Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C681-13

Reclamante:	CRISTIAN BAEZ LAZCANO
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE ARICA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Arica, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud sobre a) Monto total de valores cancelados en el año 2012 correspondiente al pago de patentes municipales comerciales, con dirección en toda la zona rural correspondiente al Valle de Azapa; b) Monto total del pago de patentes municipales de circulación vehicular o de tránsito de vehículos del año 2012, con dirección en la zona rural correspondiente al Valle de Azapa; entre otras peticiones relacionadas. El Consejo señaló que la información sobre el pago de derechos municipales es de carácter pública. Por lo anterior, y debiendo obrar en poder de la reclamada la información que se solicita en dichos literales, se acogerá el presente amparo en este punto, y se requerirá al órgano que entregue ésta a los solicitantes, además, sin perjuicio de que el órgano no se pronunció derechamente sobre la existencia de la información solicitada en los literales en análisis, atendido que lo solicitado es la identidad de un funcionario que habría puesto en conocimiento ciertos hechos de carácter irregular ante el propio órgano, en caso de existir dicha información corresponde que se mantenga en reserva, por lo que, de acuerdo al criterio citado precedentemente se rechazará, en esta parte, el presente amparo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/31/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09 C771-11 C1169-11 C1329-12 C1510-12 C1559-12 C221-13 C472-10 C15-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Licitaciones
Descriptores analíticos:	Gestión y administración territorial (Urbanismo)

DECISIÓN AMPARO ROL C681-13 Entidad pública: Municipalidad de Arica Requirente: Cristián Báez Lazcano Ingreso Consejo: 17.05.2013 En sesión ordinaria Nº 454 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de julio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C681-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de abril de 2013, a través de dos presentaciones, don Cristián Báez Lazcano solicitó a la Municipalidad de Arica la siguiente información: a) Monto total de valores cancelados en el año 2012 correspondiente al pago de patentes municipales comerciales, con dirección en toda la zona rural correspondiente al Valle de Azapa; b) Monto total del pago de patentes municipales de circulación vehicular o de tránsito de vehículos del año 2012, con dirección en la zona rural correspondiente al Valle de Azapa; c) Copia de todos los programas ejecutados durante el año 2012 y hasta marzo de 2013, por parte de la DIDECO, a través de la Delegación Municipal de Azapa; d) Copia de todos los programas ejecutados durante el año 2011, y desde enero a septiembre del 2012, por parte de la DIDECO a través de la Oficina Afrodescendiente; e) Copia de todas las boletas y facturas rendidas por cada programa que la delegación de Azapa realizó durante el año 2012 y hasta marzo de 2013; f) Copia de todas las boletas y facturas rendidas por cada programa que la oficina Afrodescendiente realizó durante el año 2011 y hasta septiembre de 2012; g) Copia del F-1 2013 del presupuesto de la DIDECO en la cual se especifiquen las actividades y el presupuesto de la Oficina Afrodescendiente; h) Informe oficial investigativo que se realizó respecto del solicitante, en su calidad de funcionario municipal, sobre supuesto fraude o compra de facturas a la imprenta Herco Editores; i) Información sobre la o el funcionario municipal que informó al Sr. Director DIDECO que la PDI vinculó al solicitante con el ex Alcalde Sankán, en el proceso penal que hoy se lleva a cabo y respecto del cual la PDI investiga al solicitante; j) Información sobre la o el funcionario que acusó al Sr. Director DIDECO que durante la gestión del solicitante como encargado de la Oficina Afrodescendiente, 2010-2011, hubo programas diseñados con actividades que nunca se ejecutaron; k) Información específica de cuál o cuáles fueron dichas actividades y programas que no se ejecutaron; l) Solicita se realice una investigación sumaria hacia su persona, por las supuestas irregularidades que se le han informado al Sr. Director DIDECO, y que le afectan directamente. 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 17 de mayo de 2013, don Cristián Báez Lazcano dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud. 3) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo, mediante Oficio N° 2004, de 27 de mayo de 2013, solicitó al requirente subsanar su amparo, acompañando copia de la solicitud de información y de la respuesta si la hubiere. Mediante correo electrónico de la misma data, el solicitante remitió copia de las solicitudes de acceso que dieron origen al presente amparo. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica, mediante Oficio N° 2087, de 30 de mayo de 2013, quien a través de Oficio N° 1.546, de 26 de junio de 2013, manifestó que: a) Lo solicitado en los literales c) a g) no cumple con lo dispuesto en el artículo 12, letra b), de la Ley de Transparencia, atendido que se deben precisar los programas que se requieren, no bastando para su ubicación los períodos en los cuales se ejecutaron, lo cual también acontece con las boletas y facturas solicitadas. Agrega que atendido el carácter genérico de la solicitud ésta implica distraer indebidamente a los funcionarios municipales del cumplimiento regular de sus labores habituales, en los términos previstos en el artículo 21 N° 1, letra c), de la norma citada. b) Respecto de la información solicitada en los literales h) a l), manifiesta que ésta resulta impertinente, por cuanto el acceso a la información comprende a los actos, resoluciones, actas expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales. En virtud de lo anterior, concluye que no resulta factible la elaboración de algún documento, con el objeto de dar respuesta a dicha consulta. c) Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, mediante Oficio N° 1.865 de 26 de junio de 2013, remitió al solicitante copia de los documentos que pudo identificar en su solicitud, cuya copia acompaña: i. Copia de los programas ejecutados durante todo el año 2012, hasta marzo de 2013 por parte de la DIDECO a través de la Delegación Municipal de Azapa. ii. Copia de los programas ejecutados durante el año 2011 y desde enero a septiembre de 2012 por parte de la DIDECO, a través de la Oficina Afrodescendiente. iii. Copia del F-1 2013 del presupuesto de DIDECO en la cual especifica las actividades y el presupuesto de la Oficina Afrodescendiente. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone, que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo indicado, el que vencía el 7 de mayo de 2013, motivo por el cual se representará al Sr. Alcalde la Municipalidad de Arica en lo resolutivo del presente acuerdo la infracción a la precitada disposición y al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado. 2) Que, en cuanto a los literales a) y b) de la solicitud, en los que se solicita información sobre el monto total pagado en el año 2012 por concepto de pago de patentes municipales comerciales, y de “circulación vehicular o de tránsito de vehículos” en toda la zona rural correspondiente al Valle de Azapa; hasta la fecha, el órgano reclamado no se ha pronunciado respecto de dicha información. En cuanto a la naturaleza de los datos requeridos, según lo que ha venido sosteniendo reiteradamente este Consejo, entre otras, en las decisiones C472-10, C771-11, y C1559-12, la información sobre el pago de derechos municipales es de carácter pública. Por lo anterior, y debiendo obrar en poder de la reclamada la información que se solicita en dichos literales, se acogerá el presente amparo en este punto, y se requerirá al órgano que entregue ésta a los solicitantes. 3) Que en cuanto a los literales c) a g) de la solicitud, el municipio reclamado manifestó en sus descargos que dicha solicitud “no cumple con lo dispuesto en el artículo 12, letra b), de la Ley de Transparencia” y a consecuencia de ello, a su juicio, atendido el carácter genérico de tales literales, la solicitud implicaría distraer indebidamente a los funcionarios municipales del cumplimiento regular de sus labores habituales, en los términos previstos en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe hacer presente que el inciso segundo del artículo 12 de la Ley de Transparencia dispone que si la solicitud de información no reúne los requisitos señalados en el mismo, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. Por su parte, el numeral 2.2 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, señala que “…frente a una solicitud poco clara o genérica de acceso a la información pública, los órganos deberán aplicar el mecanismo de notificación señalado en este numeral, es decir, solicitar al peticionario que subsane el defecto de falta de identificación de la información pedida detectado en el correspondiente requerimiento, dentro del plazo de 5 días hábiles”. Sin embargo, el órgano reclamado no actuó conforme con la normativa citada, en cuanto a haber comunicado al requirente la necesidad de subsanar la solicitud contenida dichos literales, limitándose a exponer el eventual carácter genérico de éstos, sólo con ocasión de sus descargos en esta sede. 4) Que, además, según se advierte del tenor de lo solicitado en tales literales, este Consejo estima que, habiendo indicado el reclamante el tipo de información y período por el cual la requiere, la solicitud materia del presente análisis cumple con el requisito exigido en el literal b) del artículo 12 de la Ley de Transparencia, esto es “identificación clara de la información que se requiere”. Ello en concordancia con el artículo 28, letra c), inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia que establece que “se entiende que una solicitud identifica claramente la información cuando indica las características esenciales de esta, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, origen, destino soporte etcétera”, lo cual refrenda el punto 2.2, letra b), de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. Finalmente, en relación con la causal de reserva invocada por el municipio, conforme con la reiterada jurisprudencia de este Consejo contenida, entre otras, en las decisiones recaídas en los amparos Roles A7-09; A39-09 y A140-09 y C1329-12, cuando se invoca una causal de secreto o reserva, que extinguiría la obligación de entregar la información solicitada, corresponde que sea probada por quien la alega y que las simples afirmaciones resultan insuficientes para acreditar la configuración de la causal de secreto o reserva respectiva. Sin embargo, en la especie, el órgano no ha aportado antecedente alguno que permita ponderar la eventual concurrencia de la precitada causal, razón por la que corresponde su rechazo. 