Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C767-13

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Reclamante:	CRISTHIAN VARGAS PARADA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de La Florida, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud de acceso sobre copia de todos y cada de los expedientes de patentes que se informaron por medio de oficio N° 242” de ese municipio. Agregó que aceptaba desde ya los costos de reproducción. El Consejo señaló que acogerá el amparo deducido y requerirá al Jefe Superior del Servicio reclamado que haga entrega al reclamante de copias de los expedientes administrativos solicitados, a excepción de la copia de la cédula de identidad de los contribuyentes involucrados y tarjando el domicilio particular del respectivo solicitante, cuando ese dato no sea coincidente con el domicilio comercial informado, según se indicó en el considerando precedente. Todo lo anterior, previo pago de los correspondientes costos directos de reproducción
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/28/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C18-12 C420-13
Jurisprudencia a:	C2343-14 C7450-20 C1039-13
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento administrativo >> General >> Derecho a acceder por el interesado
Descriptores analíticos:	Gestión y administración territorial (Urbanismo)

DECISIÓN AMPARO ROL C767-13 Entidad pública: Municipalidad de La Florida Requirente: Cristhian Vargas Parada Ingreso Consejo: 30.05.2013 En sesión ordinaria N° 457 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C767-13. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de mayo de 2013, don Cristhian Vargas Parada solicitó a la Municipalidad de La Florida, en adelante indistintamente la Municipalidad, “copia de todos y cada de los expedientes de patentes que se informaron por medio de oficio N° 242” de ese municipio. Agregó que aceptaba desde ya los costos de reproducción. 2) RESPUESTA: La Municipalidad de La Florida respondió a dicho requerimiento de información a través del Oficio Ord. N° 363, de 15 de mayo de 2013, señalando que no era posible acceder al requerimiento, debido a que cada expediente contiene información que afecta la esfera de la vida privada o derechos de carácter comercial o económico de los contribuyentes involucrados, siendo deber de dicha municipalidad proteger esos antecedentes, de conformidad al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 30 de mayo de 2013, don Cristhian Vargas Parada dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de La Florida, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud de acceso. Además, el reclamante hizo presente que solicitó copia de los expedientes que sirvieron de fundamento a un acto administrativo, ante lo cual la Municipalidad se negó, aduciendo que esa información es de carácter privado. De acuerdo al reclamante, la actitud de la Municipalidad demuestra que no hay transparencia en los actos de ese Servicio. Agregó que, a su juicio, la Municipalidad entregó más de 330 patentes municipales a comerciantes que no cumplían con los requisitos para ello. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 2.228, de 5 de junio de 2013, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Florida. En esta comunicación se solicitó especialmente a la reclamada que se refiriera a: (1°) la concurrencia de las causales de secreto o reserva que a su juicio hacían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) que indicara si aplicó el procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia, y en caso afirmativo, que señalara los datos de contacto de dichos terceros, a fin de evaluar una eventual aplicación del artículo 25 de la misma Ley; y, (3°) que acompañara copia de la solicitud de información de 8 de mayo de 2013. La referida autoridad presentó sus descargos y observaciones a través del Oficio Ord. N° 445, de 13 de junio de 2013, señalando, en síntesis, que: a) Previo a la solicitud que motiva este amparo, el requirente solicitó al Municipio reclamado “el detalle de las patentes provisorias o definitivas otorgadas sin recepción final, como parcial o total” en esa comuna. Esa consulta fue respondida a través del Ordinario N° 242, de 2013, a través del cual se remitió al solicitante la totalidad de la información requerida, con indicación de los siguientes datos: rol, nombre, dirección comercial y giro. Una vez que el requirente recibió esa información, formuló una nueva solicitud de acceso, a través del expediente N° 3.723, abierto el 9 de mayo de 2013, requiriendo la copia de todos y cada uno de los expedientes informados mediante el referido Oficio N° 242. b) La cantidad de expedientes informados en el Ordinario N° 242 es cercano a los trescientos, todos los cuales habría que proceder a desarchivar para responder la solicitud del reclamante. De esta forma, entregar la información y solicitar la autorización a cada uno de los contribuyentes involucrados demandaría un gasto que no se encuentra contemplado en el presupuesto municipal para el presente ejercicio presupuestario, además de demandar un trabajo excesivo para los funcionarios, no teniéndose contemplado un funcionario con dedicación exclusiva para esta labor. c) A su turno, cada expediente, de los más de trescientos que incluyen la solicitud, contienen datos de carácter económico y personal de cada solicitante, por lo que se consideró no prudente entregar esta información. d) Atendida la alta cantidad de expedientes que contenía el requerimiento, además de la carga laboral que sostiene la Unidad de Patentes Comerciales y su escaso personal, fue imposible solicitar la oposición a terceros presuntamente afectados. e) Acompañó copia del oficio de respuesta N° 242, de 2 de abril de 2013, que adjuntó una planilla en cuyo encabezado se señala lo siguiente: “Nómina General Patentes Comerciales Provisorias”. Dicha tabla informa 314 patentes. f) Finalmente, en caso de acogerse el reclamo del requirente, solicitó que los expedientes requeridos en la solicitud de acceso puedan ser revisados directamente en la unidad técnica competente, a fin de no alterar el normal funcionamiento del municipio. 