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<strong>DECISIÓN AMPARO C606-09</strong></div>
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Entidad Publica: Intendencia de la Región Metropolitana</div>
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Requirente: Carlos Ruiz-Tagle</div>
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Ingreso Consejo: 23.12.2009</div>
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En sesión ordinaria N° 148 de su Consejo Directivo, celebrada el 14 de mayo de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos Rol C606-09.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/09, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de noviembre de 2009 don Carlos Ruiz-Tagle solicitó al Intendente de la Región Metropolitana, en su calidad de Presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiente, en adelante, COREMA Metropolitana, en relación al proyecto “Emplazamiento Villorio Rural Comité de Allegados y Personas sin casa, La Estrella de San Bernardo”, lo siguiente:</p>
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a) «Solicitud de pronunciamiento de la Intendencia Metropolitana sobre validación del cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del proyecto de Villorio Rural “La Estrella de San Bernardo”, para recibir subsidio rural por parte de la Intendencia Metropolitana, para financiar estudios de ingeniería, arquitectura, impacto ambiental, etc., mediante fondos fiscales o FNDR ¿Son o no son todos campesinos?»;</p>
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b) «Solicitud de informe de aprobación de la Contraloría mediante auditoría del uso de los recursos fiscales asignados al proyecto de Villorio Rural “La Estrella de San Bernardo”, en la administración del Intendente Víctor Barrueto Colodoro, para financiar estudios de ingeniería, arquitectura, impacto ambiental, etc., pagado a COAVATAL, mediante fondos fiscales ¿Cuál fue el monto de los fondos asignados?»;</p>
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c) «Solicitud de informe de aprobación de la Contraloría mediante auditoría del uso de los recursos fiscales asignados al proyecto de Villorio Rural “La Estrella de San Bernardo”, en la administración de la Intendenta Adriana Delpiano Puelma, para financiar estudios de ingeniería, arquitectura, impacto ambiental, etc., pagado a ARCHDESIGN. Mediante fondos FNDR ¿Cuál fue el monto de los fondos asignados?»</p>
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d) «Por qué se permitió asignar fondos dos veces para un mismo proyecto, a distintas consultoras?»;</p>
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e) « ¿Validó el GORE Metropolitano, en su oportunidad, la calidad de campesinos de los beneficiarios del Comité de Allegados “La Estrella de San Bernardo”, antes de asignar FNDR como subsidio rural?»</p>
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f) «Validó Usted, en su oportunidad, la calidad de campesinos de los beneficiarios del Comité de Allegados “La Estrella de San Bernardo”, antes de aprobar el proyecto como presidente de la COREMA Metropolitana?»</p>
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2) RESPUESTA: El reclamante señala como fundamento de su amparo el no haber recibido respuesta del organismo reclamado.</p>
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3) AMPARO: El 23 de diciembre de 2009, don Carlos Ruiz-Tagle dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra del Intendente de la Región Metropolitana, fundado en el hecho de no haber recibido respuesta a su requerimiento de información.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el amparo C606-09 trasladándolo, mediante Oficio N° 179, de 10 de febrero de 2010, al Intendente Metropolitano, quien, mediante Ordinario N° 941, de 8 de marzo de 2010, evacuó sus observaciones y descargos señalando lo siguiente:</p>
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a) Por un error involuntario la solicitud de información de la especie fue tramitada como requerimiento no afecto a la Ley de Transparencia, cuestión que condicionó el retardo en la respuesta.</p>
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b) La respuesta se materializó el 25 de febrero de 2010, a través de Oficio Ordinario N° 780, bajo el siguiente tenor:</p>
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i. Respecto a la adjudicación de Subsidios Rurales, se aclara que es el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) la entidad pública competente para determinar el perfil de los beneficiarios que eventualmente recibirán el subsidio rural y no corresponde al Gobierno Regional, ni a la COREMA pronunciarse sobre tal beneficio.</p>
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ii. El Gobierno Regional sólo ha financiado la etapa de diseño del proyecto, correspondiente a los estudios de ingeniería para la urbanización del terreno, puesto que es el SERVIU quien financia la construcción a través del Fondo Solidario (Decreto Supremo N° 174/2005, del MINVU).</p>
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iii. El financiamiento del diseño se realizó cumpliendo todas las etapas requeridas para que un proyecto sea aprobado y financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional pues, como se explica, la referida iniciativa de inversión contó con la recomendación favorable del Ministerio de Planificación, que en su oportunidad evaluó el mérito y factibilidad del proyecto para posteriormente ser aprobado por el Consejo Regional en sesión extraordinaria N°3, de 26 de abril de 2007, a través del acuerdo N° 51, por la suma de M$65.500.</p>
