Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7016-22

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Reclamante:	MAXIMILIANO BAZÁN HEREDIA
Reclamado:	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, ordenando la entrega de información consistente en registro histórico (todos los años disponibles) del pago de patentes de concesiones de acuicultura detallando nombre del titular y monto anual pagado a la Tesorería por cada año. Lo anterior, atendido que el legislador determinó ex - ante el carácter eminentemente público del procedimiento para obtener una concesión como la consultada, carácter que resulta extensible respecto del cumplimiento de la obligación del pago de patente de acuicultura, requisito habilitante para mantener la vigencia de la concesión respectiva, atendida la causal de caducidad que establece el artículo 142 de la Ley de Pesca, tratándose de una carga económica indisolublemente asociada a la calidad de titular de una concesión de acuicultura, por lo que resulta improcedente extender la protección normativa establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, respecto a dicho dato en particular. En consecuencia, a juicio de este Consejo, resulta inoficioso respecto de la información reclamada en el amparo, la realización del procedimiento de notificación a terceros regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por cuanto lo requerido da cuenta únicamente del cumplimiento de una obligación legal correlativa establecida para quienes obtienen la autorización para efectuar explotación acuícola en un bien nacional de uso público, autorización cuyo otorgamiento y modificación es de conocimiento público por expreso mandato legal. Consecuencialmente, se desestima la procedencia de aplicar la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en el entendido que dicha alegación se fundamentó exclusivamente en la necesidad de efectuar el procedimiento de notificación contemplado en el artículo 20 de la ley de Transparencia, respecto a 2.315 titulares de concesiones de acuicultura, lo que fue descartado en conformidad a lo señalado en el párrafo precedente.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/18/2022
Consejeros:	-Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1269-15 C2011-15
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DECISIÓN AMPARO ROL C7016-22   Entidad pública: Tesorería General de la República. Requirente: Maximiliano Bazán Heredia. Ingreso Consejo: 29.07.2022 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, ordenando la entrega de información consistente en registro histórico (todos los años disponibles) del pago de patentes de concesiones de acuicultura detallando nombre del titular y monto anual pagado a la Tesorería por cada año. Lo anterior, atendido que el legislador determinó ex - ante el carácter eminentemente público del procedimiento para obtener una concesión como la consultada, carácter que resulta extensible respecto del cumplimiento de la obligación del pago de patente de acuicultura, requisito habilitante para mantener la vigencia de la concesión respectiva, atendida la causal de caducidad que establece el artículo 142 de la Ley de Pesca, tratándose de una carga económica indisolublemente asociada a la calidad de titular de una concesión de acuicultura, por lo que resulta improcedente extender la protección normativa establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, respecto a dicho dato en particular. En consecuencia, a juicio de este Consejo, resulta inoficioso respecto de la información reclamada en el amparo, la realización del procedimiento de notificación a terceros regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por cuanto lo requerido da cuenta únicamente del cumplimiento de una obligación legal correlativa establecida para quienes obtienen la autorización para efectuar explotación acuícola en un bien nacional de uso público, autorización cuyo otorgamiento y modificación es de conocimiento público por expreso mandato legal. Consecuencialmente, se desestima la procedencia de aplicar la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en el entendido que dicha alegación se fundamentó exclusivamente en la necesidad de efectuar el procedimiento de notificación contemplado en el artículo 20 de la ley de Transparencia, respecto a 2.315 titulares de concesiones de acuicultura, lo que fue descartado en conformidad a lo señalado en el párrafo precedente. En sesión ordinaria N° 1323 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de noviembre de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7016-22. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de junio de 2022, don Maximiliano Bazán Heredia efectuó ante la Tesorería General de la República, en adelante también e indistintamente "Tesorería" la siguiente solicitud de información: «listado en Excel con el registro histórico (todos los años disponibles) del pago de patentes de concesiones de acuicultura detallando: nombre del titular, número de RCA correspondiente, región en la que se ubica, monto anual pagado a la Tesorería por cada año y años pendientes de pago.» 2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. N° 15439-DJ, de 08 de julio de 2022, la Tesorería General de la República respondió a dicho requerimiento de información indicando, en lo que interesa, que: i. "(...) en la siguiente tabla puede encontrar el monto anual recaudado por la Tesorería por concepto de pago de patentes de concesiones de acuicultura entre los años 1992 a 2022. ii. Con respecto a los saldos morosos en la siguiente tabla podemos informar el detalle por año en UTM de saldos