Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1103-13

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Reclamante:	CHARLES HOLMES PIEDRABUENA
Reclamado:	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Gobierno Regional de la Región Metropolitana, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud sobre la entrega de antecedentes referidos a la Modificación N° 100 del Plan Regulador Metropolitano (PRMS). El Consejo señaló que atendido que los antecedentes consultados, esto es, la resolución promulgatoria de la Modificación N° 100 del Plan Regulador Metropolitano, como la copia del acuerdo del Consejo Regional Metropolitano, mediante el cual ésta fue aprobada, han sido acompañados por la reclamada en esta sede, el Consejo a fin de no dilatar su entrega al requirente, de manera excepcional remitirá al solicitante tales antecedentes, conjuntamente con la notificación de la presente decisión, teniendo por cumplida de dicho modo, la obligación de la reclamada de hacer entrega de tales antecedentes, aunque en forma extemporánea.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/14/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C743-12 C870-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Certificación de entrega >> Otros
Descriptores analíticos:	Gestión y administración territorial (Urbanismo)

DECISIÓN AMPARO ROL C1103-13 Entidad pública: Gobierno Regional de la Región Metropolitana Requirente: Charles Holmes Piedrabuena Ingreso Consejo: 12.07.2013 En sesión ordinaria Nº 472 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de octubre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1103-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de junio de 2013, don Charles Holmes Piedrabuena, solicitó al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago la entrega de antecedentes referidos a la Modificación N° 100 del Plan Regulador Metropolitano (PRMS). En particular requirió: a) “La resolución promulgatoria del Intendente”; b) “Acta de sesión del Consejo en que adoptó el acuerdo de su aprobación”; c) “Oficio con que el SEREMI de Vivienda remitió la propuesta”; d) Memoria explicativa; e) Ordenanza; f) Planos; g) “Oficios mediante los cuales el SEREMI de Vivienda consulta a los municipios involucrados”; h) “Oficios de respuesta de los municipios al SEREMI de Vivienda”; y, i) “Resolución ambiental favorable a la propuesta aprobada”. En su solicitud, el requirente pidió que la información le fuera remitida a su correo electrónico. 2) RESPUESTA: El Intendente de la Región Metropolitana, mediante Oficio N° 1.738, de 11 de julio de 2013, indicó al solicitante que “respecto a lo solicitado, se informa que dicha modificación y sus antecedentes, se encuentran en proceso de Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República, por lo que aún no es un documento oficial. Prueba de ello se adjunta a este acto, Oficio Ordinario N°94, dirigido al Contralor General de la Republica, a través del cual se ingresa la Resolución N°70, referida al proyecto de modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, denominado "MPRMS.100 Actualización Extensión Urbana y Reconversión", para proceder al trámite de Toma de Razón. Por esta razón, y de acuerdo a lo que señala la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en su artículo 21, sobre causales de secreto o reserva, letra b) "Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptadas", no es posible para este Servicio, al menos hasta que se apruebe dicho documento, hacer entrega de lo solicitado”. 3) AMPARO: El 12 de julio de 2013, el requirente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información, en contra del Gobierno Regional de la Región Metropolitana, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud. Al efecto, señaló en síntesis, lo siguiente: a) El Intendente en su oficio denegatorio reconoce que la modificación al PRMS N°100, ha sido promulgada mediante la Resolución N° 70, estando sólo pendiente el trámite de toma de razón de dicho acto administrativo por la Contraloría General de la República. b) La dictación de la referida resolución promulgatoria, implica que el Intendente ha ejercido las facultades que le otorga la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional en el artículo 24, literales o) y p), en virtud de las cuales sancionó el acuerdo aprobatorio del Consejo Regional. c) Por su parte, el Consejo Regional a fin de aprobar la modificación N° 100 al Plan Regulador de la Región Metropolitana, debió contar con la propuesta emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Dicha propuesta, en forma previa a su remisión al Consejo Regional, debía poseer la calificación ambiental que exige la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, debiendo además haber sido evacuado el trámite de consulta a los Municipios