Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C870-13

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Reclamante:	JOSÉ MIGUEL NAVARRETE GAETE
Reclamado:
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros –SVS–, fundado en que ésta le denegó la información solicitada sobre la información entregada (…) por unas auditoras, respecto de los ingresos y hechos relevantes ocurridos durante el periodo 2012, conforme a la norma de Carácter General Nº 275, capítulo V, letra B). El Consejo señaló que la importancia que la información asociada a la estructura de ingresos de una empresa auditora externa posee para el correcto funcionamiento de los mercado en que incide, conforme se ha explicado precedentemente, a juicio del Consejo permite atribuir a su divulgación un interés público de tal entidad, que justifica suficientemente vencer la eventual reserva que pudiere predicarse respecto de la misma en función de su naturaleza. Esta conclusión se impone con mayor fuerza en este caso, atendido que la información reclamada dice relación con uno de los principales actores del mercado de empresas auditoras externas del país, por todo lo anteriormente razonado, se acogerá el presente amparo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/29/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C59-09 C114-09 C165-09 C1197-12
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	8989-2013
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento administrativo >> Especiales >> Procedimientos sancionatorios a privados
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C870-13 Entidad pública: Superintendencia de Valores y Seguros –SVS– Requirente: José Navarrete Gaete Ingreso Consejo: 13.06.2013 En sesión ordinaria Nº 469 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de octubre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C870-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de mayo de 2013, don José Navarrete Gaete solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros (en lo sucesivo, indistintamente SVS): «…la información entregada (…) por las auditoras PricewatherhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young y KMPG, respecto de los ingresos y hechos relevantes ocurridos durante el periodo 2012, conforme a la norma de Carácter General Nº 275, capítulo V, letra B)». 2) RESPUESTA: La SVS respondió a la antedicha solicitud mediante el Ord. Nº 11.500, de 24 de mayo de 2013, en la cual informó al solicitante que previo a responder comunicó la solicitud a las empresas consultoras cuya información se pidió, en aplicación del procedimiento de oposición que contempla el artículo 20 de la Ley de Transparencia, ejerciendo únicamente su derecho de oposición la empresa Ernst & Young, en lo que refiere a los ingresos percibidos en relación al ejercicio 2012. Conforme a ello adjuntó en la respuesta aquella información sobre la que no existió oposición y denegó la información sobre la cual existió oposición. 3) AMPARO: El 13 de junio de 2013, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la SVS, fundado en que ésta le denegó la información solicitada, argumentando, en resumen, lo siguiente: a) Si bien reconoce la entrega de la información que la respuesta señala adjuntar, indica que el escrito sobre la oposición de la empresa Ernst & Young no fue acompañado a la misma, sino que sólo con ocasión de gestiones posteriores que realizara directamente ante el organismo. Sin embargo, la oposición que le fuera entregada no dice relación con la solicitud de información que motiva el amparo, sino que se refería a otra solicitud efectuada ante el organismo por otro solicitante y que no coincide estrictamente con la actual solicitud. Luego de habérsele hecho presente dicha situación a la SVS, ésta procedió a comunicar la solicitud a la empresa Ernst & Young recién con fecha 10 de julio de 2013, a fin de que ejerciera su derecho de oposición. Ello evidencia el claro error en que incurrió dicho organismo en la aplicación del procedimiento de oposición. b) La información en cuestión debe estimarse pública, pues, a su respecto, resultan aplicables los principios de apertura o transparencia y de máxima divulgación, los cuales, por lo demás, han sido vulnerados por hecho de no habérsele comunicado en tiempo y forma la solicitud oportunamente a la empresa Ernst & Young, y no obstante ello haberse denegado la información pedida a su respecto. c) Sin perjuicio de lo anterior, señala, no se aprecia de qué modo podrían verse afectados los derechos de la empresa con la divulgación de la información solicitada, pues en caso alguno se pide informar acerca de los clientes de la empresa auditora o de sus utilidades o perdidas, o