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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL A63-09</strong></p>
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Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas</p>
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Requirente: Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Ltda.</p>
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Ingreso Consejo: 04.06.09.</p>
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En sesión ordinaria N° 74 de su Consejo Directivo, celebrada el 07 de agosto de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol A63-09, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la citada Ley de Transparencia, en contra del Servicio Nacional de Aduanas.</p>
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VISTOS:</h3>
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El artículo 8° de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.S. N° 13/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y, asimismo, lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política de la República y en el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1. Solicitud de Acceso: Que con fecha 20 de abril de 2009, don Francisco Bartucevic Sánchez, en representación de Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Ltda., solicitó al Servicio Nacional de Aduanas, mediante formulario N° AE007W-0000001, se le proporcionara la siguiente información:</p>
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a. Antecedentes recopilados, informes emitidos y fundamentos de las conclusiones derivados de la denuncia efectuada por don Carlos Lean Casas Cordero y su representación Masprot Ltda. de fecha de 29 de marzo de 2003, los que fueron negados mediante Ordinario N°008520 del Director Nacional de Aduanas de fecha 2 de septiembre de 2004.</p>
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b. Así también, el acceso a la tramitación, antecedentes, fiscalización y conclusiones derivadas de la denuncia presentada al Director Nacional de Aduanas N°92854 de fecha 24 de octubre de 2006.</p>
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2. Respuesta: El Director Nacional de Aduanas, don Sergio Mujica Montes, se pronunció con fecha 13 de mayo de 2009, estando dentro de plazo legal, respecto de la solicitud de acceso a la información presentada por Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Ltda., mediante Oficio Ordinario N° 6957 del 13 de mayo de 2009, y señaló lo siguiente:</p>
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a. Que “los antecedentes que solicitan han sido judicializados y resueltos por los tribunales de justicia, en distintas oportunidades, encontrándose actualmente en juicio sobre supuesta falta de servicio”.</p>
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b. Que, en particular, respecto de la solicitud de fecha 20.03.03, respondida por Oficio Ordinario N°8.520/04 del Director Nacional, la requirente dedujo recurso de amparo de Acceso a la Información, rol 3767-04, del Tercer Juzgado Civil de Valparaíso, de fecha 25 de mayo de 2005, mediante el cual dicho tribunal determinó el rechazo del recurso al entender que los antecedentes e información solicitada son de carácter confidencial y que, por tanto, por mandato legal, el Director Nacional de Aduanas se encontraba impedido de proporcionarla.</p>
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c. Que con posterioridad y luego de la reforma del artículo 8° de la CPR, la requirente reiteró la solicitud de información rechazada por Oficio Ordinario N°8520/04 e interpuso un nuevo recurso de Amparo de Acceso a la Información, rol 3326-05, del Primer Juzgado Civil de Valparaíso, reclamación que también culminó en sentencia de rechazo de la reclamación, por fallo de fecha 29.08.2007, de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, que resolvió, nuevamente que la información requerida, “… por sí sola señala que estos datos son confidenciales y además, se proporciona a la Aduana a efectos de la valoración de mercancías importadas.” Este fallo fue recurrido de queja, la que fue desechada por la Excma. Corte Suprema.</p>
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d. Que, además, se encuentra actualmente en tramitación un juicio de indemnización de perjuicios por supuesta falta de servicio, caratulados “Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Limitada con Servicio Nacional de Aduanas”, rol 608-08 en el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso. En la demanda se atribuye al Servicio Nacional de Aduanas “la supuesta falta de fiscalización de las denuncias presentadas, entre otras, ingreso 92854 de fecha 24.10.06, y en la no entrega u ocultación de la información requerida, causa que se encuentra en curso, específicamente en etapa de prueba.”</p>
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e. Agrega que “resulta evidente que la entrega de la información y los antecedentes solicitados, han sido negados por sentencias judiciales ejecutoriadas y, además, los mismos actualmente son objeto del juicio de indemnización de perjuicios por presunta falta de servicios el que a la fecha se encuentra en desarrollo, constituyendo, por tanto, antecedentes relevantes para la defensa del demandado, Servicio Nacional de Aduanas.”</p>
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f. Que las circunstancias aludidas configuran la causal del artículo 21 número 1 letra a) de la Ley N°20.285, sobre acceso a la información, y 7 número 1 letra a) del Decreto Supremo N°13/09 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, reglamento de dicha ley. Dichas normas “establecen como causal de reserva, entre otras, las relativas a antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, condición que, obviamente tienen los solicitados, y que son, precisamente, los indispensables para la adecuada defensa del demandado en los autos promovidos por su representada.”</p>
