Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2171-22

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Reclamante:	VERÓNICA ROMERO BAÑADOS
Reclamado:	SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LAS BARRANCAS
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, en cuanto al estado del procedimiento sumarial consultado, sin perjuicio de tener por cumplida la obligación de informar de manera extemporánea. Se acoge el amparo ordenando la entrega de la información referida a la documentación que explique por qué la solicitante fue puesta a disposición en las circunstancias que indica. En virtud del principio de divisibilidad, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, conforme a lo previsto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública que puede ser requerida a través de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/22/2022
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1813-18 C3324-18 C7-10 C411-09 C561-11
Jurisprudencia a:	C7975-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C2171-22   Entidad pública: Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas Requirente: Verónica Romero Bañados Ingreso Consejo: 25.03.2022 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, en cuanto al estado del procedimiento sumarial consultado, sin perjuicio de tener por cumplida la obligación de informar de manera extemporánea. Se acoge el amparo ordenando la entrega de la información referida a la documentación que explique por qué la solicitante fue puesta a disposición en las circunstancias que indica. En virtud del principio de divisibilidad, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, conforme a lo previsto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública que puede ser requerida a través de la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1287 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de junio de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2171-22. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de marzo de 2022, doña Verónica Romero Bañados solicitó al Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas la siguiente información: "Estimados, a través del siguiente formulario, requiero dos informaciones: Conocer el estado que se encuentra el proceso indicado por Contraloría, emitido en el oficio N° E174689/2022, referido a sumario, en lugar donde trabajaba, Escuela D N° 411, Cerro Navia por maltrato y acoso laboral. El segundo punto, es tener los documentos que expliquen la arbitrariedad y el menoscabo que genera ponerme a disposición el día 2 de marzo 2022, después de haber trabajado y de negarme, por parte del director, jefa técnica e Inspectora general, a firmar el día trabajado". 2) RESPUESTA: Mediante ORD. N° 192 de 18 de marzo de 2022, notificado el 23 de marzo de 2022, el Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas respondió a dicho requerimiento de información indicando lo siguiente: i) Teniendo presente la norma indicada, y respecto de la solicitud de información antes dicha, corresponde precisar que el referido requerimiento no se enmarca en los parámetros de solicitud de información de la de Transparencia, toda vez que versa sobre una materia con regulación expresa, a propósito de su publicidad. ii) Precisando lo anterior, cabe señalar, que si bien de acuerdo con el artículo 13, inciso segundo, de la Ley N° 18.575, la función pública debe ser ejercida con transparencia, permitiendo y promoviendo el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamento de las decisiones adoptadas en su ejercicio. Sin embargo, tal norma debe interpretarse armónicamente, observando las disposiciones contenidas en los artículos 137 de la Ley N° 18.834, al tenor de los cuales el sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en que dejará de serlo para el inculpado y el abogado que asuma su defensa. iii) Por ello, conforme a dichas normas estatutarias el sumario deja de ser secreto después de la formulación de cargos, pero solo respecto del inculpado y su abogado, de modo que los funcionarios que, pese a ese mandato expreso, dan a conocer los antecedentes sumariales a terceros, transgreden la normativa vigente y contravienen sus deberes laborales, debiendo ser investigados y sancionados disciplinariamente. iv) Al tenor de lo señalado, y dado el secreto que revisten los procesos disciplinarios, y la autonomía con la que cuenta la Fiscalía designada en comisión de servicio a tal efecto, que es la que conoce el estado del proceso y la pertinencia o no de la entrega de copias del expediente, es del caso señalar, que el requerimiento no es de aquellas materias que regula la Ley, por lo tanto, su solicitud no corresponde a una solicitud de información Pública. v) Luego a propósito de la segunda solicitud, cabe indicar, que las alegaciones relativas a arbitrariedad y menoscabo a propósito del hecho de haberla puesta a disposición del Director del establecimiento educacional, deben hacerse valer ante el órgano competente, que pueda calificar los hechos y determinar si revisten o no dicha calidad. Siendo por tanto una materia que no es de la ley de transparencia. 