5) Que, en sus descargos, el órgano reclamado remitió a este Consejo copia del Oficio N° 1.546, de 26 de junio de 2013 por el cual habría remitido al solicitante la información solicitada en los literales c), d), y g) de su requerimiento. En efecto, la documentación allegada por la Municipalidad de Arica con ocasión de sus descargos, se condice con lo que en dichos literales se solicita. Sin embargo, más allá del mencionado oficio y sus documentos adjuntos, el órgano reclamado no acompañó ningún otro antecedente que acredite fehacientemente haber entregado al reclamante lo ahí solicitado. En este sentido, la Instrucción General N° 10 de este Consejo, en su punto 4.4 señala que “cualquiera sea el medio dispuesto para la entrega (en la especie correo electrónico) será de cargo del órgano acreditar, en caso de que se presente un amparo ante el Consejo para la Transparencia, que se efectuó la entrega… dentro de los plazos dispuestos en el artículo 14 de la Ley de Transparencia”. Por lo anterior, se acogerá el amparo en este punto y se requerirá a la Municipalidad de Arica que entregue dicha información al requirente o acredite haber realizado la entrega efectiva de la misma en esta sede. 6) Que en lo que incumbe a los literales e) y f) de la solicitud, en los que se requiere copia de todas las boletas y facturas rendidas por cada programa que la delegación municipal de Azapa y la oficina Afrodescendiente realizaron durante el año 2012 y hasta marzo de 2013; y durante el año 2011 y hasta septiembre de 2012, respectivamente, de los descargos se advierte que las boletas y facturas rendidas cuya copia se solicita forman parte de la documentación constitutiva de las rendiciones de cuenta efectuadas por la “Delegación Municipal de Azapa” y la “Oficina de Desarrollo Afrodescendiente de la Municipalidad de Arica”, a fin de dar cuenta del uso y destino de los recursos públicos asignados para la ejecución de diversos programas realizados en los aludidos períodos. En este sentido, cabe tener presente lo que ha venido reiteradamente resolviendo este Consejo, por ejemplo en su decisión de amparo Rol C1169-11, en orden a que “…la entidad edilicia requerida se encuentra obligada a poseer información sobre las rendiciones de cuentas relativas a los gastos menores en bienes y servicios a que se refiere el subtitulo 22.12.002 del clasificador presupuestario, correspondientes a los años 2010 y 2011, las que, por lo demás, deben ser aprobadas, de tal suerte que dichos antecedentes constituyen el antecedente y fundamento de una resolución del órgano requerido, motivo por el cual posee naturaleza pública, lo que se ve reforzado atendido que su conocimiento permite efectuar un adecuado control social respecto a la inversión y gasto de los fondos públicos cuya administración ha sido confiada a un funcionario de la Administración”. Por lo anterior, y no pudiendo sino obrar en poder de la reclamada la información que se solicita en dichos literales, se acogerá el presente amparo en esta parte, requiriendo al órgano que entregue ésta a los solicitantes. 7) Que atendido que la reclamada ha formulado una sola alegación respecto de los literales h) a l) del requerimiento, relativa a que éstos serían impertinentes dado el alcance del derecho de acceso a la información y, por tanto, “no resulta factible la elaboración de algún documento, con el objeto de dar respuesta a dicha consulta”, este Consejo analizará dicha alegación a la luz de la información que en tales literales se ha requerido. 8) Que, respecto de los literales h) y k) de la solicitud, en los que se solicitó copia de un “Informe oficial investigativo” que se habría realizado por los hechos que se indican, e informar “cuál o cuáles fueron dichas actividades y programas que no se ejecutaron” en relación con el literal j) de la solicitud, atendido su tenor, se constata que la alegación genérica efectuada por el órgano relativa a la imposibilidad de elaborar algún documento para dar respuesta a la consulta, resulta insuficiente para dar por contestados dichos literales. De acuerdo a lo que ha venido sosteniendo reiteradamente este Consejo, entre otras, en las decisiones C533-09, C1510-12, y C221-13, y contrariamente a lo afirmado por el municipio reclamado, si bien “la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos o en un formato o soporte determinado, según reza el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad”, ello no obsta a que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y conforme a la historia fidedigna de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se encuentren amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que implican elaborar documentos o respuestas, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y no suponga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional. No habiéndose pronunciado derechamente acerca de si cuenta o no con la información que se requiere, ni tampoco habiendo alegado respecto de aquella información la procedencia de alguna causal de reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia, se acogerá también el amparo respecto de los literales en análisis, y se requerirá al organismo reclamado que entregue al solicitante toda la información que obre en su poder relativa a lo que allí se requiere, y en caso de no contar con ésta, comunicar expresa y fundadamente dicha circunstancia al solicitante. 