deudores pago de patentes de concesiones de acuicultura: (...) iii. Que, en consecuencia, procede comunicar al requirente la incompetencia de este Servicio para dar respuesta a su consulta y la derivación de su petición a la Tesorería General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 20.285. iv. Con respecto a los nombres de quienes pagan estas patentes, es posible señalar que esta información -referida al pago de las patentes de concesiones de acuicultura-, pudiese afectar los derechos de terceros, resultando procedente, de conformidad a lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, y las instrucciones contenidas en el Punto 2.4 de la Instrucción General N° 10 del CPLT, que la autoridad o jefatura comunique mediante carta certificada a las personas naturales o jurídicas titulares de dichas concesiones, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de la información solicitada, adjuntando copia del requerimiento. Los terceros podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contados desde la fecha de notificación. En este sentido, dado el volumen de titulares de patentes de acuicultura, cifra que asciende a 2.315 aproximadamente, poner en conocimiento a los terceros involucrados, de conformidad a lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, afecta el normal cumplimiento de las labores del Servicio, ya que se debe destinar a más de un funcionario a procesar estas comunicaciones una a una y con dedicación exclusiva. Por lo anterior, esta información debe ser reservada de acuerdo con la letra c) del artículo 21 del citado texto legal, con relación a que se puede omitir la notificación a que alude el procedimiento del artículo 20 y denegar parcialmente la solicitud por afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano (Párrafo final del punto 2.4 de la Instrucción General N° 10 del CPLT Sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información). En relación con la causal de reserva antes citada, el CPLT ha señalado en los considerandos N° s 5 y 6 de la Decisión de Amparo Rol C2011-15, lo siguiente (...) De esta forma, y sin perjuicio que la información requerida podría encontrarse en poder de este Servicio, su entrega requiere necesariamente una dedicación de tiempo considerable por parte de los funcionarios de Tesorería, atendido su volumen y la carga de trabajo de éstos. Por lo que no es posible entregar la información solicitada. Con respecto al número de RCA, podemos indicar que no es posible colegir de su requerimiento a que se refiere, ya que en nuestras bases de datos no tenemos registrada información con esa nomenclatura o iniciales. En relación con las regiones de las patentes acuícolas, podemos informar que la región donde se ubica la concesión no se registra en el formulario que se mantiene en nuestras bases de datos 3) AMPARO: El 29 de julio de 2022, don Maximiliano Bazán Heredia dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta incompleta a su solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que: "La Tesorería entregó cifras generales por año, pero no el detalle de todos los titulares que han pagado patente de acuicultura bajo el argumento de que podría afectar sus derechos, lo cual no tiene sentido, puesto que dicho pago es un requisito legal para hacer uso de un bien nacional de uso público, y el monto se calcula de acuerdo a la cantidad de hectáreas concedidas, por lo que no es información reservada, y sí de carácter pública, ya que su conocimiento permite identificar si ese requisito para hacer uso del bien nacional se está cumpliendo o no". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sra. Tesorera General de la República, mediante el oficio N° 18001, de 15 de septiembre de 2022 solicitando especialmente que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros. Mediante Oficio N° E 220249/2022 ingresado a trámite ante este Consejo el 11 de octubre de 2022, el órgano reclamado evacuó sus descargos, señalando, en cuanto a la posible afectación de derechos de terceros, que estima procedente el cumplimiento del procedimiento contemplado en el artículo 20 de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, por cuanto, la divulgación de la información requerida podría comprometer los derechos comerciales y económicos de los terceros titulares de patentes de acuicultura, de conformidad a lo previsto en la letra f) del artículo 2° de la ley N° 19.628 sobre protección a la vida privada. En este sentido, y como se expone en el libro "Transparencia y Sociedad", edición N° 3, en artículo sobre "La Afectación de la Vida Privada como Límite al Acceso a la Información", don Jorge Jaraquemada señala -en la página 40- que el artículo 20 de la Ley de Transparencia cede, en caso de silencio del tercero, ante la regla especial del artículo 4° de la ley N° 19.628, atendida su especialidad y el carácter secreto que les reconoce el artículo 7° de la misma ley. Es decir, mientras no haya existido manifestación de consentimiento expreso para la entrega de la información, no es posible que un tercero pueda acceder a esos datos. Cita al efecto el considerando 6° de la decisión de Amparo Rol C1269-15, y el considerando N° 7 de la sentencia sobre Reclamación de Ilegalidad Rol N° 6531-2014, dispone en lo que interesa, que "...toda persona posee como derecho básico fundamental el respeto de un ámbito que no es posible de traspasar por terceros, encontrándose vedada toda injerencia sin la autorización de su titular, derecho humano y libertad fundamental que emerge de la dignidad de las personas". En este mismo ámbito, es pertinente agregar que toda la información relacionada con