presupuesto. f) Copia íntegra del Proyecto presentado por la Constructora Andreu Ltda., con especificaciones técnicas, presupuesto, además de planos de arquitectura, como planos de especialidades: cálculo, aguas, electricidad, alcantarillado, etc. g) En relación a la solicitud anterior ¿qué partidas fueron eliminadas del proyecto presentado por la Constructora Vesia y por qué motivo fueron eliminadas? h) Confirme si es efectivo que como resultado del cambio de constructora, los beneficiarios van a perder las áreas verdes, las puertas y ventanas exteriores de los 4 edificios y las terminaciones en paredes y pisos interiores, que según el proyecto original presentado por Vesia, incluían revestimiento, pintura de muros y revestimiento de pisos. 2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Mediante Oficio N° 3.422, de 12 de abril de 2013, el SERVIU comunicó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta de 10 días hábiles. Para ello invocó circunstancias que le hacían difícil reunir la información solicitada, atendida la cantidad de información requerida, lo cual requería recopilar, analizar y procesar la misma. A través de Oficio N° 4.101, de 30 de abril de 2013, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana respondió al solicitante, en síntesis, lo siguiente: a) Respecto de la letra a), el estudio se encuentra disponible en dependencias del SERVIU, específicamente en el Departamento de Estudios, donde el solicitante puede requerir las fotocopias del mismo, pagando previamente los costos de reproducción, correspondiente a $11.- por fotocopia, fijada en Resolución Exenta Nº 7.652, de 25 de octubre de 2011. b) Sobre la letra b), el proyecto de reconstrucción de Villa Salvador Cruz Gana y Villa Canadá, de la comuna de Ñuñoa, que benefició a 88 familias, cuenta con financiamiento del Ministerio de Vivienda, MINVU, por medio de la Resolución Nº 10.040, de 29 de diciembre de 2011, cuya copia se adjunta a la respuesta. c) Respecto al literal c), se adjunta la nómina solicitada. d) En cuanto al literal d), no existe un documento que acredite el monto total pagado por concepto de expropiaciones. Se adjunta copia de planilla con los montos provisionales expropiatorios consignados ante los Tribunales de Justicia, en cada caso. En cuanto a si existen expropiaciones que estén pendientes de pago y en qué número, efectivamente, existen expropiaciones que aún se encuentran en proceso de consignación en los Tribunales de Justicia, situación que se ve reflejada en cuanto a su número, en las planillas adjuntas a la respuesta. Por último, las demoliciones no son autorizadas por SERVIU Metropolitano, es la Asamblea de Copropietarios, mediante actas protocolizadas ante Notario, que manifiestan su voluntad de proceder a la demolición de los edificios dañados por el terremoto. La Asamblea en Villa Salvador Cruz Gana se celebró el 16 de agosto de 2012; y, en Villa Canadá, sectores números 3 y 4, se celebraron el 14 de agosto de 2012. Esas asambleas deciden autorizar a la EGIS Pehuén y a sus respectivos Comités de Vivienda, para contratar la demolición y construcción de cada uno de los blocks, ajustándose a los quórum exigidos en la normativa específica de copropiedad inmobiliaria. Los contratos son suscritos entre los entes autorizados por las Asambleas respectivas, no siendo parte el SERVIU Metropolitano en esos contratos. Las expropiaciones forman parte de un proceso independiente al de la demolición, el que se manifiesta en una voluntad soberana de los copropietarios, en asamblea legalmente constituida para tales efectos. e) En cuanto a la letra e), el proyecto presentado por la Empresa Constructora Vesia se encuentra disponible en el Departamento de Estudios del SERVIU, donde podrá solicitar fotocopias, previo pago de los costos de reproducción. f) Sobre la solicitud del literal f), el proyecto presentado por la EGIS Pehuén se encuentra con documentación en estudio, producto de observaciones menores. Este proyecto se encontrará disponible para que pueda solicitar fotocopias, en los términos ya referidos, en el Departamento de Estudios de este Servicio, una vez subsanadas las observaciones presentadas por la Entidad Patrocinante. Agregó que el proyecto fue diseñado por la EGIS Pehuén de acuerdo a lo establecido en la normativa del Programa Fondo Solidario de Vivienda D.S N° 174 y según Resolución Exenta Nº 533, donde se reglamentan las obligaciones de los prestadores de asistencia técnica. g) Respecto de la letra g), en el año 2011 la empresa que se adjudicó la reconstrucción de las Villas fue la EGIS Pehuén y la Constructora Vesia S.A. El proyecto fue presentado y aprobado por la