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g. Por lo anterior se procedió a denegar el acceso a la información solicitada.</p>
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3. Amparo: Que don Jaime Lean Mérida, en representación de Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Ltda., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24° de la Ley N° 20.285, formuló con fecha 4 de junio de 2009, dentro del plazo legal, ante este Consejo, amparo por denegación de acceso a la información en contra del Servicio Nacional de Aduanas, fundamentando dicho amparo en los siguientes argumentos:</p>
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a. En primer lugar, respecto de los hechos invocados, hace una introducción de la empresa que representa y su giro (fabricantes de artículos de seguridad). Señala que dicha empresa, se forma a principios de los años setenta, fecha en que se elaboran los primeros modelos de máscaras de seguridad y se obtienen las primeras patentes de invención y registros de marca, luego de lo cual se inicia una sostenida inversión en la calidad de los productos, como así también en sus materiales, partes y piezas, los que en atención al esfuerzo realizado, permiten acceder a mercados cada día más exigentes y rigurosos como lo es la gran minería del cobre.</p>
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b. Conforme a los estándares de calidad vigentes en el país a principios de los años ochenta, esto es, la Norma Europea de la British Standard 8S2091 y 8S2577, fiscalizadas por laboratorios nacionales autorizados, la empresa participó en la licitaciones convocadas por CODELCO, en las que, a esa fecha, se pudo establecer y comprobar una gran diferencia de precios con las firmas norteamericanas de 3M Chile S.A. y MSA Chile Ltda.. Finalmente, contrariando la regulación nacional, CODELCO les exigió el cumplimiento de las normas de calidad americanas según las certificaciones de NIOSH (Nacional lnstitute for occupational Safety and Health). Inicia así la requirente un enorme esfuerzo económico para alcanzar y lograr tales certificaciones, para lo cual no sólo se tuvo que contratar a expertos norteamericanos para instalarse en el país y reconfigurar el proceso de fabricación de productos en la empresa, sino que además, se debió invertir en costosas maquinarias de laboratorio, con una inversión superior al US $ 1.000.000.-, maquinarias únicas en el país y Latinoamérica para las certificaciones de NIOSH, obteniendo finalmente las certificaciones respectivas para todos los productos fabricados por la empresa en el año 1987, la que se mantiene a la fecha con visitas anuales de los certificadores autorizados internacionalmente.</p>
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c. A partir de esa fecha, las propuestas y cotizaciones de los productos fabricados por la empresa cumplen los más exigentes estándares de calidad internacionales, no obstante lo cual, la competencia en los precios y descuentos de la transnacional MSA Chile Ltda., subsidiaria de la firma norteamericana Mine Safety Appliances Co. (MSA de USA) y a partir del año 1996 3M Chile S.A. subsidiaria de la transnacional 3M USA, siguen siendo enormes no obstante tratarse de los mismos productos y marcas, precios francamente disímiles a los del mercado internacional, pese a que se trata de mercancías importadas de empresas relacionadas, lo que ha obligado a nuestra empresa a distraer recursos y energías para combatir esta manifiesta guerra de precios y competencia desleal.</p>
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d. La gravedad de los hechos referidos, como así también los graves daños causados a la requirente derivados de la conducta reiterada seguida por las empresas 3M Chile y MSA Chile, la motivaron a recurrir al servicio público competente para efectos de fiscalizar, sancionar y perseguir los eventuales ilícitos cometidos, interponiendo una denuncia con fecha 24 de Octubre de 2006, ante el Director Nacional de Aduanas, Ingreso N° 92.854. Sin perjuicio de la contundencia de los antecedentes acompañados y de la calidad de denunciante, se le negó a la requirente su calidad y condición de parte, no obstante haberse solicitado tener a la solicitante, expresamente, como parte en el proceso de investigación al que se dio inicio y haberse solicitado la apertura de un período de información pública, de conformidad con las normas contempladas en los artículos 2, 39 y demás pertinentes de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.</p>
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e. Con fecha 4 de Diciembre de 2006, mediante ord. N° 21.803 el Sr. Director Nacional de Aduanas informa la derivación de los antecedentes al Subdirector de Fiscalización y asegura la comunicación e información del resultado de la investigación, agregando luego que en relación a la calidad de parte conforme la Ley N° 19.880 "ello no resulta posible, dado que no se trata de un procedimiento de aquellos regulados en la ley... ", reiterándose igual fundamento para la apertura del período de información pública solicitado. Dicha resolución fue objeto de una solicitud de reposición fundada, presentada con fecha 20 de Diciembre de 2006, Ingreso N° 110.396, la que fue igualmente rechazada sin nuevos antecedentes mediante ord. N° 1.447 de fecha 24 de Enero de 2007, reiterando la entrega de información una vez terminada la fiscalización.</p>
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f. Se agrega que en la misma presentación de fecha 24 de Octubre de 2006, Ingreso N° 92.854, se solicitó acceso a la información pública al Director Nacional de Aduanas, la que fue, al igual que la solicitudes anteriores, rechazada mediante Oficio Ordinario N° 21.803, de fecha 04 de Diciembre de 2006 aduciendo el siguiente argumento: "En relación con la apertura del periodo de información pública que se solicita y, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en cuanto a la no correspondencia de la aplicación de este instituto, por no encontrarnos en el marco de un procedimiento administrativo de aquellos regulados por la ley N° 19.880, es necesario hacer presente que, a mayor abundamiento, no es una función encomendada por la ley al Servicio a mi cargo la protección de una adecuada y libre competencia, siendo este un valor jurídico económico que corresponde resguardar a otros organismos creados al efecto".</p>
