Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C872-13

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Reclamante:	MICHAEL BORQUEZ NAVARRO
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud sobre plan de fiscalización de clases de religión evangélica para todas las regiones del país durante el año 2013, señalando específicamente, las comunas, establecimientos educacionales y fechas en las que se llevará a cabo. Además, le señalen los instrumentos que se utilizarán en cada fiscalización y los criterios con los que se seleccionan los colegios objeto de la fiscalización (por ej.: al azar, número de estudiantes que optan por clases de religión evangélica, etc.).Todo esto, en concordancia con el Ordinario Nº 81 del año 2013, del Jefe de la División de Educación General, entre otros documentos relacionados. El Consejo señaló que respecto de las nóminas de las personas encargadas de recibir denuncias y entregar información a las personas (personal de la OIRS) si bien el organismo reclamado dispone de un sistema centralizado para efectuar denuncias, según se puede apreciar de la revisión de los https://crm.ayudamineduc.cl/ y https://crm.ayudamineduc.cl/Consultas/LeyTransparencia; no se observa que la entrega de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones de la Superintendencia de Educación Escolar, en los términos exigidos por la causal de reserva contemplada en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En efecto, lo requerido es información pública, particularmente considerando que se trata de información relativa a la función pública de los funcionarios por los que se consultan y no a su vida privada. Además, según lo ha manifestado este Consejo, la afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva, lo que no parece ocurrir en la situación que se analiza, por cuanto se trata del nombre de los funcionarios cuya labor, precisamente, consiste en atender público dentro del respectivo servicio. De esta forma, se acogerá el amparo respecto de esta parte de la solicitud contenida en el literal c) del requerimiento del recurrente y se ordenará la entrega de la nómina solicitada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/10/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C988-12 C136-13 C611-10
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C872-13 Entidad pública: Superintendencia de Educación Escolar Requirente: Michael Bórquez Navarro Ingreso Consejo: 13.06.2013 En sesión ordinaria Nº 463 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de septiembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C872-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.529, N° 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; el Decreto N° 924/1983, del Ministerio de Educación Pública, por el que se Reglamentan las clases de religión en establecimientos educacionales, y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Michael Bórquez Navarro, el 14 de mayo de 2013, solicitó a la Superintendencia de Educación Escolar, lo siguiente: a) Le informen acerca del plan de fiscalización de clases de religión evangélica para todas las regiones del país durante el año 2013, señalando específicamente, las comunas, establecimientos educacionales y fechas en las que se llevará a cabo. Además, le señalen los instrumentos que se utilizarán en cada fiscalización y los criterios con los que se seleccionan los colegios objeto de la fiscalización (por ej.: al azar, número de estudiantes que optan por clases de religión evangélica, etc.).Todo esto, en concordancia con el Ordinario Nº 81 del año 2013, del Jefe de la División de Educación General. b) Copia del documento en que conste la instrucción interna que la Superintendencia da al fiscalizador, para iniciar el proceso fiscalizador de cumplimiento del Ordinario Nº 81, del año 2013, del Jefe de la División de Educación General en todos los establecimientos educacionales del país. c) Nómina de todos los fiscalizadores de la Superintendencia en cada una de las regiones del país, indicando nombre completo, dirección (oficina en la que desempeña sus labores), teléfono (de la oficina en la que desempeña sus labores) y la dirección de correo electrónico institucional. Además requiere la nómina de cada una de las personas encargadas de recibir denuncias y entregar información a las personas (OIRS) en cada una de las regiones del país. 2) AMPARO: El 13 de junio de 2013, don Michael Bórquez Navarro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud, encontrándose vencido el plazo legal otorgado para ello. 3) TÉNGASE PRESENTE DEL SOLICITANTE: Don Michael Bórquez Navarro, el 24 de junio de 2013, indicó a este Consejo que la Superintendencia de Educación Escolar, mediante documento de 20 de junio de 2013, respondió a su requerimiento