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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1039-13</strong></p>
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Entidad pública: Ministerio de Relaciones Exteriores</p>
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Requirente: Bastián Fernández Osorio</p>
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Ingreso Consejo: 02.07.2013</p>
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En sesión ordinaria N° 503 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de febrero de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1039-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de mayo de 2013, don Bastián Fernández Osorio solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, en adelante indistintamente el Ministerio o MINREL, la siguiente información, referida al período que medió entre el 11 de agosto de 2008 y el 22 de mayo de 2013:</p>
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a) Todos los informes en derecho, documentos y recomendaciones que haya realizado don Francisco Orrego Vicuña para el Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en su calidad de asesor como en otra.</p>
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b) El costo de las asesorías y documentos que don Francisco Orrego Vicuña haya realizado para el referido Ministerio.</p>
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c) Los montos pagados por el Ministerio de Relaciones Exteriores a don Francisco Orrego Vicuña por concepto de asesorías y documentos elaborados.</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de carta fechada el 2 de julio de 2013, el Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores (S) respondió la citada solicitud de acceso, informando a la requirente lo siguiente:</p>
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a) Sólo consta la existencia de un informe en derecho, elaborado por el abogado don Francisco Orrego Vicuña. En los registros de esa Secretaría de Estado no aparece que el aludido abogado haya llevado a cabo alguna gestión o elaborado estudios en calidad de asesor u otra, en el período de tiempo comprendido entre el 11 de agosto de 2008 y el 22 de mayo de 2013.</p>
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b) Toda la información relativa al informe en derecho se encuentra afecta a la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, toda vez que la entrega de la información afecta el debido cumplimiento de ese Ministerio, por cuanto se trata de un antecedente previo a la adopción de una resolución.</p>
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c) El carácter secreto de ese documento fue determinado en el amparo Rol C613-12, dictado por este Consejo y ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Al momento de la respuesta, el asunto era objeto de un recurso de queja ante la Corte Suprema.</p>
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d) El informe en derecho se encuentra afecto, además, a la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra a), ya que se trata de antecedentes necesarios a defensas de los derechos del Estado. También se encontraría afecto a la causal de reserva o secreto del artículo 21 N° 2, atendido que su publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos del profesor Francisco Orrego Vicuña, particularmente en lo que dice relación con el secreto profesional.</p>
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e) Por lo tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores accedió parcialmente a la solicitud de información, en el sentido de informar que en el período de tiempo comprendido entre el 11 de agosto de 2008 y el 22 de mayo de 2013, sólo se registró la existencia de un informe jurídico elaborado por el abogado Francisco Orrego Vicuña. Por su parte, el acceso a toda información relativa a dicho documento fue denegada por encontrarse afecta a las causales de secreto y reserva previstas en el artículo 21 N° 1 letras a) y b), N° 2 y N° 4.</p>
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3) AMPARO: El 2 de julio de 2013, don Bastián Fernández Osorio dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fundó su reclamo en los siguientes términos: "La respuesta es satisfactoria en cuanto a las razones por las que no pueden hacer entrega del contenido del documento en cuestión. Sin embargo, no cumple los requisitos en cuanto se solicita el monto que fue cancelado por el organismo a la persona natural que elaboró el documento en cuestión". Agregó que entendía que el contenido del informe elaborado por el abogado fuera reservado, pero no se explicaba por qué debía serlo también el monto o costo del mismo.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 2.843, de 9 de julio de 2013, al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores. Luego, el MINREL a través de su Subsecretario presentó descargos y observaciones mediante el Oficio RR.EE. (DIJUR) OF. PÚB. N° 9.873, de 12 de agosto de 2013, señalando -en síntesis- lo siguiente:</p>