comunidad en octubre de 2011. En septiembre de 2012, la constructora Vesia S.A. argumentando problemas financieros, se declaró en quiebra, desestimando completamente la posibilidad de seguir con este proyecto. Según lo establece el D.S. N° 174, la EGIS Pehuén, en conjunto a la comunidad, celebró un contrato de construcción con la empresa Constructora Andreu Ltda. Sin embargo al hacerse cargo del proyecto, planteó la imposibilidad de mantener la oferta presentada a los vecinos, ya que el monto asignado no alcanzaba a financiar todas las partidas comprometidas por la empresa Vesia S.A. Esta situación se corroboró con 2 empresas más, que valorizaron a un monto mucho mayor al ofertado por la empresa Andreu Ltda., marcando un precedente de que esta obra tenía un déficit presupuestario que hacía inviable sostener para cualquier constructora. Esto tiene que ver con las alzas que ha sufrido la industria de la construcción alcanzando en estos 2 últimos años un incremento de un 25 %, según datos publicados por la Cámara Chilena de la Construcción, teniendo en cuenta que estos edificios son de un estándar mayor en términos de construcción y dimensiones. Dentro de esos factores, se tuvo que ajustar el proyecto, manteniendo siempre las partidas fundamentales como la estructura, los elementos de seguridad, los temas térmicos, todas las instalaciones de servicios y lo más importante las dimensiones y espacios que gozaban sus propietarios, llegando a un 95 % de las obras comprometidas originalmente. La modificación de las terminaciones consiste en: “? Pintura interior ? Terminación piso en terrazas y superficies comunes ? Cubre pisos en zonas secas ? Elementos de aluminio y vidrio en pasillos comunes (puerta de acceso contemplada en el proyecto) ? Guardapolvos ? Cornisas ? Accesorios Sanitarios ? Closet ? Mueble base cocina” h) Respecto del literal h), no es efectivo que los beneficiarios perderán las áreas verdes, así como las puertas de acceso a los edificios. 3) AMPARO: El 14 de mayo de 2013, Jaime Díaz Lavanchy dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta parcial a su solicitud de información. Además el solicitante agregó, en síntesis, que: a) No se entregó la información solicitada en la letra f) del requerimiento. El SERVIU señaló que los documentos solicitados "estarán disponibles una vez subsanadas las observaciones por parte de la entidad patrocinante", lo que es una forma de denegar la información. Cuando SERVIU niega el proyecto presentado por la EGIS Pehuén, con sus planos, especificaciones técnicas y demás documentos requeridos, está negando el derecho a conocer parte del procedimiento de aprobación o rechazo de dicho proyecto y sus fundamentos. b) Tampoco se responde la solicitud del literal g) de la solicitud, puesto que “coloca signos de interrogación junto al costado izquierdo de cada ítem de modificación del proyecto sobre el cual pregunto”. Indica que, al incluirse signos de interrogación en su respuesta, considera que la autoridad también deniega la información o entrega información no solicitada. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo y lo trasladó al Sr. Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana mediante Oficio N° 1.994, de 27 de mayo de 2013. En dicho Oficio se señaló que la reclamación se fundó en que ese Servicio otorgó respuesta negativa a las solicitudes de las letras f) y g). Además, se solicitó especialmente que al formular sus descargos se refiriese, específicamente, a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante escrito de 11 de junio de 2013, el Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana presentó sus descargos, señalando, en síntesis que: a) Respecto al literal g), citó el artículo 21 N° 1 letra b), de la Ley de Transparencia. Los antecedentes solicitados estaban siendo analizados por la entidad correspondiente dentro de ese Servicio para adoptar una Resolución respecto de él, para poder dar debido cumplimiento a las funciones del SERVIU. Es decir, los antecedentes solicitados por el Sr. Díaz Lavanchy son antecedentes previos a la adopción de una resolución, lo que incluso podría llevar a cambiar el proyecto original. En la respuesta se informó al reclamante que dichos antecedentes estarían a su disposición una vez que ese Servicio adopte una resolución al respecto. b) Respecto del literal f), el reclamante señala que la respuesta respecto de los ítems de modificación del proyecto están acompañados de un signo de interrogación lo que, a su juicio, no podría ser considerado una respuesta, sino que una pregunta, por lo que estima que el SERVIU le estaría negando la información o le estaría entregando información