9) Que en cuanto a los literales i) y j), mediante los cuales se solicita “Información sobre la o el funcionario municipal” que habría informado al Director de Desarrollo Comunitario acerca de ciertos hechos de carácter irregular que ahí se señalan, se constata que, igualmente, la alegación genérica efectuada por el órgano relativa a la imposibilidad de elaborar algún documento para dar respuesta a la consulta, resulta insuficiente para dar por contestados dichos literales. Sin embargo, atendida la naturaleza de la información que se viene solicitando, resulta pertinente tener presente el criterio que ha venido sosteniendo reiteradamente este Consejo, en cuanto a la identidad de los denunciantes, particularmente lo señalado en el considerando 17 de la decisión C15-10 : “que, en cambio, la identidad del o los denunciantes merece un trato diferente. En su decisión A53-09, relativa a un proceso de fiscalización laboral, este Consejo reservó la identidad de los denunciantes para evitar que, si fuesen trabajadores, sufrieran represalias. El mismo riesgo existe en el sector público y suele inhibir la denuncia de irregularidades. En este caso la denuncia señala que los testimonios que incluye “son de carácter reservado” y conllevan la “decisión de realizar las denuncias mediante documentación y/o declaraciones confidenciales”. Siendo así, proteger la identidad constituye una garantía para quien denuncie irregularidades, especialmente relevante al interior de los órganos que ejercen funciones públicas y que deben dar estricto cumplimiento al principio de probidad. Dicha garantía forma parte de una política de combate a la corrupción ordenada por la Ley N° 20.205 y, como tal, forma parte integrante del debido cumplimiento de las funciones de todos órganos de la Administración del Estado, cuya protección justifica aplicar el principio de divisibilidad y prohibir la divulgación de la identidad del o los denunciantes”. En dicho contexto, sin perjuicio de que el órgano no se pronunció derechamente sobre la existencia de la información solicitada en los literales en análisis, atendido que lo solicitado es la identidad de un funcionario que habría puesto en conocimiento ciertos hechos de carácter irregular ante el propio órgano, en caso de existir dicha información corresponde que se mantenga en reserva, por lo que, de acuerdo al criterio citado precedentemente se rechazará, en esta parte, el presente amparo. 10) Que, por último, respecto del literal l) de la solicitud, por el cual el peticionario requiere al órgano reclamado que instruya una investigación sumaria por los hechos que indica, cabe señalar que dicha petición no se encuentra amparada por la Ley de Transparencia. En efecto, ésta constituye, por parte del solicitante, una manifestación del legítimo ejercicio de su derecho de petición, legalmente consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, toda vez que está destinado a requerir una determinada actuación de parte del municipio reclamado. En consecuencia, lo solicitado en dicho literal debe tramitarse en conformidad a las normas legales específicas que lo regulen o, a falta de éstas, y dada su aplicación supletoria, en conformidad a las disposiciones de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. Por lo anterior, este Consejo rechazará el amparo, respecto de dicho literal, por inadmisible. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar por inadmisible el requerimiento contenido en el literal l) de la solicitud de información, por haberse efectuado en ejercicio del derecho de petición. II. Acoger parciamente el amparo deducido por don Cristián Báez Lazcano, en contra de la Municipalidad de Arica, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. III. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica: a) Hacer entrega al reclamante de la información solicitada en los literales a), b), e), y f), del numeral 1° de la parte expositiva de la presente decisión. Asimismo, deberá hacer entrega de la información singularizada en los literales c), d), y g), del mismo numeral, o acredite haber realizado la entrega efectiva de la misma si así procediera. b) Dar respuesta directa al solicitante acerca de lo requerido en los literales h) y k), de la solicitud que motivó el presente amparo, y en caso de no contar con lo que ahí se solicita, comunicar expresa y fundadamente dicha circunstancia al solicitante. c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. IV. Representar Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido al solicitante dentro del plazo previsto en el referido artículo 14. Lo anterior, con la finalidad de que adopte las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se repitan tales infracciones V. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristián Báez Lazcano y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.