Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C853-13

Reclamante:	ALEJANDRO NAVARRO BRAIN
Reclamado:	MINISTERIO DE SALUD
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Salud, fundado en que recibió respuesta fuera de plazo e incompleta a su solicitud sobre a) Informe que indique cantidad de licencias rechazadas a nivel nacional en los años 2009 a 2012; b) Informe que indique cantidad de licencias rechazadas en la región del Bío-Bío en los años 2009 a 2012; c) Cantidad de funcionarios, desglose de funciones y cargos, sueldos, títulos, de todos los funcionarios de la COMPIN en la región del Bío-Bío y a nivel central; d) Informe de productividad (licencias visadas diarias, peritajes realizados diarios) de los médicos de la COMPIN y de la COMERE a nivel nacional y en la región del Bío-Bío; e) Cantidad de apelaciones de licencias médicas aprobadas a nivel nacional y en la región del Bío-Bío; y, f) Cantidad de pensiones de invalidez rechazadas a nivel nacional y en la región del Bío-Bío. El Consejo señaló que la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, en tanto la atención que el MINSAL debiera brindar a las labores de sistematización y ordenación de sus registros para extraer de ella la información requerida –informe de productividad diaria de los citados médicos– implicaría para los funcionarios del órgano destinados al efecto la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/30/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C97-09
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C853-13 Entidad pública: Ministerio de Salud Requirente: Alejandro Navarro Brain Ingreso Consejo: 11.06.2013 En sesión ordinaria Nº 476 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de octubre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C853-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de abril de 2013, don Alejandro Navarro Brain presentó al Ministerio de Salud, en adelante también e indistintamente MINSAL, la siguiente solicitud de información: a) Informe que indique cantidad de licencias rechazadas a nivel nacional en los años 2009 a 2012; b) Informe que indique cantidad de licencias rechazadas en la región del Bío-Bío en los años 2009 a 2012; c) Cantidad de funcionarios, desglose de funciones y cargos, sueldos, títulos, de todos los funcionarios de la COMPIN en la región del Bío-Bío y a nivel central; d) Informe de productividad (licencias visadas diarias, peritajes realizados diarios) de los médicos de la COMPIN y de la COMERE a nivel nacional y en la región del Bío-Bío; e) Cantidad de apelaciones de licencias médicas aprobadas a nivel nacional y en la región del Bío-Bío; y, f) Cantidad de pensiones de invalidez rechazadas a nivel nacional y en la región del Bío-Bío. 2) RESPUESTA: El 10 de junio de 2013, el Ministerio de Salud respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico. Adjuntó informe preparado por la Unidad Técnica de la COMPIN, el cuál señala, en síntesis, lo siguiente: a) Contiene una tabla, con la cantidad de licencias médicas rechazadas por las COMPIN del Región del Bío-Bío, correspondientes a trabajadores afiliados al seguro público de salud FONASA para los años 2010, 2011 y 2012. Además, se indica el número de licencias médicas rechazadas por las COMPIN del resto del país en el mismo periodo. b) En relación a la evaluación de trámites de invalidez, señala que a las COMPIN les corresponde evaluar en el caso de trabajadores afiliados las ex Cajas de Previsión y que las evaluaciones por invalidez de trabajadores afiliados a una AFP son realizadas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones, entidades con dependencia del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. c) Considerando lo anterior, informa que la cantidad de evaluaciones de invalidez realizadas por la COMPIN de la Región del Bío-Bío, es de 451, entre enero y abril del año 2013. 3) AMPARO: El 11 de junio de 2013, don Alejandro Navarro Brain dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta fuera de plazo e incompleta. Específicamente, indica que no fueron respondidos los literales c), d) y e) de la solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 2.483, de 20 de junio de 2013, trasladó el presente amparo al Sr. Subsecretario de Salud Pública. En dicho Oficio se solicitó especialmente que al formular sus descargos: (1°) indicase las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido respondida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información dentro de plazo, por haber sido prorrogado, acreditase dicha circunstancia, acompañando copia de los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta; y, (3°) referirse a la falta de competencia para conocer parte de la