que no correspondería con la solicitada. Dicha alegación es “totalmente infundada y antojadiza”; la información es la que se le proporcionó junto a cada signo de interrogación y no existe otra. “No por tener un signo de interrogación junto a cada palabra puede señalar que no se le está respondiendo o se le está respondiendo algo que no solicitó”. c) En relación a lo anterior, hace presente que tanto el SERVIU como todo el sector vivienda trabaja con el sistema informático CRM (Customer Relationship Mangement), el cual maneja el ingreso, seguimiento, almacenamiento y permite dar respuesta a los solicitantes, tanto de cartas ciudadanas enmarcadas dentro de la Ley Nº 19.880, como de solicitudes de acceso a la información de la Ley N° 20.285. En ese contexto, cuando un funcionario que maneja ese sistema crea una respuesta, acto seguido debe transformarlo a documento Word para poder imprimirla con el objeto que ésta sea firmada por quien corresponda y despacharla. En la conversión de CRM a archivo Word, el sistema transforma el signo "*" en “?". Esa es la razón de los signos de interrogación que aparecen en la respuesta entregada al Sr. Díaz. Acompaña copia de pantalla de respuesta en sistema CRM para acreditar lo anterior. d) Se entregó toda la información requerida por el solicitante sobre el punto anterior y que estaba en poder del órgano. Finaliza señalando que la alegación del Sr. Díaz Lavanchy es infundada. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que del tenor literal del amparo presentado por el reclamante puede desprenderse que el Sr. Díaz Lavanchy manifestó conformidad parcial con la respuesta remitida por el SERVIU, consignada en el numeral 2° de lo expositivo, formulando sus alegaciones únicamente acerca de la información referida en el literal f), la cual fue denegada en virtud de causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 literal b) de la Ley de Transparencia, invocada expresamente por la reclamada en sus descargos. Asimismo, manifestó disconformidad con la respuesta a su requerimiento comprendido en el literal g) de su solicitud de acceso. Por lo tanto, este Consejo entiende que el presente amparo ha quedado circunscrito a los literales f) y g) de la solicitud de información, toda vez que respecto de tales solicitudes el reclamante señaló no estar satisfecho con la respuesta recibida. 2) Que previo a analizar el fondo del presente caso, cabe tener presente que la solicitud del literal f), por medio de la cual el requirente solicitó “copia íntegra del Proyecto presentado por la Constructora Andreu Ltda., con especificaciones técnicas, presupuesto, además de planos de arquitectura, como planos de especialidades: cálculo, aguas, electricidad, alcantarillado, etc.”, se inserta en el contexto de un programa de subsidios habitacionales asignados a familias cuyas viviendas fueron afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Tratándose de la Región Metropolitana, dichos subsidios directos se otorgaron a familias de diversas comunas, entre otras de Ñuñoa. En ésta se encuentra el proyecto de la Villa Canadá, sobre el cual el solicitante ha requerido información. 3) Que tratándose de viviendas afectadas por el terremoto de 27 de febrero de 2010, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, haciendo uso de la facultad del artículo 3° inciso 7° del citado Decreto Supremo N° 174, para asignar directamente por resoluciones hasta un 30 % de la cantidad de recursos dispuestos, en casos de emergencias derivadas de catástrofes tales como sismos, desastres naturales, incendios u otras, determinó la asignación directa de subsidios del Fondo Solidario de Vivienda para familias damnificadas que conforman Proyectos en las comunas de San Joaquín y Ñuñoa, por considerarse que dichas familias se encontraban en una situación de urgente necesidad habitacional, dado que sus viviendas resultaron gravemente dañadas por el sismo. El otorgamiento de esos subsidios se realizó por Resolución N° 10.040, de 29 de diciembre de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual se asignaron 326 subsidios habitacionales del Programa Fondo Solidario de Vivienda I, modalidad de construcción en nuevos terrenos, para 326 familias damnificadas pertenecientes a conjuntos habitacionales emblemáticos de la comuna de Ñuñoa y San Joaquín, de la Región Metropolitana, por un monto de hasta 850 Unidades de Fomento. 