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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1042-13</strong></p>
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Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío Bío</p>
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Requirente: Carlos Cea Rodríguez</p>
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Ingreso Consejo: 02.07.2013</p>
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En sesión ordinaria Nº 476 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de octubre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1042-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 19.880 y N° 19.628; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Carlos Cea Rodríguez, el 3 de junio de 2013, solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío Bío, todos los antecedentes sobre postulaciones a cualquier subsidio habitacional que hubiere realizado doña María Eugenia Carrillo Flores, entre los años 2007 y 2011, a nombre propio o en representación de terceros, sea que lo haya hecho en forma individual o en forma conjunta con otra persona, en caso de existir tales postulaciones. Si no existieren, solicita se le certifique o informe igualmente dicha situación.</p>
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2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: El Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío Bío mediante el Ordinario N° 6033, de 5 de junio de 2013, procedió a notificar a doña María Carrillo Flores de la solicitud de acceso presentada por el Sr. Cea Rodríguez, quien mediante documento de 13 de junio de 2013, manifestó que desconoce a la persona del solicitante razón por la cual se opone a que se entregue información de su persona.</p>
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3) RESPUESTA: El Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío Bío, mediante documento notificado al solicitante el 20 de junio de 2013, respondió al requerimiento de información que formulara este último, señalando que la persona respecto de la cual se refiere lo solicitado, se opuso a la entrega de lo requerido, razón por la que se ve impedido de proporcionar los antecedentes solicitados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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4) AMPARO: Don Carlos Cea Rodríguez, el 28 de junio de 2013, a través de la Gobernación Provincial de Concepción, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que le habrían denegado la información solicitada por oposición de un tercero. Dicha reclamación ingresó a este Consejo el 2 de julio pasado. Además, el reclamante hizo presente que:</p>
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a) A su juicio, el servicio aludido incurre en ilegalidad al denegarle la información requerida en conformidad a la ley, porque según se desprende del artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia, la posibilidad de acceso a la información es la regla general mientras que la excepción es la denegación de información por causales taxativamente establecidas en la ley, cuya interpretación no puede ser extensiva, ni mucho menos analógica. Del mismo modo, señala que el SERVIU, al denegar información de esta manera incurre en manifiesta infracción del artículo 11 de la antedicha ley, especialmente en lo referido a los principios de máxima divulgación y divisibilidad.</p>
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b) Por otra parte, si bien reconoce que en las postulaciones a subsidios habitacionales suelen ventilarse antecedentes y documentos que, al divulgarse, pueden afectar derechos de los postulantes, especialmente la vida privada -como por ejemplo, la acreditación de ingresos, de cargas familiares etc.-, estos procesos, que son esencialmente públicos, se componen de una serie de actos y trámites cuyo conocimiento por personas ajenas no comprometen de ninguna forma los derechos de los postulantes, como por ejemplo las resoluciones que llaman a postular a determinado subsidio, la formalización de la postulación por parte de interesados, etc. Respecto a esta última clase de actos y documentos, es que estima que el SERVIU no debió negarse a proporcionar la información.</p>
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c) Además, agrega que “la protección de derechos de terceros, debe referirse a derechos e intereses lícitos (no lo sería, el interés en ocultar información relevante para un juicio). Doña María Eugenia Carrillo Flores, se ha opuesto legítimamente a que se me entregue esta información, y tiene de su lado al derecho a la hora de cautelar su intimidad, intereses comerciales, vida privada, etc.; mas no la protege la ley si intenta obstaculizar la verdad jurídica en alguna contienda, por ejemplo”.</p>
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d) Finalmente solicita que se declare lo siguiente:</p>
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i. Que el servicio recurrido ha conculcado mediante su denegación, su derecho de acceso a la información pública, al infringir las normas citadas.</p>
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ii. Que en consecuencia, debe proporcionarle la información solicitada, sin perjuicio de las exclusiones mínimas que procedan, para proteger los derechos del tercero opositor. Solicita a este Consejo se sirva señalar determinadamente los documentos que han de excluirse.</p>
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iii. En subsidio de lo anterior, pide que a lo menos se le informe sobre los siguientes hechos: existencia de alguna postulación a subsidio habitacional y su fecha por parte de doña María Eugenia Carrillo Flores, o bien, en caso de no existir, que se le certifiquen esta circunstancia.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 2.831, de 9 de julio de 2013, al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío Bío, requiriéndole que se refiera a las causales de hecho o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada, acompañe los documentos incluidos en el procedimiento de notificación al tercero al cual se refiere la información solicitada, así como sus datos de contactos a efectos de proceder conforme lo dispone el artículo 25 de la Ley de Transparencia.</p>
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El Sr. Director del SERVIU de la Región del Bío Bío, por el Ordinario N° 8236, de 2 de agosto de 2013, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:</p>