solicitud de información, de ser así, indicase si derivó la presentación al órgano competente e informase si ésta fue comunicada al reclamante, acompañando los antecedentes que lo acrediten. Mediante Ordinario A 102 N° 2.227, de 11 de julio de 2013, el Sr. Subsecretario de Salud Pública presentó sus descargos, señalando, en síntesis que: a) El requerimiento que dio origen al presente amparo fue ingresado al sistema electrónico de trámite en línea el 25 de abril de 2013. El plazo para dar respuesta a la solicitud fue prorrogado de conformidad al artículo 14 de la Ley de Transparencia, lo que fue notificado al solicitante, según consta en comprobante de prórroga que dice adjuntar. b) La respuesta a la solicitud de información fue enviada al correo electrónico del solicitante el 10 de junio de 2013, es decir al día 31 hábil. Lo anterior, debido a que la solicitud requería información a nivel nacional, la cual no se encuentra centralizada, por lo que se tuvo que consultar a los referentes técnicos de las 15 Secretarías Regionales Ministeriales del país, para luego confeccionar la respuesta y enviarla al requirente. Se adjunta comprobante de respuesta e ingreso de la solicitud que verifica lo señalado. c) En relación a la evaluación de trámites de invalidez, a las COMPIN les corresponde evaluar en el caso de trabajadores afiliados a ex Cajas de Previsión. Respecto a las evaluaciones por invalidez de trabajadores afiliados a una AFP, éstas son realizadas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. Si bien se informó acerca de las evaluaciones de invalidez realizadas por la COMPIN de la Región del Biobío, y se comunicó al solicitante la parte en que no es competente esta Secretaría de Estado, producto de una descoordinación en la gestión de la solicitud, no se realizó la derivación pertinente en conformidad al artículo 13 de la Ley N° 20.285. 5) GESTIÓN OFICIOSA: En vista que el MINSAL no se pronunció acerca de los literales c), d) y e) de la solicitud, ni en la respuesta entregada al solicitante, ni en los descargos evacuados ante este Consejo, mediante Oficio N° 3.740, de 3 de septiembre de 2013, del Jefe de la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo, se solicitó al Sr. Subsecretario de Salud Pública, para una mejor resolución del amparo en análisis, lo siguiente: a) Se pronuncie expresamente respecto de la solicitud relativa a la cantidad de licencias médicas visadas diariamente y peritajes realizados por día, de los médicos de la COMPIN, en la Región del Biobío y a nivel nacional. Se solicitó especialmente que señalase si dispone de un registro que permita establecer la productividad diaria requerida por el solicitante, de cuya revisión pueda determinarse el número diario de licencias médicas visadas y el número diario de peritajes realizados por esos profesionales, correspondientes al periodo comprendido entre 2009 a 2012, tanto a nivel nacional, como de la región señalada. Se requirió que, particularmente, se pronunciara sobre la manera en que dicha información se encuentra registrada, el volumen de la misma, si ésta se encuentra sistematizada o contenida en documentos, entre otros aspectos a abordar. b) Se pronuncie expresamente acerca de la cantidad o número de apelaciones que haya conocido y resuelto la COMPIN, cuyo resultado haya sido favorable para los apelantes, tanto a nivel nacional como de la región del Biobío, en el periodo comprendido entre 2009 y 2012. Especialmente que indicase si dicha información se encuentra sistematizada en registros o tablas que permitan obtener los datos requeridos. c) Se pronuncie expresamente acerca de la eventual procedencia de alguna de las causales de reserva o secreto previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación con los requerimiento de las letras d) y e) de la solicitud, en especial, si la entrega de la información en los términos solicitados podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones. En ese caso, se solicitó que aportase los antecedentes que sustenten la aplicación de alguna de las causales indicadas y detallase los fundamentos que la acreditasen, en cada caso. 6) RESPUESTA A LA GESTIÓN OFICIOSA: Atendido que el órgano reclamado no había evacuado respuesta a la gestión oficiosa, no obstante estar debidamente notificado del Oficio N° 3.740, de 3 de septiembre de 2013 (según seguimiento en línea de Chilexpress el oficio fue recepcionado el 5 de septiembre de este año), la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo, mediante correo electrónico de 10 de octubre de 2013, solicitó al enlace de transparencia del MINSAL que remitiese la información requerida, haciendo presente que, en caso contrario, el Consejo debía resolver este amparo con el