Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C900-13

Reclamante:	NOEMÍ ARCOS RODRÍGUEZ
Reclamado:	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos -SII-, dando respuesta negativa a una solicitud de información relativa a: a) Con respecto a las donaciones acogidas al artículo 8º de la Ley Nº 18.985, que ha recibido la Corporación Cultural de Providencia, desde la dictación de dicha ley, específicamente: la indicación del nombre o razón social del donante, el RUT, el monto de la especie donada y la fecha en que se hizo la donación. b) Nómina de las Corporaciones de Derecho Privado que han recibido donaciones acogidas al artículo 8º de la Ley Nº 18.985, desde la dictación de dicha ley, específicamente: el señalamiento de su nombre o razón social, del RUT, el monto de la donación o especie donada y la fecha en que se les hizo la donación. El Consejo acoge el amparo. Respecto al literal a), se acoge el amparo, toda vez que la información versa de una fundación que recibe recursos tanto de origen público como de otras fuentes de financiamiento, que han debido focalizarse en la gestión cultural de la comuna, por lo que esos recursos traspasan la esfera meramente privada, por lo que se debe rechazar la causal de reserva de la reclamada. Respecto al mismo literal, y con respecto a los donantes de la Corporación en cuestión, conocer la calidad de donante permite dar a conocer la calidad de beneficiario de un beneficio tributario otorgado por el Estado de Chile, consistente en un crédito contra los impuestos de primera categoría o global complementario. Por lo que la regla general, que es la reserva de de los datos personales solicitados como el nombre y RUT, debe ceder en beneficio de su publicidad por el manifiesto interés público que reviste el conocimiento de dicha información. Lo mismo pasa con las personas jurídicas. Respecto al literal b), atendido a que la identificación de donatarios dice relación con corporaciones de derecho privado, por lo que la causal de reserva indicada dice relación con la derechos de índole comercial o económica por dichas corporación, no se configura para el Consejo la causal señalada, toda vez que la causales de reserva son de derecho estricto, no apreciándose por parte del Consejo afectación alguna al derecho señalado. Respecto al literal b), pero sobre el monto y fecha de las donaciones, si bien se invoca la causal de secreto de que la información requerida posee carácter de ley de quorum calificado, no puede subsumirse dentro de la hipótesis de secreto tributario, pues si bien es información de carácter patrimonial, no se refiere de forma especifica al contribuyente de o los tributos respecto del cual la donación se refiere a una ley que otorga beneficios tributarios. Respecto a la alegación de inexistencia de la información referida al periodo entre los años 1990 a 2003, por no regir la circular n°110/2004, cabe señalar que existen antecedentes que permiten concluir que la información solicitada referida al señalado periodo debió ser recibida por el SII, pues existe obligación de informar por parte de los donatarios.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/6/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Código Civil Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1165-12 C315-09 C2-10 C50-11 C446-09 C182-11
Jurisprudencia a:	C7134-22 C7133-22 C2212-14 C2614-20
Recursos relacionados:	3414-2014 25113-2014
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C900-13 Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos -SII- Requirente: Noemí Arcos Rodríguez Ingreso Consejo: 17.06.2013 En sesión ordinaria Nº 493 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de enero de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C900-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y 19.880; lo establecido en la Ley N° 18.985 y en su Reglamento aprobado por el D.S Nº 787, de 1990, del Ministerio de Educación; lo previsto en el D.L Nº 830, de 1974, que establece el Código Tributario; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 6 de mayo de 2013, doña Noemí Arcos Rodríguez mediante dos solicitudes de información distintas, requirió al Servicio de Impuestos Internos (en adelante, indistintamente SII), lo siguiente: a) Con respecto a las donaciones acogidas al artículo 8º de la Ley Nº 18.985, que ha recibido la Corporación Cultural de Providencia, desde la dictación de dicha ley, específicamente: la indicación del nombre o razón social del donante, el RUT, el monto de la especie donada y la fecha en que se hizo la donación. b) Nómina de las Corporaciones de Derecho Privado que han recibido donaciones acogidas al artículo 8º de la Ley Nº 18.985, desde la dictación de dicha ley, específicamente: el señalamiento de su nombre o razón social, del RUT, el monto de la donación o especie donada y la fecha en que se les hizo la donación. 2) RESPUESTA: El SII respondió a las antedichas solicitudes mediante la Resolución Exenta Nº 2.119, de 4 de junio de 2013, en los términos que se indican a continuación: a) El SII mantiene en sus bases de datos información sobre las donaciones consultadas desde el año comercial 2004 en adelante, por cuanto desde esa fecha se obligó a informar a los contribuyentes receptores de dichas donaciones (en virtud de la Resolución Exenta SIl Nº 110/2004), a través de declaración jurada (Nº 1832), sin embargo, no dispone de antecedentes acerca de anteriores periodos, pues estos no se encuentran incorporados en la base los datos mencionados. En este sentido, señala, la resolución en cuestión dispone que: "Las entidades donatarias a que se refiere ... el artículo 8° de la Ley Nº 18.985... deberán presentar al Servicio de Impuestos Internos, antes del 15 de marzo de cada año, una declaración jurada anual, con la información relativa a las donaciones recibidas durante el año calendario anterior, proporcionando el Nº de R.U.T. del donante, bajo qué texto legal se efectúa la donación, el monto anual actualizado de la donación valorizada en dinero, fecha de recepción de la donación y el número del certificado o comprobante de recepción de la donación entregado al donante". b) Referente a la información que obra en poder del SII, no es posible acceder a su entrega, por cuanto se trata de antecedentes que fueron obtenidos de declaraciones obligatorias presentadas por los contribuyentes (Formulario Nº 1832, de declaración del impuesto a la renta y declaraciones juradas). Por ende, revelar dichos montos implicaría dar a conocer el monto del crédito que se utiliza en la respectiva declaración de la renta. En atención a que dicha información se encuentra amparada por el secreto tributario establecido en el artículo 35 del Código Tributario, se configura entonces la hipótesis legal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. c) Por otra parte, la entrega de la información solicitada podría afectar los derechos de carácter comercial o económico de los terceros donantes y donatarios, configurándose por tanto, además, la causal prevista en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia. Si bien el artículo 20 del mismo cuerpo normativo exige la notificación a los terceros potencialmente afectados, ello no ha resultado posible en este caso, atendida la cantidad de contribuyentes involucrados y los periodos solicitados, sumado a ello el alto costo que conllevaría la materialización del envío de las cartas certificadas respectivas. 