de información, el cual se pronuncia acerca de la solicitud de acceso presentada, en los siguientes términos: a) En relación al requerimiento contenido en el literal a), le indican que con el objeto de asegurar la efectiva igualdad religiosa al interior de los recintos educacionales, los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 11° del Decreto Supremo N° 924, de 1983, del Ministerio de Educación, señalan que en todos los Establecimientos Educacionales del país deberán ofrecerse obligatoriamente clases de Religión, con carácter de optativas para el alumno y la familia. A su vez, el Ordinario N° 81, de 1° de marzo de 2013, del Jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación, se remite al Decreto Supremo anteriormente mencionado, estableciendo que la Fiscalización de la normativa señalada en este último, es competencia de la Superintendencia de Educación Escolar. En este sentido, esa Superintendencia, como fiel reflejo del espíritu que la ha caracterizado desde el inicio de su funcionamiento, ha fiscalizado el cumplimiento de dicha normativa, a fin de garantizar a todos los educandos, padres y apoderados el derecho a que en su Establecimiento Educacional sea impartida la Enseñanza Religiosa. b) Respecto a la entrega de la información solicitada en la letra b) de su presentación, le informan que esa Superintendencia no se encuentra en condiciones de hacer público su conocimiento, pues al constituir documentaciones e instrucciones de carácter interno que se entregan a los fiscalizadores, no pueden ser puestas a disposición de la comunidad. c) Finalmente, en relación a su solicitud enunciada en el literal c), le indican que en su página web www.supereduc.cl, sección Transparencia Activa, se encuentra la información requerida, a disposición del público para ser descargada. Al respecto, el solicitante acompañó los documentos correspondientes e indicó además lo siguiente: a) El organismo requerido no dio acceso a la información solicitada respecto al literal a) en orden a informar del plan de fiscalización de clases de educación evangélica en el país. En cuanto a la entrega de documentación solicitada en la letra b), señala que no puede ser entregada por ser de carácter interno, no obstante, no figura en el índice de documentos calificados como secretos o reservados, siendo por lo tanto contrario a derecho la denegación arbitraria e injustificada a entregarlos. Respecto a la letra c) de la solicitud, indica que la respuesta entregada es incompleta y por lo tanto, insatisfactoria. b) Además, hizo presente que la respuesta recibida es extemporánea y no hubo una causal de justificación para su extensión, constituyendo una dilación injustificada del órgano reclamado. c) Finalmente, solicita que se ordene despachar oficio al Sr. Contralor General de la República a fin de poner en su conocimiento este actuar arbitrario, injustificado e ilegal de la reclamada, en especial por su dilación injustificada y fuera de plazo en responder, para que investigue los hechos, establezca las responsabilidades pertinentes y eventuales sanciones por contravenir los dispuesto en la Ley N° 20.285 en especial en lo preceptuado en sus artículos 45, 16 y demás pertinentes. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 2.473, de 20 de junio de 2013, al Sr. Superintendente de Educación Escolar, requiriéndole que indicara las razones por las cuales la solicitud de acceso no habría sido respondida oportunamente y, en caso de haber dado respuesta oportuna, acredite dicha circunstancia y se refiriera a la eventual concurrencia de una causal de reserva de la información solicitada. El Sr. Superintendente de Educación Escolar, por el ORD. N° 0195, de 24 de julio de 2013, presentó sus descargos y observaciones, señalando que: a) En relación a la reclamación efectuada por el Sr. Michael Bórquez, señalan que el 20 de junio de 2013, se le dio respuesta en forma clara y completa a su requerimiento sobre la fiscalización de la enseñanza de las clases de religión en los Establecimientos Educacionales del país, señalando incluso la normativa legal pertinente que la rige, la cual está orientada mayormente, a lograr la igualdad religiosa al interior de los recintos educacionales. b) Respecto a la solicitud de entregarle copia del documento en el cual conste la instrucción interna que esa Superintendencia da al fiscalizador, para iniciar el proceso fiscalizador de cumplimiento del Ordinario N° 81 de 2013 del Jefe de Educación General en todos los Establecimientos Educacionales del país, se informó al solicitante que no pueden entregar dicha información, por cuanto constituye una documentación de carácter interno de ese Servicio, por lo que no puede ser entregado a los particulares ni puesto a disposición de cada persona que lo