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a) Mediante carta de respuesta, de 2 de julio de 2013, se informó al Sr. Fernández Osorio que en el período de tiempo comprendido entre el 11 de agosto de 2008 y el 22 de mayo de 2013 sólo se registra la existencia de un informe jurídico elaborado por el abogado Francisco Orrego Vicuña. Además, de manera fundada, se comunicó que dicho documento, y toda la información relativa a éste, reviste el carácter de secreta o reservada, calificación a la que el reclamante se allanó y aceptó expresamente en su amparo, al señalar que consideraba satisfactoria la respuesta recibida a este respecto.</p>
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b) En lo que respecta a aquella parte de la solicitud donde se solicitan los montos pagados por el Ministerio al profesor Francisco Orrego Vicuña, en la aludida carta de respuesta se indicó al requirente que el mencionado secreto o reserva se extendía a toda la información relativa a dicho informe en derecho por encontrarse ésta afecta, principalmente, a las causales establecidas en el artículo 21, Nos 1°, letra a), y 2.</p>
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c) Como se expuso ante este Consejo en el amparo Rol C613-12, mediante Oficio Público N° 6.374, de 29 de mayo de 2012, el informe del profesor Orrego Vicuña es un antecedente destinado exclusivamente a respaldar la defensa o estrategia jurídica del Estado de Chile frente a una iniciativa destinada a preparar una demanda contra nuestro país, por lo que su entrega afectaría la eventual defensa jurídica y con ello el debido cumplimiento de las funciones que la ley asigna a esa Secretaría de Estado. De esta forma, todo documento que obre en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores y que dice relación con ciertos bonos emitidos por el Gobierno del Perú, entre los cuales se encuentra el Informe en Derecho elaborado por el profesor Francisco Orrego Vicuña, tienen la calidad de secretos o reservados, ello porque se trata de una situación donde el requerimiento de información se relaciona con la preparación de una demanda contra el Estado. El Gobierno de Chile debe asumir la responsabilidad de proteger el interés nacional y el patrimonio del Estado. Asimismo, es evidente que la información requerida, que forma parte de los antecedentes necesarios para una defensa jurídica del Estado de Chile, involucra el interés nacional, razón por la cual también se encuentra afecta a la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, número 4, de la Ley de Transparencia.</p>
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d) Toda la información relativa al aludido informe en derecho también se encuentra afecta a la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, número 2, de la Ley de Transparencia, toda vez que los derechos del abogado Francisco Orrego Vicuña no pueden verse vulnerados a raíz de requerimientos de particulares, con quienes carece de vínculo jurídico. A mayor abundamiento, la oposición del aludido profesor a la entrega de la información solicitada consta en la mencionada decisión de amparo Rol C613-12, de esa Corporación. Asimismo, la propia Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema han señalado que dicha información es de propiedad exclusiva y excluyente de ese Ministerio, pues además de formar parte de su derecho a defensa, recae sobre él "el manto protector del secreto profesional".</p>
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e) En relación con la protección que nuestro ordenamiento jurídico otorga al secreto profesional de los abogados, indica lo siguiente:</p>
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i. El secreto profesional de los abogados se encuentra amparado en nuestro derecho interno. Así "se reconoce su existencia a nivel legal en los artículos 231 y 247 del Código Penal, que sancionan la violación del secreto por el abogado o procurador y por los que ejercen profesión que requiera título, respectivamente". A mayor abundamiento, "dicho deber obligación se encuentra subsumido como uno de los presupuestos del debido proceso, particularmente vinculado al derecho a defensa jurídica que se encuentra garantizado en el numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental (...)".</p>
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ii. "El manto protector del secreto profesional" es amplio y abarca toda la información contenida y/o relacionada con el servicio prestado, cualquiera sea la modalidad". Como ha sido señalado por la Excelentísima Corte Suprema: "(...) el secreto profesional se extiende, entonces, a todos los antecedentes con que cuente el abogado y que digan relación con el encargo que ha recibido". Es más, "(...) El objeto del secreto profesional, en el caso de los abogados, encuentra su fundamento en el ejercicio mismo de la abogacía (...) para los cuales es necesario un acabado conocimiento de las situaciones fácticas que sólo el cliente puede otorgar, cuestión que importa tener acceso y conocer hechos no conocidos públicamente y que el cliente quiere mantener en dicha opacidad, todo ello enmarcado en que el cliente confía y tiene seguridad de que sus confidencias no serán objeto de difusión".</p>