3) AMPARO: El 17 de junio de 2013, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del SII, argumentando, en resumen, que: a) El SII no ha señalado expresamente que no obre en su poder la información referidos a periodos anteriores al año 2004, por cuanto se ha limitado a indicar que procesa y mantiene en sus bases de datos información de las donaciones desde el señalado año comercial en adelante, de forma tal que elude contestar directamente si tiene o no tiene los antecedentes referidos a años anteriores, ya que perfectamente podría tenerlos fuera de la base de datos a que alude. b) La causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, basada en el secreto tributario que consagra el artículo 35 del Código Tributario no concurre, por cuanto el SII no ha indicado la ley de quórum calificado en cuya virtud se ha establecido el secreto o reserva de los antecedentes pedidos, ni se ha referido al motivo constitucional de reserva. Además, la citada norma se refiere únicamente al deber de reserva sobre la "cuantía y origen de las rentas....que figuren en declaraciones obligatorias", cuestión que en la especie no se da, toda vez que dicha disposición se refiere a las rentas que privada y autónomamente generan las personas, y no a las que están reguladas por ley, como es el caso de las donaciones que autoriza la Ley 18.985. c) Adicionalmente, las donaciones consultadas anteriormente debían ser objeto del trámite judicial de la insinuación, en expedientes públicos que pueden ser vistos por cualquier persona. Asimismo, el concepto "renta" a que alude el Código Tributario se refiere al patrimonio completo de una persona, y no a una fracción o parte del mismo, como sería una donación para fines culturales. Por último, no cabe entender reserva alguna respecto de donaciones culturales de la Ley 18.985, toda vez que esta regula las donaciones efectuadas a favor de corporaciones y fundaciones, tanto públicas como privadas, es decir, entidades que no tienen fines de lucro, y que por lo mismo no generan renta. d) Tampoco concurre la causal prevista en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, pues el SII carece de titularidad para invocarla, más bien si el organismo estimaba que podía verificarse tal afectación debió proceder en conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la misma ley cuerpo, a fin de que la persona potencialmente afectada ejerciera su derecho de oponerse. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 2.603, de 26 de junio de 2013, al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, solicitándole especialmente se refiriera a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada. La mencionada autoridad contestó el traslado con fecha 31 de julio de 2013 señalando, en síntesis, lo siguiente: a) La reclamación no satisface los mínimos requisitos que exige la propia Ley de Transparencia en su artículo 24, por cuanto no indica claramente la infracción que habría cometido el SII. Ello porque la reclamante no da razón alguna por la que en su concepto la respuesta no sería ajustada a derecho, ni existe tampoco ninguna fundamentación acerca de los hechos que harían agraviante la respuesta. Por lo mismo, tal como está planteado el reclamo, pareciera que la ocurrente pretende que basta decir que está disconforme con la respuesta recibida, para tener por cumplidos los requisitos legales de procedencia del amparo, lo que, de ser aceptado, los tornaría inútiles y carentes de todo valor. Ello además generaría un perjuicio al SII ya que lo imposibilitaría de ejercer en forma debida el derecho a defensa, privando así al procedimiento de amparo de la característica de "debido", pues no podría ser tenido como racional y justo en los términos que prevé el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política. b) La información que obra en poder del SII se encuentra cubierta por el secreto tributario que consagra el artículo 35 del Código Tributario. Ello porque dicha norma expresamente impone un deber de reserva a los funcionarios del SII en orden a mantener en secreto "la cuantía o fuente de las rentas, las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella"; advirtiendo expresamente que el organismo no puede difundir este tipo de antecedentes en cuanto se encuentren contenidos en una declaración. En este sentido, señala, el ordenamiento jurídico ordena que todo contribuyente entregue al SII, un conjunto de información contable, financiera y tributaria respecto de las operaciones que realiza en su giro o negocio (tales como ingresos, pasivos, activos, deudas financieras, entre otros) y es precisamente atendiendo a esta amplia recepción de información, que el legislador estableció el secreto tributario en los términos que prevé la señalada norma legal. c) El concepto de "declaraciones obligatorias", no apunta únicamente a aquéllas por las cuales el contribuyente declara sus impuestos, sino que debe considerarse también referido a todo mecanismo de información mediante el cual el SII recaba información sobre los contribuyentes, como, por ejemplo, las declaraciones juradas que tanto las personas naturales como jurídicas deben realizar sobre sus ingresos, franquicias, créditos y otros. Esta facultad fiscalizadora del SII, señala, se encuentra consagrada en el inciso 8° del artículo 60 del Código Tributario, que dispone que: "Para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de la leyes tributarias, el Servicio podrá pedir declaración jurada por escrito o citar a toda persona domiciliada dentro de la jurisdicción de la oficina que la cite, para que concurra a declarar, bajo juramento, sobre hechos, datos o antecedentes de cualquier naturaleza relacionada con terceras personas". En consecuencia, agrega, resulta forzoso concluir que estas declaraciones también quedan cubiertas por el secreto tributario que establece el citado artículo 35 del Código Tributario. d) La institución del secreto tributario impuesto por el legislador, agregó, constituye una garantía de resguardo de la información personal que los contribuyentes deben entregar a la Administración Tributaria, en cuanto asociada a la carga constitucional del pago de impuestos que se desprende del artículo 19 N° 20 de la Constitución Política. En este sentido, señala, los contribuyentes, al autodeterminar sus tributos y someterse a las fiscalizaciones del SII, tienen la obligación de proporcionarle información de suyo delicada, y que dice directa relación con sus actividades comerciales y financieras, la que de ser revelada a terceros, podría afectar seriamente el desempeño laboral o comercial de estos contribuyentes, ocasionando además graves distorsiones en el mercado. e) Asimismo, indica, otorgan sustento a la protección de dicha información las normas de resguardo sobre datos personales que establece la Ley N° 19.628. Si bien se trata de información que las personas entregan a la Administración en cumplimiento de alguna obligación establecida por el ordenamiento jurídico, o que puede ser recopilada por el Estado, los contribuyentes jamás pierden la titularidad sobre dicha información (cita al efecto la opinión manifestada por doña Gladys Camacho Cepeda en "Transparencia en la Administración Pública". Legal Publishing Chile. Primera Edición. 