Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C720-13

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Reclamante:	VÍCTOR VIAL BALLADARES
Reclamado:
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros –SVS–, fundado en que le denegó la información solicitada sobre a) Nómina o listado que individualice a través de número y fecha, a todas las resoluciones sancionatorias que haya pronunciado la SVS, desde que tenga registro hasta el año 2012 inclusive, por infracciones cometidas (entre otras) a las siguientes disposiciones legales: i. Artículos 44 y 89 (antes de la reforma introducida por la Ley N° 20.382), 146 y 147 de la Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas. ii. Artículos 52 y 53 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores. b) Copia íntegra de todas las resoluciones sancionatorias mencionadas en el literal que antecede. El Consejo señaló que habiendo indicado la SVS al reclamante la fuente, el lugar y la forma en que puede acceder a lo requerido, ha de concluirse que entregó la información pedida bajo la modalidad especial que contempla el artículo 15 de la Ley de Transparencia, pues ha satisfecho a cabalidad el estándar que establece la norma, conforme a la cual: "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar".
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/16/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C45-09 C239-12 C381-12 C1123-12 C321-09
Jurisprudencia a:	C2309-14 C371-21 C2392-14 C1732-13 C63-14 C1186-15 C1989-15 C712-17 C3904-17
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Órganos sujetos a la competencia del Consejo >> Órganos autónomos >> Universidades públicas
Descriptores analíticos:	Justicia

DECISIÓN AMPARO ROL C720-13 Entidad pública: Superintendencia de Valores y Seguros –SVS– Requirente: Víctor Vial Balladares Ingreso Consejo: 23.05.2013 En sesión ordinaria Nº 466 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de septiembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C720-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 19.880 y N° 19.628; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de abril de 2013, don Víctor Vial Balladares solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros, en adelante, indistintamente SVS, la siguiente información: a) Nómina o listado que individualice a través de número y fecha, a todas las resoluciones sancionatorias que haya pronunciado la SVS, desde que tenga registro hasta el año 2012 inclusive, por infracciones cometidas (entre otras) a las siguientes disposiciones legales: i. Artículos 44 y 89 (antes de la reforma introducida por la Ley N° 20.382), 146 y 147 de la Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas. ii. Artículos 52 y 53 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores. b) Copia íntegra de todas las resoluciones sancionatorias mencionadas en el literal que antecede. 1) RESPUESTA: La SVS respondió a la antedicha solicitud mediante la Resolución Nº 10.418, de 13 de marzo de 2013, señalando lo siguiente: a) En el sitio web de la SVS –específicamente en el enlace: http://www.svs.cl/sitio/sanciones/sanciones_mercados.php?mercado=V– se encuentra disponible información sobre las sanciones cursadas por el organismo desde el año 2003. Esta información se encuentra ordenada por fecha de emisión, siendo posible acceder también a la correspondiente resolución sancionatoria. Sin embargo, tal información no se encuentra clasificada por tipo de norma infringida. b) Por su parte, las resoluciones que imponen sanciones desde el año 2003 hacia atrás, sólo están disponibles en la base de datos de la SVS. Éstas se encuentran archivadas conjuntamente con las demás resoluciones dictadas por el organismo, tanto en materia de valores como de seguros, y tampoco se encuentran clasificadas por tipo de norma infringida. No obstante, señala, el solicitante puede acceder a éstas, revisándolas en el Centro de Documentación de la SVS. c) En virtud de lo anterior y atendida la naturaleza de lo pedido, la SVS carece de los filtros que le permitan clasificar la información en la forma solicitada, razón por la cual no es posible entregarla en los términos requeridos. Cumplir con ello supondría distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones, pues se requeriría hacer una lectura resolución por resolución para poder determinar cuál es la disposición infringida. Una labor de esta naturaleza, por tanto, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la SVS, configurando la causal de reserva establecida en el del artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia. 