4) Que dicho lo anterior, lo solicitado en virtud del literal f) del requerimiento de acceso es la copia íntegra del proyecto elaborado por la empresa Andreu Ltda. y presentado por la EGIS Pehuén al SERVIU, en el marco de la ejecución de las obras de reconstrucción de viviendas en la Villa Canadá de la comuna de Ñuñoa, incluidos los planos de arquitectura, como planos de especialidades, tales como de cálculo, aguas, electricidad, alcantarillado, entre otros anexos al proyecto. Al respecto, de conformidad a lo señalado por SERVIU en su respuesta y luego en sus descargos, el proyecto cuya copia íntegra se requiere, habría sido objeto de observaciones menores por parte de ese órgano reclamado. De sus alegaciones se desprende que tales observaciones menores estarían siendo analizadas por el Departamento de Estudios de ese órgano, por lo que la resolución definitiva aún no se ha dictado. Además, indicó que el proyecto estará disponible “una vez subsanadas las observaciones por parte de la Entidad Patrocinante”. 5) Que sobre la materia, cabe tener presente las siguientes disposiciones del mencionado Decreto Supremo N° 174, del MINVU: a) El artículo 11 dispone, en lo pertinente, que “El estudio de los antecedentes del proyecto estará a cargo de la Comisión Técnica Evaluadora quien tendrá a su cargo la evaluación técnica, económica, social y legal de los proyectos, para lo cual estará facultada para realizar inspecciones al terreno, efectuar observaciones a los proyectos y calificar los mismos”. “La Comisión Técnica Evaluadora será presidida por el Director del SERVIU o por quien éste designe y actuará como Secretario Técnico el Coordinador Regional del Programa. La Comisión estará integrada por los jefes de las siguientes unidades: de la SEREMI, de Planes y Programas y del SERVIU, de Operaciones Habitacionales, Técnica y Jurídica, quienes podrán delegar estas funciones mediante acto formal”. b) Por su parte, el artículo 12 del mismo cuerpo reglamentario establece, en lo que interesa, que “A contar de la fecha de emisión del Certificado de Proyecto Ingresado, la Comisión Técnica Evaluadora dispondrá de un plazo máximo de 35 días corridos para calificar los antecedentes acompañados que respalden la factibilidad técnica, económica, legal y social del proyecto. El inciso 2° señala: “Las observaciones que se formulen al proyecto podrán referirse a los antecedentes presentados y/o a la suficiencia de éstos para asegurar su ejecución”. A su vez, su inciso 3° dispone que “Las observaciones a los proyectos deberán formularse por escrito a la EGIS, en un solo acto, en documento suscrito por el Presidente de la Comisión Técnica Evaluadora. La EGIS deberá subsanar las observaciones y/o completar los antecedentes, también en un solo acto”. c) Asimismo, el inciso 5° del mismo artículo, señala que “A contar de la fecha en que la EGIS ingrese al SERVIU los antecedentes y documentos requeridos por la Comisión Técnica Evaluadora, ésta dispondrá como máximo de otros 14 días corridos para adoptar alguna de las siguientes medidas: 1) Otorgar un Certificado de Calificación Definitiva o Condicionada, o 2) Eliminar el proyecto del Banco, devolviendo a la EGIS todos sus antecedentes”. 6) Que en consecuencia, conforme a lo señalado por el órgano reclamado, el proyecto íntegro elaborado por la empresa Andreu Ltda. y presentado por la EGIS Pehuén, fue objeto de observaciones menores las cuales han de ser subsanadas por la misma EGIS, lo que, a la fecha, no habría acontecido. En dicha hipótesis, en opinión de este Consejo, lo que se ha solicitado en la especie es copia íntegra del proyecto originalmente presentado por la señalada EGIS, con independencia de si el mismo, con posterioridad, fue o no objeto de observaciones por parte del órgano reclamado y, en su caso, si tales observaciones fueron o no subsanadas, de conformidad al citado artículo 12 del D.S. N° 174. Por lo tanto, debe concluirse que la información requerida obra en poder del SERVIU. Asimismo, el proyecto cuya copia íntegra se requiere, según la normativa que regula el programa consultado, debe ser aprobado por el órgano reclamado, constituyendo ésta una etapa previa en el procedimiento de reconstrucción de viviendas del conjunto habitacional Villa Canadá, de conformidad a lo señalado en la Resolución Exenta N° 9.940, de 2012, del MINVU, según lo consignado en la parte final de considerando 3° de ésta decisión. Por lo tanto, a la luz de las exigencias que establece la normativa aplicable, los antecedentes solicitados serán un fundamento del acto administrativo que emane del SERVIU y que aprobará y calificará las obras de construcción de los proyectos habitacionales financiados con el subsidio de asignación directa en comento, lo cual está ligado a la transferencia de fondos públicos asociados a éstos, siendo su complemento directo y esencial en los términos que establece el artículo 3º, letra g) del Reglamento de la Ley de Transparencia. 