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f) Como complemento a los argumentos relativos al secreto profesional, cabe referirse a la protección que la jurisprudencia ha otorgado a las relaciones contractuales -y los derechos que emanan de éstas como bienes incorporales- a través del numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. La misma Ley de Transparencia, en su artículo 21, número 2, señala que no procede la entrega de la información solicitada "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". El amparo de la garantía constitucional establecida en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental forma parte de una lógica jurídica plenamente reconocida de manera uniforme por nuestra jurisprudencia y ordenamiento jurídico.</p>
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g) Dados los fundamentos expresados, el Ministerio de Relaciones Exteriores se opone a la difusión de cualquier aspecto relativo a la colaboración del profesor Francisco Orrego Vicuña.</p>
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5) ANTECEDENTES REFERIDOS AL AMPARO ROL C613-12: El 23 de abril de 2012, Target S.A. dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que fue ingresado a este Consejo bajo el Rol C613-12. Tal reclamación se fundó en la negativa del MINREL a entregar copia del informe en derecho evacuado por el abogado don Francisco Orrego Vicuña, relacionado con el cobro de unos bonos soberanos emitidos por la República del Perú. Este Consejo Directivo resolvió el caso en su sesión ordinaria N° 365, celebrada el 17 de agosto de 2012, rechazando el amparo por estimar que concurrían las causales de secreto o reserva establecidas en el N° 1 letra a) y N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, ya que la revelación del informe afectaría la estrategia de defensa del Estado de Chile en un potencial litigio a través del cual se le demandaría el pago de los bonos soberados, lo que, a su vez, podría afectar las relaciones internacionales del país al ser otro Estado el emisor de dichos bonos. Frente a ello, la empresa Target interpuso el Reclamo de Ilegalidad Rol N° 6976-2012, que fue resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 13 de mayo de 2013, rechazándolo. Luego, la empresa reclamante interpuso, ante la Excma. Corte Suprema, Recurso de Queja, ingresado bajo el Rol N° 3321-2013, el que fue resuelto el 3 de julio de 2013 por dicho Tribunal de Alzada, desestimándolo, en consideración a que del mérito de los antecedentes no fue posible concluir que los Ministros, al fallar como lo hicieron, hayan incurrido en falta o abuso grave.</p>
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6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En su sesión ordinaria N° 471, de 9 de octubre de 2013, el Consejo Directivo acordó la realización de una medida para mejor resolver en el presente caso, la que se materializó a través del Oficio N° 4269, de 16 de octubre de 2013. En virtud de dicha medida se confirió traslado del amparo interpuesto, al Sr. Francisco Orrego Vicuña en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, con el objeto que presentara sus descargos y observaciones, y solicitándole que hiciera expresa mención a los derechos que le asistirían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Ello de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y en el artículo 47 del Reglamento de dicha Ley.</p>
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7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: El Sr. Orrego Vicuña, por el correo electrónico de 4 de noviembre de 2013, manifestó a este Consejo que "dada la naturaleza confidencial del Informe que da origen a este amparo, materia ya resuelta por este Consejo y los tribunales, no le es posible comentar sobre lo que se solicita por el recurrente en esta oportunidad, pues ello significaría contravenir las normas del secreto profesional involucradas". Además agrega que "tendría el mayor gusto de poder reunirse con los miembros del Consejo en alguna oportunidad conveniente para explicar los alcances de lo que se solicita y como ello interfiere seriamente con la confidencialidad atingente a la política exterior de Chile".</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que el reclamante en su amparo se manifestó conforme con una parte de la respuesta entregada por el MINREL a su solicitud, específicamente, con la negativa a entregar el informe preparado por el abogado Francisco Orrego Vicuña, ya que estimó satisfactorio el fundamento de la denegación. Sin embargo, manifestó en su amparo que no entendía el motivo por el cual también debía mantenerse en secreto el monto o costo que el MINREL pagó por la elaboración de dicho informe. Por lo tanto, ha de concluirse que el presente reclamo ha quedado circunscrito a la falta de entrega de la información solicitada en los literales b) y c) de la solicitud de acceso, consistente en dar a conocer los costos de las asesorías y documentos realizados por don Francisco Orrego Vicuña para el referido Ministerio y los montos cancelados por dichos conceptos, en el período comprendido entre el 11 de agosto de 2008 y el 22 de mayo de 2013. Cabe establecer que dichos costos y montos cancelados se refieren únicamente a aquellos vinculados al informe en derecho elaborado por el mencionado abogado, relativo al cobro de unos bonos soberanos emitidos por la República del Perú; esto ya que el MINREL ha sostenido que no existen otras asesorías o gestiones efectuadas por dicho abogado en ese período, cuestión que no ha sido controvertida por el reclamante.</p>