solicite. Son instrucciones que por su carácter deben permanecer al interior de dicha Superintendencia. En efecto, el artículo 21 de la Ley de Transparencia señala que se puede negar la entrega de la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y por supuesto que en este caso específico así sucedería si es que los sostenedores conocieran con anterioridad las pautas de evaluación de los fiscalizadores, las cuales se rigen en su totalidad a lo establecido en la normativa vigente, por tanto, los sostenedores, al apegarse completamente a lo establecido en dicha normativa, no necesitan conocer dichas pautas. c) Respecto al literal c) de la consulta del Sr. Bórquez, indican que en su página web www.supereduc.cl, sección Gobierno Transparente, subcategoría Dotación de Personal, se pueden obtener los datos de los fiscalizadores, y en el HOME del mismo sitio WEB, categoría DENUNCIAS, se pueden obtener las direcciones y el número de teléfono de las Direcciones Regionales, así como otros datos de interés para el solicitante o denunciante. A este efecto, cita lo prescrito por el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Es decir, esta Superintendencia cumplió cabalmente lo indicado en la Ley de Transparencia, al señalar al Sr. Bórquez el lugar desde el cual podía obtener la información requerida en este punto. d) Agrega que esa Superintendencia es un organismo que, a pesar de su corto tiempo de funcionamiento (desde el 1° de septiembre de 2012), ha tomado todas las medidas que permitan asegurar el acceso a la información por parte de los particulares, por lo que en caso que se presenten errores, serán subsanados a la brevedad. e) Respecto a la información de Transparencia Activa publicada, reiteran que está subsanando las falencias que se presenten en dicha información, a través de capacitaciones a los funcionarios encargados y reuniones sobre Ley de Transparencia que han sostenido. f) Finalmente, acompaña la respuesta enviada al Sr. Bórquez Navarro. 5) GESTIONES OFICIOSAS: Atendido lo manifestado por el organismo reclamado en sus descargos, la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo, a través de correo electrónico de 19 de agosto de 2013, le solicitó al enlace del mismo que complementara sus descargos en el sentido de indicar si existe un plan de fiscalización sobre la materia consultada por el solicitante. Además, se le solicitó que, en caso de existir dicho plan, se pronunciara acerca de los ítems requeridos por el peticionario; esto es, las comunas, establecimientos educacionales, fechas en las que se llevará a cabo, los instrumentos que se utilizarán en cada fiscalización y los criterios con los que se selecciona los colegios objeto de la misma. Por otra parte, se solicitó que remitiera copia del documento denominado “instrucción interna” que dicha Superintendencia entrega al fiscalizador para iniciar los procesos de fiscalización. Finalmente, de estimar procedente la aplicación de alguna causal de reserva de aquellas previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, se requirió que fuera alegada expresamente, y acompañe los documentos y/o antecedentes por los cuales pueda darse por acreditada. En ese sentido, deberá informar en qué medida la documentación requerida afecta el debido cumplimiento de las funciones de esa Superintendencia, identificando los efectos que produciría su comunicación. Al respecto, por correo electrónico de 26 y 27 de agosto de 2013, el organismo reclamado manifestó lo siguiente: a) El Ordinario N° 81, de 1° de marzo de 2013, del Jefe de la División de Educación General, sobre Consideraciones sobre Clases de Religión en los Establecimientos Educacionales del país, trata el tema solicitado por el requirente. b) Por su parte, indica que en el Ordinario N° 097, de 30 de abril de 2013, del Superintendente de Educación (que corresponde al documento denominado “Instrucción Interna”) que también acompaña, se establecen los criterios, instrumentos y formas en los cuales se realizarán las fiscalizaciones. Esto, en el caso específico, se debe complementar con el citado Oficio N° 81, de 2013, sobre clases de religión. c) Respecto a la solicitud de entregar las comunas, establecimientos educacionales, fechas en las que se llevará a cabo, señala que esa Superintendencia no puede acceder a la entrega de esa información, pues su publicidad, comunicación o conocimiento, afectaría el debido cumplimiento de las funciones fiscalizadoras de dicho órgano. Un ejemplo de esto, es la asistencia escolar, la cual se coteja con la efectivamente registrada ese día, por lo tanto, no puede ser conocida la fecha de fiscalización a priori por los Establecimientos Educacionales. d) Sin perjuicio de ello, señala que una vez finalizada la fiscalización, los datos son públicos y el requirente podrá obtener los que necesite. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que atendido que el plazo de 20 días hábiles para dar respuesta por parte del organismo reclamado, dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, venció el 12 de junio de 2013, cabe representar al Sr. Superintendente de Educación Escolar, el haber evacuado en forma extemporánea la respuesta al solicitante, como asimismo el haber infringido el principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h), del citado cuerpo normativo. 2) Que, a modo de contexto, es menester destacar las siguientes disposiciones comprendidas en el marco normativo aplicable a la información que ha sido requerida en el presente amparo: a) El Decreto N° 924, de 1983, del Ministerio de Educación Pública, por el que se Reglamentan las clases de religión en establecimientos educacionales, establece en su artículo 3° que las clases de religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con carácter de optativas para el alumno y la familia. Los padres o apoderados deberán manifestar por escrito, en el momento de matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no la enseñanza de Religión, señalando si optan por un credo determinado o si no desean que su hijo o pupilo curse clases de Religión. Agrega el artículo siguiente que los establecimientos educacionales del Estado, los municipalizados y los particulares no confesionales deberán ofrecer a sus alumnos las diversas opciones de los distintos credos religiosos, siempre que cuenten con el personal idóneo para ello y con programas de estudio aprobados por el Ministerio de Educación Pública. Finalmente, el artículo 13 dispone que sin perjuicio de las atribuciones del nivel central del Ministerio de Educación Pública, las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y las Direcciones de los Establecimientos Educacionales arbitrarán las medidas pertinentes para el cumplimiento de las normas impartidas en el presente decreto. b) A su vez, por la Ley N° 20.529, que establece el Sistema Nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización, se creó la Superintendencia de Educación, estableciéndose dentro de su objeto, el fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte. Además, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá las denuncias y reclamos de éstos, aplicando las sanciones que en cada caso corresponda. Para ello se detallan en concreto sus facultades fiscalizadoras en el artículo 49. c) El Ordinario N° 81, de 1° de marzo de 2013, del Jefe de Educación General del Ministerio de Educación, sobre consideraciones sobre clases de religión, indica a los Secretarios Regionales Ministeriales de Educación y los Jefes de Departamentos Provinciales de Educación que “en los establecimientos educacionales del país, deberá ofrecerse obligatoriamente las clases de religión con carácter optativas para el alumno y la familia”. Además adjunta un formato tipo de encuesta de clase de religión, se refiere al horario en que deben impartirse, la imposibilidad de reemplazar las horas pedagógicas asignadas. Por último señala que dicha materia se encuentra sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Educación. d) La Resolución Exenta N° 0290, de 17 de abril de 2013, del Superintendente de Educación Escolar, que fija el Modelo de Fiscalización y estandarización de hallazgos, disponible en el link http://www.supereduc.cl/usuarios/superintendencia/File/REXN290_.pdf, señala que el proceso de fiscalización de esa Superintendencia ha sido diseñado de acuerdo a un modelo de auditoría de gestión, por lo que ella se constituye en una actividad independiente y objetiva de aseguramiento del cumplimiento de la normativa educacional vigente y de asesoramiento y capacitación de los establecimientos educacionales. Para ello señala que el proceso está compuesto por la fiscalización y los procesos administrativos, lo que requiere un sistema estandarizado de los hechos constatados en los establecimientos educacionales, que se constituyen en hallazgos de contravenciones a la normativa educacional. En el Anexo 1, de dicho documento se encuentran enumerados lo referidos hallazgos, el sustento del mismo y si es posible que el establecimiento infractor se pueda someter a una tramitación acelerada de los procesos administrativos instruidos al efecto. 3) Que, previo a analizar el fondo del asunto, es preciso determinar que la “instrucción interna que la Superintendencia da al fiscalizador, para iniciar el proceso fiscalizador” a que se refiere el solicitante en el literal b) de su solicitud, conforme con lo señalado por la reclamada en sus descargos, se refiere al Ordinario N° 097, de 30 de abril de 2013, del Superintendente de Educación, razón por la cual la solicitud y amparo se referirán, en lo sucesivo, a dicho documento. 