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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C952-13</strong></p>
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Entidad pública: Subsecretaría del Interior</p>
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Requirente: Ysaca Juanpedro Cervantes</p>
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Ingreso Consejo: 21.06.2013</p>
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En sesión ordinaria Nº 664 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de septiembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C952-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de mayo de 2013, doña Ysaca Juanpedro Cervantes solicitó a la Subsecretaría del Interior “copia de expediente migratorio de Elber Guadencio Baltazar Mariano, de nacionalidad peruana, pasaporte N°…”</p>
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2) RESPUESTA: El 7 de junio de 2013, la Subsecretaría del Interior respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico. Por dicho correo se adjuntó Ordinario Nº 12.146, de 30 de mayo de 2013, por el cual se señaló, en síntesis, lo siguiente.</p>
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a) Accede a la entrega de la información requerida.</p>
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b) Atendido que los antecedentes que se entregarán dicen relación con la vida privada de una persona, en su resguardo, deben ser retirados por el titular de los documentos, previa acreditación de su identidad, o con poder otorgado a otra persona. Para ello informa que el expediente se encuentra en la Oficina de Partes y Archivo Central del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.</p>
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3) AMPARO: El 21 de junio de 2013, doña Ysaca Juanpedro Cervantes, representada por doña Elisa Peralta, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Además, la reclamante hizo presente, en síntesis, que el expediente puesto a disposición por el Ministerio dice relación con otras personas, de nacionalidad ecuatoriana.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó el presente amparo al Sr. Subsecretario del Interior mediante Oficio N° 2.581, de 26 de junio de 2013. A través de Oficio N° 15.954, de 15 de julio de 2013, ingresado a este Consejo el 29 de julio de este año, la Subsecretaría del Interior presentó sus descargos, señalando, en síntesis que:</p>
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a) Mediante oficio N° 12.146, de fecha 30 de mayo de 2013, respondió la solicitud de acceso a la información deducida por doña Ysaca Juanpedro Cervantes, poniendo a su disposición copia de los antecedentes de la persona extranjera, en la Oficina de Partes y Archivo Central del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se adjunta copia de dicho oficio y minuta de trámite que da cuenta del retiro del expediente administrativo, previa acreditación de poder.</p>
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b) Sin perjuicio de lo anterior, el expediente administrativo solicitado se encuentra nuevamente a disposición de su titular o de la interesada, para ser retirados en la Oficina de Partes y Archivo Central del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ubicada en Agustinas N° 1.350, piso 2°, Santiago.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o jefatura del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la misma. En el presente caso, la solicitud de información que motivó este amparo ingresó a la Subsecretaría del Interior el 2 de mayo de 2013, de modo que el término para pronunciarse sobre dicho requerimiento expiró en principio el 31 de mayo del año en curso, sin que conste que el órgano reclamado hubiere prorrogado el plazo para responder, de conformidad al artículo 14 inciso 2° de la Ley de Transparencia. No obstante que el Oficio Nº 12.146, tiene fecha 30 de mayo de 2013, consta que éste fue comunicado a la solicitante mediante correo electrónico recién el 7 de junio de este año, esto es, estando vencido el plazo para responder la solicitud. De lo anterior se sigue que la respuesta del órgano reclamado fue extemporánea, lo que constituyó una infracción al deber legal descrito en el citado artículo 14, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará a la Subsecretaría del Interior la referida infracción en lo resolutivo del presente acuerdo.</p>
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2) Que lo solicitado se trata de información referente a los movimientos migratorios de una determinada persona. Al respecto, este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C86-09 ha sostenido que dicha información constituye un dato personal, toda vez que dice relación con información concerniente a una persona natural identificada, de conformidad al artículo 2° letra f) de la Ley N° 19.628, que es obtenida y sometida a tratamiento por la Subsecretaría del Interior, a través de su Departamento de Extranjería y Migración, en razón de sus específicas competencias y funciones, no pudiendo comunicar la misma a un tercero que no tenga la calidad de titular del dato que consulta.</p>
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3) Que en relación con lo anterior, cabe tener presente que el artículo 22 de la Ley 19.880 establece que “Los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en contrario. El poder deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario. Se requerirá siempre escritura pública cuando el acto administrativo de que se trate produzca efectos que exijan esa solemnidad”. En este sentido la Instrucción General N° 10 sobre Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, en su numeral 4.3, establece “Cuando la información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario indique ser su titular, sólo procederá la entrega presencial y quien la efectúe deberá verificar que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o por su apoderado, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.880. En este caso, los solicitantes que concurran al respectivo órgano público a retirar la información requerida deberán acreditar su identidad mediante la exhibición de la cédula expedida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y quienes actúen como sus apoderados, deberán además, demostrar habérseles otorgado el respectivo poder, por escritura pública o instrumento privado suscrito ante notario”.</p>