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g. Indica en su amparo que con anterioridad a la denuncia descrita en los puntos anteriores, se intentó obtener información de los resultados de investigaciones de más de 10 años de duración, por denuncias hechas al Servicio Nacional de Aduanas, sin obtener resultados. Así, con fecha 06 de Diciembre de 2004 se interpone ante el 3° Juzgado Civil de Valparaíso, Amparo de Acceso a la Información Pública, Rol N° 3767-2004, el que fue finalmente acogido por el tribunal de primera instancia en fallo de fecha 17 de Marzo de 2005, siendo revocado luego por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha 25 de Mayo de 2005. De la misma forma, y bajo el mismo objetivo anterior, se interpuso otro recurso de Amparo de Acceso a la Información Pública, Rol N° 3326-2005, tramitada ante el 1° Juzgado Civil de Valparaíso, en contra del referido Servicio, la cual de igual manera que la anterior fue acogida en todas sus partes por el Tribunal de primera instancia, siendo posteriormente revocada por la Corte de Apelaciones respectiva, con fecha 29 de Agosto de 2007.</p>
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h. En relación a la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo a los procedimientos de fiscalización incoados con motivo de las denuncias efectuadas señala que “la ley de procedimiento administrativo, como da cuenta su historia fidedigna, tiene por objeto disponer de un procedimiento administrativo común en todos los órganos administrativos, para todas las categorías de actos que puedan afectar a los ciudadanos.” A su vez, “Dentro de las garantías que se contemplan a favor de las personas interesadas, se encuentra el derecho de éstas a conocer en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga condición de interesado. Lo anterior implica que si existe el derecho a conocer, implícitamente existe el derecho a participar en el procedimiento administrativo, cuando concurren en el sujeto las calidades de interesado, es decir, quienes sean titulares de derechos o intereses individuales o colectivos, en particular quienes puedan ser afectados de cualquier modo por la decisión que se adopte.”</p>
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i. Profundiza en el tema de la aplicación supletoria, al procedimiento de fiscalización iniciado por la denuncia presentada por la solicitante, de la Ley de Procedimiento Administrativo, al afirmar que “el mencionado cuerpo normativo, es de aplicación supletoria en aquellos órganos que poseen un determinado procedimiento, ya que sus principios y normas son aplicables en todos aquellos procedimientos que actualmente tiene la administración, encuentren o no una regulación legal. En este sentido, la ley se aplica en aquellos casos en que no exista ley que regule el procedimiento o bien en aquellos casos en donde exista, y no se encuentran regulaciones o derechos reconocidos por la presente ley.”</p>
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j. Concluye por tanto, que “se colige que la Ley N°19.880, es plenamente aplicable en la especie, debiendo acogerse nuestra solicitud inicial en los términos indicados, no sólo incorporando a mi representada como parte en el procedimiento incoado, de conformidad al derecho conferido por el artículo 21 LBPA, sino que además, accediendo a la entrega de la totalidad de la información solicitada; luego la negativa a la intervención de mi parte y a la entrega de la información solicitada, contraviene no sólo el derecho en calidad de interesado que le reconoce la ley, sino que además principios fundamentales del procedimiento administrativo conforme a los artículos 4, 6, 7, 8, 9 y especialmente 10 del cuerpo normativo señalado, en relación con los artículos 16 (principio de transparencia) y 17 (derechos de las personas), ya que, al pretender inhibir, entorpecer o dificultar las denuncias o solicitudes de los particulares, como mecanismo de intervención para casos de interés público o privado, se afectan los derechos fundamentales contenidos en el Artículo N° 19 N° 2, 14 y 26 de la Constitución, sin perjuicio de aquellos vinculados a las materias específicas comprometidas y las legislaciones sectoriales que puedan existir. La medida afecta en su esencia la facultad de denuncia de los particulares, no se condice con la práctica de otros reguladores y, por último, vulnera expresamente la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha reconocido el derecho al debido proceso administrativo, como se ha desarrollado anteriormente.”</p>
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k. Respecto a la causal de secreto o reserva invocada por el Servicio Nacional de Aduanas, es decir la relativa “al funcionamiento del órgano, las que se hacen consistir en antecedentes necesarios para las defensas jurídicas y judiciales”, indica que “la información solicitada resulta claramente necesaria para el rol fiscalizador desarrollado por mi parte a la fecha, ya que, según las normas técnicas referidas, se trata de información propia y disponible en el mercado, esto es, valores de venta y transacción de los productos en el mercado nacional e internacional, valores que deben ser declarados en cada Destinación Aduanera, es decir, en cada Importación, y lejos de afectar o perjudicar el interés o patrimonio de la empresa denunciada, resulta esencial para la regularidad y transparencia del mercado de la seguridad laboral, como así también constituyen antecedentes necesarios para que mi parte pueda salvaguardar su legítimo interés en la participación de un mercado altamente competitivo.”</p>