2010 p. 55.) Siguiendo esta línea, indica, parece prudente que el legislador pretenda resguardar aquella información que los contribuyentes están obligados a proporcionar a SII y que, por lo demás, no ha sido recopilada de fuentes de acceso público. f) En consecuencia, tras superarse en favor del Estado el primer conflicto entre dos garantías constitucionales como lo son, por un lado, la necesidad de información de la Administración tributaria (artículo 19 Nº 20 de la Constitución) y por otro, la protección de los antecedentes proporcionados por los contribuyentes (artículo 19 N° 4 de la Constitución); cabe colegir que el legislador, enfrentado a un segundo conflicto de derechos, como lo es el acceso a la información que obra en poder del Estado y -nuevamente- la protección de los antecedentes entregados por los contribuyentes, ha optado por esto último, a través del secreto tributario contenido en el artículo 35 del Código Tributario. g) El legislador, siguiendo este mismo razonamiento, ha reforzado, con posterioridad a su creación el señalado secreto tributario. En este sentido, señala, la Ley N° 19.738, que establece normas para combatir la evasión tributaria, introdujo un inciso final al señalado precepto, fundándolo en la necesidad de reforzar el secreto tributario, al imponer un uso limitado de la información tributaria que se entrega por el SII, con lo que se ha ampliado dicha categoría. En efecto, señala, el inciso final de la norma dispone: "La información tributaria, que conforme a la ley proporcione el Servicio, solamente podrá ser usada para los fines propios de la institución que la recepciona." h) En cuanto al deber de reserva que recae sobre los funcionarios del SII, cita las normas pertinentes del Estatuto Administrativo (artículo 61), Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos (artículo 40) y Código Tributario. Asimismo hace alusión a las sanciones -incluidas las de índole penal- que traen aparejadas la vulneración de estos deberes. Asimismo, hace referencia a la cláusula de responsabilidad establecida en el artículo 7º de la Constitución, sin perjuicio de aquellas medidas que puedan adoptar los tribunales superiores de justicia en conocimiento de una acción de protección que eventualmente deduzca algún contribuyente afectado por la divulgación de su información privada. Indica además que el artículo 8º bis N° 7 del Código Tributario asegura este deber al señalar: "sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes los siguientes: N° 7. Derecho a que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código". i) La reserva tributaria ha sido prevista por el legislador en beneficio de toda persona, natural o jurídica, que tenga la calidad de contribuyente. Sin embargo, de acuerdo al propio texto del artículo 35 del Código Tributario, constituye una obligación para el SII respetar lo que la norma advierte. En caso de contravenirse su contenido y entregarse todos o algunos de los datos o antecedentes de tipo tributario que la norma contempla, claramente se contraviene el mandato legal, independiente de si el contribuyente conoce o no tal situación o si, conociéndola, se opone o le es indiferente, porque la norma en cuestión no señala como contra excepción la anuencia o reticencia del contribuyente respectivo. Más bien la norma es clara en cuanto a que "... [el Director] y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna..." la información que señala, de manera que contiene un imperativo legal manifiesto, cuyo fundamento se encuentra en la idea de proteger la información proporcionada por los contribuyentes al SII y teniendo, además, como sustento a nivel constitucional el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, y a nivel legal, al artículo 8° bis N° 7 del Código Tributario. j) La aplicación del secreto tributario, resulta aún más clara si se examina la normativa que regula la información solicitada. A este respecto, señala, la Ley N° 18.985, establece una franquicia o beneficio tributario para el donante, consistente en un crédito contra el impuesto de primera categoría o el impuesto global complementario, según sea el caso, siempre que se cumplan los requisitos que la misma ley establece en su artículo 2° -"Los Donantes que hagan donaciones en dinero a beneficiarios, en las condiciones y para los propósitos que se indica en los artículos siguientes, tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% de tales donaciones en contra de sus impuestos de primera categoría o global complementario, según el caso." Asimismo, dicha ley regula el tratamiento contable y tributario que el donante debe dar al monto de la erogación en su contabilidad. Precisa al respecto que tanto los créditos como los gastos a que se refiere la norma, son utilizados o deducidos, incorporándose materialmente sus montos en las declaraciones de Impuesto a la Renta (Formulario 22) para los respectivos períodos tributarios. En consecuencia, la entrega de los datos solicitados importaría divulgar parte (o incluso la totalidad) de los gastos en que incurrió un contribuyente, lo que sin duda configura el secreto tributario en los términos expuestos. k) Por su parte, las instrucciones sobre la materia se encuentran en la ya citada Resolución Exenta N° 110/2004, que establecen la obligación para las instituciones que se indican de informar al SII, entre otras cuestiones, sobre las donaciones del artículo 8° de la Ley N° 18.985. En dicha instrucción se resuelve que: «La referida información deberá proporcionarse mediante la transmisión electrónica de datos, vía internet, a través del Formulario N° 1832». Fluye así que la información que posee el SII sobre la materia la obtiene o de los respectivos Formularios 22 sobre Impuesto a la Renta o de las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente en cumplimiento de la citada instrucción, lo que claramente configura los supuestos del secreto tributario. Finalmente, a este respecto hacer presente que 5 de junio de 2013, se publicó la Ley N° 20.675, que modificó la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales y, aunque conforme a su artículo primero transitorio, entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2014, resulta significativo mencionar la ratificación explícita que hace el legislador, en el inciso final de su artículo 12, respecto al deber de resguardo de la reserva tributaria, incluso para un ente ajeno al SII al que atribuye ciertos deberes de publicidad. l) Por otra parte, señala, la divulgación de lo pedido tendría la aptitud de afectar los derechos de carácter comercial o económico de terceros, dado que las entidades que revisten tales calidades, gozan de personalidad, ya sea en cuanto personas jurídicas o como personas naturales, en el caso de los donantes. Luego, no resulta posible desconocer que a tales sujetos asisten derechos, incluso consagrados y garantizados constitucionalmente, como el derecho a la privacidad, que comprende mantener bajo esa esfera toda información relativa al origen o fuente de sus ingresos o las dádivas que realice y cualquier otra información de índole comercial o económica. m) En este sentido, no se puede desconocer que las entidades donatarias constituyen cuerpos intermedios de la sociedad, que la Constitución reconoce y ampara, en cuanto a su existencia y autonomía. En consecuencia, estimar que por el sólo hecho de haber sido creados o existir para satisfacer