la existencia de deudas ajenas y otros datos relativos a la misma (recordemos que la solicitud pide tanto información de los años pagados como aquellos que no lo han sido), como son: montos adeudados, pagados u otros datos relacionados, no es posible entregarlos pues la publicidad, comunicación o conocimiento de deudas morosas de cualquier persona, compromete su capacidad para operar en el mercado y su reputación o prestigio comercial que se sustenta en el debido cumplimiento de sus obligaciones, afectando sus derechos de carácter comercial o económicos, por lo que esa información es reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285. Sobre el particular, cabe recordar que el Consejo para la Transparencia, en su decisión de amparo Rol C1365-2020, determinó que los antecedentes relacionados con las deudas tributarias cuyo cobro se encuentra encomendado al Servicio de Tesorerías, se refiere a datos personales de los contribuyentes, motivo por el cual es información reservada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285; en concordancia con lo preceptuado con la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en causa sobre recurso de queja rol N° 4681-2013. Ahora bien y en lo que respecta a las personas jurídicas, y no obstante que a su respecto resulta inaplicable la ley N° 19.628, toda vez que no son titulares de datos de carácter personal o sensibles en los términos previstos en el artículo 2° letra f) y g) de la citada ley sobre protección a la vida privada, el fallo referido anteriormente expuso que "de igual manera, serían titulares de un derecho al buen nombre, fama o reputación, la que puede verse afectada para operar comercialmente en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, que en el evento de dar publicidad referida a su estado de morosidad de deudas tributarias, conllevaría la afectación de sus derechos comerciales y económicos, asimismo, a su imagen o prestigio", posición que a su vez ha sido ratificada por el Consejo para la Transparencia. Es indudable la expectativa razonable de daño o afectación negativa que traería como consecuencia la entrega de lo solicitado, al permitir identificar y atribuir la calidad de deudor a ciertos titulares de concesiones, develando con ello datos de carácter personal al alero de lo señalado en la ley N° 19.628, a un tercero distinto al contribuyente o su representante legal. En tales circunstancias, es dable presumir que la entrega de la información solicitada puede afectar los derechos comerciales y económicos de los deudores comprometidos, configurándose a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Es así como no cabe duda alguna que la información patrimonial o económica de una persona natural o jurídica es un dato que debe ser resguardado, más aún si se considera que los antecedentes del pago (o no) de una concesión de la cual es su titular, es una información que puede interesar resguardar pues da cuenta de un derecho (concesión) que forma parte de su patrimonio y permitiría identificar y atribuir la calidad de deudor a dichas personas naturales o jurídicas en particular, lo que supone afectar en forma cierta o probable y con suficiente especificidad sus derechos comerciales y económicos. En este orden de ideas, el artículo 20 de la ley N° 19.628, establece "El tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular.", entre estas reglas se encuentra la del inciso 1° del artículo 9° de la citada ley que consagra el principio de finalidad que regula la protección de los datos personales, al señalar "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público." En este ámbito, el almacenamiento de este dato de carácter personal efectuado por la Tesorería General de la República se encuentra amparado por el artículo 20 ya mencionado, siendo improcedente la divulgación o publicidad de estos datos para fines diversos al señalado, sin comunicar previamente al tercero involucrado. Más aún, conviene hacer presente que atendido que la información contenida en las bases de datos del Servicio de Tesorerías se refiere a aspectos personales e íntimos del quehacer económico de los contribuyentes, esta debe ser resguardada de intromisiones indebidas, lo que da existencia a la reserva de la información tributaria. En cuanto a la causal de secreto o reserva que hizo procedente la denegación de la información solicitada, cabe indicar que se refirió a aquella establecida en el N° 1 del artículo 21 de la ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, pues afectaba el debido cumplimiento de las funciones del órgano, específicamente se precisó que la respuesta íntegra a la solicitud del ahora reclamante, al tratarse de un requerimiento de carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos distraería indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, pues se debía dar cumplimiento al procedimiento contemplado en el artículo 20 de la ley N° 20.285. En este mismo sentido, cabe tener presente el artículo 7° N° 1, letra c) inciso 3° del Reglamento de la referida ley N° 20.285, que precisa los supuestos de la causal en comento, y señala expresamente que "Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales." Ahora bien, del número total -aproximado- de los 2.315 titulares de patentes de acuicultura referidas en el oficio ordinario N° 15439-DJ, es posible observar que la satisfacción íntegra del requerimiento, requiere de una revisión previa del Sistema de Cuenta Única Tributaria, para determinar el domicilio o dirección de los terceros a quienes debería notificarse, para luego de ello, recién poder confeccionar 2.315 cartas, que deberán ser firmadas