de información específica relativa a su gestión comercial. Ello explica que cuatro de las empresas a que se refiere la solicitud, no se hayan opuesto a la entrega de la información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 2474, de 20 de junio de 2013, al Sr. Superintendente de Valores y Seguros. En dicho Oficio se le solicitó especialmente: (1º) referirse a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; (2º) proporcionara los datos de contacto del tercero que se opuso a la entrega de la información; y (3º) acompañara los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros involucrados. La mencionada autoridad contestó el traslado mediante el Ordinario Nº 15.511, de 10 de julio de 2013, en que junto con señalar que el amparo se limita a la información sobre de los ingresos del año 2012 de la empresa auditora Ernst & Young, al habérsele entregado en la respuesta la información referida a los hechos relevantes de la misma y de las otras entidades auditoras, señaló que: a) El 17 de abril de 2013, la SVS recibió una solicitud de acceso a la información prácticamente idéntica a la que motiva el presente amparo, en la que se solicitaba «resultados (utilidad/pérdida) e ingresos de operaciones en Chile» entre otras, de la auditora Ernst & Young para los ejercicios 2011 y 2010. En mérito a este requerimiento, la SVS dio traslado a las mencionadas empresas auditoras, entre las cuales la señalada entidad ejerció su derecho de oposición, motivo por el cual la SVS denegó la misma. b) Si bien dicha oposición fue la que se le entregó materialmente al solicitante, en este caso específico, la SVS entendió que dado que se había efectuado con anterioridad una solicitud similar era suficiente, por economía procesal y en virtud del principio de facilitación, entregarle copia de la oposición deducida en el procedimiento anterior, aun cuando no estaba dirigida a su requerimiento. Asimismo, era altamente probable que si Ernst & Young ya se había opuesto de manera reciente a la entrega de información similar a la que ahora se solicitaba, nuevamente se opusiera. Con todo, el 10 de julio de 2013 se comunicó a dicha empresa específicamente la solicitud formulada por el requirente, a fin de que manifestara su posición, de lo cual se informó oportunamente al solicitante. c) En relación con el traslado que se le dio a Ernst & Young mediante esta nueva comunicación, la SVS hizo aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley N° 19.880, que trata sobre el principio de la no formalización, en cuya virtud el vicio del procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo y genera un perjuicio al interesado. Asimismo, dicha disposición legal establece que la Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren los intereses de terceros. Este criterio, por lo demás, ha sido admitido por el Consejo para la Transparencia en la decisión de amparo Rol C1197-12. d) Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que lo señalado por el recurrente, en orden a que la solicitud de información anterior difiere "enormemente" de la consulta efectuada por él, no resulta efectivo. Tal como consta de la solicitud anterior, en ella se solicitaron los resultados (utilidad/pérdida) e ingresos de operaciones en Chile, entre otras, de la empresa Ernst & Young, mientras que el reclamante solicitó la información entregada por las empresas respecto de los ingresos y hechos relevantes ocurridos durante el periodo 2012. Así, al comparar la información entregada al anterior solicitante y al actual (respecto de las empresas que no se opusieron) sobre los ingresos de auditoras, resulta que se entregó la misma información a cada uno de ellos. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó trasladar el amparo a la empresa Ernst & Young, a efectos de que formulara sus observaciones o descargos al mismo. La empresa contestó el traslado el 12 de julo de 2013 señalando, en resumen, que: a) Si bien el reclamante señala que originalmente no se le entregó la oposición dirigida a su solicitud, cabe consignar que fue la SVS la que le envió copia de una respuesta dirigida a otro requerimiento similar. La empresa Ernst & Young sólo fue notificada de esta solicitud el 10 de junio de 2013, contestando el traslado el 12 de junio en los mismos términos que la respuesta enviada a la solicitud anterior. Claramente hubo un error de parte del organismo al entregar al requirente una oposición que no estaba dirigida a él, sin embargo, tan pronto fue notificada, la empresa respondió a la misma. En cuanto al hecho que la notificación haya llegado con un mes de retraso, esto no es imputable a la empresa, pues esta al momento de recibir la notificación del oficio, lo