mérito de los antecedentes que obraban en el respectivo expediente. A través de correo electrónico de 17 de octubre de 2013, el enlace de transparencia del MINSAL adjuntó copia del Oficio N° 3.416, del Subsecretario de Salud Pública, de la misma fecha. Dicho oficio señala, en síntesis, lo siguiente: a) Respecto del literal d) de la solicitud, no existen informes sistémicos que reporten productividad diaria por contralor, tanto para resolución de licencia médica como para peritajes realizados. A la fecha se dispone de informes relativos a la cantidad de licencias médicas que ingresan a tramitación, según COMPIN del país. El sistema informático de licencias médicas de uso en COMPIN no cuenta con funcionalidades para generar reportes país con esta especificación. Su generación implica solicitar un desarrollo al proveedor informático y disponer de recursos asociados, considerando que la cantidad de licencias médicas FONASA tramitadas en COMPIN para el año 2012, alcanzó una cifra cercana a los 4 millones. b) En cuanto a la letra e) del requerimiento de acceso, no existen informes sistémicos que reporten trazabilidad de resoluciones de licencias médicas y/ o de dictámenes por apelaciones de los trabajadores a la Superintendencia de Seguridad Social o de la COMERE, según corresponda. Su generación implica solicitar un desarrollo al proveedor informático y disponer de recursos asociados. c) Respecto de ambos requerimientos, responder la solicitud afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Por lo que procede la causal del artículo 21 N° 1 letra c), de la Ley de Transparencia. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, primeramente, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. Atendido que la solicitud en análisis fue presentada por el solicitante el 25 de abril de 2013, el señalado plazo de veinte días venció, en principio, el 27 de mayo de 2013. No obstante, la reclamada en sus descargos señaló haber prorrogado dicho plazo de conformidad al artículo 14 de la Ley de Trasparencia, lo que, según indicó, habría sido comunicado al solicitante. En relación con lo anterior, si bien el órgano reclamado señaló adjuntar un comprobante que acreditaría la prórroga del plazo para responder, en los hechos no acompañó documento alguno que permita establecer que efectivamente dispuso dicha prórroga ni la fecha en que dicha prórroga se habría decretado ni que ésta se hubiere comunicado al solicitante, siendo de su cargo acreditar tales circunstancias. En consecuencia, este Consejo no puede tener por acreditada dicha actuación. En consecuencia, y atendido que el MINSAL respondió la solicitud mediante correo electrónico de 10 de junio de 2013, cabe concluir que el requerimiento no fue respondido dentro de plazo legal, motivo por el cual se representará al Sr. Subsecretario de Salud Pública la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia y al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado. 2) Que atendido el tenor expreso del amparo del solicitante, éste ha reclamado específicamente por la falta de entrega de la información solicitada en virtud de los literales c), d) y e), de la solicitud acceso. Por lo tanto, la presente decisión se circunscribirá a tales solicitudes, toda vez que respecto de dichas peticiones el solicitante indicó expresamente no haber recibido tal información. Asimismo, cabe tener presente que, si bien en las solicitudes de los literales c), d) y e) de la petición, el reclamante no indicó un periodo de tiempo determinado que las abarcara, resulta plausible interpretar éstas últimas a la luz de los requerimientos previos formulados por el mismo peticionario (letras a) y b) de la solicitud), en los que se hizo mención expresa al periodo que éstos comprendían (2009 – 2012), razón por la cual ha de entenderse que las solicitudes objeto del presente amparo comprenden también la información correspondiente a los años 2009 a 2012, ambos inclusive. 3) Que, por el literal c) de la solicitud, el requirente solicitó al MINSAL, que informase la “cantidad de funcionarios, desglose de funciones y cargos, sueldos, títulos, de todos los funcionarios de la COMPIN en la región del Bío-Bío y a nivel central”. El órgano reclamado no se pronunció sobre esta solicitud en su respuesta ni tampoco en sus descargos. Al respecto, por aplicación de los principios de máxima divulgación y de facilitación, consagrados en las letras d) y f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, respectivamente, a juicio de este Consejo, del contexto de la solicitud se desprende que lo requerido no puede entenderse sino referido a personas identificadas, en la medida que el solicitante alude a la cantidad de funcionarios, solicitando a su respecto el desglose de sus funciones, cargos, sueldos y títulos. De lo anterior se desprende que que lo requerido es un listado que permita individualizar, a través de sus nombres, a la totalidad del personal de la COMPIN de Nivel Central y de la Región del Biobío, entendiendo por funcionarios al personal de planta, a contrata y los que se desempeñan en virtud de contrato de trabajo y personas naturales contratadas a honorarios, según corresponda y para cada caso, sus funciones, cargos, sueldos y títulos, para el periodo 2009 a 2012. 