3) AMPARO: El 25 de marzo de 2022, doña Verónica Romero Bañados dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en disconformidad con la respuesta entregada. Además, el reclamante hizo presente que: "Se me señala que la investigación pareciera que está en curso, situación que desconozco por dos razones: siendo la afectada, no me han llamado a declarar, porque además si esto sucedía esperaba que me representara un abogado; además el equipo directivo junto a la JUTP no reconocía el pronunciamiento de Contraloría, esto me lo señaló el directo Felipe Cereceda, después de finalizada mi jornada de trabajo, me informan que estoy puesta a disposición. Y le pregunté si sabía el pronunciamiento de Contraloría, y me responde "que hubo tanto correo, que ya no sabe a qué me refiero". En cuanto a los motivos del traslado tampoco se me señala en el momento que se informa que estoy a disposición y no me dejan firmar el libro de clase. Entiendo que tengo el derecho a saber que ocurrió, porque jamás se me indicó de alguna situación irregular, por lo tanto, solicito a través de este organismo cual es el motivo del cambio de colegio y comuna. El 1ero de marzo, participé en todas las actividades del colegio, sin informarme en el momento de iniciar las actividades, esperando a que antes de terminar mi jornada, me llamaron a una reunión breve, entre burla y respuesta poco clara, se me señala sobre el cambio (...)" Mencionan dos razones la Ley 20.285. Y en cuanto a las razones del traslado de escuela y comuna, indican que debo pedir a otro organismo esa información. Y no se cuál será". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, mediante Oficio N° E6737, de 21 de abril de 2022, solicitando que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante oficio Ord. N° 399, de 5 de mayo de 2022, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos a este Consejo, señalando que el proceso y el expediente sumarial, solo son conocidos por la Fiscalía constituida para tal efecto, mediante Resolución del Servicio, es decir solo manejan el contenido del procedimiento y sus actuaciones, el Fiscal y el Actuario designados en comisión de servicio para desempeñar dicha labor. No siendo, por tanto, un acto que obre en poder del Servicio, sino hasta que se encuentra afinado, estado al que efectivamente se arriba mediante acto administrativo, pudiendo a su vez ser conocido por terceros los antecedentes de dicho cometido. A su vez, si la solicitante no es la funcionaria sumariada, o bien siendo el sumario incoado respecto de quienes resulten responsables, y no siendo ella a quien se le formulen cargos en el procedimiento si fuesen procedentes, tampoco podrá tener acceso a las actuaciones que en él se realicen, dado que una vez que se formulan cargos en el procedimiento, el expediente pierde el carácter de secreto, pasando a ser reservado, y pudiendo pedir copia del expediente el inculpado y su representante, a efectos de preparar su defensa. Precisó asimismo, que en poder del Servicio obra la Resolución Exenta N° 71 de 25 de enero de 2022, por medio de la que se instruye el sumario administrativo y se designa al Fiscal, instrumento que adjunta a esta presentación. Señaló la reclamada que, al tenor de lo requerido por la Sra. Romero, que versa sobre antecedentes que a la fecha son materia de investigación propia de los procedimientos disciplinarios que se hayan en etapa indagatoria, el presente requerimiento de información se enmarca en la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 de N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la disconformidad de la solicitante con la información entregada por el órgano recurrido, respecto a conocer el estado que se encuentra el proceso indicado y la documentación que explique por qué fue puesta a disposición, en las circunstancias que indica. Al respecto, el órgano reclamado, en la respuesta entregada señaló que lo solicitado no enmarca dentro de la Ley de Transparencia. Asimismo, indicó el carácter secreto del procedimiento sumarial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la Ley N° 18.834. Posteriormente, en los descargos evacuados ante esta sede, señaló que reserva la información en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, lo anterior, por cuanto el referido sumario se encuentra en etapa indagatoria. 2) Que, a modo de contexto, para un mayor entendimiento del presente amparo, de acuerdo con los antecedentes que obran en poder de esta Corporación, es posible señalar que mediante Resolución Exenta N° 71, de 25 de enero de 2022, se instruyó sumario en contra de quien corresponda a consecuencia de las denuncias realizadas por doña Verónica Romero Bañados, quien realiza las labores de docente en el Establecimiento Educacional Escuela Brigadier General René Escauriaza Alvarado de la comuna de Cerro Navia por supuestos actos de acoso laboral durante los años 2020 y 2021 hacia ella, todo en relación con lo resuelto por la Contraloría General de la República, de 17 de enero de 2022, que resuelve sucesivos requerimientos de la denunciante. 3) Que, ahora bien, en lo atingente al sumario administrativo consultado, este Consejo ha sostenido a partir de la decisión de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10 y C561-11, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros). 