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iv. El proyecto aprobado fue sometido a licitación a través de la unidad técnica, siendo adjudicado a la empresa ArqDesing Consultores Ltda., por un monto de M$65.500, razón por la cual no se aprecia la existencia de un doble financiamiento del proyecto en su etapa de diseño.</p>
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v. En relación a la legalidad del proyecto materia de la consulta realizada por el interesado hace presente que la Contraloría General de la República se pronunció a través de Dictámenes N° 16.651/2008, N° 48.419/2009 y N° 70.339/2009, en los cuales concluye que el proyecto consultado por el Sr. Ruiz-Tagle se ha desarrollado de conformidad a la normativa vigente.</p>
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5) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: El 15 de abril de 2009, el Sr. Ruiz-Tagle, efectuó una presentación ante este Consejo, mediante la cual se pronuncia, entre otros, acerca de los descargos evacuados por el organismo reclamado en el marco de la tramitación del presente amparo. En síntesis, señala que el reclamado no responde a lo solicitado por lo siguiente:</p>
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a) Existe en el Gobierno Regional Metropolitano (GORE) una Comisión de Subsidio Rural que evidentemente debe tener la información o certificado que acredite que los beneficiarios del proyecto aludido en la solicitud de acceso cumple con los requisitos para recibir subsidio rural. Ningún intendente requerido ha entregado dicho certificado.</p>
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b) Cuestiona de qué modo el GORE Metropolitano puede financiar mediante subsidio rural el diseño de un proyecto cuyos beneficiarios no cumplen con los requisitos para recibirlo. En el mismo sentido cuestiona al Ministerio de Planificación y el Consejo Regional al permitir y aprobar los subsidios, según lo indicado por el SEREMI de Agricultura.</p>
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c) La empresa ArqDesign Consultores efectuó la segunda presentación del proyecto, en el año 2007. Sin embargo la primera presentación, del año 2006, fue realizada por la empresa COATVAL, la que fue retirada, sin que se tenga información sobre quién financió dicha presentación.</p>
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d) Sobre los dictámenes de la Contraloría General de la República, señala que jamás ha respondido acerca de la certificación de la calidad de campesinos de los beneficiarios de subsidio rural en comento. Indica que el Contralor tendría absoluto conocimiento de los proyectos presentados financiados con subsidio rural. Agrega que los dictámenes del Organismo Contralor estarían amparando una malversación de fondos públicos.</p>
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e) Por todo lo anterior, insta a este Consejo para que exija la entrega de la información pública que certifique, con razón fundada, la calidad de campesinos de los beneficiarios y documentos que decretaron el financiamiento de la primera presentación del proyecto.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que el organismo reclamado reconoce que, por un error involuntario, la respuesta a la solicitud de acceso de la especie fue entregada una vez cumplido el plazo que otorga para ello el artículo 14 de la Ley de Transparencia, cuestión que se advierte del análisis de los antecedentes del presente amparo.</p>
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2) Que, si bien se acompaña el oficio de respuesta, el reclamado no certifica la entrega efectiva de la misma, según dispone el artículo 17 de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de ello, consta a este Consejo que el reclamante tomó conocimiento de la misma, por cuanto tuvo acceso a los descargos evacuados por el Intendente Metropolitano en que ésta se contiene, por cuanto éstos fueron entregados al reclamante por el Director General del Consejo para la Transparencia mediante oficio N° 644, de 9 de abril de 2010, en respuesta a la solicitud de los mismos efectuada por el Sr. Ruiz-Tagle mediante presentación del 6 de abril de 2010.</p>
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3) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo estima pertinente representar al organismo reclamado el incumplimiento del principio de oportunidad, consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, y del deber impuesto por el artículo 17, inciso 2° del mismo cuerpo legal de “contar con un sistema que certifique la entrega efectiva de la información al solicitante, que contemple las previsiones técnicas correspondientes”.</p>
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4) Que, en cuanto a la solicitud de acceso, cabe calificar la naturaleza de cada uno de los puntos que la componen, teniendo presente lo resuelto por este Consejo en el considerando 11) de la Decisión recaída en el amparo 533-09: “Que este Consejo estima que la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse “en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos” o en un “formato o soporte” determinado, según reza el inc. 2º del art. 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad. En este último caso la solicitud no está cubierta por dicha Ley sino que pasa a ser una manifestación del legítimo ejercicio del derecho de petición —establecido en el art. 19 N° 14 de la Carta Fundamental—, a tramitarse según las normas legales específicas que puedan existir o, en su defecto, según las disposiciones de la ya citada Ley Nº 19.880, de 2003, atendido su valor supletorio”.</p>