respondió dentro del plazo de 2 días cumpliendo con o que establece la ley. b) La Circular N° 275 de la SVS exige a las empresas auditoras reportar a dicho organismo ingresos anuales y hechos relevantes del periodo, y específicamente en cuanto a los ingresos, se informen los ingresos totales percibidos de cada cliente, indicando en forma porcentual aquellos relacionados directamente con la auditoría externa de estados financieros y aquellos provenientes de la prestación de otros servicios. Además, exige que en caso de existir ingresos distintos de auditoría externa, se indiquen los tipos de servicios prestados. Asimismo, exige proveer información sobre la cartera clientes vigentes, de clientes con contrato caducado y de los nuevos clientes. Todos estos antecedentes son considerados como extremadamente relevantes para el funcionamiento del negocio de la empresa, por lo que su divulgación arriesgaría con afectar seriamente los derechos de carácter comercial o económico de la empresa, toda vez que esta información no se encuentra a disposición del público. Especialmente, la información sobre el listado de clientes no es de fácil acceso, y por ende, es catalogado como un documento de carácter privado. c) Sin perjuicio de lo anterior, la misma Circular previene expresamente que dicha información será de uso exclusivo de la SVS. Y ello es de toda lógica, ya que dicha información no sólo contiene antecedentes relacionados con los ingresos percibidos de Ernst & Young, sino que también contiene datos de clientes de la empresa y sobre cuáles son los servicios que han contratado terceros con precisión de los porcentajes pagados en relación a ingresos totales de cada cliente, información que es de propiedad de Ernst & Young y también de propiedad de sus clientes, y que como tal está amparada por la confidencialidad según lo que se estipula en los respectivos contratos de prestación de servicios. En consecuencia, dar acceso a dicha información requeriría desde ya obtener el consentimiento expreso de cada uno de los clientes de la empresa. d) Por otra parte, el derecho de acceso a la información, según previene el artículo 10 de la Ley de Transparencia, se refiere a información relacionada con alguna actuación de la autoridad administrativa y no con información de terceros proporcionada a ésta por las entidades fiscalizadas, y que además es de uso exclusivo del regulador. En tal sentido, la información entregada a la SVS anualmente no está contenida en ningún acto, resolución, acta, expediente, contrato o acuerdo, pues en caso contrario la empresa no podría oponerse a la entrega de la misma, toda vez que no se incumpliría con el citado artículo. Sino que se trata de información privada de la compañía. e) Con todo, aún cuando se considerara que dicha información si está cubierta por el derecho de acceso a la información, debe estimarse reservada al tenor de la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto su publicidad afectaría los derechos económicos o comerciales de la empresa y/o de sus clientes. Ratifica tal aserto el secreto de la contabilidad consagrado en los artículos 41 y siguientes del Código de Comercio, que protege la información solicitada. f) La circunstancia que las otras tres empresas auditoras no se hayan opuesto a la entrega de la información pedida a su respecto, nada pude significar el perjuicio de la empresa Ernst & Young, pues tan solo representa la renuncia de dichos terceros a su derecho a proteger dicha información, renuncia que es una acto individual y que no incide en la naturaleza de la información. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, previo a abordar el fondo, cabe señalar que la SVS comunicó la solicitud de información que motiva el presente amparo a la empresa Ernst & Young en cuanto tercero interesado en este procedimiento, soslayando el término de dos días hábiles que prescribe al efecto el artículo 20 de la Ley de Transparencia para tal efecto. En efecto, tal como lo ha reconocido el propio organismo, este incumplimiento se originó en el hecho de haber tomado en consideración para su respuesta denegatoria, una oposición, si bien deducida por el mismo tercero, enmarcada en un procedimiento de acceso a la información distinto y anterior. Si bien tal proceder constituye una manifiesta falta de diligencia de parte de la SVS en la substanciación del procedimiento de acceso a la información que será debidamente representada a su máxima autoridad, se tendrá por interpuesta la oposición del tercero, por cuanto éste ejerció su derecho de oposición dentro del plazo legal, no siéndole imputable la falta de diligencia en que incurrió el organismo. 