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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1088-13</strong></p>
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Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins (SEREMI)</p>
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Requirente: Mariano Díaz Martin</p>
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Ingreso Consejo: 10.07.2013</p>
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En sesión ordinaria Nº 476 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de octubre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1088-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L.Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de mayo de 2013, don Mariano Díaz Martin invocando expresamente la Ley de Transparencia, solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, en adelante e indistintamente SEREMI, la siguiente información:</p>
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a) Copia de las actas de fiscalización de las Unidades de Farmacia en Rancagua, correspondientes a los años 2011 y 2012, informando si tienen autorización sanitaria, medicamentos controlados, profesional farmacéutico a cargo y personal calificado según la norma N° 1.074.</p>
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b) Al respecto solicitó, literalmente, “verificar información publicada por la Corporación Municipal de Salud de Rancagua, en la cual señala que el profesional a cargo de la unidad de farmacia o bodega debe tener la facultad de prescribir y preocuparse esencialmente del abastecimiento de medicamentos para los CESFAM de la comuna, lo que indicaría que no se cumple con lo dispuesto en la norma técnica N° 12 sobre atención farmacéutica y no sería un profesional farmacéutico su director técnico, constituyendo infracción al D.S. N° 466 y delito por ejercicio ilegal de la profesión farmacéutica según lo señala el Código Sanitario”.</p>
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2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 5 de junio de 2013 don Mariano Díaz Martin dedujo ante la Gobernación Provincial de Cautín amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, fundado en la falta de respuesta a su solicitud dentro del término legal. El amparo fue ingresado a este Consejo el 10 de julio de 2013.</p>
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3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y, mediante el Oficio N° 3.061, de 17 de julio de 2013, confirió traslado a la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, solicitándole que, al formular sus descargos: (1º) indicara las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido respondida oportunamente; (2º) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acreditara dicha circunstancia acompañando copia de dicha respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso segundo, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3º) se refiriera a la eventual concurrencia de una o más causales de secreto o reserva respecto de la información solicitada; y (4°) se refiriera al literal b) de la presentación efectuada por el reclamante, en particular, si ésta constituye una solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia.</p>
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Mediante presentación sin número, ingresada a este Consejo el 12 de agosto recién pasado, la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, evacuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) El 10 de junio de 2013 la SEREMI emitió respuesta respecto de la solicitud, por la encargada de la Unidad de Farmacias del Departamento de Acción Sanitaria de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud, la que quedó ese mismo día, de acuerdo a nuestros registros, que se adjuntan en un otrosí, en estado de ser enviada al usuario por parte del operador a cargo. De acuerdo al resultado de la investigación que se efectuó a raíz del reclamo de la especie, la respuesta generada a través del sistema electrónico, efectivamente no fue enviada, lo que se debió a un error de tipo administrativo, el que una vez en conocimiento de la SEREMI fue subsanado, contactándose telefónicamente con el usuario la encargada de la Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias, remitiéndole la respuesta a su solicitud de información a su correo electrónico. Asimismo, el 7 de agosto de 2013, se remitió vía carta certificada la misma respuesta, a la que se sumaron algunos alcances respecto de su solicitud -según se acredita con documentos que se acompañaron-. Dicho envío fue recibido el día 8 de agosto de 2013 en el domicilio del reclamante.</p>
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b) Analizada la presentación de don Mariano Díaz Martín, en ésta no se advirtieron circunstancias que permitieran considerar a la SEREMI que los antecedentes solicitados se vieran amparados en alguna causal de secreto o reserva.</p>