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a) En cuanto a la información solicitada ese Servicio estimó que al tratarse de postulaciones, podrían afectarse derechos de terceros, como por ejemplo el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa como poder de control sobre la información propia. Ello por cuanto dicho proceso implica entregar información personal protegida por la Ley N° 19.628, y no sólo datos personales que podrían tacharse. Además, debe considerarse que a través de la postulación se puede optar a un subsidio entregado por el Estado, pero no implica la adjudicación del mismo y, por consiguiente, la aplicación efectiva de recursos fiscales, como se manifestó en la decisión de amparo Rol C315-11.</p>
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b) En atención a lo anterior, se notificó a doña María Carrillo Flores, en virtud de lo prescrito en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, quien se opuso por escrito y expresando una razón, según consta en los documentos acompañados, quedando impedido ese Servicio de entregar la información solicitada, según lo dispuesto en la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.</p>
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6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el presente amparo a doña María Eugenia Carrillo Flores, en su calidad de tercero interviniente en el presente amparo, lo que se materializó a través del Oficio N° 2832, de 9 de julio de 2013, con el objeto que presentara sus descargos y observaciones, y solicitándole que hiciera expresa mención a los derechos que le asistirían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Hasta la fecha, la Sra. Carrillo Flores no ha efectuado presentación alguna ante este Consejo.</p>
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7) REQUERIMIENTO DE COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS: Mediante correo electrónico de 18 de octubre de 2013, se solicitó al enlace del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío Bío, que para una mejor resolución del amparo interpuesto, complementara sus descargos indicado si la Sra. Carrillo Flores habría sido beneficiaria de algún subsidio habitacional y si habría presentado antecedentes con tal objeto en representación de terceros dentro del periodo consultado por el requirente. Además, de haber presentado la tercero dicha documentación, señale concretamente en qué consisten los mismos y el tipo de subsidio en cada caso. Sin embargo, a la fecha, no se ha recibido respuesta alguna por parte del organismo reclamado.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que los antecedentes requeridos en el presente caso son datos personales en tanto constituyen información concerniente a una persona natural identificada, en los términos dispuestos en el artículo 2°, letra f) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Con todo, para los efectos de realizar un adecuado análisis de los antecedentes materia del presente amparo, se procederá a distinguir entre aquellos casos en que la Sra. Carrillo Flores o las personas representadas por ella, resultaron beneficiarias de algún subsidio habitacional, de aquellos en que no lo fueron, entre los años 2007 y 2011.</p>
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2) Que, tratándose de la publicidad de los antecedentes acompañados a un proceso de postulación a un beneficio estatal, respecto de quienes finalmente no resultaron favorecidos con el mismo, es preciso tener en consideración lo siguiente:</p>
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a) Que en virtud del artículo 5° de la Ley de Transparencia toda información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Administración, es pública. Sin embargo, los datos solicitados por el reclamante han sido proveídos a la Administración del Estado por la persona natural sobre la que éstos versan, esto es, han sido recolectados de una fuente no accesible al público por lo cual, en principio, resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la Ley N° 19.628, que respecto de quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, “tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público”.</p>
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b) En efecto, al ser Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia. No obstante ello, tal como lo ha reconocido este Consejo en las decisiones de amparo Roles C315-11 y 926-12, “no toda información subsumible en la categoría de dato personal es per se secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de publicidad de la información que obre en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11 letra c) y 21 de la Ley de Transparencia. Para abordar esta problemática este Consejo ha optado por circunscribir los efectos de sus decisiones al caso concreto utilizando los denominados test de daños y de interés público: «Ambos, que pueden ser complementarios, consisten en realizar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación. El primero se centra en ponderar si la divulgación puede generar un daño presente, probable y específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios obtenidos; el segundo, en ponderar si el interés público a obtener con la entrega de la información justifica su divulgación y vence, con ello, la reserva» (Decisión C193-10)”.</p>
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c) En la situación de la especie, los antecedentes requeridos respecto de personas que no han sido beneficiarias de un subsidio habitacional, este Consejo, al igual como aconteció en las decisiones precedentemente citadas, ha considerado que los antecedentes que se requieren fueron presentados por quien efectuó una postulación tendiente a obtener un beneficio estatal, ya sea a título personal o a nombre de otra persona, lo que no supone para ésta o a quienes eventualmente haya representado, el otorgamiento del subsidio habitacional al cual haya postulado.</p>