involucrados. Lo anterior de conformidad al procedimiento regulado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. d) En suma señaló, que “cada uno de los antecedentes requeridos no sólo es de carácter público, sino que, dicen relación con actos administrativos ya deliberados y concluidos, en cada una de las instancias por las que atraviesa la aprobación de una modificación de un plan regulador intercomunal, como lo es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. El hecho que, el último de los actos administrativos que conforman la sucesión de actos complejos aprobatorios de una modificación del Plan Regulador Intercomunal, como lo es su resolución promulgatoria, esté sujeta a una revisión preventiva de legalidad, en el trámite de Toma de Razón en la Contraloría General de la República, no puede significar que esos antecedentes deben negarse por una causal fundada en que se estaría en etapas muy preparatorias a una decisión aún no tomada”. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3.045 de 17 de julio de 2013, al Sr. Intendente de la Región Metropolitana, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiriera específicamente a las causales de hecho, secreto o reserva legal que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) indicara en qué medida la documentación requerida serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura, explicando las implicancias de dicha medida o política, y explicitando las características particulares de la documentación solicitada que, a juicio del órgano que representa, justificaría que su comunicación vulneraría el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) remitiera copia de la solicitud de información realizada por el requirente. El Intendente de la Región Metropolitana, mediante Oficio N° 2.402, de 10 de septiembre de 2013, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis lo siguiente: a) De acuerdo a la Resolución N° 1.600, de 2008 de la Contraloría General de la República, la modificación del Plan Regulador de la Región Metropolitana, contenida en la Resolución Promulgatoria N° 70, de 26 de abril del presente año, debe ser sometida al control de legalidad por medio del trámite de toma de razón. b) Por lo anterior, la referida Resolución N° 70 junto a todos los antecedentes que la fundan, se encontraban en trámite de toma de razón ante el órgano contralor, motivo por el cual, en su oportunidad, no dio acceso al solicitante a los antecedentes consultados, por no encontrarse la referida resolución, íntegramente tramitada conforme a la normativa vigente. c) El 9 de agosto de 2013, la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 50.407 remitió los referidos antecedentes sin dar curso a la modificación del Plano Regulador de la Región Metropolitana “por no estar ajustada a derecho en los términos que indica la contraloría”. d) Hizo presente, que entregará todos los antecedentes solicitados por el requirente, pese a lo descrito en el literal precedente. Por lo anterior, adjuntó conjuntamente con sus descargos en esta sede, copia de la Resolución N° 70, de 26 de abril de 2013 como de los Acuerdos del Consejo Regional Metropolitano contenidos en el acta de sesión extraordinaria N° 1, de 30 de marzo de 2011, que contiene la aprobación de la modificación del Plan Regulador de la Región Metropolitana, a fin de que sean puestos en conocimiento del reclamante. e) Finalmente señaló, que para un mejor entendimiento de lo pedido y a fin de entregar los documentos solicitados, requiere que el solicitante detalle lo siguiente: i. Señale específicamente el oficio de la SEREMI de Vivienda que requiere. ii. Cuál memoria explicativa requiere sea entregada, en caso de ser más de una, indicar con claridad cuáles son éstas. iii. Determine cuál es la ordenanza requerida. iv. Establezca con claridad si se requieren todos los planos contenidos en la referida resolución, o en su defecto solo algunos o uno sólo. v. Especifique qué resolución ambiental requiere. Asimismo, solicitó que una vez realizadas las referidas especificaciones, se le concediera un plazo de 15 días hábiles para preparar la información de acuerdo a lo solicitado por el requirente. Agregó, que la entrega de la información involucra costos de reproducción los cuales deben ser financiados por el requirente de conformidad a la Resolución N° 2.089, del 2010 del Gobierno Regional Metropolitano y a la Instrucción General N° 6 del Consejo para la Transparencia. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que la solicitud en análisis tiene por objeto, la entrega por parte del Gobierno Regional de la Región Metropolitana, de diversos antecedentes relativos a la Modificación N° 100 efectuada al Plan Regulador Metropolitano. Al efecto, el Intendente de la Región Metropolitana indicó que, atendido que la Resolución N° 70, de 26 de abril de 2013, mediante la cual se promulgó la modificación consultada por don Charles Holmes Piedrabuena, se encontraba sujeta al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, no le era posible acceder a lo pedido. Lo anterior, toda vez que sólo una vez realizado el referido trámite, dicha resolución se encontraría íntegramente tramitada conforme a la normativa vigente. Por tal razón, agregó que al no haberse evacuado dicho control de legalidad a la fecha de su respuesta, resultaba aplicable la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia. 2) Que sin perjuicio de lo anterior, la reclamada con ocasión de sus descargos en esta sede, hizo presente que pese a la ausencia de toma de razón de la referida resolución por la Contraloría General de la República, se encontraba llana a entregar la información requerida una vez realizadas las precisiones que requiere al solicitante, acompañando a sus descargos copia tanto de la Resolución N° 70, de 26 de abril del presente año (letra a) de la solicitud), como del acuerdo del Consejo Regional Metropolitano consultado (letra b) de la solicitud). 3) Que, en este contexto, cabe determinar si el organismo reclamado al momento de evacuar su respuesta al requirente, se encontraba obligado a entregar la información pedida, o si por el contrario, procedía la causal de reserva invocada para justificar la denegación de la misma. 4) Que en primer término, cabe tener presente algunos aspectos del marco jurídico que regula las modificaciones que se efectúen al Plan Regulador: a) La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, de conformidad al artículo 2.1.9 de la Ordenanza General de Urbanismo, confeccionará el Plan Regulador. Lo anterior, previa consulta a los órganos de la Administración del Estado que estime convenientes, debiendo someter su aprobación al siguiente procedimiento: i. Consulta a las Municipalidades cuyo territorio está comprendido o es vecino al del Plan, las que deberán pronunciarse dentro de un plazo de 60 días, contados desde su conocimiento oficial, vencido el cual la falta de pronunciamiento será considerado como aprobación. Previo a dicho pronunciamiento, la proposición del Plan deberá ser informada técnicamente por el Asesor Urbanista del municipio. Paralelamente el proyecto del Plan deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. ii. Cumplido el trámite a que se refiere el número anterior, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, remitirá el expediente completo del Plan Regulador Intercomunal al Gobierno Regional para su aprobación. iii. Será aprobado por el Consejo Regional y promulgado, mediante resolución del Intendente, la cual será publicada en el Diario Oficial, debiendo incluirse en la publicación el texto íntegro de la ordenanza del Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano. b) El referido artículo 2.1.9, señala también que “los planos originales del Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano deberán llevar la firma del Intendente, del Secretario Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la misma Secretaría Regional Ministerial. Dichos Planos, junto con un ejemplar de la Memoria Explicativa, de la Ordenanza y del Diario Oficial en que se hubiere publicado la Resolución aprobatoria del Gobierno Regional, serán archivados en el Gobierno Regional; una copia oficial de dichos documentos, será archivada en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, otra en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva y otra en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente”. c) Por su parte, el artículo 2.1.4, inciso segundo de la ordenanza referida, dispone que “a contar del inicio del proceso de aprobación de un proyecto de Instrumento de Planificación Territorial, o de modificación o enmienda del mismo, el organismo responsable de su confección deberá facilitar, a cualquier interesado, la adquisición a costa del requirente de todos o algunos de los antecedentes que conforman el expediente enviado a aprobación”. d) El artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, dispone en su literal c) que “Corresponderá al consejo regional: Aprobar los planes reguladores comunales, previamente acordados por las Municipalidades en conformidad con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre la base del informe técnico que deberá emitir la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, según lo dispone el artículo 20, letra f), precedente. Si el referido informe de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo fuere desfavorable, el acuerdo del consejo deberá ser fundado. Asimismo, aprobar los planes reguladores intercomunales que le proponga la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y que ésta hubiere elaborado de acuerdo con la Ley General de Urbanismo y Construcciones”. e) A su turno, el artículo 24 del citado cuerpo legal, señala en su literal o) que “Corresponderá al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional: Promulgar los planes reguladores comunales e intercomunales, de acuerdo a las normas sustantivas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, previo acuerdo del consejo regional”. 