Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6067-22

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Reclamante:	N. N.
Reclamado:	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
Resumen del caso: Se dedujo reclamo en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, a través del cual, expone que no se encuentran publicadas las declaraciones de patrimonio e interés del actual Director Nacional ni los Directores Regionales. El Consejo declara inadmisible el reclamo, por ausencia de infracción.
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	8/25/2022
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C401-17
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación

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<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <string><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="width:409.5pt; padding:1.5pt; vertical-align:middle">DECISIÓN RECLAMO ROL C6067-22 </td><td style="width:259.5pt; padding:1.5pt; vertical-align:middle"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">Entidad pública: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. </td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">&#xa0;</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:top">Requirente: NN. NN. </td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">&#xa0;</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:top">Ingreso Consejo: 07.07.2022. </td></tr></table></td></tr></table>En sesión ordinaria Nº 1299 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo por infracción a las normas de transparencia activa Rol C6067-22. &#xa0;VISTO: Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. &#xa0;TENIENDO PRESENTE: Que, con fecha 7 de julio de 2022, una persona que solicitó la reserva de su identidad, en adelante NN.NN., dedujo reclamo por infracción a las normas de Transparencia Activa en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, a través del cual, expone que no se encuentran publicadas las declaraciones de patrimonio e interés del actual Director Nacional ni los Directores Regionales.&#xa0;Y CONSIDERANDO: <p style="margin-top:14pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'1'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">1)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, según se desprende de los artículos 7º y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 3º, letra i), 6º, 50 y siguientes de su Reglamento, para que este Consejo pueda conocer de los reclamos por infracción a las normas de transparencia activa interpuestos en contra de los órganos de la Administración de Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad tenga lugar el supuesto que establece la ley a este respecto; esto es, que no se mantengan a disposición permanente del público, a través de los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del Estado, los antecedentes señalados en el artículo 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'2'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">2)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, la hipótesis señalada en el considerando precedente, configura por tanto un elemento habilitante para hacer efectiva la observancia de las normas de transparencia activa ante este Consejo. De allí que el artículo 24, inciso segundo, de la Ley de Transparencia exige que los reclamantes señalen "...claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran". <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'3'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">3)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, en lo relativo a la falta de publicación de las declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades del órgano reclamado, cabe destacar que el artículo 5º de la Ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, se refiere al plazo que disponen las autoridades y funcionarios para efectuar sus declaraciones. En efecto, dicha norma establece que “La declaración de intereses y patrimonio deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de asunción del cargo. Además el declarante deberá actualizarla anualmente, durante el mes de marzo, y dentro de los 30 días posteriores a concluir sus funciones”. Por su parte, el inciso primero del artículo 11 del Reglamento de la Ley Nº 20.880, dispone, en lo pertinente, que las declaraciones de los jefes superiores de servicio, “se encontrarán disponibles en el sitio electrónico mediante el cual la institución respectiva da cumplimiento a los deberes de transparencia activa que le impone la Ley Nº 20.285.”, no estableciendo un plazo en que estas declaraciones deben publicarse. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'4'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">4)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, en consecuencia, el plazo señalado en el artículo 5° recién citado, no dice relación con la disponibilidad de las declaraciones en el sitio electrónico a que se refiere el artículo 11, sino que al tiempo que disponen las autoridades y funcionarios para efectuar dicha declaración; en consecuencia, es dable determinar que el legislador no estableció un plazo dentro del cual los organismos deban publicar, en sus respectivos sitios web, las declaraciones de intereses y patrimonios de sus autoridades y funcionarios, no constituyendo, por tanto, una materia susceptible de ser conocida a través de la presente acción. A mayor abundamiento, atendido que el artículo 10 de la Ley Nº 20.880, encomienda a la Contraloría General de la República la fiscalización acerca de la “oportunidad, integridad y veracidad del contenido de la declaración de intereses y patrimonio respecto de los sujetos señalados en el Capítulo 1º de este Título”, el interesado puede efectuar las alegaciones y denuncias que estime pertinentes ante dicho órgano de control. Lo anterior, siguiendo el criterio adoptado por este Consejo a partir de la decisión Rol C401-17.<p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'5'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">5)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, con el sólo mérito de lo anterior, este Consejo concluye que el reclamo interpuesto adolece de la falta de un elemento habilitante para su interposición, por lo que se declarará inadmisible. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: <ol type="I" style="margin:0pt; padding-left:0pt"><li style="margin-top:14pt; margin-left:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; padding-left:13pt; font-family:'Book Antiqua'; font-size:11pt">Declarar inadmisible el reclamo por infracción a las normas de transparencia activa interpuesto por NN. NN. en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por ausencia de infracción al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento. </li><li style="margin-left:15.16pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; padding-left:13pt; font-family:'Book Antiqua'; font-size:11pt">Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a NN. NN. y a la Sra. Secretaria General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. </li></ol>En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Francisco Leturia Infante, sus Consejeras doña Gloria de la Fuente González y doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh. </string>