4) Que lo solicitado dice relación con información referida a la dotación de personal de la COMPIN, tanto de nivel central como de la Región del Bío-Bío. Sobre la materia, cabe tener presente que la información referida a la dotación de personal de un órgano de la Administración del Estado, según dispone el artículo 7° de la Ley de Transparencia, es información que forma parte de aquellas que todo órgano debe consignar en su portal electrónico en cumplimiento de su deber de Transparencia Activa. En efecto, la instrucción de este Consejo mediante la cual se fijó el texto refundido de las Instrucciones Nos 4, 7 y 9, detalla en su numeral 1.4 la forma en que cada organismo público debe dar cumplimiento al deber de consignar en su página web antecedentes relativos a las personas que presten servicios a honorarios; en virtud de un contrato regulado por el Código del Trabajo, o bien en calidad de planta o contrata, debiendo indicarse además las remuneraciones percibidas por dichos servicios. Asimismo, las citadas Instrucciones establecen que las plantillas que contengan la información del personal respectivo, deben incorporar, en lo pertinente, la siguiente información: a) Tratándose del personal de planta, a contrata y sujeto al Código del Trabajo: los Nos 1, 2 y 3 del punto 1.4 del texto refundido de las Instrucciones Nos 4, 7 y 9 de este Consejo, dispone que debe contenerse: Calificación profesional o formación (título técnico o profesional, grado académico y/o experiencia o conocimientos relevantes); Cargo o función (rol, función o cargo del funcionario); Asignaciones especiales que percibe el funcionario; unidad monetaria en la que se le paga la remuneración; remuneración bruta mensualizada. b) En lo que respecta a las personas naturales contratadas a honorarios, debe contener: Calificación profesional o formación (título técnico o profesional, grado académico y/o experiencia o conocimientos relevantes), Breve descripción de la función; unidad monetaria en la que se paga el honorario y honorario total bruto. 5) Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, lo solicitado en la letra c) del requerimiento, a saber: la cantidad de funcionarios, sus funciones, cargos, sueldos y títulos, constituye información que debe obrar en poder de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, en tanto se trata de antecedentes que deben encontrarse permanentemente a disposición del público, a través de su sitio electrónico, en cumplimiento de la obligación de Transparencia Activa reseñada precedentemente. 6) Que revisada la web de la COMPIN http://www.infocompin.cl/ (revisada el 22 de octubre de 2013), se advierte que el banner “Gobierno Transparente” redirige a la página http://www.gobiernotransparentechile.cl/. Dentro de dicho sitio web, en el vínculo del MINSAL, específicamente en relación a los datos referidos a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud de la Región Metropolitana y del Bío-Bío, al tenor de la información solicitada en análisis, no se advierte que dichos sitios contengan la información requerida, que detalle la dotación del personal que cumple funciones en las respectivas Comisiones Preventivas de Salud. Ello, por cuanto no consta en dichos sitios la información referida a la dotación de personal que presta funciones en cada una de las COMPIN consultadas, los años correspondientes, que especifique cada uno de los puntos que comprende la solicitud en análisis. En consecuencia, no resulta aplicable a este caso la modalidad de entrega que contempla el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, tratándose de información pública objeto del deber de transparencia activa, se acogerá el amparo en esta parte y se requerirá a la Subsecretaría de Salud Pública que entregue al solicitante la información requerida. 