2) AMPARO: El 23 de mayo de 2013, don Víctor Vial Balladares dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que le denegó la información solicitada, argumentando, en resumen, lo siguiente: a) La respuesta denegatoria entregada por la SVS vulnera el principio de no discriminación consagrado en la Ley de Transparencia. Ello porque frente a una solicitud de información similar a la que motiva este amparo –que, a su vez, dio lugar al amparo Rol C239-12– y en que se solicitó un listado y copia de las resoluciones dictadas por la SVS fundadas en la infracción a los artículos 13, 164 y 165 de la Ley N° 18.045, sobre faltas al deber de reserva o al deber abstención, y uso de información privilegiada, el organismo entregó el listado requerido mediante los Oficios Ordinarios Nos 2.987 y 9.736. Además, entregó a la solicitante un CD que contenía copia de todas las resoluciones requeridas. b) Es decir, la SVS no ha entregado la información requerida a quien la ha pedido en igualdad de condiciones que una anterior solicitante, haciendo en este caso distinciones arbitrarias. En tal sentido, señala, resulta incomprensible que el organismo haya podido el año 2012 filtrar y clasificar exclusivamente para otra ciudadana las resoluciones sancionatorias vinculadas a los artículos 164 y 165 de la Ley N° 18.045, proporcionándole además un listado y copia de lo requerido, y que ello no sea posible de realizar para otro ciudadano en el año 2013, que pidió lo mismo, pero esta vez referido a los artículos 52 y 53 de la Ley N° 18.045, como a los artículos 44, 89, 146 y 147 de la Ley N° 18.046. c) Si bien la SVS publica en su página web información sobre las sanciones que aplica, ella no se encuentra disponible de forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y acceso expedito por parte de la ciudadanía, lo cual vulnera el principio de facilitación. En efecto, indica que dicha información debe no sólo encontrarse a disposición de todos los ciudadanos en la página web, sino que además debe publicarse bajo el estándar que fija el artículo 7º de la Ley de Transparencia, esto es, de forma tal que «permita su fácil identificación y un acceso expedito». Ninguna resolución, en cambio, de las dictadas entre los años 2003 y 2013 se encuentra a disposición de los ciudadanos en la web del organismo del modo indicado. A esto debe sumarse el hecho que, de la información disponible, se hace irrazonablemente complejo conocer la única información que resulta relevante para quienes acceden a ella, esto es: a qué infracción se refiere la resolución que individualiza el listado; qué sanción impone; fundada en qué norma; y por cuál o cuáles conductas de las castigadas en la ley se sanciona a tal o cual persona, cuestiones que resultan imprescindibles para obtener una fácil identificación y expedito acceso. d) En función de lo señalado por la SVS en su respuesta, parece claro que dicho organismo entiende cumplido el estándar informativo que le exige la Ley de Transparencia respecto de la información solicitada, únicamente en tanto en su página web se encuentren disponibles las resoluciones sancionatorias (a contar del año 2003), independiente que su acceso sea fácil y expedito. En este sentido, y a mayor abundamiento, señala que si para la SVS su propio sistema «carece de los filtros que permitan clasificar la información en la forma solicitada, al tener que hacer una lectura resolución por resolución», tal como señala el organismo, esta labor sería objetivamente imposible de realizar para un ciudadano en forma individua e) La labor de tratamiento y sistematización que se demandaría de parte de la SVS, resultaría acorde o se condice con ciertas funciones específicas que corresponden a dicho organismo. Así, conforme se informa en la página web del organismo, corresponde a su «Departamento de Centro de Documentación e Informaciones» «participar de la planificación de la estrategia digital institucional relacionada con la digitalización (captura), sistematización, clasificación y almacenamiento de la producción documental de la Superintendencia», debiendo también dicha área, «responder eficientemente a las necesidades y cambios relacionados con la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, en lo correspondiente a materia de archivos». Adicionalmente, corresponde a la unidad de «Biblioteca», mantener material actualizado «tanto del punto de vista teórico, jurídico y estadístico», a disposición de los ciudadanos, a través de «bases de datos especializadas». f) La SVS, de acuerdo a su propia orgánica, dispone de un complejo