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2) Que la decisión de este Consejo recaída en el amparo Rol C613-12 -ratificada por la Corte de Apelaciones y no enmendada por la Corte Suprema-, declaró reservado el informe en derecho evacuado por el abogado don Francisco Orrego Vicuña, relacionado con el cobro de unos bonos soberanos emitidos por la República del Perú, pero no emitió pronunciamiento alguno respecto al carácter público o secreto del monto pagado por el MINREL por tal informe o del costo que ello implicó para dicho Ministerio. Al respecto, cabe aclarar que, durante la tramitación del amparo Rol C613-12, el Sr. Orrego se opuso a la entrega del informe, señalando que el mismo le fue solicitado en carácter confidencial y, por consiguiente, su contenido formaba parte de las opiniones que un abogado o consultor comparte con su cliente.</p>
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3) Que en virtud de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, los montos y la forma en que los órganos de la Administración del Estado disponen del presupuesto público debe estimarse -en principio- información de naturaleza pública, salvo que concurran las excepciones previstas en la ley. A mayor abundamiento, cabe señalar que el carácter público de este tipo de información se ve ratificado en los literales e) y k) del artículo 7º de la Ley de Transparencia, en virtud de los cuales los órganos de la Administración del Estado deben publicar en sus sitios electrónicos la información actualizada sobre las contrataciones para la prestación de servicios y los informes de ejecución del presupuesto asignado.</p>
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4) Que el MINREL procedió a denegar la información solicitada por el peticionario, especialmente la referida al costo del informe elaborado por don Francisco Orrego Vicuña, por estimar que a su respecto concurrían las causales de secreto o reserva previstas en el artículo 21 N° 1 letra a), N° 2 y N° 4 de la Ley de Transparencia. Cabe señalar que la reclamada reiteró en esta oportunidad los argumentos esgrimidos con ocasión del amparo Rol C613-12.</p>
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5) Que conforme a lo señalado en el artículo 21 N° 1 letra a) del cuerpo legal citado, se podrá denegar total o parcialmente la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". Al respecto, el Reglamento de la Ley de Transparencia establece en el literal a), del N° 1 de su artículo 7°, que entiende por antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, -entre otros-, "aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico".</p>
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6) Que aplicando el criterio desarrollado por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, la causal de reserva citada en el considerando precedente debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma en secretos a todos los documentos o informaciones relacionados con él. Para que ello ocurra debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia y verificarse una afectación del "debido funcionamiento" del órgano en caso de revelarse aquéllos.</p>
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7) Que, además, y según quedó establecido en la decisión al amparo Rol C613-12, es dable entender que la mencionada hipótesis de reserva no sólo dice relación con la existencia de un litigio actualmente pendiente, sino que también comprende a aquellos casos en que existen antecedentes que permitan concluir que éste podría producirse en el futuro.</p>
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8) Que, en el presente caso, este Consejo estima que atendida la naturaleza de la información que ha sido requerida -esto es, los montos cobrados por don Francisco Orrego y/o pagados por el MINREL a dicho abogado, por la elaboración del informe en derecho relacionado con el cobro de unos bonos soberanos emitidos por la República del Perú- ésta no puede referirse a documentos o antecedentes que estén destinados a respaldar la posición del MINREL y de Chile en una eventual controversia jurídica con el país vecino, sino que constituye información de contexto a dicho posible litigio, vinculada a los honorarios percibidos por un profesional que ha asistido al Ministerio reclamado. En efecto, la información pedida no da cuenta de la estrategia jurídica que Chile, a través del MINREL, desplegará en dicho eventual litigio, toda vez que no se relaciona de manera directa con la esencia de la potencial controversia que podría derivarse para Chile ante la eventual interposición de una demanda que persiga el cobro de los mencionados bonos soberanos.</p>