2) Que, la solicitud de acceso se refirió a la información entregada a la SVS por cuatro empresas auditoras «respecto de los ingresos y hechos relevantes ocurridos durante el periodo 2012 conforme a la norma de Carácter General Nº 275, capítulo V, letra B)», no obstante el reclamante reconoció que el organismo le hizo entrega en su respuesta de la información alusiva a tres de las señaladas empresas al no haber estas manifestado oposición a la entrega, con excepción de la empresa Ernst & Young, que sí ejerció su derecho de oposición, razón por la cual el amparo debe entenderse circunscrito a la información únicamente referida a este tercero. Sin embargo, respecto de dicha empresa el reclamante, de manera expresa, circunscribió la reclamación únicamente a los ingresos percibidos por la misma, con exclusión de información acerca de los clientes de la empresa, de sus utilidades o perdidas, u otra información específica relativa a su gestión comercial. Por lo tanto, el amparo se reduce a los ingresos anuales que percibió la empresa Ernst & Young durante el ejercicio 2012, excluyendo el desglose y detalle que la SVS exige informar a las empresas de auditoría externa en la señalada Norma de Carácter General N° 275 («Establece Normas de Inscripción y Funcionamiento del Registro de Empresas de Auditoría Externa»), respecto de los tres aspectos que el reclamante señala no son de su interés, esto es: señalamiento de los clientes de la empresa; resultados de su gestión comercial (detalle de utilidades/pérdidas) u otros detalles de su gestión comercial. Es decir, con las prevenciones indicadas, la reclamación se refiere únicamente a la estructura de ingresos de la señalada empresa auditora, según lo que deben informar estas entidades a la SVS, al tenor de la señalada norma general. 3) Que, la sección V de la señalada norma de carácter general exige a las empresas de auditoría externa que tengan inscripción vigente en el registro que la misma establece, remitir continuamente a la SVS determinada información. Específicamente, la letra B de la mencionada sección V se refiere a: «Informe de Ingresos Anuales y Hechos Relevantes», estableciendo que dichas empresas deberán proporcionar: «1. Información sobre el monto de los ingresos totales percibidos de cada cliente durante el año anterior, indicando en forma porcentual aquellos relacionados directamente con actividades de auditoría externa de estados financieros y aquellos provenientes de la prestación de otros servicios». El párrafo segundo del mismo N° 1 establece que: «En caso de existir ingresos por servicios distintos, se deberá indicar los tipos de servicios prestados». Por su parte, el párrafo tercero establece que: «Adicionalmente, se deberá indicar el monto total de los ingresos operacionales percibidos en el año anterior». Cabe concluir entonces, que es esta estructura de ingresos de la empresa Ernst & Young la información que se reclama en la especie. 4) Que, atendido que el reclamante ha excluido como objeto del amparo el señalamiento de los clientes de la empresa Ernst & Young, cabe desestimar, en primer término, las alegaciones que formulara dicha empresa en cuanto a que la divulgación de lo pedido podría afectar los derechos de sus clientes, al suponer la revelación de los detalles sobre las asesorías prestadas a éstos y los montos pagados; en otras palabras, la entrega de la información pedida, sin que se individualice a los clientes de la empresa Ernst & Young obliga a descartar la posibilidad que se produzca tal afectación. En otro orden de consideraciones, cabe hacer presente que si bien la norma general Nº 275 de la SVS establece que «la información sobre los ingresos y hechos relevantes de las empresas de auditoría externa, son de uso exclusivo del organismo», ello en caso alguno envuelve la reserva de la misma. En efecto, conforme a lo establecido en el artículo 8º de la Constitución Política, la reserva o secreto sólo puede fundarse en una ley de quórum calificado y responder a alguno de los cuatro motivos que establece el mismo precepto –lo cual refrenda la Ley de Transparencia en su artículo 21–, estándar que manifiestamente no satisface la norma reglamentaria en cuestión. Por ende, cabe también desestimar las alegaciones que formulara la empresa para sostener el carácter reservado de la información pedida en base a lo que señala la Norma General Nº 275. 