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c) En cuanto a lo solicitado en la letra b) de la presentación efectuada por el reclamante, respecto de si constituye una solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia, sin perjuicio de que la respuesta entregada al usuario se hace cargo de la consulta efectuada, debe concluirse que lo solicitado en dicho literal por don Mariano Díaz Martín no constituye una solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia, en atención a que mediante la misma no se solicita un acto o resolución emanado de la SEREMI o de otra entidad de la Administración del Estado, ni sus fundamentos o algún o algunos documentos que le hayan servido de sustento o complemento directo y esencial ni respecto de los procedimientos que se utilizaron para su dictación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República o artículo 5° de la Ley de Transparencia. Lo expuesto por el solicitante correspondió a una solicitud de verificación de antecedentes publicados por otro organismo de la Administración del Estado, y a renglón seguido a apreciaciones personales respecto de la legitimidad del actuar de dicho órgano administrativo y de los profesionales que desarrollan su actividad en ese establecimiento, por estimar el usuario que se estaría actuando al margen de la normativa vigente, por lo que la solicitud del usuario se enmarca en una petición de fiscalización que le corresponde a esta Autoridad Sanitaria Regional respecto de las farmacias, almacenes farmacéuticos, droguerías, depósitos de productos farmacéuticos humanos, veterinarios y dentales y botiquines, facultad que ejercida por la SEREMI ya sea de oficio, respondiendo a la programación fijada de acuerdo a objetivos de carácter sanitario o a iniciativa de particulares por medio de denuncias.</p>
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d) Atendido lo expuesto, los antecedentes acompañados y argumentos citados, queda en evidencia que no existió intención de parte de la SEREMI de infringir la normativa que regula el acceso a la información pública, sino que la circunstancia por la cual no llegó al domicilio del solicitante la respuesta emitida dentro de plazo, se debió única y exclusivamente a un error de tipo administrativo al no enviar materialmente la respuesta generada al solicitante, cuestión que fue subsanada una vez que se tomó conocimiento del reclamo de don Mariano Díaz Martín.</p>
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e) Además, sin perjuicio de que se habían tomado prevenciones técnicas a fin de velar porque las respuestas a solicitudes de información llegaran a su destinatario final, se han reforzado dichas medidas a fin de evitar que situaciones como aquellas que motivaron el reclamo de marras, se repitan en el futuro.</p>
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f) Asimismo, solicitó tener presente como atenuantes el que la SEREMI, desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, no ha sido objeto de acciones de reclamo o amparo de acceso a la información, por lo cual presenta una irreprochable conducta anterior y la circunstancia debidamente acreditada de haber subsanado la falta de respuesta a la solicitud ingresada por el reclamante a la fecha de elaboración de estos descargos.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, en primer término, cabe señalar que, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o jefatura del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la misma. En la especie, la solicitud de información que motivó el presente amparo ingresó el 27 de mayo de 2013 al organismo reclamado, mediante el Sistema de Trámite en Línea. En tanto, la SEREMI generó una respuesta a dicho requerimiento mediante dicho sistema el 10 de junio de 2013, pero esta última no fue enviada al solicitante, según señaló el organismo reclamado, por un error administrativo. En efecto, al percatarse de dicho error, se remitió respuesta al requirente mediante correo electrónico de 1° de agosto de 2013, y mediante correo certificado el 7 del mismo mes y año, según se acreditó en esta sede. Pues bien, en la especie, el plazo para pronunciarse sobre dicho requerimiento expiró el 24 de junio del año en curso, sin que éste fuera respondido dentro de ese término legal, no resultando procedentes, en la especie, las alegaciones del organismo reclamado respecto de que la solicitud fue generada dentro de plazo y no enviada por un error administrativo, toda vez que dicho error en el despacho es imputable al órgano y no puede perjudicar al recurrente. En consecuencia, se ha configurado el fundamento del presente amparo, cual es, la ausencia de respuesta dentro de plazo legal. Lo anterior constituye una infracción al deber legal descrito en el citado artículo 14, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará al Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins la referida infracción en lo resolutivo del presente acuerdo.</p>
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2) Que, en cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que el requerimiento contenido en el literal b) de la solicitud de información, a juicio de este Consejo, no constituye una solicitud de acceso a la información amparada por la Ley de Transparencia, sino más bien se trata de una petición dirigida a que el órgano reclamado realice una determinada actuación, en relación con las situaciones que plantea, a saber, que se verifique la información publicada por la Corporación Municipal de Salud de Rancagua, en la cual señala que el profesional a cargo de la Unidad de Farmacia o Bodega debe tener la facultad de prescribir y preocuparse esencialmente del abastecimiento de medicamentos para los CESFAM de la comuna, lo que indicaría que no se cumple con las normas legales que indica en su solicitud. Tal requerimiento se enmarca en el legítimo ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y no en el derecho de acceso a la información pública, por lo que no cabe pronunciarse sobre tal aspecto en esta sede. En atención a lo anterior, la presente decisión se pronunciará solamente respecto del fondo del requerimiento contenido en el literal a) de la solicitud de información, debiendo rechazarse, por improcedente, el amparo de la petición comprendida en su literal b).</p>