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l. A mayor abundamiento, agrega que “conforme a los mecanismos de determinación del valor aduanero establecidos por las normas legales e internacionales vigentes, que los antecedentes solicitados guardan relación directa con el acto de importación, esto es, la Declaración Jurada que debe acompañarse a cada operación, en cuanto se señala si existe o no vinculación entre proveedor y comprador, en este caso 3M América y MSA América; y por otra parte, cual ha sido el valor de la transacción, de manera tal que se podrá determinar en forma objetiva, si existe o no alteración del precio en atención a la vinculación entre las partes, en los términos exigidos por la Ley.”</p>
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m. Indica que “resulta claro que no existen antecedentes comprometidos que afecten el interés o el derecho de las empresas denunciadas, tales como balances, costos, inversiones, planes de campaña u otros, que amparen el secreto o la confidencialidad, como así tampoco antecedentes que comprometan el funcionamiento del órgano público requerido ni su defensa jurídica o judicial, sino que se limitan a antecedentes objetivos necesarios para toda operación aduanera y que, en atención a los hechos expuestos y reconocidos por la propia autoridad aduanera, frente a su pasividad fiscalizadora justifican la participación activa de mi representada como interviniente directamente afectado por su actuar tardío y defectuoso, única forma real de lograr mantener un mercado libre y competitivo, que no se altere por conductas irregulares, que incluso, pueden revestir caracteres de delito, más aún teniendo presente que las primeras denuncias de mi representada datan del año 1985 y la última del año 2006 y a la fecha, transcurrido más de 24 años, se sigue alterando la regularidad de un mercado que, por su importancia en atención a la seguridad de los trabajadores debiese ser especialmente transparente y competitivo.</p>
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n. En definitiva señala que “sin perjuicio de que la causal de reserva invocada no ampara o protege la información requerida por mi representada, dicha información al haberse agregado a un procedimiento administrativo iniciado por esta parte, mediante la correspondiente denuncia, y por ende, calificar como parte interesada en los términos de la Ley N° 19.880 según antes se expuso; la información requerida se encuentra agregada a un expediente hoy concluido o que debiera estar concluido, después de la investigación desarrollada por el Servicio y que dio origen a la formulación de cargos según fue informado por el Subdirector de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, por consiguiente, conforme a la jurisprudencia y doctrina referida, esta goza del carácter público necesario y suficiente para su entrega a mi representada en los términos solicitados.”</p>
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o. En base a lo anterior, solicita al Consejo para la Transparencia se entregue la totalidad de la información solicitada, se aplique el máximo de la multa establecida por la ley al funcionario infractor, sin perjuicio de las sanciones que estime pertinentes, y se condene al pago de las costas del presente amparo.</p>
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p. En el mismo documento menciona la existencia de un juicio pendiente por falta de servicio en contra del Servicio Nacional de Aduanas, por estimar que “el Servicio Nacional de Aduanas goza de las facultades y los mecanismos legales y reglamentarios necesarios para examinar las circunstancias de una venta internacional y verificar si de la información obtenida por los antecedentes entregados por el importador u otras fuentes, existen razones suficientes para creer que el precio no corresponde al de una transacción normal, como ocurre con los valores subvalorados por vinculaciones entre empresas y en tales circunstancias comunicar al importador los motivos y fundamentos técnicos que dan origen a la objeción, conforme lo dispone el artículo 69 de la Ordenanza de Aduanas, facultades que, pese al tiempo transcurrido y a los antecedentes referidos, en manifiesto retardo u omisión de la autoridad aduanera en el oportuno y correcto ejercicio de sus facultades fiscalizadoras exclusivas de donde emana claramente su responsabilidad por Falta de Servicio”.</p>
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q. Acompaña diversos documentos como prueba documental sobre lo afirmado en su amparo.</p>
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r. Por último, hace presente que el Presidente de este Consejo, don Juan Pablo Olmedo Bustos, eventualmente podría verse afectado por alguna de las causales de abstención administrativas contempladas en el artículo 12 de la Ley N°19.880.</p>
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4. Traslado: En sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 57, de 9 de junio de 2009, se estimó admisible este amparo y procedió a notificar el reclamo antedicho y a conferir traslado al Director del Servicio Nacional de Aduanas, mediante Oficio N°187, de 2 de julio de 2009. Servicio que contestó con fecha 23 de julio de 2009, documento en el que ratifica la afirmado en el Oficio Ordinario N° 6957 del 13 de mayo de 2009, y señala que:</p>
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a. Con fecha 19 de marzo de 2008, se notificó al Servicio Nacional de Aduanas de una demanda de indemnización de perjuicios por supuesta falta de servicio, deducida por la empresa Masprot Ltda., que actualmente se tramita bajo carátula “Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Limitada con Servicio Nacional de Aduanas”, rol 608-08 del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso.</p>
