Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C809-13

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Reclamante:	LEONARDO OSORIO BRICEÑO
Reclamado:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Educación, fundado en que le habrían denegado la información solicitada sobre a) Copia digital de los informes en los que se basa dicha medida. b) Se pronuncie en particular de qué niños se trata. c) Las razones por las que no asisten a Kínder. d) Cómo se resolverán los problemas que impiden su asistencia. e) A qué grupos socioeconómicos pertenecen. f) Cómo se proveerá de Kínder”. El Consejo señaló que se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, dado que se han requerido los informes en los que se basó la decisión de enviar una Reforma Constitucional a efecto de establecer el kínder obligatorio -y no los documentos que fundamentan el proyecto de Reforma Constitucional en concreto como lo ha entendido el Ministerio de Educación en su respuesta-, la que fue comunicada a la población en el discurso presidencial de 21 de mayo pasado; respecto de los cuales, no se ha alegado su inexistencia, ni la concurrencia de alguna causal de reserva de aquellas contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, se acogerá el amparo respecto del literal a) de la solicitud y se ordenará su entrega.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/9/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C39-10 C94-11 C109-11 C198-11
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C809-13 Entidad pública: Ministerio de Educación Requirente: Leonardo Osorio Briceño Ingreso Consejo: 31.05.2013 En sesión ordinaria Nº 456 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de agosto de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C809-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Leonardo Osorio Briceño, el 22 de mayo de 2013, efectuó la siguiente presentación al Ministerio de Educación, por la cual señaló que: “Con relación al anuncio realizado por el Presidente Piñera en su discurso del 21 de mayo en orden a hacer obligatorio el Kínder, solicito: a) Copia digital de los informes en los que se basa dicha medida. b) Se pronuncie en particular de qué niños se trata. c) Las razones por las que no asisten a Kínder. d) Cómo se resolverán los problemas que impiden su asistencia. e) A qué grupos socioeconómicos pertenecen. f) Cómo se proveerá de Kínder”. 2) RESPUESTA: El Ministerio de Educación, mediante comunicación dirigida al solicitante el 28 de mayo de 2013, respondió a dicho requerimiento de información señalando que “según lo indicado por la División de Educación General-2 (DEG) dicho anuncio debe convertirse en Proyecto de Ley de Reforma Constitucional e ingresar al Congreso para ser tramitado. En consecuencia, se sugiere esperar la propuesta, pues ella debiese contener la información que desea, es decir, los antecedentes y fundamentos de la medida”. 3) AMPARO: El 31 de mayo de 2013, don Leonardo Osorio Briceño dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que le habrían denegado la información solicitada. Además, el reclamante hizo presente que la denegación no se efectúa en base a algunas de las causales de reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia, lo cual, a su juicio, constituye una denegación infundada de información, en los términos indicados en el artículo 45 de ese cuerpo legal. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 2341, de 12 de junio de 2013, al Sr. Subsecretario Educación, a fin de que presentara sus descargos y observaciones, requiriéndole que se pronunciara, específicamente, sobre las causales de hecho, secreto o reserva legal, que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada. 5) GESTIONES OFICIOSAS: Por correo electrónico de 5 de julio de 2013, se solicitó al enlace del organismo reclamado que, atendido el tiempo transcurrido, sin que se hubieran recepcionados los descargos de dicho organismo, remitiera los mismos. Para ello se otorgó un plazo excepcional de 3 días hábiles, haciéndole presente que en caso contrario, el amparo de que se trata se resolvería sin tener en consideración la opinión de ese servicio. Hasta la fecha, el Ministerio de Educación no ha efectuado presentación alguna ante este Consejo. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que considerando que lo requerido en el literal a) de la solicitud consiste en los informes en los que se basa la medida anunciada por el Presidente de la República en su discurso de 21 de mayo de 2013, respecto de la cual el organismo requerido ha indicado que deberá esperar a que se convierta en Proyecto de Ley de Reforma Constitucional; este Consejo ha procedido a revisar el link http://www.gob.cl/media/2013/05/Mensaje-Presidencial_2013.pdf, en el cual se contiene el referido discurso. 