aparataje financiado con el erario público, destinado a la sistematización y clasificación de la información que produce. En este sentido, señala, la misma página web del organismo anuncia la posibilidad que tendrían los ciudadanos, a través del buscador en línea, de «consultar los hechos que de acuerdo a la normativa vigente, para el mercado de valores y seguros constituyen una sanción». Y esto se condice con la compleja estructura orgánica que posee dicho organismo en lo relativo a gestión documental, financiada además con recursos públicos. g) Considerando, entonces, la orgánica y recursos económicos del erario público destinados por la SVS para fines de sistematización y clasificación de la información que genera, no resulta racional, coherente ni ajustado a la normativa vigente, que se le imponga a los particulares el deber de «bucear» en toda la información de que dispone el organismo para poder clasificar el contenido de las resoluciones en virtud de los cuales se sancionan las llamadas conductas prohibidas por la Ley de Mercado de Valores a que hacen referencia los artículos 52 y 53 de la preceptiva citada en la solicitud de información formulada. h) Se sigue de lo anterior que la reserva invocada por la SVS, esto es, la causal de reserva de distracción indebida, no resulta aplicable en la especie. Además, porque dicho organismo no ha acreditado un perjuicio efectivo al debido cumplimiento de sus funciones. En este sentido, señala, el Consejo para la Transparencia ha señalado que para acreditar que una solicitud de información se refiera a un elevado número de actos administrativos debe señalarse, como cuestión primera, cuál es el volumen de información solicitada. Luego, para un elevado número de solicitudes o un requerimiento de carácter genérico afecten el debido cumplimiento de las funciones del órgano, se precisa que los funcionarios ocupen un tiempo excesivo considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales. No basta explicar, entonces, cuál es el proceso que se debe aplicar para recopilar determinada información, sino que se requiere, además, acreditar como ese proceso afecta el debido cumplimiento de las funciones del organismo, cuestión que no se ha verificado en la especie. i) Por último, referente al estándar aplicable a dicha causal de reserva cita las decisiones del Consejo para la Transparencia recaídas en las decisiones de amparo Roles C45-09, C381-12 y C1123-12, cuyos razonamientos reproduce. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 2.108, de 31 de mayo de 2013, al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, a quien se solicitó especialmente: (1º) referirse a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2º) referirse al volumen de información involucrado en la solicitud; y (3º) explique de qué modo acceder a lo solicitado afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la SVS. La mencionada autoridad contestó el traslado, mediante el Ordinario Nº 15.066, de 5 de julio de 2013, señalando, en síntesis, que: a) La supuesta discriminación alegada por el solicitante no es tal, pues la diferencia que existe entre la solicitud que dio lugar al amparo Rol C239-12 y la que motiva el presente amparo, es que respecto a la primera, esto es, resoluciones que impusieron sanciones por uso de información privilegiada, regulada en los artículos 13, 164 y 165 de la Ley de Mercado de Valores, la SVS, y específicamente la Fiscalía de Valores, llevaba con anterioridad a la solicitud, un registro de todas las sanciones que se habían dictado sobre dicha materia. El archivo antes mencionado se lleva para fines de análisis interno, especialmente considerando que el uso de información privilegiada ha resultado ser una de las infracciones más recurrentes a la Ley de Mercado de Valores. b) En este sentido, con 10 días de anterioridad a la solicitud que dio lugar al amparo Rol C239-12, la SVS había recibido otra solicitud de información de otra ciudadana referida a la misma materia, la cual fue contestada en idénticos términos que la solicitud anterior. Estos hechos evidencian que la SVS no efectuó ninguna discriminación, ya que frente a dos solicitudes referidas a la misma materia, otorgó la misma respuesta, enviando en ambos casos la información solicitada, a los domicilios de los solicitantes. Es por ello que si el señor Vial hubiere solicitado esa información, la Superintendencia le hubiera entregado respecto de ellas la misma información que entregó anteriormente, informándole respecto de las demás, las fuentes donde podía consultarlas, de la misma forma que se informó