una por una por el Jefe de la División Jurídica, para proceder al envío de éstas por Correos de Chile. A lo anterior, se debe agregar que una vez remitidas las notificaciones se deberá realizar el seguimiento de cada una para verificar los plazos que tienen los terceros para manifestar su derecho a oposición, para posteriormente analizar las respuestas entregadas por estos. Lo anterior, implica objetivamente una elevada carga de trabajo para el equipo de la Unidad de Transparencia y Lobby de este Servicio, que tendrán que dejar de atender otras funciones asignadas a dicha Unidad para dar cumplimiento a cada una de las etapas antes descritas. De esta forma, y sin perjuicio de que la información que se reclama podría encontrarse en el Servicio (nombres de titulares de patentes de concesiones de acuicultura), el cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 20 de la ley N° 20.285, en orden en poner en conocimiento de terceros la potencial afectación de sus derechos y la posibilidad de oponerse a la entrega de dicha información, adjuntándosele copia del requerimiento N° AE003T0004007, requiere necesariamente una dedicación de tiempo considerable por parte de funcionarios de Tesorería, atendido su volumen y carga de trabajo de estos, concurriendo de esta forma -y como se ha señalado anteriormente- los supuestos establecidos en la letra c) del artículo 21 del citado texto legal, omitiéndose la notificación a que alude el procedimiento del artículo 20 y permitiendo denegarse parcialmente la solicitud por afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano (párrafo final del punto 2.4 de la Instrucción General N° 10 del CPLT Sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información). Cita al efecto, los considerandos Nos 5 y 6 de la Decisión de Amparo Rol C2011-15, solicitando el rechazo del amparo deducido. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en conformidad a lo señalado por el recurrente al momento de interponer su reclamación, el presente amparo se funda en la falta de entrega de la información requerida a la Tesorería General de la República, sobre información histórica de pago de patentes de concesiones de acuicultura incorporando nombre del titular y monto anual pagado por cada año disponible. Por su parte el órgano reclamado invocó respecto de dicha información, las causales de reserva contempladas en los artículos 21 N° 2 y 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, ésta última, fundada en la necesidad de efectuar el procedimiento de notificación a terceros de la solicitud de acceso, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 del mismo cuerpo normativo; respecto de terceros, que corresponden a titulares de concesiones de acuicultura. 2) Que, en primer término, el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional", salvo las excepciones legales. Por su parte, cabe tener presente que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En razón de lo anterior, la información objeto del amparo, es en principio, información pública, salvo concurra a su respecto alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran. 3) Que, respecto del marco normativo aplicable, se tiene presente que, en conformidad a la definición establecida en el artículo 1° numeral 3 del Decreto N° 290/1993 del Ministerio de Economía, Reglamento de Concesiones y Autorizaciones de Acuicultura una "concesión de acuicultura" corresponde al "acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional otorga a una persona, natural o jurídica, los derechos de uso y goce, por el plazo de 25 años renovables, sobre determinados bienes nacionales, para que realice en ellos actividades de acuicultura". El procedimiento para obtener la titularidad de una concesión de acuicultura se encuentra regulado en los artículos 67 y siguientes del Decreto N° 430, Que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 1991 (en adelante también "Ley de Pesca"). El artículo 80 inciso cuarto del texto normativo recién indicado establece que una vez obtenida una resolución favorable respecto de la concesión de acuicultura solicitada a la autoridad, el interesado deberá publicar un extracto de la dicha resolución en el Diario Oficial dentro del plazo de 45 días contados desde su notificación. Asimismo, en conformidad a lo ordenado en el artículo 81 de la Ley de Pesca, las transferencias, arriendos y todo acto que implique la cesión de derechos de las concesiones de acuicultura o que habilite el ejercicio de la actividad de acuicultura en ellas, se inscribirán en el Registro de Concesiones de Acuicultura que llevará la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el que deberá ser "público, gratuito y estar disponible para acceso y consulta en la página de dominio electrónico del mismo órgano ." 4) Que, complementando lo señalado precedentemente, el artículo 84 incisos 1° y 2° de la Ley de Pesca, establece que "Los titulares de concesiones y autorizaciones de acuicultura pagarán anualmente una patente única de acuicultura, correspondiente a dos unidades tributarias mensuales por hectárea, salvo en el caso de concesiones o autorizaciones de acuicultura cuyo proyecto técnico considere peces exóticos, las que pagarán 20 unidades tributarias mensuales por hectárea. Por las concesiones y autorizaciones de acuicultura de superficie inferior a una hectárea se pagará la patente antes indicada en la proporción que corresponda. En los casos en que el centro de cultivo a que se refiere la concesión no sea usado en los cincuenta y cuatro meses anteriores y no proceda la aplicación de la causal de caducidad por falta de operación, se pagarán 10 UTM por hectárea adicionales por cada año de no uso (...)". Finalmente, el artículo 142, letra b) de la Ley de Pesca establece como una hipótesis de caducidad de las concesiones otorgadas, el no pago de patente establecido en la norma recién transcrita. 