Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6693-22

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Reclamante:	ALTAMIRO GONZÁLEZ GALDAMES
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Río Bueno, ordenándose la entrega de información sobre personal del municipio con el detalle y en el período que se indica. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, se desestimó la concurrencia de la causal de distracción indebida del órgano. En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto -distinto a la identidad de los funcionarios- que pudieren estar contenido en la información cuya entrega se ordena, en conformidad a lo previsto en la Ley de Protección de la Vida Privada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/3/2022
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C6693-22   Entidad pública: Municipalidad de Río Bueno Requirente: Altamirano González Galdames Ingreso Consejo: 21.07.2022 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Río Bueno, ordenándose la entrega de información sobre personal del municipio con el detalle y en el período que se indica. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, se desestimó la concurrencia de la causal de distracción indebida del órgano. En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto -distinto a la identidad de los funcionarios- que pudieren estar contenido en la información cuya entrega se ordena, en conformidad a lo previsto en la Ley de Protección de la Vida Privada. En sesión ordinaria N° 1318 del Consejo Directivo, celebrada el 03 de noviembre de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6693-22. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de julio de 2022, don Altamiro González Galdames, solicitó a la Municipalidad de Río Bueno, lo siguiente: "información de personal de planta, contrato y honorario para los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. La información solicitada dice relación con nómina de Nombres, Tipo de Personal, Apellidos, Nombres, Grado, Calificación Profesional, Cargo o Función, Región, Asignaciones, Remuneración Bruta, Remuneración Mensualizada, etc. Esta información no está disponible en el sitio web municipal, razón por la cual solicito por favor puedan enviármela en formato Excel o el formato que tengan disponible. Estoy solicitando esta información para un estudio sobre capacidades municipales. FONDECYT". 2) RESPUESTA: Por medio de Oficio N° 41 de fecha 21 de julio de 2022, el órgano respondió el requerimiento y aclaró que la información sobre remuneraciones para el portal de transparencia activa, es compilada mensualmente por el funcionario informático dependiente de Administración Municipal, quien cuenta con clave asignada por parte de la empresa SMC para extraer en este caso la información requerida del personal Planta y Contrata, en tanto sobre el personal honorarios es el Departamento de Contabilidad quien proporciona esta información. Agregó que, revisada la información requerida en el portal de transparencia activa del municipio, solo se registra información sobre el personal de planta de los años 2012 a 2016, sobre el personal a contrata de los años 2015 de enero a agosto y 2016, y sobre el personal a honorarios de los años 2015 a 2016 -faltando el mes de diciembre-. En relación a la ausencia de información registrada en el portal de transparencia activa, refirió que se desconocen los motivos que den cuenta de dicha situación, entendiendo que en la administración municipal anterior era otro el funcionario con responsabilidad específica sobre el tema. Además, precisó que el Departamento de Personal y RRHH no tiene responsabilidad, y aun cuando se insistiera en dar respuesta a lo requerido, dicha unidad colapsaría con sus propios procesos por falta de tiempo y recurso humano, ya que se debería extraer manualmente información del sistema de remuneraciones, agregando que se encontrarían con una funcionaria con permiso parental post natal con duración hasta el 26 de septiembre inicialmente, y una segunda funcionaria con feriado legal. 3) AMPARO: El 21 de julio de 2022, don Altamirano González Galdames dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el amparo y confirió traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Río Bueno mediante Oficio N° E17494 de fecha 8 de septiembre de 2022, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Al respecto, por medio de correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2022, remitido a este Consejo y al reclamante, el órgano adjuntó Oficio N° 52 emitido por el encargado de personal y RR.HH. el municipio, con sus descargos en los siguientes términos: Refirió que no se cuenta con la clave de la empresa SMC para acceder al sistema y extraer información desde la plataforma de remuneraciones, situación que obligaría a revisar manualmente el sistema, que por su alto volumen demandaría tiempo y recurso humano para dar cumplimiento a lo requerido, interrumpiendo los propios procesos, agregando, además, la particularidad de que se encuentran con ausencia de personal por permiso de post natal parental de una de sus funcionarias. Por lo anterior, esgrimió la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, atendido a los términos en que fuere interpuesto, el objeto del presente amparo se circunscribe a aquella información que le fuere denegada al requirente por afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, esto es, sobre la información del personal de planta -período 2008 a 2011-, de contrata -período 2008 a septiembre de 2015-, y a honorarios -período 2008 a 2014 y de diciembre de 2016-, con el detalle que se indica. 2) Que, en relación a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, alegada por la reclamada, se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 3) Que, sobre la interpretación de la mentada causal de reserva, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las acciones que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 4) Que, en dicho contexto, se debe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, en la especie, este Consejo advierte que la reclamada no acompañó antecedentes suficientes que acrediten la distracción indebida que fuere alegada. En efecto, no indicó el volumen de información a revisar, así como tampoco el tiempo específico que implicaría la recopilación de lo solicitado. A su vez, no específico la cantidad de personal que se debiese destinar para atender lo pedido, en relación a la dotación existente y actualmente disponible. En este sentido, la sola invocación de la causal, fundada en la ausencia de clave para acceder al sistema y la indicación de revisión manual de documentos, no permite, por sí misma, acreditar la concurrencia de la distracción indebida alegada. Además, no precisó la forma concreta en que la entrega de lo pedido, implicaría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, en circunstancias que la respuesta a solicitudes de acceso y la entrega de información pública forma parte de sus funciones. En este sentido, cabe tener presente que por tratarse de normas de derecho estricto -las causales de reserva-, que se contraponen al principio general de Transparencia de los actos de la Administración, deben ser interpretadas restrictivamente. Por lo anterior, será desestimada la configuración de la causal de reserva invocada. 6) Que, luego, en cuanto a la publicidad de lo pedido, resulta atingente tener presente que el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 7) Que, sumado a lo anterior, atendido al tipo de labores que desempeñan los funcionarios públicos, cabe señalar que estos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, antecedentes curriculares, liquidaciones y otros similares, incluyendo el nombre de los mismos. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella. 8) Que, en consecuencia, tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, referida al personal de la administración del Estado, y sobre lo cual, se desestimó la concurrencia de la causal de distracción indebida esgrimida por el órgano, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de lo pedido. 9) Que, en conformidad al principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto -distintos a la identidad de los funcionarios-, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), 4 y 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. 10) Que, por último, atendida la causal esgrimida por el órgano, y advirtiéndose que lo pedido se refiere a información del personal de un período que abarca 8 años, se concederá un plazo adicional para dar respuesta en los términos consultados. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Altamirano González Galdames en contra de la Municipalidad de Río Bueno, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Río Bueno, lo siguiente; a) Entregue al reclamante la información del personal de planta -período 2008 a 2011-, de contrata -período 2008 a septiembre de 2015-, y a honorarios -período 2008 a 2014 y de diciembre de 2016-, con el detalle que se indica en la solicitud consignada en el numeral 1° de lo expositivo. Asimismo, en conformidad al principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto -distintos a la identidad del personal consultado- como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros datos de terceros que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), 4 y 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Altamirano González Galdames y a la Sra Alcaldesa de la Municipalidad de Río Bueno. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeras doña Gloria de la Fuente González y doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. El Presidente don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.