7) Que en ese mismo sentido, si bien la información requerida ha sido generada por entidades privadas, toda vez que se trata de un proyecto de construcción de conjuntos habitacionales elaborado por una empresa constructora en el marco de un contrato de construcción celebrado con una EGIS también privada, la misma ha sido puesta a disposición del SERVIU para el legítimo ejercicio de sus atribuciones, en la especie, la evaluación técnica, económica, social y legal del proyecto, lo que se traduce en la dictación de una resolución por parte de la reclamada, que otorgue el certificado de calificación definitiva del proyecto. Además, se ha generado en el marco de un programa de fondo solidario de vivienda, por lo que existe presupuesto público comprometido en el financiamiento de dicho conjunto o proyecto habitacional. En consecuencia, conforme a todo lo precedentemente señalado, la información requerida se trata, en principio, de información pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia, salvo que a su respecto concurra alguna de las causales de secreto o reserva que prescribe el artículo 21 de la Ley de Transparencia, en base a las causales previstas en el artículo 8° de la Constitución. 8) Que la reclamada, en su respuesta, negó lugar a la entrega de dicha información, en razón de que dicho proyecto se encontraba en estudio, producto de observaciones menores, encontrándose éste disponible una vez que las mismas fueren subsanadas. Por su parte, en sus descargos, sobre la base de los mismos hechos, invocó expresamente la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe precisar que dicha causal permite denegar la información que se solicite cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente “tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados”. Conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento del citado cuerpo legal, se entiende por “antecedentes” todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por “deliberaciones”, las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Conforme al señalado marco normativo, en las decisiones pronunciadas en los amparos Roles A12-09, A47-09 y A79-09, este Consejo ha venido sosteniendo, de manera reiterada, que para configurar dicha hipótesis de secreto o reserva se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: (a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y (b) que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 9) Que el SERVIU ha hecho referencia expresamente al primero de tales requisitos. Al respecto, cabe señalar que este debe entenderse verificado, toda vez que, de conformidad a la Resolución Exenta N° 10.040, modificada por la Resolución Exenta N° 9.940, ambas del MINVU, el proyecto elaborado por la empresa Andreu Ltda. y presentado por la EGIS Pehuén debe ser aprobado por Resolución del SERVIU Metropolitano. En efecto, la construcción definitiva de viviendas nuevas puede iniciarse, como segunda etapa del proyecto de reconstrucción de los conjuntos habitacionales, una vez aprobados y calificados definitivamente los proyectos correspondientes. Dicha calificación corresponde al órgano reclamado, según lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del D.S. N° 174 del MINVU. Por lo tanto, se concluye que el proyecto original de construcción elaborado por la constructora Andreu Ltda. y presentado por la EGIS servirá de base para la decisión que adopte en definitiva el SERVIU, en torno a la calificación del proyecto de reconstrucción de viviendas del conjunto habitacional Villa Canadá de la comuna de Ñuñoa. Dicha decisión se encuentra pendiente, en razón de haberse formulado observaciones menores a dicho proyecto, el cual se encuentra en estudio por el SERVIU, órgano que no ha dictado decisión al respecto. 10) Que, en cuanto al segundo de los requisitos que permiten configurar la citada causal, referido a la necesidad de acreditar el daño concreto y específico que la difusión o publicidad de la información solicitada causaría en el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, conviene tener presente que, según jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, en esta sede, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que la acrediten. En este caso, a juicio de este Consejo, el requisito en análisis no se ha verificado, toda vez que no se aprecia que la adopción de la decisión en esta materia pueda verse afectada por la divulgación anticipada de los antecedentes pedidos, que versan acerca de una materia vinculada directamente al ejercicio de sus competencias. De esta forma, el SERVIU, en base a los antecedentes aportados por la EGIS y que han originado un procedimiento administrativo específico, debe resolver dando lugar o no a la calificación definitiva de un proyecto de construcción de nuevas viviendas en un determinado sector de la comuna de Ñuñoa, en el contexto de la reconstrucción de conjuntos habitacionales afectados por el terremoto del 27 de febrero de 2010, decisión que no se advierte se vea alterada u obstaculizada por la publicidad del proyecto originalmente presentado, máxime si éste fue objeto sólo de observaciones menores. 