7) Que por el literal d) de la solicitud se requirió “Informe de productividad (licencias visadas diarias, peritajes realizados diarios) de los médicos de la COMPIN y de la COMERE a nivel nacional y en la región del Bío-Bío”. Atendiendo al tenor expreso de la solicitud, lo requerido en este caso es un informe que establezca la productividad diaria de los médicos de la COMPIN y de la COMERE, tanto a nivel nacional como de la Región del Biobío, en el periodo comprendido entre los años 2009 a 2012. Específicamente, dicho informe debiera dar cuenta de la cantidad diaria de licencias médicas visadas y de los peritajes realizados por día, en el periodo reseñado. Atendido que la solicitud hace alusión a informes de productividad diarios, tanto de médicos de la COMPIN, como de la COMERE, ambos casos se analizarán por separado, para un mejor entendimiento de lo requerido. 8) Que respecto de la solicitud referida a los médicos de la COMPIN, la reclamada no se pronunció en su respuesta ni tampoco en sus descargos formulados en esta sede. Por lo expuesto, este Consejo, para una mejor resolución de este amparo, requirió a la Subsecretaría de Salud Pública, conforme a la gestión descrita en el numeral 5) letra a) de lo expositivo, que precisará si disponía de un registro que permitiera establecer la productividad diaria requerida por el solicitante, de cuya revisión pudiera determinarse el número diario de licencias médicas visadas y el número diario de peritajes realizados por esos profesionales, en el periodo comprendido entre 2009 a 2012, tanto a nivel nacional, como de la región señalada. En respuesta a dicha gestión, la reclamada informó que no existen informes sistémicos que reporten productividad diaria por contralor, tanto para resolución de licencias médicas como para peritajes realizados. Ello, por cuánto el sistema informático de licencias médicas utilizado en COMPIN no cuenta con funcionalidades para generar reportes país con esa especificación y su generación implicaría solicitar un desarrollo al proveedor informático, disponiendo de recursos asociados, considerando que la cantidad de licencias médicas FONASA tramitadas en COMPIN para el año 2012, alcanzó una cifra cercana a los 4 millones, lo que configuraría la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra c), de la Ley de Transparencia. 9) Que, de la alegación previamente señalada, se concluye que el MINSAL ha alegado la inexistencia de la información solicitada, pues de sus dichos se desprende que no dispone de informes que detallen la información pedida, con la especificación que ha sido requerida. No obstante lo anterior, de lo señalado por la reclamada en respuesta a la gestión oficiosa, se concluye que, si bien no existe el informe requerido, su generación implicaría disponer de recursos asociados al desarrollo de su sistema informático, lo que haría aplicable la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia. Esta última habilita para denegar la entrega de la información cuando su publicidad “afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales”. Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7° letra c) del Reglamento de la citada ley, señalando que se “entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera”. Adicionalmente, la referida norma reglamentaria establece que “un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales”. 10) Que según lo informado por el órgano reclamado, la información requerida no se encuentra sistematizada con la precisión solicitada, es decir, no cuenta con información estadística respecto a las licencias médicas visadas diariamente ni respecto de los peritajes médicos realizados día por día, en el periodo comprendido en la solicitud, por los médicos de la COMPIN, a nivel nacional y de la Región del Biobío. Según lo señalado por la reclamada, su sistema informático permite obtener un registro de los ingresos a tramitación de licencias médicas, pero no del desempeño individual de cada médico que debe conocer y resolver las mismas, ni de su productividad en materia de peritajes asociados al procedimiento de tramitación de tales licencias. Considerando tales antecedentes y el periodo que abarca el requerimiento en análisis, a juicio de este Consejo, aún cuando el soporte en que conste la visación de licencias médicas y los peritajes realizados por los médicos de la COMPIN a nivel nacional y regional permita extraer información estadística por el nivel de especificidad requerido, resulta plausible estimar que, para satisfacer el requerimiento entregando la información con el detalle diario específico solicitado, es necesario que la reclamada revise cada uno de dichos ingresos, para luego extraer en cada caso dicha información, ingresándola posteriormente a algún tipo de registro o soporte automatizado, para su entrega al reclamante, en los términos que han sido solicitados. 