Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C768-13

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Reclamante:	JOSÉ LLODRÁ VIAL
Reclamado:	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información referente a “las ejecuciones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por Municipalidades desde 1990 hasta 2012. La Información debe contener la cantidad de dinero gastado en las comunas por proyectos financiados por ese fondo”. Especificó que deseaba recibir la información en su casilla de correo electrónico. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que se configura la causal de secreto de que la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones de dicho Gobierno Regional, toda vez que implicaría para los funcionarios la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/16/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C745-12 C746-12 C749-12 C750-12 C751-12 C703-13
Jurisprudencia a:	C703-13 C2292-15
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Derecho de acceso a la información >> Principios de la Ley >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C768-13 Entidad pública: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago Requirente: José Llodrá Vial Ingreso Consejo: 30.05.2013 En sesión ordinaria N° 457 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C768-13. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; en el D.F.L. N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de abril de 2013, don José Llodrá Vial solicitó al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en adelante indistintamente “GORE Metropolitano”, “las ejecuciones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por Municipalidades desde 1990 hasta 2012. La Información debe contener la cantidad de dinero gastado en las comunas por proyectos financiados por ese fondo”. Especificó que deseaba recibir la información en su casilla de correo electrónico. 2) PRÓRROGA: Mediante Oficio Ordinario N° 1.071, de 29 de abril de 2013, el Sr. Intendente de la Región Metropolitana de Santiago prorrogó el plazo de respuesta de la solicitud de acceso indicada en el número precedente, citando al efecto el artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: El GORE Metropolitano respondió a dicho requerimiento de información a través del oficio N° 1.263, de 23 de mayo de 2013, comunicando en resumen lo siguiente: a) Los Gobiernos Regionales son creados por ley a partir de 1993. b) El Fondo Nacional de Desarrollo Regional existe en ese Servicio desde 1997. c) Si bien existe información acerca de lo solicitado, la sistematización respecto de los años 1997 al 2007 implica procesar un número elevado de antecedentes y no se cuenta con el personal suficiente para ello. Razón por la cual, concurre en la especie el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. d) No obstante lo anterior, respecto de la información correspondiente al período 2008 a 2012, ambos inclusive, la respuesta puede ser retirada en las dependencias del GORE Metropolitano que se indicaron, dado el volumen de la misma. Agregó que según la Resolución interna que establece el cobro de costos directos de reproducción, deberá pagar el costo del disco compacto donde fue guardada la información referida al período indicado. e) Adicionalmente, se propuso al solicitante visitar el sitio web del Banco Integrado de Proyectos (BIP), disponible en el link: http://bip.ministeriodesarrollosocial.gob.cl, donde es posible acudir a cada proyecto financiado por ese Gobierno Regional. 4) AMPARO: El 30 de mayo de 2013, don José Llodrá Vial dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud de acceso. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante oficio N° 2.229 de 5 de junio de 2013, al Sr. Intendente de la Región Metropolitana, quien presentó sus descargos y observaciones a través del Oficio Ord. N° 1.603 de 1° de julio de 2013, señalando, en síntesis, que: a) El amparo no cumple con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Transparencia, relativo a los requisitos que deben observarse para deducir reclamo en amparo de la solicitud de acceso a la información. En efecto, el reclamo no señaló claramente la infracción cometida ni los hechos que la configuran como tampoco acompañó u ofreció prueba al efecto. b) Sin perjuicio de lo anterior, la reclamada comunicó que no puede exigirse la información con anterioridad al año 1997, ya que no existe, por cuanto el uso de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en adelante FNDR, comenzó el año 1997, por parte de ese Gobierno Regional. c) Respecto del período 1997-2007, indicó que si bien existe la información ésta se encuentra amparada en la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. La sistematización de los antecedentes desde el año 1997 hasta el 2007 implica procesar un número elevado de documentos, para lo cual ese Servicio no cuenta con el personal suficiente. La solicitud de