2) Que, al respecto, en dicho documento se indicó que la reforma educacional “comienza con la educación preescolar, porque debemos nivelar la cancha desde la más temprana infancia, de forma de compensar las carencias de origen antes que éstas se hagan irreversibles. Por eso hemos duplicado en estos tres años el presupuesto público en educación preescolar. Por eso hemos aumentado la cobertura de kínder y pre kínder de los niños pertenecientes al 60% de las familias más vulnerables. Por eso hemos incorporado nuevas exigencias de calidad a la educación preescolar, de forma que, además de cuidar a los niños, cumpla un rol educativo de motivación, sociabilidad y estimulación adecuado para esa edad. Porque, aun cuando estos niños no marchan, el Estado tiene el deber de priorizar la educación preescolar. Ahí es donde se hace la verdadera diferencia y se construye una sociedad más justa. Por eso, así como el año 1920 el ex Presidente Sanfuentes estableció la instrucción primaria obligatoria de cuatro años; el año 1965 el ex Presidente Frei Montalva hizo lo mismo con la educación básica de ocho años; y el año 2003, el ex Presidente Lagos instauró la educación media obligatoria, hoy quiero anunciar que, para avanzar en la universalidad y gratuidad de la educación preescolar, enviaré a este Congreso una Reforma Constitucional para establecer el kínder obligatorio, de forma de llegar a trece años de educación garantizada, gratuita y de calidad para todos nuestros niños y jóvenes”. 3) Que este Consejo estima que por dicho discurso se comunicó la decisión de enviar una Reforma Constitucional para establecer el kínder obligatorio, la que es distinta de aquella que determina, concretamente, los términos en los cuales se redactará y se propondrá al Congreso Nacional dicha modificación, la que deberá realizarse a través del Proyecto de Reforma Constitucional correspondiente. Dicho esto, parece razonable inferir que para anunciar una reforma constitucional como la señalada, ha debido basarse en estudios, informes y en general, de determinados documentos que hayan fundamentado su adopción, especialmente considerando la relevancia que dicha medida tiene para la población, así como para determinar la inversión pública que se requerirá para su implementación. En este sentido, resulta presumible que decisiones como las descritas se adopten teniendo a la vista los antecedentes que las fundamenten, los cuales, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, son públicos en tanto la medida haya sido adoptada. 4) Que este Consejo ha señalado de manera reiterada, entre otras, en sus decisiones C94-11, C109-11 y C198-11, que “si bien el principio de no formalización del artículo 13 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos exige que las formalidades del procedimiento sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares, esto significa que debe dejarse constancia, aunque sea mínima, del procedimiento empleado y de los antecedentes efectivamente tenidos a la vista por la autoridad al adoptar una decisión, máxime tratándose de pronunciamientos sobre asuntos de alta relevancia pública”. De igual manera, a propósito del amparo Rol C39-10, ha afirmado que “resulta esencial, en un régimen democrático que la autoridad rinda cuenta de sus acciones y lo haga de manera proactiva: el principio de transparencia comprende además de deberes de abstención, la obligación de facilitar el acceso de las personas a la información de carácter público, precisamente a través de mecanismos como este amparo (art. 4º, inc. 2º, Ley de Transparencia). Lo anterior se refuerza a la vista del informe del Grupo de Expertos, de noviembre de 2006, que motivó la presentación de la indicación sustitutiva cuyo texto es la base de la Ley de Transparencia, pues éste concebía al acceso a la información pública no sólo como una herramienta para combatir la corrupción, sino también como parte sustantiva de la libertad de expresión y de la participación ciudadana en cuanto permite a las personas participar en el debate público debidamente informadas” (considerando 10º). 5) Que, según lo disponen los artículos 5º, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 6) Que dado que se han requerido los informes en los que se basó la decisión de enviar una Reforma Constitucional a efecto de establecer el kínder obligatorio -y no los documentos que fundamentan el proyecto de Reforma Constitucional en concreto como lo ha entendido el Ministerio de Educación en su respuesta-, la que fue comunicada a la población en el discurso presidencial de 21 de mayo pasado; respecto de los cuales, no se ha alegado su inexistencia, ni la concurrencia de alguna causal de reserva de aquellas contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, se acogerá el amparo respecto del literal a) de la solicitud y se ordenará su entrega. 7) Que, respecto de las consultas contenidas en los literales literales b), c), d), e) y f) -por los que se requiere que “se pronuncie en particular de qué niños se trata”; se informe “las razones por las que no asisten a Kínder”; “a qué grupos socioeconómicos pertenecen” y “cómo se proveerá de Kínder”-, a juicio de este Consejo, se estiman admisibles, solo en tanto lo requerido se encuentre contenido en un documento o soporte determinado, según lo dispuesto en los artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia. De esta forma, se requerirá al Ministerio de Educación que proporcione copia del documento en que se contenga esa información; o en caso de no existir tal antecedente, lo señale expresa y fundadamente al solicitante. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Leonardo Osorio Briceño en contra del Ministerio de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario de Educación, lo siguiente: a) Entregue al reclamante copia de los informes solicitados en el literal a) de la solicitud, y lo requerido en los literales b), c), d), e) y f), en tanto se contengan en un soporte documental determinado, o en caso contrario, señale expresamente al solicitante que no dispone de tales antecedentes. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica(S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Leonardo Osorio Briceño y al Sr. Subsecretario de Educación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.