5) Que, respecto de la información reclamada en el amparo, se advierte que la Tesorería General de la República se opone a dar a conocer los montos pagados por concepto de patentes de concesiones de acuicultura incorporando nombre del titular, al estimar que corresponde a información de carácter patrimonial concerniente a terceros, por lo que correspondería, a su juicio, aplicar el procedimiento de notificación a los terceros regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, al tratarse de información cuya publicidad afecta derechos de los respectivos titulares de las concesiones consultadas. No obstante, el órgano recurrido omite en su análisis el alcance y contenido de las normas especiales de publicidad que contiene la Ley de Pesca y sus diversos Reglamentos, que obligan tanto a la publicación de la resolución que otorga la concesión, como la inscripción de ésta en un Registro público de concesiones de acuicultura, en el que se debe consignar cualquier modificación relevante en relación con su titularidad. Lo señalado, permite inferir fundadamente que, el legislador determinó ex - ante el carácter eminentemente público del procedimiento para obtener una concesión como la consultada, carácter que resulta extensible respecto del cumplimiento de la obligación del pago de patente de acuicultura, requisito habilitante para mantener la vigencia de la concesión respectiva, atendida la causal de caducidad que establece el artículo 142 de la Ley de Pesca, tratándose de una carga económica indisolublemente asociada a la calidad de titular de una concesión de acuicultura, por lo que resulta improcedente extender la protección normativa establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, respecto a dicho dato en particular. En efecto, a juicio de este Consejo, no es posible avizorar en que forma, la especificación de los montos pagados por concepto de patentes de acuicultura por los respectivos concesionarios podría afectar sus derechos comerciales y económicos, resultando inoficioso respecto del acceso a esta información en particular, la realización del procedimiento de notificación regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por cuanto lo requerido da cuenta únicamente del cumplimiento de una obligación legal correlativa establecida para quienes obtienen la autorización para efectuar explotación acuícola en un bien nacional de uso público, autorización cuyo otorgamiento y modificación es de conocimiento público por expreso mandato legal. 6) Que, adicionalmente, la divulgación de información relativa al pago de las patentes de acuicultura permite a los ciudadanos fiscalizar los ingresos que se recauden por este tipo de tributos, según lo dispuesto en el artículo 84 numerales 1) y 2) de la Ley de Pesca. Refuerza dicho razonamiento el hecho que el pago consultado permite al titular de la concesión el ejercicio o desempeño de una actividad económica determinada que se realiza en un bien nacional de uso público, constituyendo una carga pública de contenido pecuniario en favor de la comuna en donde dicha actividad económica se ejecuta y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En este contexto, resulta aplicable en términos análogos lo señalado por la I. Corte de Apelaciones de Santiago al rechazar Reclamo de Ilegalidad Rol N° 2619-2012, relativo a acceso a información sobre patentes comerciales municipales, en el sostuvo que "La patente es, desde esta perspectiva, un acto terminal evacuado por una autoridad pública, de modo que aunque concierna a un particular, sea que éste sea persona natural o jurídica, es en esencia de aquellos cuyo contenido y fundamentos pueden ser conocidos por el público" (considerando tercero). 7) Que, el órgano reclamado invocó también la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, para denegar el acceso a la información, el cual dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". Sin perjuicio de lo anterior, el tenor de los argumentos señalados por el órgano recurrido para sustentar la causal de reserva, se vinculan específicamente con la aplicación del procedimiento de notificación a los terceros regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, respecto de 2.315 titulares de patentes de acuicultura referidas. En este contexto, en conformidad a lo razonado en los considerandos precedentes, y habiendo concluido este Consejo que no resulta necesario llevar a efecto el referido proceso de notificación a terceros en relación con la información específicamente reclamada, se desestimará la causal de reserva alegada, por lo que el amparo será acogido. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Maximiliano Bazán Heredia, en contra de la Tesorería General de la República, por los argumentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Tesorero General de la República: a) Entregar al reclamante la siguiente información: registro histórico (todos los años disponibles) del pago de patentes de concesiones de acuicultura detallando nombre del titular y monto anual pagado a la Tesorería por cada año. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Maximiliano Bazán Heredia y al Sr. Tesorero General de la República. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Francisco Leturia Infante, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. La Consejera doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.