11) Que atendido lo dicho, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que según lo expresado en el considerando anterior, la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, en tanto la atención que el MINSAL debiera brindar a las labores de sistematización y ordenación de sus registros para extraer de ella la información requerida –informe de productividad diaria de los citados médicos– implicaría para los funcionarios del órgano destinados al efecto la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. En este sentido cabe tener presente que acorde con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. Por todo lo anterior, se rechazará el amparo en esta parte. 12) Que en cuanto a la solicitud referida a los médicos de la COMERE, corresponde indicar lo siguiente: a) En sus descargos, la reclamada indicó que respecto de la información relacionada con las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones, se comunicó al solicitante que dicha Secretaría no era competente, pero que, producto de una descoordinación en la gestión de la solicitud, no se realizó la derivación pertinente de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia. b) El artículo 78° de la Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y el Decreto Supremo N° 101, 28 de abril de 1968, que aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley N° 16.744, establecen la composición de la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (COMERE). El artículo 77° de dicho Reglamento dispone que “La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (COMERE) es una entidad autónoma, y sus relaciones con el Ejecutivo deben efectuarse a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”. Por su parte, los incisos 2° y 3° del artículo 78° de la Ley N° 16.744 disponen respectivamente que “Los miembros de esta Comisión serán designados por el Presidente de la República, en la forma que determine el Reglamento”. “El mismo Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de la Comisión, la que en todo caso, estará sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social”. c) Por su parte, de acuerdo a la página web de la Superintendencia de Pensiones, en el enlace http://www.safp.cl/portal/institucional/578/w3-propertyvalue-6439.html (revisada el 25 de octubre de 2013), “Existen Comisiones Médicas en cada región del país, integradas cada una por tres médicos cirujanos designados por el Superintendente de Pensiones. La Superintendencia tendrá la supervigilancia de estas comisiones e impartirá las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez, no obstante, las comisiones médicas gozarán de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de los casos sometidos a su consideración”. d) Atendido lo señalado, este Consejo concluye que respecto de la información relacionada con el informe de productividad de los médicos de la COMERE, la Subsecretaría de Salud resultaba incompetente para conocer de ese requerimiento, por lo que el órgano reclamado debió haber derivado la solicitud en esa parte al órgano de la Administración que debía conocer de ella, a saber, la Superintendencia de Pensiones –sin perjuicio que las COMERE gocen de autonomía para emitir sus pronunciamientos en las materias de su competencia–, de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia, situación que no aconteció. Tal omisión redundó en la infracción del referido artículo 13. Por lo tanto, en virtud de lo precedentemente razonado, se acogerá el presente amparo y se representará en lo resolutivo de este acuerdo, la infracción a la norma precitada. Excepcionalmente, por aplicación del principio de facilitación, este Consejo derivará la solicitud en análisis a la Superintendencia de Pensiones, a fin que se pronuncie sobre la misma, en los términos que exige la ley. 13) Que, por su parte, en virtud del literal e), se requirió la “Cantidad de apelaciones de licencias médicas aprobadas a nivel nacional y en la región del Bío-Bío”. Esta solicitud debe entenderse dirigida a obtener información estadística que incluya el número o cantidad de recursos presentados a la COMPIN, a nivel nacional y de la Región del Biobío, que hubieren sido acogidas por dichos órganos, esto es, cuyo resultado hubiere sido favorable para el apelante. De allí que el término “aprobadas” debe entenderse necesariamente relacionado con el resultado favorable respecto de los reclamos que hubieren sido presentados a las COMPIN, y que hayan sido resueltos por las mismas, a nivel nacional y desagregadas a nivel regional del Bío- Bío, en el periodo comprendido entre los años 2009 a 2012. 