alguna necesidad social, que coadyuve al bien común, pierden su naturaleza de entidades privadas y pasan a ser objeto del estatuto jurídico que rige al Estado, sería una interpretación abusiva y contraria a derecho. Lo mismos sucedería si se aplicara a su respecto el estándar de publicidad que conforme al ordenamiento jurídico es exigible a los órganos de la Administración del Estado. n) Tampoco resultaría conforme a derecho razonar en el sentido que si el SII no aplicó el mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, ello implicaría que el órgano fiscalizador debería ser obligado a revelar los antecedentes que ha recabado de los contribuyentes en cuestión. Ello porque ya en la respuesta a la solicitante se advirtió acerca de la imposibilidad de notificar a todos los sujetos que alguna vez desde el año 2004 efectuaron o recibieron alguna donación con fines culturales, con arreglo a la Ley Nº 18.985. Asimismo, no podría estimarse sin más que no habiéndose consultado a donantes y donatarios, la única alternativa sea proteger el derecho de acceso de la solicitante y, con ello, dejar en el desamparo más absoluto e injusto a todas las entidades, de derecho privado, cuyo derecho a la privacidad habría que amagar para satisfacer el particular requerimiento de la ocurrente. o) Adicionalmente, divulgar la información pedida significaría vulnerar el principio de finalidad en la recopilación de la información de los contribuyentes por parte del SII, lo que, a su vez, envuelve el riesgo de un proceder antijurídico así como el peligro de atropello a los derechos de las personas. En efecto, toda la información que detenta el organismo en relación a las personas de los donantes, de los donatarios, montos y fechas de las donaciones solicitadas, la ha recabado con el único propósito de cumplir con su cometido fiscalizador. Por la misma razón, los contribuyentes nunca fueron consultados o siquiera advertidos, que su información privada podría ser divulgada. Muy por el contrario, atendida la naturaleza privada de la misma y que pertenece también a personas naturales o jurídicas que se rigen por el estatuto jurídico de los privados, en la propia Resolución Exenta SII N° 110/2004, en que se les obligó a presentar la declaración jurada, se indicó expresamente a los contribuyentes en sus considerando 5º a 7, que la información sería objeto de resguardo. 5) GESTION OFICIOSA: Mediante el Oficio Nº 4.503, de 29 de octubre de 2013, la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo, para una mejor y más acertada resolución de la controversia planteada, solicitó al Servicio de Impuestos Internos complementar sus descargos, precisando lo que a continuación se indica: a) Respecto de la información concerniente a las donaciones a que se refiere la solicitud, efectuadas con anterioridad al año comercial 2004, se pronuncie expresamente si ésta resulta del todo inexistente, o si por el contrario, obra en poder del Servicio de Impuestos Internos en algún soporte o formato distinto al soporte electrónico en el que se registró la información posterior a tal año, en virtud del mecanismo de transmisión electrónica de datos que estableció la Resolución Exenta del SII N° 11, de 15.12.2004. b) En caso que la información señalada no obre en su poder en formato o soporte alguno, señale si existe algún otro órgano de la Administración del Estado que resulte competente para conocer de dicha solicitud, y a quien pudiere derivarse la misma, a efectos de que aquél pudiere hacerse ocuparse de ella, en conformidad a lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. 6) RESPUESTA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS: El SII respondió a la antedicha solicitud, el 20 de diciembre de 2013, señalando en síntesis que: a) Se consultó nuevamente la XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del SII, específicamente acerca de la existencia de antecedentes sobre donaciones efectuadas con anterioridad al año 2004 a la Corporación Cultural de Providencia, respondiendo el organismo que efectuadas las verificaciones pertinentes, en las áreas que podrían haber tenido algún registro o documento, no se obtuvieron resultados positivos, lo que atribuye a la antigüedad de la información. En consecuencia, el SII no cuenta con la información solicitada respecto a esta Corporación, en ningún tipo de soporte. b) Similar consulta se efectuó a todas las Direcciones Regionales del país con respecto a las entidades de derecho privado que obtuvieron donaciones, acogidas al artículo 8º de la Ley 18.985, en que se identificara a la corporación receptora (con nombre y RUT), al organismo donante (con nombre y RUT), el monto o especie donada y la fecha de la donación, las que tampoco encontraron registros o nóminas en ningún tipo de soporte, anteriores a la automatización del sistema, que es lo que requirió la ocurrente en su petición. c) Respecto a la segunda consulta, referente a qué otro órgano de la Administración del Estado sería competente para conocer de la solicitud de la reclamante, el SII efectuó dicho análisis en la época en que se preparó la respuesta a las solicitudes de la ocurrente, concluyendo que, no obstante su competencia en la materia, ante la inexistencia de antecedentes anteriores al año 2004, no era procedente la derivación a otro organismo público. En este sentido, se estimó que si el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, siendo el encargado de establecer los vínculos de coordinación y colaboración con todas las reparticiones públicas con funciones en el ámbito de la cultura (Ley 19.891, artículo 3° N° 9), había derivado al SII solicitudes similares a las de la reclamante, era porque no había otro organismo que contara con un listado que vinculara donantes con donatarios y los respectivos montos. d) En este sentido, el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, mediante Ord. 1277 de 28 de octubre de 2010, comunicó al Director del SII que "...la información sobre los contribuyentes que han efectuado aportes en dinero o especies a beneficiarios y que pretendan acogerse al régimen tributario establecido en la Ley de Donaciones Culturales, no se encuentra disponible en este Consejo...". Asimismo, en el año 2011, mediante Ordinario Nº 0014 de 10.01.2011, dicha autoridad expresó nuevamente no contar con la referida información, al derivar una solicitud semejante al SII. El Servicio de Impuestos Internos junto con ofrecer la prueba pertinente, solicitó la realización de una audiencia a efectos de acreditar sus dichos. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer término, cabe desestimar la alegación formulada por el SII en orden a que la reclamación de la especie carecería de fundamento. Cabe anotar al respecto que si bien el artículo 24 de la Ley de Transparencia (refrendado por el artículo 43 del Reglamento) establece como requisitos de toda reclamación de amparo el señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, así como acompañar los medios de prueba que los acrediten, en especial copia de la solicitud de información y de la resolución denegatoria, al mismo tiempo el inciso final del citado precepto reglamentario establece que «El Consejo para la Transparencia, para facilitar la reclamación, pondrá a disposición de los interesados, formularios de reclamos. No obstante, los solicitantes podrán siempre presentar sus propios escritos». Pues bien, el reclamante al deducir amparo ante esta sede utilizó el formulario dispuesto al efecto por este Consejo en su página web, señalando claramente como infracción cometida por el SII el haber entregado una respuesta negativa -léase denegatoria- a la solicitud de información, sin perjuicio de lo cual acompañó un escrito en el cual complementó lo anterior indicando de manera clara las razones por las cuales estima que la respuesta denegatoria resulta infundada (apartado Nº 3 de lo expositivo). En consecuencia, no cabe sino concluir que el reclamante satisfizo suficientemente el estándar normativo recién mencionado. 