5) GESTIÓN OFICIOSA: El 2 de agosto de 2013, la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo revisó el sitio web de transparencia activa del Municipio reclamado, específicamente la sección “Trámites y servicios municipales”, sub sección “Patentes comerciales”, disponible en el link: http://www.laflorida.cl/web/?p=3087, donde se informa que los documentos requeridos para solicitar ese tipo de patentes son los siguientes: a) Inicio de actividad, cambio de domicilio o apertura de sucursal, según lo amerite (trámite realizado ante el Servicio de Impuestos Internos). b) Acreditación de dominio de la propiedad donde se ejercerá la actividad comercial (contrato de arriendo notarial y/ o copia de la escritura de la propiedad). c) Copia de la cédula de identidad de la persona natural solicitante o del representante legal de la sociedad. d) Constitución de la sociedad (protocolización del extracto, etc.). e) Copia Rol Único Tributario del Servicio de Impuestos Internos. f) Recepción final de la Dirección de Obras, señalando el destino de la propiedad, ya sea para una vivienda o un local comercial. g) Según giro comercial, autorización de la SEREMI de Salud. h) Según giro comercial, autorización del SAG. i) Recepción final de la propiedad, otorgada por la Dirección de Obras Municipales. j) Informe Inspectivo. k) Formulario tipo de “solicitud para otorgamiento de patente municipal”. En este documento es obligatorio indicar, el RUT, teléfono, correo electrónico y el domicilio particular y comercial del solicitante. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que el artículo 18 inciso 2° de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, prescribe que todo procedimiento administrativo debe constar en un expediente, escrito o electrónico. Agrega dicha disposición que en tal expediente se asentarán los documentos presentados por los interesados, por terceros y por otros organismos públicos, con expresión de fecha y hora de su recepción, así como se incorporarán en él las actuaciones y los documentos y resoluciones que el órgano administrativo remita a los interesados, a terceros o a otros órganos públicos y las notificaciones y comunicaciones a que éstas den lugar, con expresión de la fecha y hora de envío. 2) Que conforme al inciso primero del artículo 5° de la Ley de Transparencia, tienen el carácter de información pública los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones que establece esa ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Todo lo anterior, en conformidad al artículo 8° de la Constitución Política de la República. 3) Que los expedientes administrativos vinculados a los decretos que otorgan patentes comerciales, ya sean definitivas o provisorias, contienen los antecedentes que sirvieron de fundamento y/o complemento directo y esencial de dichas autorizaciones municipales. Por tanto, a la luz del citado artículo 5° de la Ley de Transparencia, tienen en principio el carácter de información pública, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales legales de secreto o reserva que contempla nuestro ordenamiento jurídico. 4) Que, en la especie, la reclamada negó el acceso a los expedientes de las 314 patentes comerciales provisorias informadas al reclamante a través del oficio Ord. N° 242, invocando –al momento de la respuesta– la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual es posible declarar el secreto de aquella información que afecte el derecho de las personas, particularmente, tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. Luego, con ocasión de sus descargos ante este Consejo, es posible estimar que la reclamada alegó tácitamente la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la misma Ley, según la cual los órganos de la Administración del Estado están autorizados para denegar la entrega de información cuando su publicidad “afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos (…) referidos a un elevado número de actos administrativos (…) o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento habitual de sus funciones”. Esta última norma ha sido desarrollada en el artículo 7° letra c) del Reglamento de la citada ley, al establecer que “un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales”. 5) Que en cuanto a la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que para la entrega de la información solicitada la reclamada no debe identificar los expedientes requeridos, ya que éstos ya fueron individualizados al evacuar el Oficio N° 242. Asimismo, no es necesario que la reclamada sistematice datos en particular. El requerimiento que motivó este amparo sólo significa a la reclamada fotocopiar los documentos contenidos en los expedientes antedichos y –según lo que se expondrá en los siguientes considerandos– tarjar o excluir del proceso de copiado ciertos antecedentes que tienen el carácter de dato personal, irrelevante para el control social. Atendido lo expuesto, a juicio de este Consejo, el número de expedientes requeridos no tiene una envergadura tal que implique una distracción indebida para los funcionarios de la Municipalidad reclamada, en la medida que la obtención de copia de los mismos se realice en un plazo razonable y prudente. Por lo tanto, se rechazará en esta parte la aplicación de la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, sin perjuicio de conceder al municipio reclamado un plazo de 15 días hábiles para dar cumplimiento al presente requerimiento, según se consignará en lo resolutivo. 