Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5951-22

Reclamante:	VICTOR ANTONIO OLIVARES ARANCIBIA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de La Cruz, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información. El Consejo declara inadmisible el amparo, por ausencia de infracción.
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	8/31/2022
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C310-12 C574-11 C460-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Otros

PDF
HTML

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <string><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="width:409.5pt; padding:1.5pt; vertical-align:middle">DECISIÓN AMPARO ROL C5951-22 </td><td style="width:259.5pt; padding:1.5pt; vertical-align:middle"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">Entidad pública: Municipalidad de La Cruz.</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">&#xa0;</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:top">Requirente: Víctor Antonio Olivares Arancibia.</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">&#xa0;</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:top">Ingreso Consejo: 04.07.2022. </td></tr></table></td></tr></table>En sesión ordinaria Nº 1301 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de agosto de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C5951-22. &#xa0;VISTO: Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. &#xa0;TENIENDO PRESENTE: <p style="margin-top:14pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'1'; -aw-list-padding-sml:8.69pt">1)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, con fecha 18 de mayo de 2022, don Víctor Antonio Olivares Arancibia realizó una solicitud ante la Municipalidad de La Cruz, mediante la cual manifestó lo siguiente:“Con fecha 28 de abril, solicité de manera presencial los siguientes documentos: certificado de número, certificado de deslindes y de informaciones previas, no me recibieron la solicitud; razón por la cual solicito por esta vía, copia de los siguientes antecedentes:- certificado de número; - certificado de deslindes; y, - certificado de informaciones previas. La propiedad cuya información solicito, se encuentra inscrita a fojas 1260, número 1387, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Quillota, del año 2016, número de rol de Avalúo Fiscal Nº 38-21”.<p style="margin-top:14pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'2'; -aw-list-padding-sml:8.69pt">2)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, mediante correo electrónico de 17 de junio de 2022, la Municipalidad de La Cruz otorgó respuesta a la solicitud, señalando, en síntesis, que la información no se encuentra contenida en ningún acto administrativo, agregando los motivos por los cuales no puede emitir un certificado respecto de deslindes ya existentes, ni los certificados de número e informaciones previas de un “predio que se encuentra mediterráneo”.<p style="margin-top:0pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'3'; -aw-list-padding-sml:8.69pt">3)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, con fecha 4 de julio de 2022, don Víctor Antonio Olivares Arancibia dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Municipalidad de La Cruz, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud.<p style="margin-top:0pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'4'; -aw-list-padding-sml:8.69pt">4)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, en el contexto del análisis de admisibilidad realizado al presente amparo, se advirtió que no existía claridad respecto al fundamento del mismo. En razón de ello, y conforme a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, se dispuso, mediante oficio Nº E14870 - 2022, de 4 de agosto de 2022, solicitar a la parte recurrente subsanar su reclamación, aclarando si lo requerido a la Municipalidad de La Cruz fue la entrega de copias de los tres certificados, que ya obren en poder del órgano reclamado; o, por el contrario, si lo solicitado fue que el municipio emitiera tres nuevos certificados respecto de la propiedad individualizada. En el aludido oficio se advirtió expresamente que, en caso de no subsanar su amparo en el plazo de 5 días hábiles en los términos indicados, éste se declararía inadmisible.<p style="margin-top:0pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'5'; -aw-list-padding-sml:8.69pt">5)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, mediante correo electrónico de 10 de agosto de 2022, don Manuel Jerez Díaz, aduciendo la representación de don Víctor Antonio Olivares Arancibia, remitió documentación en respuesta a lo solicitado. Al final de su escrito (en el cual describe latamente la situación de la propiedad consultada), indica lo siguiente: “A modo de aclaración, lo que se solicita a la municipalidad, se emitan estos certificados, por cuanto es la entidad encargada de generarlos, y que sus originales obran en poder exclusivo del departamento de obras de la Municipalidad de la Cruz.” (énfasis agregado).&#xa0;Y CONSIDERANDO: <p style="margin-top:14pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'1'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">1)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, a fin de resolver la admisibilidad del amparo en la especie, primeramente, es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'2'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">2)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'3'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">3)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, de acuerdo a los antecedentes expuestos por la parte reclamante y por don Manuel Jerez Díaz en la subsanación del presente amparo, se concluye que su comparecencia en esta instancia no es a consecuencia de la falta de entrega de aquella información contenida en alguno de los soportes que señala el artículo 10 precitado. Ello, por cuanto, lo pretendido por la parte recurrente es que la Municipalidad de La Cruz emita los certificados de número, de deslindes y de informaciones previas respecto de la propiedad que individualiza; sin embargo, la emisión de dichos certificados no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política de la República, razón por la que no cabe pronunciarse respecto de ello en esta sede.<p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'4'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">4)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, en lo concerniente a la solicitud de emisión de certificados, resulta pertinente hacer presente el razonamiento desarrollado por este Consejo a propósito de los amparos Roles C460-10, C574-11 y C310-12, entre otros, donde se estableció claramente que “una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados”, no correspondiendo a este Consejo exigir la elaboración de estos últimos. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'5'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">5)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'6'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">6)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que la parte recurrente, en el futuro, formule una solicitud de acceso a la información pública al órgano reclamado o cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, a través de los canales que correspondan, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano. Así como también, podrá recurrir ante este Consejo, interponiendo un nuevo amparo a su derecho de acceso a la información, en los casos que se cumplan los presupuestos del artículo 24, esto es, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la eventual negativa a la solicitud de información; o bien, una vez terminado el plazo de 20 días que dispone el órgano requerido para dar respuesta. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: <ol type="I" style="margin:0pt; padding-left:0pt"><li style="margin-top:14pt; margin-left:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; padding-left:13pt; font-family:'Book Antiqua'; font-size:11pt">Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don Víctor Antonio Olivares Arancibia en contra de la Municipalidad de La Cruz, por las razones expuestas precedentemente. </li><li style="margin-left:15.16pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; padding-left:13pt; font-family:'Book Antiqua'; font-size:11pt">Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Víctor Antonio Olivares Arancibia y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de La Cruz, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. </li></ol>En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeras doña Gloria de la Fuente González y doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se hace presente que su Presidente don Francisco Leturia Infante, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh. &#xa0;</string>