2) Que el Servicio de Impuestos Internos ha efectuado una separación temporal respecto de la información solicitada. En efecto, ha explicado que únicamente obra en su poder aquella referida al periodo que comprende desde el año comercial 2004 en adelante, atendido que la Res. Ex. del SIl Nº 110/2004, que precisamente obligó a los receptores de las donaciones a que se refiere la Ley Nº 18.985 a informar a dicho organismo sobre las mismas mediante declaración jurada (Formulario Nº 1832), comenzó a regir a partir del señalado año comercial , de manera que su base de datos sólo registraría información a partir de ese periodo. Por contrapartida, sostiene que no obra en su poder información referida a periodos anteriores al señalado ejercicio comercial, pues para estos aún no regía la señalada resolución, aclarando que no registra dicha información en bases de datos ni la posee en formato alguno. Es decir, respecto de esta última información el SII ha alegado en forma expresa la inexistencia. 3) Que, en este contexto, se analizará primero la información que el SII ha señalado obra en su poder (considerandos 5º a 23), para, a continuación, abordar la alegación de inexistencia formulada por el mismo organismo (considerandos 24 a 27). 4) Que, la información requerida comprende aspectos asociados a las donaciones con fines culturales que autoriza el artículo 8º de la Ley Nº 18.985. El literal a) de la solicitud alude a ciertos detalles de las donaciones que ha recibido específicamente la Corporación Cultural de Providencia, mientras que el literal b) de la solicitud dice relación con ciertos detalles de las donaciones que han recibido, en general, las Corporaciones de Derecho Privado. Si bien en ambos literales se ha pedido informar sobre la cantidad o monto de la especie donada en virtud de la señalada norma legal y además acerca de la fecha de la donación, la diferencia entre ambos viene dada por el hecho que en el primero se solicitan datos (nombre o razón social y RUT) que permiten la individualización de los donantes de la Corporación Cultural de Providencia, mientras que en el segundo se piden esos mismos datos de las corporaciones donatarias. 5) Que, el SII denegó la información que ha señalado obra en su poder, por estimar que a su respecto concurren las siguientes dos causales de secreto o reserva: a) La prevista en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia. Funda esta causal en que lo pedido serían antecedentes que se obtienen de declaraciones obligatorias presentadas por los contribuyentes (donatarios), mediante el Formulario Nº 1832 de declaración del impuesto a la renta y declaraciones juradas, según lo que exige la Res. Ex. Nº 110/2004. Ello a su juicio configuraría el secreto tributario establecido en el artículo 35 del Código Tributario, con el reforzamiento del mismo que establecen las normas posteriores que cita. b) La prevista en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia. Funda esta causal en que a su juicio la divulgación de lo pedido afectaría los derechos de carácter comercial o económico de los donantes y donatarios, así como su derecho a la protección de datos personales. Precisa además que no le fue posible notificar a los terceros involucrados, atendida la cantidad de los mismos, así como los periodos involucrados en la solicitud, todo lo cual supondría un elevado costo. 6) Que, en lo que refiere a la Corporación Cultural de Providencia cabe anotar que esta entidad ha sido constituida para coadyuvar con el municipio de Providencia en el cumplimiento de una de sus funciones, cual es, la de llevar a cabo la gestión cultural en la comuna, con lo cual se ha hecho operativo el mecanismo que establece el citado artículo 4º inc. 2º de la Ley Nº 18.695. En efecto, este último cuerpo legal en su artículo 1º inc. 2º establece con respecto a la gestión cultural en que intervienen los municipios que: «Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas». A lo cual artículo 4º, letra a) agrega: «Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura». En este sentido, la página web del municipio señala: «La Corporación Cultural de Providencia es uno de los entes rectores en la formación de una sociedad abierta y humanamente integral, desarrollando su quehacer a través de las Bellas Artes, la música y las manifestaciones superiores del Arte», y agrega: «La gestión cultural se sustenta en dos fuentes de financiamiento básicas, una subvención anual otorgada por la Municipalidad de Providencia y la autogestión de recursos mediante la utilización de las normas legales para el fomento y difusión del arte, como aquellas derivadas de un eficiente manejo empresarial». 7) Que, siendo así, parece lógico que los recursos recibidos por la señalada corporación, tanto de origen público (como es el caso de las subvenciones que ha otorgado la Municipalidad de Providencia) como otras fuentes de financiamiento, han debido focalizarse en la gestión cultural de la comuna, lo cual permite concluir razonablemente que la información referida a dichos recursos no puede sino traspasar la esfera meramente privada del organismo para trascender a la esfera pública. En este sentido, la Contraloría General de la República en su Dictamen N°75.508/2010, ha concluido que en las Corporaciones Municipales (sin distinguir de cuales se trata) «está presente de un modo predominante el interés público, y aunque no es posible considerarlos como organismos integrantes de la Administración del Estado, se justifica que se les apliquen determinadas normas que les exigen brindar información o ser controlados en términos similares a los órganos públicos, justamente para resguardar dicho interés y cautelar que la actuación del Estado, a través de ellos, respete la preceptiva orgánica correspondiente, y no adolezca de irregularidades». Es decir, en función de su naturaleza confluye un prevalente interés público en transparentar el funcionamiento y ciertamente las formas de financiamiento de este tipo de entidades, con miras a permitir el adecuado control social sobre las mismas, en similares términos a como sucede tratándose de órganos eminentemente públicos. 