4) Que el organismo reclamado, si bien en su respuesta denegó únicamente la información requerida en el literal b), por estimar que su publicidad afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, en los términos indicados en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia; con ocasión de las gestiones oficiosas efectuadas por este Consejo, extendió dicha alegación a la información requerida en el literal a) de la solicitud de acceso del peticionario. 5) Que de la revisión de los documentos acompañados es posible apreciar que por el citado Ordinario N° 097, de 30 de abril de 2013, el Superintendente de Educación, remite a los Directores Regionales de esa Superintendencia, el Programa de Fiscalización Visita Integral, que se adjunta al mismo. Este último documento –acompañado a este Consejo con ocasión de la gestión oficiosa descrita en el N° 5 de la parte expositiva de este acuerdo–, contiene las hipótesis de riesgos, objetivos, alcances y metodología aplicada al programa de fiscalización de dicho organismo, además de la descripción de materias, procedimientos, sustentos de hallazgos, criterios de aplicación e información de los hechos constatados, entre otros antecedentes; todo ello aplicable a la fiscalización de los establecimientos educacionales. 6) Que este Consejo estima que la divulgación de la información del plan de fiscalización requerido, con indicación de comunas, establecimientos y fechas en que se concretarán las inspecciones, así como también de los criterios bajo los cuales se determinan los establecimientos objeto de la misma –información requerida en el literal a) de la solicitud–, generaría un daño probable y específico a la tarea de fiscalización que debe realizar la Superintendencia de Educación Escolar en cumplimiento de su mandato legal. Por lo tanto, su reserva resguardaría la eficacia de la misma, tutelando el debido funcionamiento del servicio, bien jurídico protegido en la causal de reserva del artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia. En este mismo sentido se ha venido pronunciado este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol A96-09, al indicar que “aunque en algunos casos la publicidad favorece el debido funcionamiento del servicio en casos como éste ocurre más bien lo contrario, pues la reserva puede servir mejor al interés público al permitir que el servicio pueda ejercer su función fiscalizadora… con mayor eficacia y eficacia. En efecto, la publicidad del programa de fiscalización solicitado supondría revelar el modo y criterios de evaluación utilizados por este servicio que, de ser conocidos previamente por los fiscalizados facilitarían eludir la acción del fiscalizador”. En consecuencia, conforme a lo señalado, se rechazará el amparo respecto del literal a) de la solicitud. 7) Que, en lo que se refiere a la entrega del documento requerido en el literal b) de la solicitud que, como se ha indicado, se refiere al Ordinario N° 097, de 30 de abril de 2013, del Superintendente de Educación, cabe señalar que la publicidad de dicho documento por sí solo –sin el anexo al mismo que contiene el “Programa de Fiscalización”–, no afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado en los términos exigidos en la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por cuanto consiste en un documento por el que simplemente se comunica y remite el Programa de Fiscalización, sin que en el mismo se revelen el modo y criterios de evaluación utilizados por la Superintendencia reclamada, cuya publicidad suponga un daño probable y específico a la labor fiscalizadora que se le ha encomendado. De esta forma, se acogerá el amparo respecto de dicho literal, ordenándose su entrega al solicitante. 8) Que, en el literal c) de la solicitud, el peticionario requiere una “nómina con todos los fiscalizadores de la Superintendencia en cada una de las regiones del país, indicando nombre completo, dirección (oficina en la que desempeña sus labores), teléfono (de la oficina en la que desempeña sus labores) y la dirección de correo electrónico institucional. Además solicita una nómina de cada una de las personas encargadas de recibir denuncias y entregar información a las personas (OIRS) en cada una de las regiones del país”. 