14) Que al respecto, cabe señalar que en aquellos casos en que se rechaza una licencia médica o se reduce el reposo, el trabajador afectado tiene el derecho de apelar o reclamar ante la entidad respectiva, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del pronunciamiento de la institución previsional. A este respecto, el Centro de Consultas Laborales de la página de la Dirección del Trabajo establece, en respuesta a la consulta “¿Dónde debe apelarse el rechazo o reducción de una licencia médica?”, lo siguiente: “Ya sea que el trabajador esté afiliado a Fonasa o a una Isapre la apelación debe ser presentada a la Comisión Médica Preventiva y de Invalidez (COMPIN) del Servicio de Salud que corresponda. En el caso del trabajador afiliado a Fonasa, la solicitud de reconsideración debe ser presentada a la COMPIN en cuya jurisdicción se encuentra ubicado el lugar de desempeño del trabajador, esto es, donde fue presentada la licencia para su tramitación. En el evento de no quedar conforme con el resultado de la reconsideración el trabajador tiene la opción de presentar una apelación a la Superintendencia de Seguridad Social, cuya resolución es irrevocable. En el caso del dependiente afiliado a una Isapre, la apelación por el rechazo o la reducción de la licencia se debe presentar a la COMPIN del Servicio de Salud que corresponde a la dirección del trabajador que haya consignado en el contrato de salud con la Isapre”. El pronunciamiento de la Compin puede ser apelado por el trabajador ante la Superintendencia de Seguridad Social, cuyo veredicto es inapelable”. (información obtenida de http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-95287.html, revisada el 10 de octubre de 2013). 15) Que de lo anterior, se desprende que tratándose de trabajadores afiliados a FONASA, los trabajadores pueden presentar una reconsideración a la COMPIN del Servicio de Salud en cuyo ámbito de competencia se encuentre ubicado el lugar de funcionamiento de la Dirección Regional en la que está tramitando la licencia. Esa resolución puede ser apelada a la Superintendencia de Seguridad Social. Por su parte, tratándose de trabajadores afiliados a ISAPRES, éstos pueden apelar ante la COMPIN correspondiente, cuyo pronunciamiento a su vez también puede ser reclamado ante la citada Superintendencia. Por lo tanto, lo requerido es la información estadística que incluya el total de recursos que fueron presentados a la COMPIN, a nivel país y desagregado para la Región del Biobío, para el periodo 2009 a 2012, y que hubieren sido finalmente acogidos. Al respecto, la reclamada no se refirió en su respuesta a la solicitud en análisis ni tampoco en sus descargos. Por ello, este Consejo solicitó, como gestión para mejor resolver este amparo, que indicara si dicha información se encuentra sistematizada en registros o tablas que permitan obtener los datos requeridos. 16) Que la reclamada señaló, en términos similares a los argumentos planteados en relación a la respuesta a la gestión oficiosa referida a la solicitud del literal d) del requerimiento de acceso, que no existe dicha información sistematizada para licencias médicas, agregando que tampoco tienen información de la trazabilidad de apelaciones presentadas para conocimiento de otros organismos (Superintendencia de Seguridad Social y COMERE). De la misma manera, indicó que para satisfacer la solicitud, debía solicitar un desarrollo informático, lo que involucraría recursos asociados. Finalmente, invocó la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Si bien la reclamada no señaló el soporte en que dicha información se encuentra registrada, ni tampoco indicó si ésta se encuentra sistematizada en registros, tablas u otros formatos o soportes que permitan obtener los datos estadísticos totales requeridos, este Consejo estima que tal información debe encontrarse contenida en los respectivos actos emanados de la COMPIN que se hayan pronunciado sobre las respectivas apelaciones o reclamaciones presentadas respecto de las licencias médicas que fueron rechazadas o disminuidas. La reclamada no ha explicitado las dificultades de acceso a la información, no señaló claramente la forma en que se encontraría registrada, ni el tiempo requerido por sus funcionarios para obtener los datos requeridos con el procesamiento de los mismos. En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el considerando 15) de esta decisión, cabe destacar que lo requerido forma parte del ejercicio de competencias específico de las COMPIN, en tanto dicho organismo debe conocer y resolver las reclamaciones que los afectados presenten en relación al rechazo o disminución de licencias médicas. 