5) Que, la empresa Ernst & Young ha formulado las siguientes dos alegaciones (una en subsidio de la otra) para fundamentar su oposición a la entrega de la información pedida: a) Que aquella no queda comprendida dentro del ámbito del derecho de acceso a la información, según lo que el artículo 10 de la Ley de Transparencia considera como el ámbito protegido por el aquél derecho, sugiriendo que se trataría de información privada de la compañía. b) Que la divulgación de la misma afectaría los derechos de carácter comercial o económico de la empresa, al tratarse de información comercial estratégica, configurando por ende la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 6) Que respecto de la primera alegación, la opinión mayoritaria de este Consejo es que, encontrándose la información requerida en poder del órgano de la Administración del Estado –por corresponder en este caso al cumplimiento de un deber de informar continuo y permanente de parte de las empresas de auditoría externa–, se configura la hipótesis general de publicidad contemplada en el artículo 5°, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, sin perjuicio que, a su respecto, puedan aplicarse uno o más de los casos de secreto o reserva que prescribe el artículo 21 de la Ley de Transparencia, en base a las causales del artículo 8° de la Constitución. En este punto, cabe dar por reproducidos los razonamientos contenidos en los literales a) y b) de los considerandos 10° y 16° de las decisiones de los amparos Roles C59-09 y C165-09. 7) Que, si bien el Presidente de este Consejo don Jorge Jaraquemada Roblero estima que la pura circunstancia que la información obre en poder del organismo no la transforma en pública sin más, considera, en este caso en particular, que la información sobre que versa la reclamación ha sido remitida a la SVS por la empresa Ernst & Young en cumplimiento de las instrucciones que dicho organismo ha impartido mediante la citada Norma General Nº 275, la que, a su vez, ha pronunciado en ejercicio de la facultad general que respecto de las empresas auditoras externas le confirió la Ley Nº 20.382 en su artículo 42 (particularmente la norma incorporada como artículo 240 de la Ley Nº 18.045), cuyo texto establece:«Las empresas de auditoría externa quedarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia en lo referido a los servicios de auditoría externa, los que sólo podrán prestar previa inscripción en el Registro y mientras se encuentren inscritas en él» (inc. 1º) y «La Superintendencia, mediante norma de carácter general, podrá regular los contenidos esenciales de dichas normas, los estándares mínimos de idoneidad técnica y sus formas de acreditación». (inc. 3º). En consecuencia, si bien lo pedido constituye información que pertenece a un particular (Ernst & Young), ésta no obra en poder de la Administración del Estado en forma circunstancial, sino que se encuentra en relación clara con el ejercicio de las facultades que posee la SVS como autoridad de control en la materia, y por lo mismo, debe estimarse que posee relevancia en relación a alguna decisión (actual o potencial) que pudiera adoptar dicho organismo en el ejercicio de sus facultades. Por tanto, debe presumirse pública en conforme a lo prescrito en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. 8) Que, la reserva invocada por la empresa Ernst & Young fundada en la supuesta afectación de sus derechos de carácter comercial o económico, se basa, en definitiva, en que atendida la naturaleza contable de la información pedida, la divulgación de la misma conduciría a conocer en medida relevante la estructura misma de su negocio, suponiendo ello la revelación de aspectos asociados al desarrollo de su gestión y los resultados operacionales obtenidos en relación al ejercicio comercial 2012, en circunstancias que se trataría de información que no es de conocimiento generalizado en el comercio. Si bien este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C114-09, ha establecido ciertos parámetros cuya concurrencia copulativa permitiría valorar positivamente la expectativa de confidencialidad de la información de naturaleza empresarial, estima que en este caso una decisión sobre la concurrencia de la causal de reserva invocada, debe considerar no sólo la naturaleza de la información pedida sino también, y fundamentalmente, la incidencia que esta puede tener tanto en el funcionamiento del mercado de las empresas auditoras externas, y por esta, vía en el mercado de valores y seguros en general. 