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3) Que, precisado lo anterior, y en cuanto al literal a) de la solicitud de información, cabe indicar que en la respuesta enviada al solicitante el 1° de agosto recién pasado por correo electrónico, el organismo reclamado señaló que “la Unidad de Farmacias del Departamento de Acción Sanitaria de esta SEREMI de Salud, durante el año 2011 y 2012, por temas de planificación y de labores, no fiscalizaron las unidades de farmacia de los consultorios dependientes de la Corporación Municipal de Rancagua, por ello no se remiten actas de fiscalización de dicha comuna”. Agregó que “se fiscalizaron en el área de farmacias los consultorios de Doñihue y Las Cabras”. Señaló que en relación a estas dos últimas actas, al información se encuentra el documento anexo, el cual no fue adjuntado a este Consejo. Por su parte, mediante Ordinario N° 1.478, de 6 de agosto de 2013, reiteró la información anterior y, agregó que respecto del Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Doñihue se levantó el acta N° 8045, de 4 de mayo de 2011 y respecto del CESFAM de La Cabras se levantó el acta N° 9368, de 29 de junio de 2011, y que ambos casos estaban relacionados con el incumplimiento de la norma técnica N° 12, relativo a la sección farmacia en establecimientos de atención primaria. Agregó que “Las autorizaciones sanitarias de la sección Farmacia de los establecimientos de atención primaria, algunas ya se han autorizado, otras se encuentran en proceso. Los establecimientos de atención primaria se encuentran autorizados para manejar medicamentos sujetos a control legal, lo anterior en concordancia con las normas que rigen estas materias: D.S. 405/84 y D.S. 404/84. El profesional a cargo de los CESFAM y consultorios por lo general es un profesional de la salud y no necesariamente un profesional farmacéutico. Le informo además que el profesional responsable de la distribución de medicamentos de la CORMUN de Rancagua es un Químico Farmacéutico, quien se encuentra a cargo de la distribuidora de medicamentos que se ha autorizado para dicha corporación”.</p>
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4) Que, en este contexto, corresponde evaluar el mérito de la respuesta entregada por la SEREMI, descrita en el considerando precedente, para determinar si con ella puede entenderse satisfecha o no la solicitud de información de la especie, teniendo en cuenta que lo solicitado corresponde a “Copia de las actas de fiscalización de las Unidades de Farmacia en Rancagua, correspondientes a los años 2011 y 2012, informando si tienen autorización sanitaria, medicamentos controlados, profesional farmacéutico a cargo y personal calificado según la norma N° 1.074”.</p>
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5) Que, previamente, resulta necesario señalar que según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 17 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, la red asistencial de cada Servicio de Salud está constituida por el conjunto de establecimientos asistenciales públicos que forman parte del Servicio, los establecimientos municipales de atención primaria de salud de su territorio y los demás establecimientos públicos o privados que mantengan convenios con el Servicio de Salud respectivo para ejecutar acciones de salud. Así se ha señalado por este Consejo en el amparo C217-11.</p>
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6) Que el Decreto Nº 58, de 2008, de la Subsecretaría de Salud Pública, que aprueba normas técnicas básicas para la obtención de autorización sanitaria de los establecimientos asistenciales, dispone en el numeral 1.1 de su artículo único que el ámbito de aplicación de dichas normas “se extiende a los establecimientos asistenciales públicos inaugurados a partir del 8 de febrero del año 2006, y aquellos cuya normalización o modificación ocurrió después de esa fecha. Los establecimientos existentes con antelación al 8 de febrero de 2006, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2° del Decreto Supremo N° 152, de 2005, del Ministerio de Salud, no requerirán de nueva autorización sanitaria; pero para efectos del proceso de acreditación regulado en el Decreto Supremo N° 15, de 2007, del Ministerio de Salud, Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud, deberán realizar una solicitud a la Secretaría Regional Ministerial de Salud competente para efectos de demostrar el cumplimiento de los requisitos de autorización”.</p>
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7) Que la Contraloría General de la República, en su Dictamen N° 22.256, de 29 de abril de 2009, se pronunció sobre las normas aplicables a las farmacias y botiquines pertenecientes a los establecimientos públicos de salud, indicando que éstas “deben estar sujetas a la dirección técnica de un profesional químico-farmacéutico o farmacéutico, sin perjuicio de que su conducción administrativa pueda ser encomendada al funcionario que al efecto determine la dirección del correspondiente establecimiento, de acuerdo con sus facultades”.</p>
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8) Que en cuanto a las actas de fiscalización requeridas, el organismo reclamado señaló no haber efectuado fiscalizaciones en el período consultado en las Unidades de Farmacia existentes en la comuna de Rancagua. Al respecto, cabe señalar que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista y obre en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. Por tanto, del tenor de la respuesta otorgada, en orden a no haberse realizado tales fiscalizaciones, este Consejo entiende que, con ello, se ha dado respuesta suficiente a lo requerido por el solicitante.</p>