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b. Indica que la referida demanda se fundamenta, precisamente, en la supuesta “reserva y ocultación sistemática de la información respectiva” como también en la eventual falta de fiscalización de las denuncias presentadas, entre otras, la ingresada con el N°92854 de fecha 24.10.06, objeto también de este reclamo de acceso a la información.</p>
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c. En el juicio civil ya individualizado, parte importante ha versado, precisamente, sobre la documentación y antecedentes relacionados con las fiscalizaciones practicadas por el Servicio a las empresas denunciadas. Tal es así que, la demandante requirió la exhibición de los antecedentes y documentos de las mismas (escrito de 14 de mayo del 2009), a cuyo efecto y dentro del término probatorio, la defensa del Servicio los acompañó a juicio, por lo que se rechazó la exhibición. Y, además, el demandante solicitó copias de los mismos.</p>
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d. En consecuencia, agregan, resulta evidente que la entrega de la información y los antecedentes solicitados, han sido negados por sentencias judiciales ejecutoriadas, y, además, los mismos actualmente son objeto del juicio de indemnización de perjuicios por presunta falta de servicio, el que, a la fecha se encuentra en desarrollo, constituyendo, por tanto, antecedentes relevantes para la defensa del demandado, Servicio Nacional de Aduanas. Causales de rechazo que quedan subsumidas en la hipótesis del artículo 21 número 1 letra a) de la Ley N°20.285 y artículo 7 número 1 letra a) del Decreto Supremo N°13/09 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.</p>
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e. Para el Servicio Nacional de Aduanas la negación de la información solicitada por la recurrente, se ajusta exactamente a las disposiciones legales que le impiden a esta autoridad entregar la información que solicita la reclamante. En primer término, pues la negativa se ha fundamentado en que los antecedentes y documentos solicitados son necesarios para la defensa jurídica y judicial del Servicio Nacional de Aduanas, demandado por el mismo recurrente, por presunta falta de servicio, fundada, precisamente, en los documentos y antecedentes que solicita.</p>
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f. Agregan que la demanda y sus escritos de fondo, cuyas copias se acompañan, permiten comprobar que, en dicho proceso, se reclama lo mismo que se invoca como fundamento de este reclamo de amparo de información. A saber, en breve, que se habría faltado gravemente al deber de fiscalización sobre las empresas 3M Chile S.A. y MSA Chile Ltda., al entender la demandante que dichas empresas, en la importación de máscaras de seguridad, habrían subvalorados la mercancía y que se le habría negado ilegalmente la documentación proporcionada por las referidas empresas a propósito de los requerimientos del Servicio.</p>
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g. En consecuencia para el Servicio, la documentación cuya entrega se negó por Ord. 6957/09 es de aquéllas que son indispensables para una buena defensa jurídica y judicial del Servicio, demandado precisamente por el aquí recurrente, al punto de que, en la etapa procesal correspondiente, fueron acompañados al tribunal competente, en parte de prueba y con el propósito de acreditar, en juicio, que no ha existido la falta de servicio demandada. Por ello, la negativa se enmarca exactamente en la hipótesis legal invocada, que establece como causal de reserva y autoriza a denegar la información, aquella necesaria para la defensa del Servicio requerido.</p>
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h. En el Ord. 6957/09 recurrido, se indicó también, respecto del Ord. N° 8.520/04, incluido en la solicitud AE007W-00001, que a su respecto, en su oportunidad y conforme a la legislación vigente a la época, el solicitante dedujo sendos recursos de amparo de Acceso a la Información (roles 3767-04, del Primer Juzgado Civil de Valparaíso y 3326-05 del Tercer Juzgado Civil de Valparaíso), los que fueron, en definitiva, rechazados por la I. Corte de Apelación de Valparaíso y Corte Suprema, y en los que se determinó por sentencias ejecutoriadas que la información requerida era de carácter confidencial y proporcionada a la Aduana a efectos de la valoración.</p>
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i. De modo que, como se indicó en el Oficio impugnado, la negativa de proporcionar la información y antecedentes requeridos, se basó en que ella se encontraba declarada reservada por 2 sentencias judiciales ejecutoriadas y, además, dado que, eran necesarios para la defensa jurídica y judicial del Servicio, en juicio promovido por la misma empresa reclamante de denegación de acceso a la información.</p>
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j. Como se ha señalado, actualmente existe juicio civil en curso, promovido por la misma recurrente en contra del Servicio Nacional de Aduanas, en el que se demanda indemnización de perjuicios por presunta falta de servicio (rol 608 Segundo Juzgado Civil de Valparaíso), fundado entre otros motivos, en que se habría negado infundadamente la información que también se requiere a propósito del reclamo de autos. Cabe destacar, al efecto, el auto de prueba del juicio, cuya copia se acompañó como medio de prueba. Por tanto, se entiende que, la materia objeto de este recurso se encuentra sometida al conocimiento de un tribunal del orden judicial de la República, en cuyo caso correspondería aplicar el principio de la radicación, consagrado en el artículo 76 de la Constitución Política de la República y reiterado en el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales, según los cuales, en lo que interesa, ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes y, radicada la competencia en algún tribunal de la República, no se alterará ésta por causa sobreviniente.</p>