4) Que, sin perjuicio de lo antes señalado, esta Corporación igualmente ha razonado que "aquella información cuya naturaleza es pública, no pasa a ser secreta o reservada por el solo hecho de que se acumule a un sumario incoado por el órgano requerido, especialmente si no se ve frustrada la investigación que se lleve a cabo si es que se conociese o publicare la información pública requerida". En efecto, dicha interpretación encuentra justificación en que siendo el secreto del expediente sumarial una excepción a la regla de publicidad consagrada por los artículos 8°, inciso 2°, de la Constitución Política y 5° y 10 de la Ley de Transparencia, de conformidad al artículo 21 N° 5 y 1° transitorio de este último cuerpo legal, su aplicación debe encontrar fundamento en la afectación de los bienes jurídicos a que se refieren dichas normas. 5) Que, en tal orden de ideas, se debe considerar lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, en orden a que "la disposición del artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo debe interpretarse a la luz de la finalidad de la norma, vale decir, concierne a la cuestión de fondo tendiente a asentar la responsabilidad administrativa en hechos que han sido valorados de trascendencia para la administración, por ello mira el éxito de la investigación y como ha sostenido la Contraloría General de la República, a la honra y respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos investigados. De ahí que una información que no comprometa estos fines, que no sea detallada en relación con el asunto indagado, pudiera ser entregada" (Considerando 8, sentencia del reclamo de ilegalidad, Rol 7608-2012). Por otra parte, refiriéndose a un caso en que se solicitó copia de una resolución que ordenó instruir un sumario, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que "el documento que fue requerido por el interesado fue aquella que solo se limita a ordenar la instrucción del sumario, ante la denuncia de la interesada, pero que en ningún caso individualiza a algún funcionario como afectado por aquel procedimiento administrativo, esto es, no afecta a derechos de terceros que estén determinados en aquel acto, derechos que por lo demás, deben velar los interesados para su resguardo" (Considerando 3, sentencia del reclamo de ilegalidad, Rol 3326-2013). Este criterio ha sido aplicado en las decisiones Roles C1813-18 y C3324-18, entre otras. 6) Que, así las cosas, respecto de la información requerida, relativa al estado actual del procedimiento sumarial consultado, a juicio de este Consejo, no se configura la causal del artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, pues si bien dice relación con un sumario administrativo que a la época del requerimiento no estaba afinado, no es de aquélla cuya divulgación ponga en riesgo el éxito de la investigación. En razón de lo anterior, se acogerá el amparo en este punto, sin perjuicio de tener por acompañada en forma extemporánea la información que permite satisfacer el requerimiento, toda vez que la reclamada, en los descargos evacuados ante esta sede señaló que el procedimiento se encuentra en etapa indagatoria. 7) Que, en razón de lo resuelto en forma precedente, este Consejo no se pronunciará respecto de la causal de reserva alegada por el órgano recurrido. 8) Que, respecto de la documentación que explique por qué la solicitante fue puesta a disposición, en las circunstancias que indica, respecto de la cual la reclamada señaló que no se encuentra amparada por la Ley de Transparencia, cabe señalar que, en la medida que obren en poder de la reclamada antecedentes referidos a las materias consultadas, el requerimiento de información en análisis se encuentra amparado por lo previsto en la Ley de Transparencia en virtud de lo dispuesto en su artículo 10. Por lo anterior, las alegaciones de la reclamada acerca de la naturaleza del requerimiento serán desestimadas. 9) Que, en razón de lo resuelto precedentemente, se acogerá el presente amparo en cuanto a este punto y se ordenará la entrega de la información solicitada. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros datos de terceros que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), 4 y 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. 10) Que, no obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Verónica Romero Bañados, en contra del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, sin perjuicio de tener por cumplida la obligación de informar de manera extemporánea, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, en cuanto al estado del procedimiento sumarial consultado. II. Requerir al Sr. Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas, lo siguiente; a) Entregue a la reclamante la información referida a la documentación que explique por qué fue puesta a disposición, en las circunstancias que indica. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros datos de terceros que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), 4 y 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Las Barrancas y a doña Verónica Romero Bañados, remitiendo a esta última copia de los descargos presentados por la reclamada. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Francisco Leturia Infante, sus Consejeras doña Gloria de la Fuente González y doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.