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d) De esta forma, conforme al criterio precedentemente expuesto no se verifica un interés público preponderante en la divulgación de la información requerida, que permita justificar que la regla de secreto contemplada en el artículo 7° de la Ley N° 19.628 ceda ante interés general de la divulgación de la información, toda vez que sólo con posterioridad a la evaluación de los antecedentes que la Sra. Carrillo Flores haya presentado, ya sea a nombre propio o en representación de terceros, puede ser definida como asignataria de algún beneficio estatal pendiente de entrega, respecto del cual resulte relevante hacer un escrutinio o control. Por tal razón, en el evento que aquélla o los terceros en su caso, no hayan resultado favorecidos con algún subsidio, corresponde el rechazo del amparo en esta parte, protegiendo los datos personales y antecedentes acompañados a los mismos, en tanto la decisión de postular a un beneficio social, no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa.</p>
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3) Que, en el caso que la Sra. Carrillo Flores y/o alguno de sus representados hubieren resultado beneficiados con un subsidio habitacional en el periodo consultado por el recurrente, a efectos de evaluar la entrega de dicha información habrá que tener en consideración las siguientes argumentaciones:</p>
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a) Los antecedentes acompañados por los postulantes que han sido beneficiados, constituyen parte de los fundamentos de la decisión que contiene el acto administrativo del SERVIU en orden al otorgamiento y pago del subsidio, incluida la transferencia de fondos públicos asociados a estos, siendo su complemento directo y esencial en los términos que establece el artículo 3º, letra g) del Reglamento de la Ley de Transparencia. En efecto, tales antecedentes dan cuenta del cumplimiento de las exigencias legales o reglamentarias establecidas en las distintas etapas asociadas al otorgamiento de un subsidio por parte del SERVIU. Conforme a ello, la información en cuestión debe estimarse pública al tenor de lo prescrito en el artículo 5° de la Ley de Transparencia.</p>
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b) En este escenario, ha sido el propio legislador quien ha ponderado que dar a conocer la identidad de las personas beneficiarias de un subsidio, no reviste el carácter de afectar los derechos de su titular. Así el artículo 7º de la Ley de Transparencia en su letra i) contempla como parte de la obligación de transparencia activa, publicar el diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución. En tal sentido, este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C446-09, ha resuelto que “el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de estos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios”.</p>
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4) Que, en la situación de la especie, no obstante las gestiones realizadas por este Consejo –según se ha dado de cuenta de ello en el numeral 7° de lo expositivo de esta decisión-, no ha sido posible establecer si la Sra. Carrillo Flores o alguno de sus representados, de existir, resultaron o no beneficiarios de algún subsidio habitacional. Conforme a ello, y en virtud de los principios de apertura o transparencia y de máxima divulgación contemplados en los literales c) y d), respectivamente, del artículo 11 de la Ley de Transparencia, este Consejo ha estimado procedente acoger el amparo interpuesto y ordenar al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío Bío, que proporcione los antecedentes solicitados, en el evento que la Sra. María Carrillo Flores y/o alguno de sus representados, hubieren resultado favorecidos con algún subsidio habitacional; o bien, en el caso contrario, señale expresamente dicha circunstancia al solicitante.</p>
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5) Que, con todo, de contenerse en los antecedentes acompañados por los postulantes, información sensible de los mismos y/o algún integrante de su grupo familiar, tal información deberá tarjarse de manera previa a su entrega, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2° letra g) y 10 de la Ley N° 19.628. Del mismo modo, habrá de tarjar aquellos datos personales de contexto, esto es, aquellos que no sirvan como fundamento o requisitos al otorgamiento del subsidio respectivo, tales como domicilio, teléfono y correo electrónico u otros similares, que aparezcan en ellas. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia.</p>
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6) Que, finalmente, es preciso hacer presente que este Consejo ha señalado que puede requerirse la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como solicitud de copia autorizada, la que se encuentra amparada por el artículo 17 de la Ley de Transparencia. No obstante, tal certificación debe distinguirse de aquella solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por disposiciones diversas de las contempladas por la Ley de Transparencia. En tales casos, la solicitud corresponde a una manifestación del legítimo ejercicio del derecho de petición -establecido en el artículo 19 N° 14 de la Carta Fundamental. Por lo tanto, deberá rechazarse por improcedente el presente amparo, respecto la parte final de la solicitud de acceso de que se trata -en cuanto requiere que se certifiquen que no existieron las postulaciones indicadas-, por no constituir una solicitud de información de aquellas reguladas por la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Carlos Cea Rodríguez, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío Bío, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío Bío, o siguiente:</p>
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a) Entregar al reclamante copia de los antecedentes de postulación solicitados, en el evento que la Sra. Carrillo Flores y/o alguno de sus representados, si existiesen, hubieren sido beneficiados con algún subsidio habitacional, debiendo tarjar, de manera previa a su entrega, los datos sensibles y aquellos datos personales de contexto, según se indicó en el considerando 5° del presente acuerdo. En caso contrario, deberá señalar expresamente al solicitante que ni la Sra. Carrillo Flores ni alguno de sus representados fueron favorecidos con algún beneficio habitacional.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Cea Rodríguez, al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío Bío y a doña María Carrillo Flores, en su calidad de tercero interesado en el presente amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente del Consejo Directivo don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.</p>
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