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k. Agrega el Servicio que la información solicitada por Masprot Ltda. y que le fuere negada por Ord. 008520/04, fue objeto de dos recursos de amparo a la información, los que terminaron por sentencias ejecutoriadas que, en definitiva, establecieron que el Servicio Nacional de Aduanas no podía entregar la información, dada su carácter de reservada. Lo anterior implica que, tales sentencias, al producir el efecto de la cosa juzgada, no pueden ser objeto de impugnación, como tampoco puede volver a discutirse lo ya resuelto por el tribunal, de modo que una decisión del H. Consejo en sentido contrario, supondría el quebrantamiento de la cosa juzgada que protege las sentencias judiciales ejecutoriadas que establecieron la reserva de la información negada, en su oportunidad, por Ord. 08520/04.</p>
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l. Indica, asimismo, la concurrencia de otras dos causales adicionales puesto que la información solicitada y denegada y que ha dado origen al amparo impetrado dice relación con los antecedentes de una denuncia efectuada por la reclamante en contra de dos empresas MS de Chile y TRES M de Chile, que incide en materia de valoración, y que dio origen a una investigación para determinar el valor de la mercancía importada por esas empresas, que constituyen competencia de la reclamante, y en la que se allegaron antecedentes de carácter financiero y contable que comprende facturas de proveedores, intermediarios, insumos, etc., y cuya índole por sí sola señala que estos datos son confidenciales y, además, se proporcionaron a la Aduana a los efectos de una valoración de mercancía importada.</p>
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m. Que la Ley 20.285 mantiene para los documentos señalados, la condición de reserva, habida consideración de lo dispuesto en el N°2 de su artículo 21, al elevar a la categoría de causal de reserva, la información respecto de los derechos de carácter comercial o económico del particular. Ello, además, en concordancia con el artículo 8 de la Constitución Política de la República, que incluye como causal de reserva, los derechos de las personas.</p>
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n. Por último, cabe recordar que la Ley 20.285, en su disposición transitoria N°1, reitera la vigencia de la disposición 4° Transitoria de la Constitución, en cuanto otorga suficiencia de quórum calificado a las disposiciones vigentes dictadas con anterioridad a la Ley 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados documentos, condición en la que se encuentran las artículos 6 de la Ordenanza de Aduanas y 10 del Acuerdo de Valoración de la OMC, promulgado el 15 de enero de 1995, mediante Decreto N°16, publicado el 17 de mayo del mismo año.</p>
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o. Como fundamento de lo expuesto, acompaña entre otros documentos, copia de la demanda, contestación, réplica, dúplica, auto de prueba, acompaña documentos y solicitud de copias, de juicio caratulado “Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Limitada con Servicio Nacional de Aduanas”, rol 608-08 del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso.</p>
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5. Téngase presente del reclamante: Don Francisco Bartucevic Sánchez, por la recurrente Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Ltda. de Amparo de Acceso a la Información Pública, con fecha 3 de agosto de 2009, formuló las siguientes observaciones:</p>
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a. Como cuestión previa, es necesario hacer presente que la única causal de reserva que fundamento el rechazo del acceso a la información pública solicitada fue la del articulo 21 N° 1 letra a) de la Ley N° 20.285, y no la del N° 2 del mismo texto legal, referida a la "publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico", por lo tanto, esta extemporánea causal de reserva invocada no puede ser sino desestimada en todas sus partes y tenerse por no invocada, y, por consiguiente, como inexistente en el presente amparo. Indica que el Servicio de Aduanas majaderamente ha reiterado la existencia de secretos comerciales, propiedad industrial y otras, antecedentes que jamás ha precisado o especificado de modo alguno; más aun, resultan del todo extraños a los antecedentes propios de una Declaración de Importación, la que, tal como lo señalamos en nuestro Amparo se encuentra a disposición pública conforme a la información que el propio Servicio de Aduanas comercializa a través de distintos proveedores, más, los antecedentes fundantes de la misma, sólo se encuentran en su respectiva carpeta de importación, la que contiene la factura comercial, la orden de compra, el listado de los productos, la declaración jurada de vinculación entre proveedor y comprador y otros antecedentes relevantes para la determinación del valor aduanero, y no, como lo sostiene la recurrida, secretos comerciales, propiedades industriales y otros.</p>
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b. Ahora bien, en cuanto a la causal de reserva invocada, esto es, por tratarse de antecedentes y documentos necesarios para la defensa jurídica y judicial del Servicio Nacional de Aduanas por la demanda entablada en su contra por mi representada derivada de la falta de servicio incurrida por la falta de fiscalización oportuna y defectuosa luego de las distintas denuncias presentadas ante la recurrida para controlar y sancionar la irregular conducta de las empresas MSA Chile S.A. y 3M Chile S.A. en la importación de mercancías al país, según consta en la copia de la demanda que la propia recurrida acompaña a su presentación (demanda que no se fundamenta en la negación a la entrega de información como erradamente se sostiene), su argumentación incurre en una manifiesto y evidente contrasentido, ya que, por una parte, alega que la documentación solicitada es necesaria para su defensa judicial, para antes afirmar que la documentación y antecedentes ya han sido acompañados el referido proceso judicial (N° I, letra g) de las formulación de descargos), luego, resulta incomprensible la causal de reserva invocada cuando, según la propia recurrida, la información ya ha sido entregada, lo que conduce necesariamente a su rechazo.</p>