9) Que, tratándose de la nómina de los fiscalizadores, la Superintendencia de Educación Escolar, solamente con ocasión de los descargos, indicó la forma específica por la cual se puede acceder tanto a los nombres de los funcionarios consultados, así como la región en la que desempeñan sus funciones, en el sitio electrónico del organismo. Al respecto, cabe señalar que de encontrarse disponible de manera permanente, la información solicitada, el organismo reclamado puede dar respuesta conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, deberá ajustarse a lo señalado en dicha norma, así como lo dispuesto en el numeral 3.1., de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, según el cual “cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, se deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información. Por ejemplo, este procedimiento podrá utilizarse cuando lo solicitado se encuentre disponible en internet, caso en el cual se deberá señalar el link específico que la alberga o contiene, no entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indicar, de modo general, la página de inicio respectiva”. 10) Que, por lo tanto, no habiéndose ajustado el órgano reclamado en su respuesta, a los términos indicados en el considerando precedente, en tanto se limitó a señalar la página de inicio de su sitio web sin señalar el link específico donde puede obtener la información que requiere, ni detallar la forma en que puede acceder a ella, se acogerá el amparo en esta parte. Con todo, se tendrá por entregada dicha información con la remisión del ORD. N° 0195, de 24 de julio de 2013, por el cual la Superintendencia de Educación Escolar, presentó sus descargos ante este Consejo, cuya copia se remitirá al recurrente, conjuntamente con la notificación de la presente decisión. 11) Que en lo referido a la entrega del número de teléfono institucional de los fiscalizadores, es preciso tener presente el criterio adoptado por este Consejo, de forma reiterada, a partir de las decisiones de amparo Roles C611-10 y C988-12, entre otras, relativa a números telefónicos (anexos) proveídos a los funcionarios para el desempeño de sus labores y sus correos electrónicos institucionales, en los que se concluyó que “la decisión de un órgano de la Administración de informar a través de su sitio electrónico determinados números telefónicos, obviando otros, tiene por objeto canalizar el flujo de comunicaciones recibidas por el organismo, permitiéndole sistematizar el ingreso de llamadas conforme a los criterios de prevalencia que éste haya determinado… y actuar en relación con dichos criterios… para lo cual el Municipio destina recursos y personal al efecto, mediante la contratación de cuentas telefónicas y secretarias. Que, conforme a lo anterior, divulgar aquellos números telefónicos respecto de los cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de comunicaciones precedentemente descrito o aquellos que permiten el acceso directo a autoridades o funcionarios respecto de los cuales, precisamente, se ha elaborado dicho mecanismo, permitiría a las personas sortear el sistema de acceso telefónico a las autoridades o funcionarios públicos dispuesto por el órgano, impidiendo a los funcionarios que ejecutan dicha labor cumplir regularmente con los fines por los cuales han sido contratados. Ello obligaría a las autoridades o funcionarios cuya función regular no es la atención de comunicaciones telefónicas o de público en general, a atender éstos, distrayéndolos de sus labores habituales”. 12) Que el mismo criterio descrito en el considerando anterior, se adoptó respecto de las casillas de correos electrónicos institucionales en la decisión de amparo Rol C136-13, interpuesto en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en la cual se tomó en consideración que dicho organismo “tiene a disposición de los usuarios un Sistema Integral de Atención Ciudadana el cual le permite canalizar el flujo de comunicaciones electrónicas que recibe. De este modo, la divulgación de las casillas de correo electrónico respecto de las cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de comunicaciones precedentemente descrito, podría significar una afectación semejante a la descrita en el considerando precedente respecto de los números telefónicos. A mayor abundamiento, el órgano reclamado señaló en sus descargos que el conocimiento de las direcciones de correo electrónicas institucionales, permitiría el envío masivo de correos, utilizados con fines netamente particulares, que constituirían un serio entorpecimiento en el correcto y eficiente desarrollo y ejercicio de la función pública por parte de sus funcionarios. Con dichas alegaciones, si bien no se explicita, se desprende que la reclamada entiende puede configurarse en este caso la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia” . 