5) Que, atendido el marco normativo precedentemente descrito, cabe colegir que los antecedentes requeridos deben obrar en poder del Gobierno Regional Metropolitano, pues han sido generados en el contexto de un procedimiento de modificación del Plan Regulador de la Región Metropolitana en que concurren diversos órganos de la Administración del Estado. Y de conformidad al artículo 5° de la Ley de Transparencia, tales antecedentes se presumen públicos, toda vez que se trata de actos y resoluciones emanados de órganos públicos, como de los documentos que les han servido de sustento o complemento directo y esencial, al tenor de la definición que de estos últimos consagra el artículo 3º, letras g) y h), del Reglamento de la Ley de Transparencia. Los referidos antecedentes, por lo ya expresado en el considerando 1° precedente, no fueron entregados por la reclamada, por estimar ésta que concurre a su respecto la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, atendido que al momento de la solicitud, la Resolución Nº 70 del Gobierno Regional Metropolitano se encontraba sometida al trámite de toma de razón, a la sazón pendiente ante la Contraloría General de la República. 6) Que sobre el particular, resulta pertinente tener presente lo que ha sostenido reiteradamente este Consejo, a partir de la decisión del amparo Rol A253-09, respecto de la aplicación de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 Nº 1, letra b), de la Ley de Transparencia, respecto de antecedentes que han informado la dictación de un acto administrativo terminal ya adoptado, y a cuyo respecto se encuentra pendiente el trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República. En dicha decisión este Consejo estableció que la causal invocada no exige en ningún momento que los actos terminales (en este caso la Resolución Nº 70) se encuentren sujetos a otro trámite que no sea el que hayan sido adoptados por el órgano requerido que deniega la información. De ello se desprende que no es necesario que la Contraloría haya tomado razón de dicho acto, pues se estaría condicionando la causal del artículo 21 N° 1 letra b) a un requisito que no exige la Ley para denegar la información, en circunstancias que la interpretación de todo motivo de reserva debe ser restringida. Ratificando tal criterio, en las decisiones recaídas en los amparos Roles C743-12, A309-09 y C870-10, esta Corporación ha sostenido, que la publicidad y transparencia de los actos administrativos (sean de trámites o terminales), constituye un principio general de orden público que permite a los interesados tener acceso a las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado, en las que se contienen sus declaraciones de voluntad, señalando especialmente que “si un acto ha sido ya adoptado y sólo está pendiente la toma de razón, corresponde entregarlo, pues ello no obsta la publicidad conforme ha declarado la propia Contraloría… En consecuencia, se estima que una vez que el Decreto respectivo sea suscrito por las autoridades correspondientes es público, por lo que si ello ocurrió debe ser entregado al solicitante” . 7) Que, por otra parte, cabe tener presente lo señalado por la Contraloría General de la República, en su Dictamen N° 7.355 de 2007, en el cual se resolvió que “la autoridad se encuentra obligada a proporcionar a los interesados copia de los actos que emita en ejercicio de sus potestades públicas, aún en el caso de aquellos sujetos a toma de razón cuyo trámite ante este Órgano Fiscalizador se encuentre pendiente. Ello, por cuanto dicho control de juridicidad constituye una mera presunción de legalidad de los actos administrativos que no guarda relación con la existencia de la actuación administrativa de la cual emanan, ni con las causales que podrían motivar la reserva o secreto de los actos y resoluciones, sino que se establece como requisito de validez de los mismos, es decir se relaciona con sus efectos y obligatoriedad”. Además, dicho dictamen agrega que “esta entrega de información debe realizarse sin perjuicio de que se ponga en conocimiento de los interesados que dicho acto administrativo no produce efectos mientras no se haya cumplido su total tramitación, dentro de lo cual debe considerarse, en este caso, la toma de razón (aplica dictámenes N° 33.659, de 2000, y N° 10.246, de 2006)”. 