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9) Que, asimismo, para estimar que concurre la causal invocada por el MINREL debía acreditarse que la publicidad de la información solicitada afectaba el debido funcionamiento de tal órgano -como ocurriría, por ej., si con ello se expone su estrategia en dicho litigio-, lo que en el caso que nos ocupa no ocurrió. Atendido lo antes razonado, cabe rechazar la aplicación, en el caso que se analiza, de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia.</p>
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10) Que la reclamada también invocó la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual es posible declarar el secreto de aquella información que afecte el derecho de las personas, particularmente, tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.</p>
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11) Que a juicio de este Consejo, para dar aplicación a la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, resulta necesario que, previamente, el órgano de la Administración haya dado aplicación al procedimiento establecido en el artículo 20 de la misma ley, a fin de comunicar a los terceros eventualmente afectados en sus derechos la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de lo pedido o bien consentirla. Luego, si no se cuenta con la manifestación de voluntad de dichos terceros, no es posible que el órgano requerido invoque directamente la causal del artículo 21 N° 2, ya que estaría auto atribuyéndose una representación que no detenta, salvo que se haya encontrado en la imposibilidad material de notificar al o a los terceros involucrados, como sería, por ejemplo, que existiera un elevado número de terceros a notificar. Así lo ha resuelto previamente este Consejo, al pronunciarse sobre los amparos Roles C420-13 y C767-13. En la especie, el MINREL alegó la referida causal sin haber dado aplicación al procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia, pese a que no existía una circunstancia que impidiera su verificación, cuestión que deberá tener presente en lo sucesivo.</p>
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12) Que, sin perjuicio de lo anterior, el órgano reclamado no señaló cuáles serían los derechos del abogado Francisco Orrego Vicuña, que se verían conculcados con la publicidad del costo que tuvo para el MINREL, la elaboración del tantas veces mencionado informe, ni de qué manera el profesional vería afectados esos derechos. En cualquier caso, este Consejo no advierte que en la especie se produzca tal afectación.</p>
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13) Que, además, tampoco el tercero interesado manifestó a este Consejo alegaciones específicas que tengan por objeto acreditar alguna afectación en los términos exigidos en la causal de reserva que contempla el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, según se aprecia de lo indicado en el numeral 7° de lo expositivo de esta decisión. En efecto, habiéndose conferido traslado al Sr. Orrego Vicuña respecto del amparo interpuesto, éste no efectuó alegación alguna que diga directa relación con alguna afectación de carácter personal por la entrega de la información por la que se ampara, sino más bien se refiere, únicamente, al contenido del informe en derecho, el cual, como se ha precisado en el considerando 1° de este acuerdo, no forma parte del amparo que se analiza.</p>
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14) Que, a mayor abundamiento, es dable considerar que existe un interés público prevalente en transparentar los montos que los órganos de la Administración del Estado pagan a sus proveedores de servicios, sean éstos personas naturales o jurídicas, ya que en dichas transacciones se involucran fondos públicos del presupuesto.</p>
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15) Que, por todo lo razonado en los dos considerandos que anteceden, se desestimará la concurrencia de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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16) Que la reclamada también manifestó en sus descargos que recaía sobre la información pendiente de entrega "el manto protector del secreto profesional". A este respecto cabe señalar que el artículo 7° del Código de Ética Profesional dictado por el Colegio de Abogados de Chile, dispone que: "El abogado debe estricta confidencialidad a su cliente. En cumplimiento de su obligación debe exigir que se le reconozca el derecho al secreto profesional con que la ley lo ampara. La confidencialidad debida se extiende a toda la información relativa a los asuntos del cliente que el abogado ha conocido en el ejercicio de su profesión...". Adicionalmente, la Excelentísima Corte Suprema ha precisando que este secreto "...se extiende... a todos a los antecedentes con que cuente el abogado y que digan relación con el encargo que ha recibido, extensión que ya ha sido reconocida en fallo de esta Corte de fecha 13 de mayo de 1954, en los autos caratulados "Guttman con Guttman" (Revista de Derecho y Jurisprudencia, T. I, pág. 128, Vol. 51, 1954)" (Considerando 13° de las sentencias roles 2423-2012, 2582-2012 y 2788-2012, pronunciadas el 28 de noviembre de 2012).</p>