en el Oficio Ordinario N° 10.418. c) Sobre éste último punto, es decir aquellas resoluciones que se encuentran disponibles en su página web, la Superintendencia en su respuesta hizo aplicación del artículo 15 de la Ley de Transparencia, señalando la fuente, el lugar y la forma en la cual el solicitante podía tener acceso a la información solicitada, siendo de cargo del mismo, efectuar el procesamiento de ella. Por tanto, concluye, la Superintendencia no realizó ningún trabajo adicional de revisión de las resoluciones que imponían sanciones, ni su posterior clasificación de las mismas, para entregar la respuesta a la solicitante, limitándose a entregar un listado que llevaba para sus análisis particular respecto del cual, al obrar en poder del servicio, estaba obligada a proporcionar. d) Referente a la supuesta vulneración del principio de facilitación, atendido la forma como la SVS publica en su página web la información sobre sanciones, señala que la información que ha solicitado el ciudadano debe encontrarse incorporada en el sitio electrónico del organismo bajo el estándar señalado en el artículo 7° de la Ley de Transparencia y de la forma que menciona la Instrucción General N° 4, del Consejo para la Transparencia, y no de la forma que a una persona determinada pudiere resultar de más fácil acceso, para sus fines particulares. e) Refuerza el cumplimiento de la obligación de transparencia activa por parte de la SVS, de acuerdo a las normativas antes señaladas, la circunstancia que el propio Consejo para la Transparencia ha informado positivamente el sitio electrónico de la SVS, en orden a que en éste se señala el tipo, número, denominación y fecha de las sanciones, así como la existencia de un vínculo al texto de las mismas, según da cuenta el informe de fiscalización remitido por dicho organismo el 26 de noviembre de 2012. f) Asimismo, en aplicación del principio de irretroactividad de la ley, la información que debe incorporarse en los mencionados sitios electrónicos, es aquella que ha sido generada a partir de la vigencia de la Ley de Transparencia, por lo que no comprende las resoluciones de la época que requiere el señor Vial, esto es, aquellas «... desde que se tenga registro». Señala que la SVS publica en su sitio web las sanciones que aplica, desde mucho antes de la dictación de dicha ley, encontrándose incorporadas en el sitio electrónico las sanciones dictadas a contar del año 2002, incluso con una ventana independiente y en una ubicación más destacada, que la sección de Gobierno Transparente. g) Por otra parte, ni el D.L N° 3.538 –Ley Orgánica de la Superintendencia Valores y Seguros–, ni la Ley N° 18.045 –de Mercado de Valores–, ni la Ley N° 18.046 –sobre Sociedades Anónimas–, ni ninguna de las leyes y reglamentos que establecen facultades y deberes de la SVS en relación al Mercado de Valores, contemplan el deber de mantener un archivo clasificado de las sanciones cursadas, en base a la disposición legal infringida por el sancionado, que es precisamente la solicitud de información que efectuó el recurrente. Lo anterior, permitiría justificar suficientemente que el organismo no cuente con un listado estructurado en base a lo solicitado, así como tampoco con los filtros que permitan efectuar dicha clasificación de manera expedita. h) Por otra parte, conforme a la letra f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia el principio de facilitación es aquel conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. La Superintendencia, por su parte, en ningún caso ha impuesto exigencias o requisitos adicionales a los establecidos en la misma Ley de Transparencia, su Reglamento y las Instrucciones dictadas por el Consejo para la Transparencia. En consecuencia, no se aprecia de qué forma la SVS estaría afectando el principio de facilitación que el recurrente señala vulnerado, más aún en circunstancias que la información publicada tiene una antigüedad superior a la exigida en la ley y la normativa aplicable al deber de transparencia activa. i) Por otra parte, el procesamiento de la información afecta el debido cumplimiento de las funciones de la SVS. En este sentido, como cuestión previa, señala que ni el D.L N° 3.538 –Ley Orgánica de la Superintendencia Valores y Seguros–, ni la Ley N° 18.045 –de Mercado de Valores–, ni la Ley N° 18.046 –sobre Sociedades Anónimas–, ni ninguna de las leyes y reglamentos que establecen facultades y deberes de la SVS del Mercado de Valores, contemplan el deber de mantener un archivo clasificado de las sanciones cursadas, en base a la disposición legal infringida por el