13) Que lo razonado en las decisiones aludidas en los considerandos precedentes, resulta plenamente aplicable a la materia en análisis, toda vez que el sitio web de la Superintendencia de Educación Escolar tiene a disposición de los usuarios un Sistema de Atención Ciudadana tanto presencial como telefónica, según se aprecia en el enlace http://www.supereduc.cl/index2.php?id_contenido=22443&id_portal=82&id_seccion=4446. Además, en el banner de denuncias, http://denuncias.supereduc.cl/, es posible acceder a un sistema centralizado tanto para la realización de denuncias por parte de los ciudadanos, como consultas en las diversas materias relacionadas con la educación. Así, queda establecido que por dichos mecanismos el organismo reclamado ha decidido canalizar el flujo de las comunicaciones con la finalidad de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y, en particular de sus fiscalizadores que corresponden a más del 40% de su dotación total , y de esa forma, dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna. Es por ello que, a juicio de este Consejo, dar a conocer los números telefónicos directos (o anexos) y las casillas de correos electrónicos institucionales de quienes se desempeñen como fiscalizadores en la Superintendencia reclamada, puede afectar el debido cumplimiento de sus funciones, motivo por el cual se rechazará el amparo en este punto, por cuanto se estima que concurre la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. 14) Que, respecto de las nóminas de las personas encargadas de recibir denuncias y entregar información a las personas (personal de la OIRS) si bien el organismo reclamado dispone de un sistema centralizado para efectuar denuncias, según se puede apreciar de la revisión de los https://crm.ayudamineduc.cl/ y https://crm.ayudamineduc.cl/Consultas/LeyTransparencia; no se observa que la entrega de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones de la Superintendencia de Educación Escolar, en los términos exigidos por la causal de reserva contemplada en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En efecto, lo requerido es información pública de acuerdo a lo prescrito por los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, particularmente considerando que se trata de información relativa a la función pública de los funcionarios por los que se consultan y no a su vida privada. Además, según lo ha manifestado este Consejo, la afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva, lo que no parece ocurrir en la situación que se analiza, por cuanto se trata del nombre de los funcionarios cuya labor, precisamente, consiste en atender público dentro del respectivo servicio. De esta forma, se acogerá el amparo respecto de esta parte de la solicitud contenida en el literal c) del requerimiento del recurrente y se ordenará la entrega de la nómina solicitada. 15) Que, por último, en relación a la solicitud del reclamante en orden a que “se ordene despachar oficio al Sr. Contralor General de la República a fin de poner en su conocimiento el actuar del organismo reclamado, para que investigue los hechos, establezca las responsabilidades pertinentes y eventuales sanciones por contravenir los dispuesto en la Ley de Transparencia”, cabe hacer presente que este Consejo desestimará tal solicitud, por cuanto en la especie, no se han configurado los supuestos de hecho que ameriten la instrucción de un sumario administrativo destinado a aplicar alguna de las sanciones establecidas en el Título VI de la Ley de Transparencia; sin perjuicio de representar al organismo reclamado el incumplimiento de los artículos 14 y 16 del mismo cuerpo legal en lo resolutivo del presente acuerdo, según se señaló anteriormente. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Michael Bórquez Navarro, en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, dando por entregada la nómina de los fiscalizadores de dicho organismo, con la notificación de la presente decisión. II. Requerir al Sr. Superintendente de Educación Escolar, lo siguiente: a) Entregar al reclamante, copia del Ordinario N° 097, de 30 de abril de 2013, del Superintendente de Educación, con exclusión del Programa de Fiscalización que se adjunta al mismo, correspondiente al documento indicado por el peticionario en la letra b); así como las nóminas de las personas encargadas de recibir denuncias y entregar información a las personas (personal de la OIRS), contenidas en el literal c), de su solicitud de acceso. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Superintendente de Educación Escolar, no haber dado respuesta a la solicitud del requirente dentro del plazo establecido en la Ley, pues con ello se infringe lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia y el principio de oportunidad consagrado en la letra h), del artículo 11 del mismo cuerpo legal, por lo que se requerirá que adopte las medidas necesarias para evitar que en el futuro se reitere este hecho. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Superintendente de Educación Escolar y a don Michael Bórquez Navarro, remitiendo a este último copia del ORD. N° 0195, de 24 de julio de 2013. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia, don Andrés Herrera Troncoso.