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5) Que en cuanto a lo solicitado en el literal a), el mismo reclamante indica expresamente que solicita un pronunciamiento por parte de la Intendencia Metropolitana en relación a la validación del cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del proyecto indicado. Sin embargo, al referir esta consulta a una actuación de la autoridad del pasado resulta exigible que la autoridad señale si realizó o no la verificación consultada. No obstante, en este caso la SEREMI señala en su respuesta que no es competente para determinar el perfil de los beneficiarios pues ello es competencia del Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano (en adelante SERVIU Metropolitano) lo que, conforme se razona en la decisión C604-09, de esta misma fecha, es efectivo. Sin embargo, en la misma decisión se determinó que la actividad laboral no era un requisito que se exigiera para la postulación a este subsidio en el D.S. N° 145/2007, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que reglamentaba el Subsidio Habitacional Rural, por lo que se entiende que ésta información no obra en poder de dicho órgano. Por ello en esta parte este amparo deberá ser rechazado.</p>
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6) Que en relación con lo solicitado en los literales b) y c), esto es, el informe de aprobación de la Contraloría General de la República, mediante auditoría del uso de los recursos fiscales asignados al proyecto bajo la administración de los intendentes indicados, se estima que se trata de una solicitud de acceso a la información de acuerdo a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, la que fue respondida por el organismo reclamado en el sentido de señalar en su respuesta que el organismo contralor ha emitido su pronunciamiento a través de los dictámenes indicados y acompañados a la misma.</p>
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7) Que, además, en dichas solicitudes se requiere el monto de los fondos asignados al proyecto aludido, a lo cual el reclamado responde aclarando que sólo ha financiado el diseño de urbanización del terreno, cuyo proyecto fue aprobado por un monto de M$65.500 y cuya ejecución fue adjudicada a la empresa que se indica por el mismo monto.</p>
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8) Que, como ya se señaló, consta en los antecedentes que obran en el presente amparo que el reclamante tomó conocimiento de dicha información, por lo que este Consejo estima que el organismo reclamado ha dado respuesta al requerimiento en este punto y, consecuentemente, ha de acoger el amparo en este parte sólo por la extemporaneidad de la respuesta, según se indicará en la parte resolutiva del presente acuerdo.</p>
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9) Que la solicitud consignada en el literal d), esto es, “por qué se permitió asignar fondos dos veces para un mismo proyecto a distintas consultoras”, debe rechazarse al tratarse de una solicitud que no está amparada por los mecanismos especiales que contempla la Ley de Transparencia, sino efectuada en ejercicio legítimo del derecho constitucional de petición, conforme se indica en el considerando 4º.</p>
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10) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo valora la actitud del organismo reclamado en el sentido de dar respuesta a dicha pregunta, aclarando que no existe un doble financiamiento para la ejecución del proyecto en la etapa de diseño.</p>
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11) Que en relación a las consultas sobre la validación oportuna por parte del GORE Metropolitano y del Intendente Metropolitano de la calidad de campesinos de los beneficiarios del Comité de Allegados individualizado en la presentación -literales e) y f)-, este Consejo estima, como ya se señaló en el considerando 5º, que al consultarse respecto a una actuación del pasado es exigible que la autoridad señale si realizó o no la validación consultada, advirtiendo que esto no implica que se estime que aquélla debería haberse realizado sino sólo que debe entregarse esa información, pues no corresponde a esta instancia determinar la corrección administrativa de lo obrado por la autoridad en este punto.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro en contra de la Intendencia Metropolitana, sólo en cuanto a los literales b), c), e) y f) de la solicitud de acceso, no obstante dar por entregada la información relativa a los puntos b) y c).</p>
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II. Rechazar el amparo interpuesto por don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro, en contra de la Intendencia Metropolitana, en relación a los literales a) y d) de la solicitud de acceso.</p>
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III. Requerir al Sr. Intendente Metropolitano que:</p>
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a) Entregue la información solicitada en los literales e) y f) de la petición que dio origen a este amparo en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia e</p>
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b) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Carlos Ruiz-Tagle García-Huidobro y al Sr. Intendente Metropolitano.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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