6) Que para dar aplicación a la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, es necesario que previamente el órgano de la Administración haya dado aplicación al procedimiento establecido en el artículo 20 de la misma ley, a fin de comunicar a los terceros eventualmente afectados en sus derechos, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de lo pedido o bien consentirla. Luego, si no se cuenta con la manifestación de voluntad de dichos terceros, no es posible que el órgano requerido invoque directamente la causal del artículo 21 N° 2, ya que estaría auto atribuyéndose una representación que no detenta, salvo que se haya encontrado en la imposibilidad material de notificar a los terceros involucrados. Así lo ha resuelto previamente este Consejo, al pronunciarse sobre el amparo Rol C420-13. 7) Que en el presente caso, la Municipalidad no notificó a los terceros por estimar que la ejecución de lo ordenado en el artículo 20 afectaría el debido cumplimiento de sus obligaciones. Pese a que la reclamada no señaló el número de terceros que era necesario notificar, es posible concluir –a partir del listado de 314 patentes comerciales informadas– que era un número elevado. Lo anterior sumado al corto plazo que otorga el mencionado artículo 20 para la comunicación, a saber, 2 días hábiles, permite estimar que la comunicación a los terceros involucrados hubiese afectado el cumplimiento de las funciones del órgano. Por lo tanto, en este caso concreto, el órgano reclamado se encontraba en la imposibilidad material de notificar a los terceros, situación que –no obstante lo indicado en el considerando precedente– le permitiría invocar directamente la causal de reserva del artículo 21 N° 2, debiendo –en todo caso– fundarla adecuadamente. 8) Que el órgano reclamado no señaló de qué manera la publicidad de los expedientes requeridos afectaría alguno de los derechos de los contribuyentes, simplemente se limitó a indicar que dicha causal concurría en la especie. Ahora bien, respecto de aquellos solicitantes de patentes que tienen la naturaleza de personas jurídicas, este Consejo no advierte la afectación de algún derecho que amerite ser resguardado, toda vez que, de acuerdo a la gestión oficiosa anotada en el numeral 5) de lo expositiva, los antecedentes que los contribuyentes deben entregar a la Municipalidad para obtener este tipo de patentes, son eminentemente públicos, como por ejemplo, la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, el cambio de domicilio, escritura pública de constitución de la sociedad, etc. 9) Que en cuanto a la eventual afectación de derechos de las personas naturales, solicitantes de patentes comerciales, resulta conveniente tener a la vista lo concluido por este Consejo en su decisión del amparo Rol C18-12, en la que, en síntesis, se resolvió que las patentes comerciales otorgadas por los municipios, en tanto constituyen actos administrativos, tienen carácter público conforme al artículo 5° de la Ley de Transparencia, no obstante tratarse de datos personales, cuando se refieren a personas naturales, en los términos del artículo 2º, letra f), de la Ley N° 19.628, por lo cual, en principio, no les resultaría aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la citada ley. Dicha información se trata de información eminentemente pública, atendido que las patentes se conceden por la autoridad municipal mediante un acto administrativo, que por esencia se exhibe respecto de terceros y que además, se encuentra dentro de los actos administrativos que deben publicarse de acuerdo al artículo 7° de la Ley de Transparencia, en tanto tiene efectos sobre terceros. Cabe hacer presente que la citada decisión fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en su sentencia de 28 de diciembre de 2012, que resolvió el reclamo de ilegalidad Rol 2619-2012. En lo pertinente a este análisis, es dable destacar el considerando tercero de la referida sentencia, que señaló “…La patente [comercial] es, desde esta perspectiva, un acto terminal evacuado por una autoridad pública, de modo que aunque concierna a un particular, sea que éste sea persona natural o jurídica, es en esencia de aquéllos cuyo contenido y fundamentos pueden ser conocidos por el público”. El mismo razonamiento es aplicable al contenido del expediente administrativo vinculado a las patentes comerciales otorgadas a personas naturales. 10) Que, con todo, en los expedientes referidos –vinculados a personas naturales– existen ciertos datos personales de contexto, a saber, la imagen del solicitante, la fecha de su nacimiento, el país de nacionalidad –todos datos contenidos en la copia de su cédula de identidad– y el domicilio exclusivamente particular, que deben ser reservados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia. 11) Que en razón de lo expuesto, este Consejo acogerá el amparo deducido por el Sr. Vargas Parada y requerirá al Jefe Superior del Servicio reclamado que haga entrega al reclamante de copias de los expedientes administrativos solicitados, a excepción de la copia de la cédula de identidad de los contribuyentes involucrados y tarjando el domicilio particular del respectivo solicitante, cuando ese dato no sea coincidente con el domicilio comercial informado, según se indicó en el considerando precedente. Todo lo anterior, previo pago de los correspondientes costos directos de reproducción, según lo dispuesto por este Consejo en la Instrucción General N° 6. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por don Cristhian Vargas Parada, el 30 de mayo de 2013, en contra de la Municipalidad de La Florida, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Florida que: a) Entregue al reclamante copia de los expedientes originados con ocasión de las patentes comerciales informadas al reclamante en el Oficio Ord. N° 242, de 2 de abril de 2013, a excepción de la copia de la cédula de identidad de los contribuyentes involucrados y tarjando el domicilio particular del respectivo solicitante, cuando ese dato no sea coincidente con el domicilio comercial informado. Lo anterior, previo pago de los correspondientes costos directos de reproducción, según lo dispuesto por este Consejo en la Instrucción General N° 6. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristhian Vargas Parada y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Florida. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.