información comprende 10 años de ejecución del FNDR, la que debe extraerse manualmente de los registros de la reclamada. d) A mayor abundamiento, la información es de carácter genérico, ya que se circunscribe en la definición reglamentaria de “requerimiento de carácter genérico”, esto es, “aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor origen o destino, soporte, etcétera”, debido a que el requirente se limita a solicitar toda la información sin especificarla o delimitarla. Dicha situación implicaría elaborar un nuevo registro especial sólo para efectos de cumplir con la entrega de información solicitada por el requirente. En este mismo sentido, Consejo para la Transparencia ha reconocido el criterio anterior, al conocer de los Amparos N°s C745-12, C746-12, C749-12, C750-12 y C751-12, de 7 de septiembre de 2012. e) Por último, sobre la información desde el año 2008 hasta el 2012, se indicó que la respuesta solicitada se encontraba a disposición del requirente en las oficinas de transparencia del Gobierno Regional para su retiro, entendiéndose cumplido el requerimiento en cuanto a esa parte de la información. Mencionó que habiendo transcurrido más de un mes desde que se informó al recurrente que la información se encontraba a su disposición, éste no había concurrido a retirarla. 6) GESTIONES OFICIOSAS: Para una mejor resolución de la controversia planteada, la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo realizó las siguientes gestiones y obtuvo los resultados que se indican a continuación: a) Mediante correo electrónico de 29 de julio de 2013, se consultó al reclamante, si al igual que en el amparo contra el GORE del Bío Bío, Rol C703-13, sólo necesitaba la información desde el año 2000 en adelante; y si estaba disponible para aceptar una forma alternativa de entrega de la información requerida, consistente en acudir personalmente a revisar los archivos documentales de los Servicios Públicos reclamados. b) Con la misma fecha y por la misma vía, el Sr. Llodrá respondió a este Consejo lo siguiente: “[c]onfirmo que sólo necesitaría la información a partir del año 2000” y “[n]o estoy disponible para acudir personalmente a revisar la información ya que no tengo conocimientos sobre la forma en que la información se procesa o archiva, ni como se realiza su contabilidad”. c) El 30 de julio de 2013, a través de correo electrónico enviado a la Encargada de la Unidad de Transparencia del GORE Metropolitano, doña Paulina Vilches, este Consejo consultó a la reclamada lo siguiente: i. Número aproximado de proyectos de inversión que fueron beneficiados por el FNDR anualmente, entre el año 2000 y 2007. ii. Características generales de los registros desde donde habría que extraer la información pedida, por ejemplo, si se encuentran ordenados por año, por número del acto, por documentos entrantes y salientes, en cajas, en archivadores, en carpetas, etc. iii. Existencia de archivos especialmente dedicados a los proyectos favorecidos con el FNDR. iv. Número aproximado de metros lineales o número de documentos correspondientes al archivo documental de los años 2000 a 2007. v. Factibilidad de conocer cuáles de los proyectos publicados en el sitio web del Banco Integrado de Proyectos (BIP) son financiados por el FNDR asignado al GORE Metropolitano. d) Mediante correo electrónico de 31 de julio de 2013, la mencionada funcionaria respondió lo consultado por este Consejo, en los siguientes términos: i. Aproximadamente, “se aprueban al año 700 proyectos cuya fuente de financiamiento es el FNDR, lo que da un total de 4.900 proyectos, desde el año 2000 al 2007”. ii. Los archivos solicitados se encuentran en carpetas sin clasificar, correspondientes a un volumen aproximado de 5.000 carpetas con los documentos de cada proyecto. La única clasificación posible es si se busca por comuna o por organización, búsqueda que sería exhaustiva y requeriría de tiempo y personal dedicado sólo a ello. iii. El FNDR no sólo contempla el 2% de cultura deporte y seguridad, sino que también proyectos de otros subtítulos presupuestarios, por tanto, sí están separados por este fondo, pero dentro de ello, no están sub clasificados o sub divididos. iv. Las carpetas desde el año 2004, corresponden a más de 7 metros lineales, sin incluir aquellas carpetas que aún están en poder de los analistas de proyectos. Respecto de años anteriores, se cuenta con un registro de los egresos (contables), a partir del año 1997, pero sólo contienen información de estados de pago. v. La página web aludida, efectivamente, entrega todos los proyectos de ese Gobierno Regional, sin embargo es muy difícil obtener la fuente de financiamiento por ese medio. vi. Adicionalmente, señaló que el FNDR se distribuye entre 2% (deporte, cultura y seguridad), transferencias de capital (fondos FRIL, PMU, FIC y fondos para innovación en general) y proyectos tanto del Sistema Nacional de Inversiones (SIN) como los denominados “de rápida ejecución”, para estos últimos (proyectos Subtítulos 31 y 29) ocupan más del 90% de los recursos del FNDR. Lo que hace más amplia la búsqueda de los proyectos referidos. e) A requerimiento de la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo, la reclamada comunicó mediante correo electrónico del 1° de agosto de 2013 que la entrega de la información referida a los años 2008 a 2012, se realizó “en formato CD”, puesto que sus casillas de correos institucionales, “no permiten mayor peso en los archivos al momento del envío”. Agregó que esto “se realiza con todas las solicitudes que contemplen planillas Excel o PDF de volumen amplio”. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que primeramente cabe referirse a la procedencia de la prórroga decretada por la reclamada. Sobre la materia, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone en su inciso segundo que el plazo de 20 días hábiles para responder las solicitudes de acceso “podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos”. Por su parte, el numeral 6.2 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, referida al procedimiento administrativo de acceso a la información, precisa que “[s]e entenderá que existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada, por ejemplo, en los siguientes casos:… b) Cuando el volumen o cantidad de documentos o formatos solicitados exija invertir varios días en la recopilación de la misma…”. Atendidas estas disposiciones, este Consejo estima que la prórroga efectuada oportunamente por el GORE Metropolitano se encontraba justificada, toda vez que la recopilación y análisis de más de 20 años de información relativa al FNDR, entre los años 1990 y 2012, requerida por el solicitante, podía constituir una circunstancia que, a la fecha de la solicitud de acceso y dentro del plazo de respuesta, dificultaría la labor de recopilación de la información requerida. 2) Que, según el órgano de la Administración del Estado reclamado, el amparo deducido por el Sr. Llodrá Vial no señaló claramente la infracción cometida ni los hechos que la configuran, como tampoco acompañó u ofreció prueba al efecto. Al respecto cabe señalar que el reclamante expresó en el formulario de amparo, que recibió respuesta negativa a su solicitud de información, la cual se basó en el debido funcionamiento del órgano o servicio, acompañando al efecto la copia de la respuesta entregada por el GORE Metropolitano y la solicitud de información sometida a su pronunciamiento. A juicio de este Consejo, tales indicaciones son suficientes para estimar que el amparo del reclamante cumplió los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y artículo 43 de su Reglamento, ya que se entiende que la infracción cometida –según el reclamante– fue negar el derecho a acceder a información pública de manera injustificada. Por lo tanto, se desestimará esta alegación presentada por la reclamada. 3) Que atendido el tenor del amparo interpuesto por el reclamante, el cual tiene por fundamento haber recibido respuesta negativa a su solicitud de acceso; y el correo electrónico de 29 de julio de 2013 del reclamante, que restringe el período de la información solicitada; ha de concluirse que el presente amparo ha quedado circunscrito a la falta de entrega de aquella información relativa a la ejecución por parte de la reclamada del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) entre los años 2000 y 2012, ambos inclusive, que incluya los montos de dinero gastados por comuna y proyecto. 4) Que la información referida a los años 2008 a 2012 fue puesta a disposición del Sr. Llodrá en formato digital, guardada en un disco compacto que el solicitante debía retirar en las dependencias del GORE Metropolitano, atendido el elevado volumen o peso digital de la misma. Considerando que el órgano comunicó en su respuesta al solicitante los motivos por los cuales modificó la forma de entrega indicada por el Sr. Llodrá en su solicitud de acceso, a saber, remisión por correo electrónico, este Consejo estima que la reclamada cumplió el estándar exigido por la Ley de Transparencia en su artículo 17 y por la Instrucción General N° 10 de este Consejo. Con todo, de acuerdo a lo comunicado por la reclamada en su oficio de respuesta N° 1.263, de 23 de mayo de 2013, corresponde que la entrega de la información se verifique previo pago del costo del disco compacto puesto a disposición del reclamante. 