9) Que, en este contexto, es preciso atender al contexto normativo asociado, precisamente al funcionamiento de las empresas de auditoría externa, conforme a lo que estableció la Ley Nº 20.382, que incorporó a la Ley Nº 18.045 el Título XXVIII («De Las Empresas De Auditoría Externa»). A saber: a) Conforme al artículo 239, las empresas de auditoría externa son sociedades que, dirigidas por sus socios, prestan principalmente servicios de auditoría a los emisores de valores y demás personas sujetas a la fiscalización de la Superintendencia, servicios que la propia norma se encarga de describir. b) Según prescribe el artículo 242 en su inciso 1º, las empresas de auditoría externa podrán desarrollar actividades distintas de las señaladas en el artículo 239, siempre que no comprometan su idoneidad técnica o independencia de juicio en la prestación de los servicios de auditoría externa, y previo cumplimiento de su reglamento interno. Con todo, la misma norma establece ciertas limitaciones respecto de este tipo de actividades. En particular, el inc. 2º de la norma prohíbe a las empresas de auditoría externa prestar simultáneamente y respecto de una misma entidad de las indicadas en el inciso primero del artículo 239, servicios de auditoría externa y cualquiera de los servicios que indica. Asimismo, el inciso final establece que tratándose de sociedades anónimas abiertas, solamente cuando así lo acuerde el directorio, previo informe del comité de directores, de haberlo, se permitirá la contratación de la empresa de auditoría externa para la prestación de servicios que, no estando incluidos en el listado anterior, no formen parte de la auditoría externa. c) Conforme al artículo 246, letra c), corresponde a las entidades auditoras externas, informar a la entidad auditada, dentro de los dos primeros meses de cada año, si los ingresos obtenidos de ella, por sí sola o junto a las demás entidades del grupo al que ella pertenece, cualquiera sea el concepto por el cual se hayan recibido tales ingresos, e incluyendo en dicho cálculo aquellos obtenidos a través de sus filiales y matriz, superan el 15% del total de ingresos operacionales de la empresa de auditoría externa correspondientes al año anterior. Prescribe la norma que, en el caso de las sociedades anónimas abiertas, tras dicho aviso, los servicios de auditoría externa sólo podrán ser renovados por la junta ordinaria de accionistas por dos tercios de las acciones con derecho a voto y así en todos los ejercicios siguientes, mientras los ingresos de la empresa de auditoría externa superen el porcentaje indicado. 10) Que, por su parte, la SVS en el ejercicio de su potestad normativa pronunció el Oficio Circular Nº 718, de 10 de febrero de 2010, mediante el cual precisa el alcance de las disposiciones contenidas en los artículos 52, 59 y 72 de las Ley Nº 18.046 y artículo 239 de la Ley Nº 18.045, refiriéndose específicamente al proceso de elección de empresas auditoras externas por parte de sociedades anónimas abiertas en los siguientes términos: «tratándose de sociedades anónimas abiertas de conformidad a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Nº 18.046, la elección de la empresa de auditoría externa que examinará la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros, de esa sociedad debe ser efectuada por la junta ordinaria de accionistas, año a año, no pudiendo delegarse dicha designación e el directorio para que este designe a una empresa de auditoría externa dentro de una nómina previamente aprobada por la junta de accionistas». A renglón seguido, establece: «Para tales efectos y de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo de lo establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 18.046, el directorio debe entregar a los accionistas la fundamentación de las diversas opciones que propondrá a la junta, para que aquellos cuenten con toda la información necesaria para elegir a la empresa de auditoría que examinará los estados financieros mencionados. Tal fundamentación deberá contener e detalle las razones que motivaron al directorio a proponer a cada empresa, en consideración a aspectos como las horas y recursos que se destinarán al proceso de revisión, la experiencia de la empresa auditora, los conocimientos y experiencia del equipo que estará a cargo de la mencionada revisión, en atención a la industria, rubro, tamaño y demás particularidades de la sociedad que será objeto de revisión, y cualquier otro aspecto que considere relevante. Lo anterior deberá ir acompañado de la correspondiente priorización de las distintas opciones quien serán propuestas». 