Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2695-22

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Reclamante:	MAURICIO FELIU RAMIREZ
Reclamado:	INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, referente a la entrega del resultado de sumario administrativo que se individualiza. Lo anterior, toda vez que el antecedente pedido forma parte de procedimiento sumarial que no se encuentra afinado. Aplica criterio contenido en decisiones de amparo Roles A47-09, A95-09, A159-09, C7-10, C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18, C837-19 y C7775-20, entre otras.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/4/2022
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C6376-18 C1314-14 C969-15 C837-19 C7775-20 C7-10 C858-10 C561-11
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Municipalidades >> Permisos y derechos municipales >> Permisos de construcción
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C2695-22   Entidad pública: Instituto de Salud Pública de Chile Requirente: Mauricio Feliu Ramirez Ingreso Consejo: 12.04.2022 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, referente a la entrega del resultado de sumario administrativo que se individualiza. Lo anterior, toda vez que el antecedente pedido forma parte de procedimiento sumarial que no se encuentra afinado. Aplica criterio contenido en decisiones de amparo Roles A47-09, A95-09, A159-09, C7-10, C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18, C837-19 y C7775-20, entre otras. En sesión ordinaria N° 1288 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de junio de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2695-22. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de febrero de 2022, don Mauricio Feliu Ramírez solicitó al Instituto de Salud Pública de Chile -en adelante, indistintamente ISP- lo siguiente: "(...)resultado de sumario administrativo ordenado instruir mediante resolución N.° 843 de 2018". 2) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 578, de fecha 11 de abril de 2022, el ISP respondió a dicho requerimiento de información, en los siguientes términos. Explicó que, consultado el Fiscal de dicho sumario administrativo, aquél informó que se encuentra en proceso de elaboración del informe o vista fiscal, documento que constituye la propuesta que recibe el Director del Servicio para poner fin al proceso, por lo que no es posible informar sobre el resultado de éste aún. Por consiguiente, esgrimió su inexistencia material. 3) AMPARO: El 12 de abril de 2022, don Mauricio Feliu Ramírez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada sería parcial. Cuestionó el tiempo trascurrido sin que se adopte una decisión sobre el sumario administrativo incoado. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director (S) del Instituto de Salud Pública de Chile, mediante Oficio N° E7980, de fecha 10 de mayo de 2022, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, explicando en qué medida lo solicitado serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) señale el estado procesal en que se encuentra el sumario solicitado; (4°) para el caso de encontrarse afinado el sumario solicitado, remita copia íntegra de su expediente. Finalmente, hago presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento. Mediante Oficio Ord. N° 1.119, de fecha 26 de mayo de 2022, el ISP evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, los argumentos expuestos en su respuesta denegatoria. Indicó que, el resultado del proceso no se ha oficializado aún y en tanto no termine la tramitación de dicho proceso sumarial, no es posible entregar la información. Asimismo, esgrimió que, en la especie resulta aplicable la hipótesis de reserva prevista en el artículo 137° del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, del año 2004, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, configurándose, en consecuencia, la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 5 de la Ley de Transparencia. Por consiguiente, razonó que, estando aún pendiente la tramitación, independiente del tiempo trascurrido, no resulta procedente su entrega, pues el documento donde consta el resultado no se ha oficializado aún. Hizo presente que, el requirente no detenta la calidad de inculpado -no se le ha formulado cargos-, sino que fue requerida su presencia como testigo, razón por la cual, no procede la entrega de las piezas del expediente, sino una vez que se encuentre afinado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en que la respuesta proporcionada sería parcial, referente a la entrega del resultado de sumario administrativo que se individualiza. 2) Que, con ocasión de su respuesta y de sus descargos evacuados en esta sede, el órgano recurrido precisó que se encuentra en proceso de elaboración del informe o vista fiscal, documento que constituye la propuesta para poner fin al proceso, encontrándose aún pendiente la tramitación de aquél. Sobre el particular, cabe tener presente el criterio establecido por este Consejo en relación con el secreto de los sumarios administrativos. En este sentido, esta Corporación, en forma sostenida y reiterada ha resuelto, desde las decisiones de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C7-10, C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18 y C837-19, C7775-20, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, en particular: el inculpado y el abogado que asumiere su defensa, circunstancia que no se verifica en la especie. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros). 3) Que, en este orden de ideas, el considerando 4° de la decisión recaída en el amparo Rol C858-10 afirma que "(...) dicha reserva tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, lo que se subsume en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia", citando el considerando 4° de la decisión recaída en el amparo Rol C7-10. En este último se sostiene que "(...) el carácter secreto del sumario consagrado en el artículo 137 de la Ley N° 18.834, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación en curso cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia. En efecto, el expediente sumarial (...) contiene los antecedentes de una investigación que son previos a la adopción de una resolución, medida o política respecto de ella, conforme a la letra b) del precitado numeral. Por otro lado, y según las circunstancias del caso concreto, su divulgación puede ir en desmedro de la prevención de un crimen o simple delito, conforme lo establece la letra a), del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia". 4) Que, en consecuencia, atendido el estado procesal en que se encuentra el procedimiento sumarial respecto de cual el antecedente consultado forma parte, con diligencias pendientes y no afinado, como señalare la reclamada en su respuesta y con ocasión de sus descargos, y la afectación que podría generarse con la entrega, se rechazará el presente amparo, por concurrir en la especie, la causal de secreto o reserva consagrada en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Mauricio Feliu Ramírez, en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, por configurarse en la especie la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21° N° 1, literal b) de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mauricio Feliu Ramírez; y, al Sr. Director (S) del Instituto de Salud Pública de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Francisco Leturia Infante, sus Consejeras doña Gloria de la Fuente González y doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.