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4) Que la Subsecretaría del Interior, según lo señalado en su respuesta, puso a disposición de la solicitante los antecedentes requeridos, para que éstos fueran retirados personalmente por el titular de los datos, o por su apoderado. De los antecedentes acompañados a este amparo, se constata que el órgano entregó información a la solicitante, previa acreditación del poder respectivo. Sin embargo, tales antecedentes corresponderían a otras personas distintas del titular de los datos solicitados a través del presente requerimiento de acceso. En efecto, revisada la información acompañada por la solicitante, se advierte que la Subsecretaría del Interior puso a disposición de doña Ysaca Juanpedro, determinados documentos migratorios correspondientes a dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, que no tienen relación alguna con la persona titular de los datos requeridos en la solicitud que originó este amparo. Por lo anterior, el fundamento del amparo, cual es, la entrega de información que no corresponde a la solicitada, ha de entenderse configurado, por lo que deberá acogerse el reclamo.</p>
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5) Que no obstante lo anterior, según consta en la letra b) del N° 4) de lo expositivo, la reclamada señaló que puso nuevamente el expediente del Sr. Baltazar Mariano a disposición del titular de los datos o de la solicitante, para ser retirado en la Oficina de Partes que indica. Atendido que no consta que la solicitante hubiere concurrido nuevamente a retirar dicho expediente, y que éste corresponda efectivamente al solicitado y no a otro de personas distintas, se requerirá a la reclamada que entregue a la solicitante el expediente requerido, debiendo previamente dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, teniendo en especial consideración disponer los resguardos necesarios para verificar que la información que se entregue corresponda a la persona titular de los datos solicitados en este caso. Además, no constando que lo señalado en los descargos sea conocido por la solicitante, se remitirá copia de los descargos a la requirente, junto con la notificación de ésta decisión.</p>
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6) Que por último, este Consejo manifiesta su preocupación por el hecho que la reclamada hubiere entregado a la solicitante información migratoria de personas distintas de aquel respecto del cual la requirente tenía poder para representar, sin que conste que ésta haya ostentado la representación de su titular, actitud que se contradice con la preocupación manifestada por el organismo reclamado en relación al cumplimiento de la Ley N° 19.628 y la Instrucción General N° 10. Lo anterior importaría una infracción a la normativa de protección de datos personales, toda vez que reclamada no verificó fehacientemente que la información entregada a la solicitante fuere aquella que efectivamente se relacionaba con el Sr. Elber Guadencio Baltazar Mariano. Si bien consta que doña Ysaca Juanpedro acreditó ante el órgano reclamado poder suficiente para retirar la información correspondiente al ciudadano individualizado en la solicitud, la Subsecretaría del Interior debió haber verificado que la información que puso a disposición de la requirente correspondía a dicha persona y no a otras distintas, como ocurrió en este caso. Por lo anterior se representará a la reclamada la falta de cuidado en que ha incurrido, a fin de que adopte las medidas administrativas necesarias para que, en lo sucesivo, la situación antes descrita no vuelva acontecer.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo deducido por Ysaca Juanpedro Cervantes, en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior que:</p>
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a) Entregue a la solicitante copia de expediente migratorio del ciudadano individualizado en la solicitud de acceso a la información, debiendo previamente dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, teniendo en especial consideración disponer los resguardos necesarios para verificar que la información que se entregue, corresponda a la persona titular de los datos solicitados en este caso.</p>
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b) Cumpla tal requerimiento dentro del plazo de 2 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.</p>
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III. Representar al Sr. Subsecretario del Interior:</p>
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a) La infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido al solicitante dentro del plazo previsto en el referido artículo 14. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.</p>
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b) La entrega de datos personales pertenecientes a personas distintas a aquella señalada en la solicitud de acceso que originó el presente amparo, a fin de que adopte las medidas tendientes a evitar tal situación, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento de acceso a la información, impartida por este Consejo.</p>
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IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Subsecretario del Interior y a doña Ysaca Juanpedro Cervantes, remitiendo a ésta última copia de los descargos evacuados por el órgano reclamado.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre a este acuerdo.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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