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c. Sin perjuicio de lo señalado, es necesario advertir que la información entregada judicialmente en el proceso judicial seguido en contra de la recurrida es sólo parcial, ya que ha limitado su entrega a una enorme set de documentos (Ia mayoría repetidos hasta en cuatro ocasiones, lo que explica su volumen), que da cuenta del resultado de las investigaciones efectuadas por al Servicio a las empresas denunciadas y una enorme cantidad de oficios internos sobre la materia, pero jamás entrega la documentación y antecedentes que sustentan tales conclusiones o resultados, siendo esta información a la que esta parte pretende acceder para realizar un acabado y completo control del actuar publico del Servicio recurrido, acceso a los antecedentes que ratifican la importancia y relevancia del aporte de mi representada al haber no sólo obligado al impulso del ejercicio de las facultades fiscalizadoras del Servicio de Aduanas, sino que también, a la protección del interés fiscal comprometido por las enormes sumas involucradas, las que, estamos cierto, superan con creces los valores que actualmente han motivado los cargos formulados por aduana en contra de la empresas denunciadas en atención al rol fiscalizador ciudadano del ente público del cual están investidos todas las personas públicas y privadas, por lo que estamos decididos a exigir y velar por su correcto funcionamiento, como así también, perseguir las responsabilidades que de dicha función emanen en contra de quienes resulten responsables, habiendo quedado en evidencia el actuar tardío y defectuoso del Servicio Público involucrado en el ejercicio de sus funciones.</p>
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d. Hace por último presente la impertinencia de la extensa alegación formulada en relación al instituto procesal de la cosa juzgada, la que, tal como la propia parte recurrida reconoce, se encuentra establecida y regulada en el Código de Procedimiento Civil y rige para las sentencias judiciales, no para procedimientos administrativos como el incoado en autos, más aun, cuando se ha invocado la aplicación de una nueva legislación regulada por la actual Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, y que entró a regir con fecha 20 de abril de 2009, procedimiento regido en subsidio por la Ley N° 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Actos de los Órganos del Estado, luego, aun en caso de estimarse pertinente la aplicación de esta figura procesal especial, esta carecería del tercer requisito exigido por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la causa de pedir.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1. Que antes de proceder a verificar la concurrencia de algunas de las causales del artículo 21 de la Ley de Transparencia respecto de la información solicitada por el requirente, resulta necesario evaluar si existe coincidencia entre lo solicitado bajo el ejercicio del derecho de amparo al acceso a la información pública ante este Consejo y los antecedentes solicitados en un procedimiento judicial existente entre las mismas partes del que conocen los tribunales de justicia.</p>
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2. Que, en este sentido, existe concordancia entre el solicitante y el Servicio Nacional de Aduanas respecto a la existencia y actual tramitación de un juicio de indemnización de perjuicios por supuesta falta de servicio, caratulados “Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Limitada con Servicio Nacional de Aduanas”, rol 608-08, seguido ante el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso.</p>
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3. Que en la demanda presentada por Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Limitada, en el segundo otrosí, la empresa solicitó se oficie al “Director Nacional de Aduanas a fin de que remita copia autorizada de los sumarios e investigaciones efectuados a la fecha a las empresas 3M Chile S.A. y M.S.A. Chile Ltda. y sus resultados, como así también las denuncias efectuadas por mi representada en contra de las referidas empresas y sus resultados.”</p>
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4. Que, por su parte, el auto de prueba, en el que se recibe la causa a prueba, fija como hechos sustancias, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales ésta deberá recaer, en lo que interesa a este reclamo, los siguientes:</p>
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a. Efectividad de haber efectuado la demandante Masprot denuncias al Servicio Nacional de Aduanas en contra de las empresas 3M Chile S.A. y MSA de Chile Ltda. Fecha de cada una de ellas y estado de tramitación.</p>
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b. Efectividad de haber solicitado la demandante accesos a los resultados de la investigación realizada por el Servicio Nacional de Aduanas, con motivo de las investigaciones efectuadas por dicho organismo con ocasión de las denuncias realizadas por la demandante, y de haber sido negado dicha información.</p>
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c. Efectividad de haber deducido la demandante sendos recursos de amparo de información ante la I. Corte de Apelaciones de esta ciudad y destino de los mismos, en su caso.</p>
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d. Efectividad de haber faltado el Servicio denunciado a sus deberes de fiscalización. Forma en que ello se produjo, si así hubiere sido.</p>
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5. Que dentro de los documentos que pueden ayudar a acreditar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos se encuentran los solicitados en virtud del presente amparo y que también fueron solicitados por el demandante en el juicio de indemnización de perjuicios para acreditar la señalada falta de servicio.</p>