8) Que, lo anterior en opinión de este Consejo justifica suficientemente la publicidad de la información referente al financiamiento y/o patrimonio de la Corporación Cultural de Providencia, incluyendo en ello, por cierto, la información referente a las donaciones que ha recibido dicha entidad en virtud del artículo 8º de la Ley Nº 18.985, en cuanto constituyen parte de su financiamiento, máxime si dichas donaciones deben dirigirse precisamente a apoyar la gestión comunal que en materia de cultura efectúa el donatario, en este caso, la mencionada Corporación Cultural . Y en este sentido, si bien la información referida al importe de las donaciones recibidas por dicha entidad constituyen antecedentes de naturaleza patrimonial, lo que haría que en principio se verificase el supuesto formal del secreto tributario que consagra en artículo 35 del Código Tributario, no puede dejar de atenderse a la naturaleza de dicha entidad así como a las funciones que desempeña, pues esto último puede incidir en el levantamiento de una eventual reserva por tal motivo. En esta línea argumental -es decir, teniendo en consideración la órbita pública de las funciones (de apoyo) que toca desempeñar a la señalada corporación- cabe tener en cuenta lo que ha razonado la Excma. Corte Suprema en la sentencia Rol 5002-2013, que rechazó un recurso de queja deducido en contra de los ministros de la I. Corte de Apelaciones de Santiago que, a su vez, rechazaron la sentencia recaída en el reclamo de ilegalidad pronunciado en contra de la decisión de este Consejo Rol C1165-12, que obligó al SII a entregar copia de sus declaraciones obligatorias de impuestos. La sentencia del máximo tribunal acotó la lógica operativa del secreto tributario, razonando en su considerando décimo que: «...es necesario tener en consideración que una de las finalidades del principio de la reserva o secreto tributario es evitar que se pongan en evidencia tanto el patrimonio como el presupuesto de una determinada persona natural o jurídica, información que en el caso de un órgano del Estado... tiene el carácter de pública y por ende puede ser solicitada y obtenida por quien así lo desee, careciendo de sentido hacer extensivo dicho secreto o reserva a las actuaciones que éste realice en su calidad de tal...» 9) Que, lo anteriormente razonado, justifica acoger el amparo en relación al literal a) de la solicitud, en lo que refiere al monto de las donaciones que ha percibido la Corporación Cultural de Providencia en conformidad a lo previsto en el artículo 8° de la Ley N° 18.985, tratándose de la información referida al ejercicio comercial 2004 en adelante, hasta la fecha de la solicitud de acceso. Esto mismo debe concluirse con respecto a la fecha en que se efectuaron tales las donaciones, pues ello resulta funcional con miras al ejercicio de un control social integro en los términos ya señalados. 10) Que, siempre en relación al literal a) de la solicitud, toca examinar la publicidad o reserva de los datos referidos a los donantes de la Corporación Cultural de Providencia, específicamente, su nombre o razón social y su RUT. Sobre el particular, cabe consignar como primera cuestión que el artículo 2º de la Ley Nº 18.985, define para sus propios efectos a los donantes como «...los contribuyentes que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta, declaren sus rentas efectivas, según contabilidad completa, y tributen de acuerdo con las normas del impuesto de primera categoría, así como también, aquellos que estén afectos al impuesto global complementario que declaren igual tipo de rentas, que efectúen donaciones a Beneficiarios según las normas de esta ley. Se excluye de este número a las empresas del Estado y a aquellas en las que el Estado, sus organismos o empresas y las municipalidades, tengan una participación o interés superior al 50% del capital» En consecuencia, a partir de la utilización por parte del legislador de la voz «contribuyentes» (léase de los impuestos de primera categoría y global complementario), resulta forzoso concluir que los donantes pueden ser personas naturales o jurídicas. Ello pues conforme prescribe el artículo 2° del Decreto Ley N° 824, de 1974, a efectos de dicha ley se aplicarán las definiciones establecidas en el Código Tributario, en lo que no sean contrarias a ella, y conforme al artículo 8° N° 5° del mismo debe entenderse por contribuyente «las personas naturales y jurídicas, o los administradores y tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos». 11) Que, conforme preceptúa el artículo 2º de la Ley Nº 18.985 «...los Donantes que hagan donaciones en dinero a Beneficiarios, en las condiciones y para los propósitos que se indica en los artículos siguientes, tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% de tales donaciones en contra de sus impuestos de primera categoría o global complementario, según el caso» (inc. 1º). «El crédito de que trata este artículo sólo podrá ser deducido si la donación se encuentra incluida en la base de los respectivos impuestos correspondientes a las rentas del año en que se efectúo materialmente la donación» (inc. 2º). «En ningún caso, el crédito por el total de las donaciones de un contribuyente podrá exceder del 2% de la renta líquida imponible del año o del 2% de la renta imponible del impuesto global complementario y no podrá exceder de 14.000 unidades tributarias mensuales al año» (inc. 3º) Asimismo el inc. 5º de la disposición agrega: «Las donaciones mencionadas, en aquella parte en que no puedan deducirse como crédito, constituirán un gasto necesario para producir la renta afecta al impuesto de primera categoría. Sin perjuicio de lo anterior, no se les aplicará lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta». 12) Que, en consecuencia, individualizar al donante supone, por añadidura, dar a conocer la calidad de beneficiario de un beneficio tributario otorgado por parte el Estado de Chile -consistente en un crédito contra los impuestos de primera categoría o global complementario, o en el exceso sobre el límite que establece la ley para el crédito, en la posibilidad de deducir el importe respectivo como gasto-. Por otra parte, dado que la posibilidad de hacer efectivos los beneficios tributarios mencionados está condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias que especifica el Título IV de la Ley N° 18.985, el conocimiento de la calidad de donante permitiría controlar socialmente si se dio cumplimiento a tales formalidades, y así sobre la procedencia o no del otorgamiento de tal beneficio al contribuyente (donante) de que se trate. Lo anterior máxime si en la especie se trata de la aplicación voluntaria a una determinada institución de apoyo a la gestión municipal, de sumas de dinero o especie avaluables en dinero, que, de no mediar tal donación, estarían íntegramente gravadas con impuestos. 13) Que, lo anterior fuerza a considerar que en este caso, tratándose especialmente de los donantes personas naturales, la reserva de los datos personales solicitados tales como el nombre o RUT de las mismas, debe ceder en beneficio de su publicidad, por el manifiesto interés público que reviste el conocimiento de dicha información. Lo anterior se ve reforzado por lo que ha razonado esta Corporación en la decisión de amparo Rol C446-09, en el sentido que «... el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de éstos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios». En consecuencia, respecto de las personas naturales donantes cabe desestimar la alegación que subyace a lo argumentado por el SII, en torno a la supuesta afectación a su derecho a la protección de datos personales. 