17) Que sin perjuicio de lo anterior, de la respuesta entregada por el MINSAL al solicitante, especialmente aquellas individualizadas en las letras a) y c) del N° 2 de lo expositivo, se advierte que dicho organismo ha generado reportes estadísticos acerca de resultados totales de la tramitación de licencias médicas a nivel nacional y regional. En efecto, la reclamada dispone de los resultados de las licencias médicas rechazadas, así como también de las evaluaciones de invalidez. A juicio de este Consejo, la información relativa a las resoluciones pronunciadas por la COMPIN respecto de reclamaciones formuladas por trabajadores debe ser de conocimiento del órgano reclamado, no resultando plausible que dicho organismo desconozca el resultado de reclamaciones que se han presentado al mismo, y que el propio órgano ha conocido y resuelto, de manera tal que no sea posible levantar un número total que permita establecer cuántas de dichas reclamaciones fueron acogidas o rechazadas, en un determinado periodo. Si bien el número de licencias médicas señalado por la reclamada, que fueron tramitadas el año 2012, aparece a todas luces elevado, el universo de información sobre la cual ha de recaer la información estadística pedida no necesariamente ha de coincidir con dicha cantidad, toda vez que aquella cifra dice relación con el total de licencias tramitadas, y no con aquellas que fueron efectivamente objeto de reclamaciones, siendo aún un universo menor aquellas respecto de las cuales recayó un pronunciamiento favorable para el reclamante. Asimismo, cabe recordar que lo requerido es el resultado de una labor propia que efectúa la COMPIN, tanto a nivel nacional como desagregado en la Región del Biobío, respecto de los reclamos presentados por trabajadores ante el rechazo o disminución de una licencia médica. 18) Que, atendido lo señalado, si bien la normativa vigente no obliga al órgano a mantener un registro que de cuenta de la cantidad total de reclamaciones acogidas por la COMPIN a nivel nacional y de la Región del Biobío, este Consejo en la decisión de amparo Rol C97-09, señaló que puede solicitarse a la Administración elaborar documentos, siempre y cuando la información que los respalde obre documentalmente en su poder y estableciendo un límite financiero, en virtud del artículo 17 de la Ley de Transparencia: no irrogar al servicio un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional. Dado que el órgano reclamado se limitó a señalar que, para satisfacer la solicitud en los términos solicitados, requiere recursos asociados al desarrollo del proveedor informático, sin acreditar en esta sede el volumen de información de que se trata ni el gasto que irrogaría sistematizar la información, no obstante haber sido requerido tanto en el oficio de traslado como en la gestión oficiosa prevista al efecto, no habiendo negado que dicha información obre en su poder, debiendo la misma constar, por lo demás, en el respectivo acto que resuelva las reclamaciones, se rechazará en esta parte la aplicación de la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia y se acogerá el amparo, requiriéndose a la reclamada que informe al reclamante respecto de la información requerida, en los términos solicitados, en el plazo especial que se señalará en lo resolutivo del presente acuerdo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Alejandro Navarro Brain en contra del Ministerio de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a Sr. Subsecretario de Salud Pública: a) Entregue al reclamante la información solicitada por los literales c) y e) de la solicitud, correspondientes al periodo comprendido entre los años 2009 a 2012. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé 360 piso 7, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Subsecretario de Salud Pública la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, al no haber derivado la solicitud del literal d), en aquella parte en que no resultaba competente al órgano que debía conocerla, a objeto que, en lo sucesivo, adopte las medidas necesarias para que dicha situación no vuelva a acontecer. IV. Encomendar al Sr. Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, derivar el requerimiento de información del literal d) en lo relativo a la información de la COMERE, a la Superintendencia de Pensiones, para que dicho órgano se pronuncie sobre tal solicitud. V. Encomendar a la Dirección de Fiscalización de este Consejo a fin de que practique una evaluación a la Subsecretaría de Salud Pública, respecto del grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, en general, y en particular del ítem correspondiente a la planta de personal, personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones, del personal con desempeño en la COMPIN de Nivel Central y de la Región del Biobío, deber exigido en el artículo 7º, letra d), de la Ley de Transparencia. VI. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Navarro Brain y al Sr. Subsecretario de Salud Pública. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por no asistir a esta sesión. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.