11) Que según los antecedentes aportados y especialmente al tenor de la Resolución Exenta N° 9.940, de 12 de diciembre de 2012, los trabajos en el marco de los subsidios directos otorgados para la reconstrucción del conjunto habitacional Villa Canadá de Ñuñoa han registrado demoras, lo que ha generado importantes urgencias en el tratamiento del procedimiento de calificación definitiva de los proyectos de reconstrucción de los conjuntos habitacionales ubicados en la comuna de San Joaquín y Ñuñoa, incluidos en este último caso el proyecto Villa Canadá. Lo anterior viene a justificar, a mayor abundamiento, dar a conocer dichos antecedentes, a objeto de permitir un adecuado control social acerca de una materia de interés público que involucra a habitantes de una comuna afectados por el terremoto de 27 de febrero de 2010, cuya publicidad, a juicio de este Consejo, no genera daño para el cumplimiento efectivo de las funciones de la reclamada. Si bien al momento de dar respuesta al requirente y al evacuar el traslado ante este Consejo no se había emitido la resolución definitiva acerca del proyecto, el SERVIU no aportó ningún antecedente que permitiera acreditar que la publicidad, comunicación o conocimiento de los antecedentes requeridos produciría una afectación a su debido funcionamiento. Por todo lo anterior, se acogerá el amparo en esta parte y se requerirá al SERVIU que entregue al reclamante copia íntegra del proyecto presentado por la EGIS Pehuén, elaborado por la empresa Constructora Andreu Ltda., solicitado por el literal f) del requerimiento de acceso en análisis, previo pago de los costos directos de reproducción que procedieren, según el caso. 12) Que finalmente respecto de lo solicitado en el literal g), el solicitante requirió que se informaran las partidas que fueron eliminadas del proyecto presentado por la constructora Vesia y el motivo por el cual éstas fueron eliminadas. Al respecto, el SERVIU señaló en su respuesta cada una de las partidas eliminadas del proyecto en cuestión y los motivos por los cuáles se modificó el proyecto, mediante la exclusión de ciertas partidas, que son aquellas indicadas en la letra g) del numeral 2° de lo expositivo. Revisada la respuesta a la solicitud en análisis, este Consejo no observa la infracción alegada respecto de este literal. Ello, puesto que el fundamento del reclamo se restringe a la existencia de unos signos de interrogación que aparecen en el costado izquierdo de las partidas que fueron eliminadas del proyecto consultado, lo que haría suponer al solicitante que el órgano estaría negando información o entregando información distinta a la pedida. 13) Que al respecto, cabe señalar que si bien la individualización de cada partida aparece precedida de un signo “?” según se aprecia letra g) del numeral 2° de lo expositivo, el órgano reclamado aclaró en sus descargos que ese signo se genera atendido el sistema informático que emplea para dar respuestas a las solicitudes de información, el cual requiere convertir el formato para dar respuesta, transformando las viñetas o signos que permiten la numeración de listados, en un signo de interrogación. Además, el SERVIU en sus descargos señaló que no dispone de otra información que la ya proporcionada. En consecuencia, el solicitante en este punto realizó una alegación meramente formal que, según lo explicado, no influye en el fondo de la respuesta entregada por el órgano, por lo cual deberá desestimarse el reclamo en esta parte, debiendo, por tanto, rechazarse el amparo en este punto. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por Jaime Díaz Lavanchy, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana que: a) Entregue al solicitante copia íntegra del proyecto elaborado por la empresa Constructora Andreu Ltda., presentado originalmente por la EGIS Pehuén, solicitado por el literal f) de la solicitud de información, incluidos los planos señalados en la respectiva solicitud, previo pago de los costos directos de reproducción que procedieren, según el caso. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jaime Díaz Lavanchy y al Sr. Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.