14) Que, tratándose de personas jurídicas -dado que estas no son titulares de datos personales- la invocación de la causal prevista en el artículo 2º Nº 2 de la Ley de Transparencia por parte el SII, deben entenderse referida a la supuesta afectación de sus derechos de carácter comercial o económico por la divulgación de su nombre y RUT. Pues bien, referente a esto último, teniendo a la vista que la afectación de determinados derechos debe apreciase en concreto y de acuerdo a la naturaleza de la información requerida, y atendido que las causales de reserva deben interpretarse restrictivamente al tratarse de excepciones al régimen general de publicidad, en el caso de la especie, aún cuando no se haya aplicado el mecanismo de comunicación previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el organismo reclamado no ha logrado acreditar ni este Consejo advertir la afectación de algún derecho de los donantes personas jurídicas -particularmente sus derechos de índole comercial o económica- como consecuencia de la divulgación de su nombre o razón social asociado a su calidad de donante y, consecuentemente, de beneficiario de un beneficio tributario. Ello porque la circunstancia de tener y conocer tal calidad no conlleva en sí misma una connotación negativa ni puede considerarse, en caso alguno, como un perjuicio a sus derechos comerciales, sin perjuicio del manifiesto interés público que supone escrutar a quienes (y de qué forma) se han otorgado los beneficios tributarios mencionados. 15) Que, por tanto, se acogerá el amparo en relación al literal a) de la solicitud, en lo que refiere también al nombre o razón social y RUT de los donantes (personas naturales o jurídicas) de la Corporación Cultural de Providencia, tratándose de la información a partir del ejercicio comercial 2004 en adelante, hasta la fecha de la solicitud. 16) Que, en lo que respecta al literal b) de la solicitud, es preciso formular análoga distinción que la realizada en relación a lo solicitado en el literal a), aunque esta vez referida a los donatarios. Es decir, por una parte, la nómina de las Corporaciones de Derecho Privado que han recibido donaciones acogidas al artículo 8º de la Ley Nº 18.985 mediante el señalamiento de su nombre o razón social y RUT, y por otra, el monto de la donación o especie donada y la fecha en que se hizo la donación. 17) Que en lo referido a los donatarios, la Ley Nº 18.985 en su artículo 1º Nº 1 entiende por tales (bajo la denominación de «beneficiarios») a una nómina que comprende: las universidades e institutos profesionales estatales y particulares reconocidos por el Estado, a las bibliotecas abiertas al público en general o a las entidades que las administran, a las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro y a las organizaciones comunitarias funcionales constituidas de acuerdo a la Ley Nº 19.418, que establece normas sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, cuyo objeto sea la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte. Asimismo, a las bibliotecas de los establecimientos que permanezcan abiertas al público, de acuerdo con la normativa que exista al respecto y a la aprobación que otorgue el Secretario Regional Ministerial de Educación correspondiente. A los museos estatales y municipales, así como los museos privados que estén abiertos al público en general y siempre que sean de propiedad y estén administrados por entidades o personas jurídicas que no persigan fines de lucro. Asimismo, al Consejo de Monumentos Nacionales, respecto de los proyectos que estén destinados únicamente a la conservación, mantención, reparación, restauración y reconstrucción de monumentos históricos, monumentos arqueológicos, monumentos públicos, zonas típicas, ya sean en bienes nacionales de uso público, bienes de propiedad fiscal o pública contemplados en la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 18) Que, la solicitud aludió concretamente a las «Corporaciones de Derecho Privado» receptoras de las donaciones que se vienen comentando. Si bien dicha expresión no ha sido definida legalmente, la doctrina nacional (Alessandri, Somarriva y Vodanovic) refiriéndose a las mismas señalan: «La Corporación, en sentido estricto... es la unión estable de una pluralidad de personas, que persigue fines ideales o no lucrativos». En cuanto a la personalidad de derecho privado, conforme señalan los mismos autores (p. 552) debe entenderse por tales aquellas que han obtenido su personalidad conforme a las normas que establece el título XXXIII del Código Civil. Al respecto, el artículo 547 del mismo cuerpo normativo prescribe que «Tampoco se extienden las disposiciones de este título a las corporaciones o fundaciones de derecho público, como la nación, el fisco, las municipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas, y los establecimientos que se costean con fondos del erario: estas corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y reglamentos especiales». De este modo, y atendida la solicitud de acceso en su contexto, la información deberá entenderse referida a este tipo de corporaciones que la norma citada en el considerando que antecede denomina precisamente y de manera particular bajo la denominación de «corporaciones sin fines de lucro», debiendo entenderse excluidas todas las otras entidades que menciona expresamente Ley Nº 18.985 en su artículo 1º Nº 1, aún cuando estas constituyan corporaciones con personalidad jurídica de derecho privado. Lo anterior pues sólo de este modo se entiende que el reclamante se haya referido a estas corporaciones de forma circunstanciada en la solicitud. 19) Que, atendido que la información concerniente a la identificación de los donatarios alude específicamente a corporaciones de derecho privado en el sentido que se ha señalado, la alegación formulada por el SII en torno a la eventual procedencia de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debe entenderse referida únicamente a la eventual afectación de los derechos de índole comercial o económica de dichas corporaciones. Pues bien, a juicio de este Consejo, y tal como se razonó con respecto a los donantes de la Corporación Cultural de Providencia, no se configura la afectación invocada por el SII. En efecto, los motivos de reserva deben interpretarse restrictivamente al tratarse de excepciones al régimen general de publicidad, razón por la cual la afectación de determinados derechos debe apreciase en concreto y de acuerdo a la naturaleza de la información requerida. Siendo así, en el presente caso, y aún cuando no se haya aplicado el mecanismo de comunicación previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, no se aprecia de qué modo podrían verse afectados los derechos de índole comercial o económica de las corporaciones de derecho privado donatarias, como consecuencia de la divulgación de su nombre o razón social y RUT, asociados a su calidad de donatario de las donaciones previstas en la Ley Nº 18.985. Esto porque la circunstancia divulgar tal calidad no posee en sí misma una connotación negativa ni menos puede considerarse que envuelva un perjuicio a sus derechos comerciales o económicos. Tampoco dicha información resulta subsumible en la hipótesis de secreto tributario -conforme alegara el SII- por cuanto no se trata de información patrimonial referida a un determinado contribuyente. En definitiva, siendo información que obra en poder del SII, y no configurándose a su respecto la reserva alegada, debe estimarse pública al tenor de la presunción que subyace a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. 