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17) Que de los conceptos recién descritos se desprende que el monto de los honorarios pagados a un abogado por sus servicios no forman parte del "manto protector del secreto profesional", ya que no constituyen antecedentes que digan relación con el objeto del encargo encomendado. Por consiguiente, debe concluirse que el monto pagado por el MINREL por la elaboración del informe en derecho por parte del abogado Francisco Orrego no se encuentra cubierto por el secreto profesional aludido por la reclamada.</p>
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18) Que, en lo que dice relación con la causal prevista en el artículo 21 N° 4 de la citada Ley, cabe señalar que conforme a ella, se puede denegar total o parcialmente la información requerida "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a...( ) las relaciones internacionales del país"; debiéndose agregar que su artículo 22, letra d), dispone que el carácter de secreto o reservado será indefinido tratándose de los actos y documentos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar "la defensa internacional de los derechos de Chile".</p>
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19) Que de conformidad al texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada, es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ya ha señalado este Consejo, para ello debe concurrir una expectativa razonable de dañarlo o afectarlo negativamente en alguna magnitud y con alguna especificidad que habrá de ser determinada en concreto, daño que no cabe presumir, sino que debe ser acreditado por los órganos administrativos, según ha resuelto previamente este Consejo, por ejemplo, en las decisiones a los amparos Roles A1-09, A39-09 y A45-09.</p>
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20) Que siguiendo lo señalado por este Consejo en su decisión del amparo Rol C440-09, la invocación de esta causal de reserva por parte del MINREL debe conducir a evaluar si el hecho de hacer pública, en este caso, la información relativa a los honorarios percibidos por el abogado Francisco Orrego Vicuña, por la elaboración del ya aludido informe, podría afectar la política exterior de Chile, hacer vulnerable la defensa del país ante alguna Corte Internacional o, en general, dañar la defensa internacional de los derechos de Chile en un eventual litigio, y de esta manera, el interés nacional.</p>
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21) Que el Ministerio se limitó a señalar en sus descargos que resultaba evidente que la información requerida forma parte de los antecedentes necesarios para una defensa jurídica del Estado de Chile y por ende involucra el interés nacional. Al respecto este Consejo no advierte de qué manera la publicidad del costo que dicho informe tuvo para el Fisco de Chile, afectaría el interés nacional, impactando negativamente en la política exterior del país, haciendo vulnerable nuestra defensa ante alguna Corte Internacional o, dañando la defensa internacional de los derechos de Chile en un eventual litigio. Por lo tanto, también corresponde desestimar la concurrencia de la causal del N° 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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22) Que, a mayor abundamiento, es posible señalar que el carácter de información pública del gasto que efectúan los órganos del Estado, sólo es exceptuado en el caso de los gastos reservados, establecidos en la Ley N° 19.863 y autorizados anualmente a través de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Esta excepción a la publicidad del gasto público habría justificado declarar la reserva de los honorarios pagados por la elaboración del mencionado informe, ya que se habría configurado la causal de secreto dispuesta en el numeral 5° del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación con las disposiciones de la Ley N° 19.863. Sin embargo, en la especie, el MINREL no acreditó que se haya remunerado dicho informe con cargo a los gastos reservados permitidos a ese Ministerio.</p>
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23) Que conforme lo expuesto precedentemente, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la reclamada que informe al Sr. Fernández Osorio los costos y montos cancelados al abogado Francisco Orrego Vicuña, vinculados a la elaboración del informe en derecho relativo al cobro de unos bonos soberanos emitidos por la República del Perú.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo deducido por don Bastián Fernández Osorio, en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores que:</p>
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a) Informe al reclamante los costos y montos cancelados al abogado Francisco Orrego Vicuña, vinculados a la elaboración del informe en derecho relativo al cobro de unos bonos soberanos emitidos por la República del Perú.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Bastián Fernández Osorio, al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y al Sr. Francisco Orrego Vicuña en su calidad de tercero interviniente en el presente amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos.</p>
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