8) Que, conforme con los antecedentes tenidos a la vista, el Intendente Regional de la Región Metropolitana, al tiempo de la solicitud –29 de junio de 2013 –, ya había dictado la Resolución N° 70, de 26 de abril de 2013, mediante la cual promulgó la modificación consultada al Plan Regulador Metropolitano, y del cual son parte integrante el acuerdo aprobatorio del Consejo Regional Metropolitano, la memoria explicativa, los planos, la resolución ambiental y oficios requeridos por don Charles Holmes Piedrabuena, como se advierte de la sola lectura del referido acto promulgatorio, y se desprende claramente del marco normativo citado en el considerando 4º precedente Dicha circunstancia, es independiente de la remisión de la mencionada resolución y sus antecedentes, para el trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República. En consecuencia, en aplicación del criterio descrito en el considerando 6° precedente, no concurría la causal de secreto o reserva alegada por el órgano reclamado para justificar la denegación de los antecedentes que le fueron solicitados, motivo por el cual dicho órgano, debió haber accedido a su entrega. Por tal razón, y atendido que la denegación de la información no se encontraba justificada, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se representará a la reclamada la infracción a los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia. 9) Que, por otra parte, cabe señalar que las precisiones a que ha hecho mención la reclamada en sus descargos, como condición necesaria para proceder a la entrega de la información –anotadas en el numeral 4 letra e) de lo expositivo– resultan manifiestamente improcedentes, no sólo porque al tenor del marco normativo citado en el considerando 4º la solicitud resulta inequívoca en cuanto a los antecedentes que se requirieron por su intermedio, sino además y a mayor abundamiento, porque de haber estimado el organismo que la información pedida no había sido identificada de forma clara, pudo requerir la subsanación de la solicitud, en los términos que prescribe el artículo 12, inc. 2º de la Ley de Transparencia, facultad que no ejerció en la especie. 10) Que no obstante lo anterior, cabe señalar que revisado por este Consejo el sitio web de la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana www.seremi13minvu.cl, se advierte que se encuentran disponibles en el link http://www.seremi13minvu.cl/opensite_20110103164100.aspx los antecedentes comprendidos en los literales c), d), e), f), g), h) i) de la solicitud de información. Por tanto, si bien se acogerá el amparo por la razones ya señaladas en el considerando 8º precedente, atendida la disponibilidad de la información en el sitio electrónico precedentemente individualizado, se tendrán por entregados los antecedentes comprendidos en los literales recién indicados, en aplicación de lo prescrito en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, en virtud de la notificación de la presente decisión. 11) Que asimismo, y atendido que los antecedentes consultados en los literales a) y b) del requerimiento, esto es, la resolución promulgatoria de la Modificación N° 100 del Plan Regulador Metropolitano, como la copia del acuerdo del Consejo Regional Metropolitano, mediante el cual ésta fue aprobada, han sido acompañados por la reclamada en esta sede, este Consejo a fin de no dilatar su entrega al requirente, en aplicación del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, de manera excepcional remitirá al solicitante tales antecedentes, conjuntamente con la notificación de la presente decisión, teniendo por cumplida de dicho modo, la obligación de la reclamada de hacer entrega de tales antecedentes, aunque en forma extemporánea. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger por las razones precedentemente expuestas, el amparo interpuesto por don Charles Holmes Piedrabuena, en contra del Gobierno Regional Metropolitano, no obstante lo cual tener por entregada la información pedida, aunque en forma extemporánea. II. Representar al Sr. Intendente de la Región Metropolitana la infracción al artículo 14 y 16 de la Ley de Transparencia, toda vez que el órgano reclamado debió hacer entrega de la información requerida por el solicitante de conformidad a las precitadas disposiciones. Lo anterior, a fin de que se adopten las medidas necesarias para que ello no vuelva a reiterarse III. Encomendar al Director General de este Consejo remitir al solicitante, conjuntamente con la notificación de la presente decisión, en virtud del principio de facilitación, copia de la documentación adjunta al Oficio N°2.402, de 10 de septiembre de 2013, del Sr. Intendente de la Región Metropolitana, por el cual el órgano reclamado evacuó sus descargos. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Intendente de la Región Metropolitana y a don Charles Holmes Piedrabuena. En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Consejero don Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.