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6. Que el Servicio Nacional de Aduanas señaló en su traslado expresamente la referida circunstancia, indicando que “ cabe entender que, la materia objeto de este recurso se encuentra sometida al conocimiento de un tribunal del orden judicial de la República, en cuyo caso correspondería aplicar el principio de la radicación, consagrado en el artículo 76 de la Constitución Política de la República y reiterado en el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales, según los cuales, en lo que interesa, ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes y, radicada la competencia en algún tribunal de la República, no se alterará ésta por causa sobreviniente.”</p>
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7. Que por su parte el solicitante, señaló en su escrito de téngase presente que “es necesario advertir que la información entregada judicialmente en el proceso judicial seguido en contra de la recurrida es sólo parcial, ya que ha limitado su entrega a un enorme set de documentos (Ia mayoría repetidos hasta en cuatro ocasiones, lo que explica su volumen), que da cuenta del resultado de las investigaciones efectuadas por al Servicio a las empresas denunciadas y una enorme cantidad de oficios internos sobre la materia, pero jamás entrega la documentación y antecedentes que sustentan tales conclusiones o resultados, siendo esta información a la que esta parte pretende acceder para realizar un acabado y completo control del actuar público del Servicio recurrido”.</p>
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8. Que en base a lo precedentemente expuesto, sólo resta a este Consejo señalar que la información solicitada por vía de amparo al derecho de acceso a la información es coincidente con la información solicitada como medio de prueba en el juicio ordinario por indemnización de perjuicios seguido ante el Segundo Juzgado de Letras de Valparaíso.</p>
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9. Que el referido procedimiento judicial fue iniciado con antelación a la presentación del requerimiento de acceso a la información ante este Consejo.</p>
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10. Que, además, por tratarse de documentos que fueron entregados a la parte demandante en el juicio indicado no corresponde a este Consejo pronunciarse sobre la identidad entre lo presentado como medio de prueba documental y lo solicitado por el demandante en dichos autos, siendo por tanto, una materia que deberá ser resuelta por el tribunal que dispuso la medida, de estimarlo necesario.</p>
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11. Que lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, en el que se dispone que “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.” (el destacado es nuestro).</p>
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12. Que de esta forma queda vedado a los demás órganos del Estado, entre los que se encuentra el Consejo para la Transparencia, avocarse causas pendientes ante los tribunales establecidos por ley, como en el caso concreto constituiría el conocer sobre la entrega de los documentos solicitados en el juicio por el demandante como medio de prueba y su completitud.</p>
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13. En el mismo sentido, el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales, en aplicación del Principio de Radicación, establece que “Radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente.” Por tanto, si un tribunal está conociendo de un juicio por indemnización de perjuicios en el que, precisamente, se solicitó acompañar la referida información que obra en poder del Servicio Nacional de Aduanas, este Consejo se encuentra impedido de conocer de ello pues la solicitud fue formulada con posterioridad al inicio del citado juicio y el asunto se encuentra radicado ante otro órgano del Estado.</p>
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14. Que en virtud de lo señalado precedentemente, este Consejo estima irrelevante pronunciarse sobre la concurrencia o inconcurrencia de las causales de secreto o reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia, y sobre los argumentos hechos valer a su respecto por cada una de las partes.</p>
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15. Que en virtud de la eventual causal de abstención administrativa, esgrimida por el requirente, respecto del Presidente del Consejo, don Juan Pablo Olmedo Bustos, y habiéndosele requerido al afectado su opinión, éste manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir o votar el presente reclamo, por estimar que concurre a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 de la LOCBGAE, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer del asunto, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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1. Rechazar el reclamo interpuesto por don Jaime Lean Mérida, en representación de Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Ltda., en contra del Servicio Nacional de Aduanas, por los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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2. Acoger la causal de abstención esgrimida por don Jaime Lean Mérida, en representación de Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Ltda. respecto del Presidente del Consejo, don Juan Pablo Olmedo Bustos, quien se abstuvo de intervenir y votar en este asunto.</p>
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3. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo al Director Nacional de Aduanas, a don Francisco Bartucevic Sánchez, en representación de Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Ltda., y a don Jaime Lean Mérida, en representación de Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Ltda.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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