sancionado, que es precisamente la solicitud de información que efectuó el recurrente. En virtud de lo anterior, el organismo no cuenta con un listado estructurado en base a lo solicitado, así como tampoco con los filtros que permitan efectuar dicha clasificación de manera expedita. j) En este sentido, reitera lo expresado en la respuesta, en orden a que la entrega de la información en la forma solicitada, le significaría tener que hacer una lectura de cada resolución que impone una sanción, pues sólo de ese modo es posible determinar cuál es la disposición infringida. Agrega que con la simple lectura de una resolución de la SVS que impone una sanción, por parte de una persona que no tenga la debida formación en el área del derecho, resultaría muy difícil establecer con certeza cuál es la disposición legal infringida, ya que en tales resoluciones suelen citarse diversas disposiciones legales de diferentes ámbitos, y no sólo de la Ley de Mercado de Valores o de Sociedades Anónimas. Por lo anterior, la lectura de dichas sanciones debiera realizarla preferentemente un abogado. Sobre este último punto, hace presente que ni en el Centro de Documentación e Informaciones, ni en la Biblioteca de la SVS, trabajan abogados que pudieren dedicarse a dicha labor, por lo que debería destinarse uno o más abogados de otras áreas del organismo a la lectura y clasificación de las sanciones... «desde que se tenga registro...». k) Precisa que el numero de sanciones aplicadas por la SVS comprende las siguientes cantidades divididas en los siguientes dos periodos: i. Desde el año 2002 a la fecha de la solicitud, un total de 434 sanciones, cuyo desglose por año es el siguiente: i) 2002: 12; ii) 2003: 31; iii) 2004: 31; iv) 2005: 56; v) 2006: 70; vi) 2007: 69; vii) 2008: 56; viii) 2009: 42; ix) 2010: 15; x) 2011: 15; xi) 2012: 26; xii) 2013: 11. ii. Desde el año 1981 al año 2001, un total de 6.225 sanciones, cuyo desglose por año es el siguiente: i) 1981: 723; ii) 1982: 213; iii) 1983: 123; iv) 1984: 190; v) 1985: 197; vi) 1986: 227; vii) 1987: 179; viii) 1988: 222; ix) 1989: 204; x) 1990: 245; xi) 1991: 239; xii) 1992: 296; xiv) 1993: 271; xv) 1994: 207; xvi) 1995: 270; xvii) 1996: 344; xviii) 1997: 402; xix) 1998: 426; xx) 1999: 429; xxi) 2000: 385; xxii) 2001: 433. l) Conforme a lo anterior, señala, el número total de resoluciones que a SVS debiera proceder a leer y clasificar para responder la solicitud de acceso a la información, comprende un total de 6.659 resoluciones. La Superintendencia estima que la realización de dicha actividad implicaría distraer indebidamente a los funcionarios (abogados) del cumplimiento regular de sus labores, lo cual afectaría el debido cumplimiento de las funciones del organismo, por el costo de oportunidad que genera, lo cual configura la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. m) Concluye señalando que los servicios públicos deben realizar sus funciones de acuerdo a la ley y a las facultades que ésta le otorga para el cumplimiento de sus fines específicos. Pedirle a éstos que tengan la información procesada en la forma que cualquier persona pudiera necesitar para sus fines particulares, no es una obligación propia del servicio e implicaría tener personal destinado a la satisfacción de necesidades particulares, que no guardan estrecha relación con sus funciones propias. En este contexto, son múltiples las solicitudes de información evacuadas por la Superintendencia, en las cuales se contesta a los solicitantes informando la fuente y lugar donde pueden obtener la información solicitada, en la forma que la SVS la tiene organizada, tal como lo ordena el artículo 15 de la Ley de Transparencia y el artículo 6° de su Reglamento. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que el requirente ha solicitado le sean entregada la nómina de resoluciones sancionatorias que indica y copia de las mismas, utilizando al mencionar las que especialmente le interesan, la expresión «entre otras», con lo que cabe entender que ha requerido información sobre todas las resoluciones sancionatorias, sólo que haciendo alusión a algunas que especialmente le interesan. 