20) Que, en relación a lo solicitado en la letra b) de la solicitud de acceso, en lo que refiere al monto de las donaciones y la fecha de las mismas, teniendo en cuenta lo alegado por el SII, la discusión debe entenderse circunscrita a la procedencia del secreto tributario consagrado en el tantas veces mencionado artículo 35 del Código Tributario. 21) Que, en virtud de lo previsto en el artículo 8°, inciso segundo y disposición cuarta transitoria de la Constitución, artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, y artículo 1° transitorio de este último cuerpo legal, posee el carácter de ley de quórum calificado que establece una causal de secreto o reserva. La jurisprudencia de este Consejo ha precisado el alcance de dicho secreto o reserva, señalando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, ésta constituye una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, de las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias-, estableciendo como corolario que «...el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio ...» (considerando 5° de la decisión que resuelve el recurso de reposición deducido en contra de la decisión del amparo A117-09, y considerando 7° de la decisión de amparo Rol C315-09). 22) Que, a juicio de este Consejo, la información referida al monto de la donación o especie donada y la fecha en que se hizo la donación, respecto de las Corporaciones de Derecho Privado, no puede estimarse subsumible en la hipótesis de secreto tributario, por cuanto si bien se trata de información patrimonial, no se refiere específicamente al contribuyente de o los tributo (s) respecto del (o los) cual (es) la donación a que se refiere la Ley N° 18.985 otorga los beneficios, cual es el donante, sino que se refiere a quien recibe la donación. Este último, si bien debe declarar la donación en los términos que establece la Res. Ex. N°110/2004 y es desde ese punto de vista contribuyente, no constituye aquel a quien se ha referido el artículo 35 del Código Tributario, ya que esta norma atendida su lógica, se ha referido más bien a aquel contribuyente que declara impuestos y cuya información patrimonial figura en las declaraciones obligatorias que debe efectuar ante el SII. En otras palabras, no concurre el supuesto de hecho que haría aplicable la norma, de manera que el secreto que contempla no puede tener lugar. 23) Que, sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, a juicio de este Consejo revelar el importe y fecha de las donaciones recibidas por Corporaciones sin fines de lucro, configura un especial interés público, en cuanto posibilita conocer los beneficios tributarios que perciben quienes se constituyen en donantes (independientemente de que se conozca su identidad). Asimismo, posibilita el control social respecto de las áreas de la actividad cultural en que se concentran mayoritariamente las deliberaciones pecuniarias a que ya se ha hecho mención, y lo que ello importa en términos de privar al estado de recursos que de otro modo debiesen ingresar al erario público. 24) Que, por otra parte, el SII como ya se ha señalado, alegó la inexistencia de la información referida al periodo que comprende desde el año 1990 (año en que entró en vigencia la Ley Nº 18.985) hasta el ejercicio comercial 2003, argumentando que para ese periodo no regía la Circular Nº 110/2004. Sin embargo, existen antecedentes que permiten concluir que la información solicitada referida al señalado periodo debió ser recibida por el SII, pues respecto de la misma se estableció una obligación de informar por parte de los donatarios. En efecto, el Reglamento de la Ley Nº 18.985 - D.S. Nº 787, de 1990, del Ministerio de Educación- estableció en su artículo 12 que: «Dentro de los tres primeros meses de cada año los beneficiarios deberán remitir a la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos correspondiente a su domicilio, un listado de todos los donantes que efectuaron donaciones afectas a la ley, con indicación del RUT, domicilio, fecha de la donación, y numero de certificado de cada una de ellas». Esta obligación fue reemplazada por la que actualmente establece la señalada Circular Nº 110/2004, como expresamente lo aclara su resuelvo 5. 25) Que, en vista de lo anterior, ha de concluirse que los términos en que el SII alegó la inexistencia de la antedicha información, esto es, limitándose a señalar que la misma no fue hallada en las Direcciones Regionales consultadas, lo que estas atribuyen «a la antigüedad de la información», en caso alguno satisface los estándares que ha establecido este Consejo para justificar la inexistencia de la información pedida. En efecto, conforme ha resuelto esta Corporación la inexistencia de la información requerida constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de la obligación de su entrega. Por el contrario, conforme a su jurisprudencia, así como lo indicado en su Instrucción N° 10, sobre procedimiento de acceso a la información, es dable concluir que, para justificar la no entrega de información en base la inexistencia de la misma, el organismo requerido deberá probar la inexistencia, exponiendo de forma expresa, clara, específica y circunstanciada (decisiones Roles A138-11, C182-11) los motivos por los cuales la información no obra en su poder (decisiones Roles C2-10, C50-11). 26) Que, por lo tanto, se acogerá el amparo en esta parte, para efectos de exigir al Servicio de Impuestos Internos que informe circunstanciadamente al reclamante acerca de los motivos concretos por los cuales la información cuya inexistencia alega no obra en su poder, de lo cual deberá dar cuenta al reclamante mediante un acta que deberá levantar al efecto, la cual además deberá dar cuenta de la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, referida al periodo que comprende desde el año 1990 hasta el ejercicio comercial 2003. 27) Que, por último, a juicio de este Consejo el presente amparo puede ser resuelto en base a los razonamientos precedentes, razón por la cual resulta innecesario llevar a cabo la audiencia que solicitara el Servicio de Impuestos Internos. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo deducido por doña Noemí Arcos Rodríguez en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos: a) Con respecto a la información que comprenda desde el ejercicio comercial 2004 hasta el ejercicio comercial 2012, entregar al reclamante: i) Una nómina que comprenda el nombre o razón social, y RUT de las personas (naturales o jurídicas) que han efectuado donaciones a la Corporación Cultural de Providencia en virtud del artículo 8º de la Ley Nº 18.985, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación; ii) Una nómina que comprenda el nombre o razón social, y RUT de las corporaciones de derecho privado que han recibido donaciones en virtud de la misma norma, con indicación del monto o especie donada y la fecha en que se hizo la donación. b) Con respecto a la información que comprenda desde el ejercicio comercial 1990 hasta el ejercicio comercial 2003, entregar al reclamante un acta que informe circunstanciadamente acerca de los motivos concretos por los cuales dicha información ya no obra en su poder, la que deberá dar cuenta de la búsqueda exhaustiva de la misma información. c) Cumpla dicho requerimiento dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia. d) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Noemí Arcos Rodríguez y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.