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9) Que respecto a la autorización sanitaria de las Unidades de Farmacias existentes en la comuna de Rancagua y de acuerdo a lo señalado en la normativa citada, se colige que la SEREMI debe contar las autorizaciones sanitarias correspondientes a las Unidades de Farmacia que funcionan en Rancagua, de modo tal que, debiendo necesariamente tal información obrar en su poder, no se estima como suficiente la respuesta otorgada por el organismo en cuanto a que “las autorizaciones sanitarias de la sección farmacia de los establecimientos de atención primaria, algunas ya se han autorizado, otras se encuentran en proceso”. Por tal motivo, se requerirá al organismo reclamado que informe al reclamado cuales de las Unidades de Farmacia cuentan con autorización sanitaria.</p>
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10) Que respecto de la solicitud acerca de si las mencionadas Unidades de Farmacias mantienen “medicamentos controlados”, en atención a que el organismo reclamado no se pronunció al respecto, este Consejo requerirá a la SEREMI que dé respuesta directa a lo consultado, entregando la información acerca de si existen o no medicamentos controlados en las referidas Unidades de Farmacia, o bien, en el evento que tal información no obrase en su poder o no existieran tales antecedentes, lo señale directa y fundadamente al solicitante.</p>
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11) Que en cuanto a los profesionales farmacéuticos a cargo de las respectivas Unidades de Farmacias existentes en la comuna de Rancagua, el organismo reclamado se limitó a señalar que “el profesional a cargo de la sección farmacia en los CESFAM y consultorios, por lo general es un profesional de la salud y no necesariamente un profesional farmacéutico”. Al respecto, este Consejo no considera que con dicha respuesta se satisfaga la solicitud del solicitante, toda vez que del tenor de su requerimiento se colige que lo solicitado es que se señale cuál es el personal farmacéutico a cargo. En efecto, resulta posible que la SEREMI cuente con registros relativos al personal que presta servicios en farmacias y botiquines de los establecimientos de atención primaria de salud municipalizada de la comuna de Rancagua y, por lo tanto, la información solicitada podría desprenderse fácilmente del contenido de los registros que, eventualmente, sean llevados al efecto por el organismo reclamado. De ese modo, la respuesta a este punto de la solicitud no requeriría mayor elaboración por parte del organismo reclamado. En ese contexto, dicha solicitud se encontraría amparada por la Ley de Transparencia (así se ha fallado en la decisión Rol C467-10).</p>
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12) Que en concordancia con lo anterior, atendido que la SEREMI no ha dado respuesta en el punto relativo a los profesionales farmacéuticos a cargo de las Unidades de Farmacia, deberá señalar expresamente si posee o no la información solicitada y, en caso positivo, entregarla. En caso contrario, deberá derivar la solicitud ante el o los órganos que estime competentes para dar respuesta al punto en comento del requerimiento del Sr. Díaz Martin, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Así, ha fallado este Consejo, por ej., en el amparo Rol C127-11. El mismo criterio debe aplicarse respecto de la consulta acerca del “personal calificado según la Norma 1.704”, puesto que este Consejo entiende que el solicitante se refiere al Decreto N° 1.704, de 1993, del Ministerio de Salud, que contiene el reglamento para el ejercicio de las profesiones auxiliares de la medicina, odontología y química y farmacia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Rechazar, por improcedente, el literal b) de la solicitud de información, por tratarse de requerimientos efectuados en ejercicio del derecho de petición.</p>
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II. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Mariano Díaz Martin, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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III. Requerir a la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins que:</p>
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a) Informe al reclamado cuales de las Unidades de Farmacia de la comuna de Rancagua cuentan con autorización sanitaria.</p>
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b) Dé respuesta directa a lo consultado respecto de si existen o no medicamentos controlados en las Unidades de Farmacia existentes en la comuna de Rancagua, o bien, en el evento que tal información no obrase en su poder o no existieran tales antecedentes, lo señale directa y fundadamente al solicitante.</p>
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c) Señale expresamente al reclamante si posee o no la información solicitada respecto del personal farmacéutico a cargo de las Unidades de Farmacia y del personal calificado de acuerdo al Decreto N° 1.704, de 1993, del Ministerio de Salud, y en caso positivo, entregarla. En caso contrario, deberá derivar la solicitud ante el o los órganos que estime competentes para dar respuesta a estos aspectos del requerimiento del Sr. Díaz Martin, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.</p>
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d) Cumpla con tales requerimientos dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
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e) Informe el cumplimiento de dichos requerimientos enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.</p>
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IV. Representar a la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido al solicitante dentro del plazo previsto en el referido artículo 14. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.</p>
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V. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mariano Díaz Martin y a la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.</p>
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