2) Que, respecto de la información solicitada en la especie –esto es: (i) listado o nómina de todas las resoluciones sancionatorias pronunciadas por la SVS, desde que posee registro, por la infracción de las indicadas normas de las Leyes Nos 18.045 y 18.046; y (ii) copia de las mismas resoluciones–, al tenor de lo que ha informado la misma SVS, es dable efectuar la siguiente distinción: a) Por una parte, las resoluciones sancionatorias pronunciadas por la SVS desde el año 2003 hasta la fecha, las que se encuentran publicadas en su página web, específicamente, en la ventana «Mercado de Valores/Sanciones» [En el enlace: http://www.svs.cl/sitio/sanciones/sanciones_mercados.php?mercado=V, que contempla determinados filtros para consultar dichas resoluciones. b) Por otro, las resoluciones sancionatorias pronunciadas por el mismo organismo desde que posee registros –año 1981– y hasta el año 2003, se encuentran archivadas en bases de datos de la SVS, en el Centro de Documentación de dicha Superintendencia, conjuntamente con las demás resoluciones dictadas por el organismo, tanto en materia de valores como de seguros, no encontrándose clasificadas por tipo de norma infringida. 3) Que, en relación a las resoluciones sancionatorias a que se refiere la letra a) precedente, la SVS ha entendido entregada la información pedida bajo la modalidad especial que contempla el artículo 15 de la Ley de Transparencia, al dirigir al reclamante a su página web que contiene la información sobre las sanciones que ha cursado. Por su parte, respecto de las resoluciones sancionatorias a que se refiere la letra b) precedente, la SVS en su respuesta ha hecho presente al reclamante que éste puede acceder a los registros o archivos con que cuenta el organismo para buscar directamente la información solicitada; sin embargo, le ha denegado la remisión o entrega de la información específicamente requerida –esto es, las resoluciones sancionatorias clasificadas en base a las normas infringidas referidas por el solicitante–, por estimar que concurre la causal de reserva de distracción indebida que contempla artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 4) Que, en tal contexto, y atendido lo que han alegado ambas partes, a juicio de Consejo resulta pertinente establecer un criterio uniforme que resulte aplicable tanto respecto de la información sobre resoluciones sancionatorias que la SVS publica en su página web, como respecto de aquella que mantiene disponible en sus registros internos y que no publica en su sitio web. 5) Que, en cuanto a la forma cómo se encuentra disponible la información sobre resoluciones sancionatorias que obra en poder de la SVS, cabe precisar lo siguiente: a) La SVS dispone de un enlace en su sitio electrónico, http://www.svs.cl/sitio/sanciones/sanciones_cursadas_mes.php, que contiene dos opciones de búsqueda de sanciones cursadas por dicho organismo: “Sanciones Últimos 30 días” y “Sanciones Anteriores”. Respecto del enlace a las “Sanciones Últimos 30 días”, éste contiene información sobre el número de resolución, su fecha, una breve descripción de su materia, y un enlace al texto de la resolución respectiva. Por su parte, en el enlace a las “Sanciones Anteriores”, ésta contempla la posibilidad de filtrar entre rangos de fechas de emisión de las respectivas resoluciones. b) Por su parte, la SVS también dispone de información sobre «sanciones» en su página web, en sus enlaces relativos al “Mercado de Valores” [http://www.svs.cl/sitio/sanciones/sanciones_mercados.php?mercado=V]; “Mercado de Seguros” [http://www.svs.cl/sitio/sanciones/sanciones_mercados.php?mercado=S] y “Otras Entidades” [http://www.svs.cl/sitio/sanciones/sanciones_mercados.php?mercado=O], los que permiten filtrar conforme a tres criterios: tipo de entidad (en los que se contemplan 30, 19 y 15 alternativas, respectivamente); entidad; fecha desde y fecha hasta (desde el año 2003 al año 2013). Una vez aplicados esos filtros se despliega información sobre «sanciones cursadas», mencionándose; número de resolución, su fecha, materia de que trata, y un link que permite acceder al texto de la resolución respectiva. c) Según ha informado la misma SVS, las resoluciones sancionatorias que dicho organismo no publica en su página web, se encuentran incorporadas en sus archivos o bases de datos, disponibles en dependencias de su Centro de Documentación, en conjunto con las demás resoluciones dictadas por el organismo, tanto en materia de valores como de seguros, no encontrándose clasificadas por tipo de norma infringida. En consecuencia, acceder a la información requeriría examinar las bases de datos respectivas como también revisar individualmente cada resolución, a efectos de identificar aquellas que aplican sanciones, y luego, dentro del universo de resoluciones sancionatorias, en lo que interesa especialmente al reclamante, hallar aquellas pronunciadas por la infracción de las normas que este invocó en la solicitud. 