5) Que, a modo de contexto, cabe señalar que según lo prescrito en el inciso segundo del artículo 115 de la Constitución Política y en el artículo 74 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones públicas, con finalidades de desarrollo regional y compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de desarrollo social, económico y cultural de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo. Estos recursos se consultan anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público, en el Programa 02 Inversión Regional de los Gobiernos Regionales. Por ejemplo, la Ley N° 19.774, que aprobó el presupuesto del sector público para el año 2002, estableció en la Glosa 02 del referido Programa, que los Intendentes podían contratar directamente la ejecución de los proyectos de inversión, estudios y programas, aprobados de acuerdo al artículo 5° de esa Ley, es decir, identificados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. Además, para la adjudicación de los contratos debía llamarse a propuesta pública o privada, según la cuantía del contrato a celebrar. En todo caso, los procedimientos de licitación a aplicar podían ser dispuestos por el organismo técnico del Estado al cual haya recurrido el Gobierno Regional para encomendarle la ejecución del proyecto. 6) Que de acuerdo a lo expuesto, la ejecución del FNDR se traduce en la dictación de variados actos administrativos por parte de los respectivos Gobiernos Regionales, ya sean convenios de ejecución, convenios mandatos, convenios de transferencia de recursos, contratos de prestación de servicios, etc. En consecuencia, por su naturaleza esta información tiene –en principio– el carácter de pública, en conformidad al artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia, salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva. 7) Que la reclamada invocó respecto de la información solicitada previa al año 2008, la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia. Esta última habilita para denegar la entrega de la información cuando su publicidad “afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales”. Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7° letra c) del Reglamento de la citada ley, señalando que se “entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera”. Adicionalmente, la referida norma reglamentaria establece que “un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales”. 8) Que en cuanto al carácter genérico de la solicitud, analizada ésta a la luz del precitado concepto, se concluye que en ella se identifican las características esenciales de la información requerida, toda vez que se circunscribe a los montos ejecutados por concepto del FNDR entre los años 2000 a 2007, con indicación de las comunas y proyectos favorecidos. En consecuencia, el citado requerimiento tiene un nivel de especificidad suficiente que lo hace completamente inteligible, lo cual se ve ratificado en el hecho que, ante la solicitud, el GORE Metropolitano se abstuvo de solicitar la subsanación de la misma, conforme a lo previsto en el inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia; y además, fue capaz de entregar la información requerida respecto del período 2008 a 2012. En consecuencia, debe desecharse esta alegación invocada por el organismo reclamado. 9) Que según lo informado por el órgano reclamado, la información requerida no se encuentra sistematizada con la precisión solicitada, es decir, no cuentan con información estadística respecto a los montos gastados o ejecutados por los proyectos de inversión realizados en la Región Metropolitana con anterioridad al año 2008, separado por cada una de las 52 comunas de esa región. Tal información se encuentra en formato papel, archivada en carpetas. Además, conforme a lo comunicado en la gestión oficiosa, los proyectos beneficiados con el FNDR entre el año 2000 y 2007, ascienden aproximadamente a 4.900. Considerando estos antecedentes, es posible estimar que para entregar la información pendiente, es necesario que la reclamada revise cada una de dichas carpetas, luego, determine la ubicación comunal de los proyectos beneficiados e ingrese dicha información a algún tipo de registro automatizado, para luego entregarlos al solicitante en formato digital. 10) Que atendido lo dicho, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que según lo expresado en el considerando anterior, la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones de dicho Gobierno Regional, ya que la atención de esta parte de la solicitud de acceso implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. En este sentido cabe tener presente que acorde con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 11) Que a mayor abundamiento, este Consejo estima que aun en el evento que el órgano reclamado realice todas las gestiones necesarias para entregar la información requerida, existe la posibilidad que tal información no exista, ya que los proyectos favorecidos con el FNDR no se circunscriben, necesariamente, a comunas en particular, pudiendo desarrollarse en dos o más comunas. En consecuencia, no sería posible establecer a ciencia cierta el monto gastado comunalmente. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo interpuesto por don José Llodrá Vial, el 30 de mayo de 2013, en contra del Gobierno Regional Metropolitano, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Llodrá Vial y al Sr. Intendente de la Región Metropolitana. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.