11) Que, la anterior reglamentación pone de relieve la incidencia que posee o puede poseer la información asociada a la estructura de costos de una empresa auditora externa (particularmente, en los términos que obliga a informar a dichas empresas a la SVS a través de la Norma General Nº 275) en el proceso de elección de las mismas por parte de uno de los principales agentes del mercado de valores, esto es, las sociedades anónimas abiertas. En efecto, como ya se ha señalado en el considerando 3º, dicha norma general obliga a las empresas auditoras externas inscritas en el registro que al efecto lleva la SVS, a informar sobre el monto de los ingresos totales percibidos en cada cliente durante el año anterior, indicando en forma porcentual aquellos relacionados directamente con actividades de auditoría externa de estados financieros y aquellos provenientes de la prestación de otros servicios, debiendo en caso de existir ingresos por servicios distintos, indicar de cuales se trata. Mientras que, por su parte, el señalado Oficio Circular N° 718, de la SVS, obliga al directorio de dichas sociedades a justificar las propuestas que formula para la elección de empresas auditoras externas, entregando las razones que lo motivaron a proponer a cada empresa auditora, debiendo considerar para tal efecto, entre otros, aspectos tales como el número de horas y recursos que se destinarán al proceso de auditoría por parte de dichas empresas. 12) Que, por tanto, parece evidente la utilidad que la información objeto de la reclamación puede prestar al funcionamiento mismo del mercado de empresas auditoras externas, pues contribuye a su funcionamiento transparente mediante la difusión de información relevante susceptible de potenciar su desarrollo y correcto funcionamiento. La misma SVS ha puesto de relieve la necesidad de favorecer el correcto funcionamiento del mercado de empresas auditoras externas, pudiendo colegirse a partir de su diagnóstico la importancia que la información pedida posee para el cumplimiento del señalado fin. En este sentido, ha sostenido que «…en la actualidad el dinamismo de los mercados exige que las empresas auditoras sean proactivas en el monitoreo de sus prácticas de auditoría, y en la revisión continua de sus estándares de calidad», agregando que «[e]ventos recientes, públicos y notorios, han tenido como resultado el que en el último tiempo se hayan planteado dudas sobre la real calidad de los procesos de auditoría externa: (...) En relación al tiempo dedicado y a la calidad del trabajo de cada proceso de auditoría (…) vinculado a lo anterior, también han surgido dudas respecto a los procesos de elección de empresas auditoras por parte de las sociedades anónimas». Asimismo, señaló que: «Lo anterior ha reforzado la línea de acción que la SVS ha venido llevando a cabo…», y por otra parte, que «…en un contexto de gobiernos corporativos las empresas de auditoría externa están llamadas a interactuar de manera abierta con los directorios, y contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad del trabajo de auditoría». (Presentación efectuada por el Superintendente de Valores y Seguros con fecha 28 de noviembre de 2012, en el seminario: «Desafíos de los Auditores Externos»; Asociación de Auditores Externos de Chile A.G.) 13) Que, en definitiva, la importancia que la información asociada a la estructura de ingresos de una empresa auditora externa posee para el correcto funcionamiento de los mercado en que incide, conforme se ha explicado precedentemente, a juicio de este Consejo permite atribuir a su divulgación un interés público de tal entidad, que justifica suficientemente vencer la eventual reserva que pudiere predicarse respecto de la misma en función de su naturaleza. Esta conclusión se impone con mayor fuerza en este caso, atendido que la información reclamada dice relación con uno de los principales actores del mercado de empresas auditoras externas del país. 14) Que, por todo lo anteriormente razonado, se acogerá el presente amparo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo deducido por don José Navarrete Gaete, en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, que: a) Haga entrega al reclamante de la información referida a los ingresos anuales que percibió la empresa Ernst & Young durante el ejercicio 2012, según lo que obliga informar la Norma de Carácter General N° 275 («Establece Normas de Inscripción y Funcionamiento del Registro de Empresas de Auditoría Externa»), excluyendo únicamente: el señalamiento de los clientes de la empresa y los resultados de su gestión en términos de detalle de sus utilidades y/o pérdidas. Para tal efecto deberá estarse a los considerandos 3º y 4º precedentes. b) Cumpla dicho requerimiento dentro de un plazo que no supere los 25 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Superintendente de Valores y Seguros la falta de diligencia en que incurrió el organismo en la comunicación de la solicitud al tercero oponente, razón por la cual se le requiere que arbitre las medidas pertinentes para dar estricto cumplimiento a los plazos legales. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Navarrete Gaete; al representante de la empresa Ernst & Young, y al Sr. Superintendente de Valores y Seguros. En contra de la presente decisión procede de parte del reclamante la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.