6) Que, conforme a lo anterior, cabe concluir que la información sobre resoluciones sancionatorias pronunciadas por la SVS (desde que el organismo registra las mismas) se encuentra permanentemente a disposición de la ciudadanía, y específicamente, del reclamante. En efecto, así sucede claramente respecto de la información sobre sanciones que el organismo publica actualmente en su página web. A mayor abundamiento, el modo en que dicho organismo efectúa en dicho sitio electrónico la publicación de la información referida a sanciones, satisface cabalmente el estándar de transparencia activa que especifica el artículo 7° literal g) de la Ley de Transparencia, en relación con la Instrucción General N° 4, en su punto 1.7 párrafo 3°. En efecto, referente a los actos con efectos sobre terceros –entre ellos, los actos administrativos sancionatorios–, dicho precepto reglamentario señala que «Para dar cumplimiento a esta obligación el órgano o servicio publicará una planilla en la que deberá registrar, por materias y por orden cronológico, los actos antes señalados, la individualización del acto (tipo, denominación, número y fecha), la fecha de publicación en el Diario Oficial o indicación del medio y forma de publicidad y su fecha, una breve descripción del objeto del acto y un vínculo al texto íntegro y actualizado del documento que lo contiene». Por su parte, respecto de las resoluciones que no publica en la página web, dicho órgano señaló en su respuesta al reclamante que «… pueden ser revisadas por usted en el Centro de Documentación de la Superintendencia, ubicado en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 2, piso 2, Comuna de Santiago, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas». 7) Que, por lo tanto, habiendo indicado la SVS al reclamante la fuente, el lugar y la forma en que puede acceder a lo requerido, ha de concluirse que entregó la información pedida bajo la modalidad especial que contempla el artículo 15 de la Ley de Transparencia, pues ha satisfecho a cabalidad el estándar que establece la norma, conforme a la cual: "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar". 8) Que, si bien el reclamante ha requerido le sean entregadas especialmente las resoluciones sancionatorias pronunciadas por el organismo por la infracción de normas especificas citadas, lo que exigiría cierto trabajo de sistematización de parte del organismo, cabe tener presente la interpretación que uniformemente ha sostenido este Consejo para resolver la antinomia existente entre los artículos 15 y 17 de la Ley de Transparencia, dado que esta última norma obliga al organismo entregar la información en la forma requerida por el solicitante. En efecto, en la decisión de amparo Rol C321-09, esta Corporación razonó que: «…no cabe acoger la alegación del reclamante consistente en que no se le daría la información del modo solicitado, pues al encontrarse la información requerida en un sitio web de acceso público debe entenderse cumplida la obligación de entrega al haberse indicado la fuente y el modo de acceder a ella… no siendo obligación del órgano reclamado procesar tal información y entregarla de la forma requerida. Por el contrario, la carga de procesar la información que se encuentra publicada corresponde al requirente, quien puede procesarla para utilizarla de la forma que estime conveniente. A este respecto debe consignarse que si bien el artículo 17 de la Ley de Transparencia, que establece que la información debe entregarse por el medio y en la forma solicitada, se aplica sólo en los casos en que la información no se encuentra a permanente disposición del público, pues en este último caso prima lo dispuesto en el artículo 15 de la misma Ley». Si bien dicho razonamiento ha sido efectuado respecto de la información que se encuentra disponible en una página web (que, por lo mismo, sería inequívocamente aplicable respecto de la información que la SVS publica en su sitio web), no habría razón para no hacerlo extensivo también respecto de la información que archiva la SVS en dependencias de su Centro de Documentación, dado que ha satisfecha el estándar de esta ultima norma citada. Que, por todo lo razonado anteriormente, se rechazará el presente amparo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo deducido por don Víctor Vial Balladares, en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Víctor Vial Balladares, y al Sr. Superintendente de Valores y Seguros. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Alejandro Ferreiro Yazigi. Se deja constancia que el Consejero don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo, por no asistir a esta sesión. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.