Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7222-22

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Reclamante:	PABLO PÉREZ PÉREZ
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE CASTRO
Resumen del caso: RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Castro, ordenando la entrega de información relativa a transferencias recibidas por la entidad edilicia desde otros organismos públicos y de sus beneficiarios, en los términos y por el período que se señala en el requerimiento. Lo anterior, por estimarse que se trata de información pública que reviste un alto interés público, cuyo conocimiento y publicidad contribuye en definitiva a la materialización de un debido control social sobre la misma; respecto de la cual, se desestimó la aplicación de la causal de reserva de distracción indebida esgrimida por la reclamada. Se otorga un plazo prudencial para dar cumplimiento a la solicitud. Con todo, en el evento de no existir algunos de estos antecedentes, municipio recurrido deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, de este Consejo. Aplica criterio sostenido por este Consejo al resolver los amparos roles C7705-22; C7695-22, C7225-22, entre otras, sobre similar materia. En sesión ordinaria Nº 1328 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de diciembre de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7222-22.Morandé 360 piso 7. Santiago, Chile \| Teléfono: 56-2 495 21 00 www.consejotransparencia.cl// oficinadepartes@consejotransparencia.clPágina 2 Unidad de Análisis de Fondo C7222-22
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/3/2023
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C7225-22 C7705-22 C7695-22
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Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C7222-22.   Entidad pública: Municipalidad de Castro. Requirente: Pablo Pérez Pérez. Ingreso Consejo: 03.08.2022 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Castro, ordenando la entrega de información relativa a transferencias recibidas por la entidad edilicia desde otros organismos públicos y de sus beneficiarios, en los términos y por el período que se señala en el requerimiento. Lo anterior, por estimarse que se trata de información pública que reviste un alto interés público, cuyo conocimiento y publicidad contribuye en definitiva a la materialización de un debido control social sobre la misma; respecto de la cual, se desestimó la aplicación de la causal de reserva de distracción indebida esgrimida por la reclamada. Se otorga un plazo prudencial para dar cumplimiento a la solicitud. Con todo, en el evento de no existir algunos de estos antecedentes, municipio recurrido deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, de este Consejo. Aplica criterio sostenido por este Consejo al resolver los amparos roles C7705-22; C7695-22, C7225-22, entre otras, sobre similar materia. En sesión ordinaria N° 1328 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de diciembre de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7222-22. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de julio de 2022, don Pablo Pérez Pérez, requirió a la Municipalidad de Castro, la siguiente información: "1.-Informar las transferencias corrientes recibidas respecto de otros organismos públicos como SUBDERE, MINAGRI, MINEDUC, MINSAL y todos los Ministerios y todas las entidades públicas señaladas en la Ley de Presupuesto 2020, 2021 y 2022. 2.-Dar cuenta de los montos recibidos, programas o planes financiados, rendiciones realizadas y las fechas de las mismas. 3.-Se solicita dicha información respecto de los años 2020, 2021 y 2022. 4.-Se explique en detalle quienes son los beneficiarios de dichas transferencias (Población, agrupación, comunidad o personas naturales o jurídicas)". 2) RESPUESTA: La Municipalidad de Castro respondió el requerimiento de acceso mediante Oficio N° 41, de 02 de AGOSTO de 2022, denegando el acceso a la información requerida en base a lo establecido en el artículo 21 N° l, letra c), de la Ley N° 20.285 por cuanto la entrega de lo solicitado afecta debido cumplimiento de las funciones del órgano (...). Lo anterior, en razón que la solicitud es de carácter genérico, ya que requiere una cantidad excesiva e indeterminada de actos administrativos de tres años de data. 3) AMPARO: El 03 de agosto de 2022, don Pablo Pérez Pérez, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Castro, fundado en que recibió respuesta negativa otorgada a su solicitud de acceso. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el amparo, y mediante Oficio N° E18268, de 20 de septiembre de 2022, confirió traslado de éste al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Castro, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante Oficio Ord. 86, de 13 de octubre de 2022, la Municipalidad de Castro evacuó descargos en el procedimiento, ratificando el contenido de la respuesta otorgada al recurrente. Agregó, en síntesis, que resulta aplicable, la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, agregando que corresponde denegar el acceso a la totalidad la información solicitada. Agrega, que las Municipalidades reciben permanentemente una gran cantidad de transferencias de otros organismos públicos, lo que implica numerosos procesos administrativos, así como de documentación y todos sujetos a rendición. En el caso de la Municipalidad de Castro, recibe por mencionar (solo dos) recursos del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que son administrados por la Corporación Municipal de Educación y Salud para distintos fines, con montos de aproximadamente M$10.000.000 (diez mil millones) anuales. Esto implicaría buscar y preparar información por el monto indicado para los tres años solicitados, es decir solamente por recursos destinados a la Corporación serian aproximadamente M$30.000.000 (treinta mil millones de pesos) y todo lo que implica buscar todas las rendiciones y además identificar los beneficiarios en detalle como se solicita. Nuestra municipalidad por su parte recibe también un monto elevado de recursos externos que supera los M$3.00.000 (tres mil millones) para proyectos y programas que son ejecutados por las distintas unidades municipales, como: Dirección de Obras, SECPLAN, DIDECO, Dirección de Medio Ambiente, aseo y ornato, Dirección Social, Dirección de Cultura y Turismo, etc. Para poder obtener la información solicitada, se requiere de un equipo de trabajo, formado por funcionarios con los conocimientos en el tema, lo que implica dejar de lado sus funciones habituales y necesarias por un periodo que supera los 180 días o más. Lo mismo se daría para la Corporación Municipal de Educación y Salud. Actualmente la cantidad de funcionarios de la Dirección de administración y finanzas es escasa, lo que implicaría además tener que contratar personal especializado e incurrir en un gasto que iría en desmedro de las diversas áreas municipales. Asimismo, el costo asociado para esta Municipalidad solamente por 3 funcionarios por Dirección es de aproximadamente M$8.000.000 mensuales, con dedicación exclusiva para dar respuesta al requerimiento en el tiempo señalado. Las Direcciones involucradas como Secplan, Dideco, Cultura, Social, Finanzas, Dirección de Obras, Dirección De Medio Ambiente deberían asignar a lo menos 3 de sus funcionarios, es decir, 21 personas dedicas exclusivamente a esto. Lo que no es viable, ya que dejarían de lado sus funciones habituales en desmedro de la comunidad, debido a que la función principal es dar respuesta a las demandas sociales de la comuna, lo que conlleva a una gran cantidad de trabajo y el municipio no cuenta con personal suficiente y que tenga el conocimiento de lo que se debe buscar para dar respuesta. Por último, el volumen de documentación a recopilar, y revisar es tan significativo que dificulta dimensionar el trabajo y el tiempo que deben destinar los funcionarios. El costo de funcionarios dedicados a dar la respuesta solicitada supera los M$300.000 (trescientos millones de pesos). Y CONSIDERANDO: 1) Que, el amparo se funda en la respuesta negativa otorgada por parte de la Municipalidad de Castro, a lo requerido en la solicitud de acceso, que corresponde a informe consolidado sobre transferencias corrientes recibidas de otros organismos públicos, entre los años 2020 a 2022, indicando montos recibidos, programas o planes financiados, rendiciones realizadas, fechas y beneficiarios de las mismas. Por su parte, el órgano recurrido denegó el acceso a dicha información, por estimar que concurría al respecto, la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, cabe tener presente que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En razón de lo anterior, la información objeto del amparo, relativa a transferencias públicas recibidas por el municipio reclamado, corresponde, en principio, a información pública, salvo concurra a su respecto alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran. 3) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva alegada por el órgano reclamado, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c), del Reglamento de la citada ley, precisa que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. 4) Que, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales"; así como lo resuelto en la sentencia sobre Recurso de Queja Rol N° 8452- 2018, en la cual dicha magistratura sostuvo que frente a la regla fundamental de publicidad, la sola consideración de la naturaleza excepcional que sirve de fundamento a la reserva, no es per se suficiente para excluir el principio general básico de publicidad y libre acceso a la información, puesto que además es indispensable que mediante dicho acceso se produzca una efectiva afectación a algunos de los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución (Considerando 8°). 5) Que, a su vez, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos: a) tipo de información, distinguiendo si esta se encuentra en formato digital o físico tradicional; b) disponibilidad de la información de forma permanente al público, tratándose de aquella que debe publicarse en los sitios web de los órganos requeridos, conforme lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Transparencia; c) ubicación material de lo solicitado, sea en las dependencias del órgano reclamado, o bien, en lugares especialmente destinados para el archivo y resguardo de la información requerida, circunstancia que debe acreditarse detallada y suficientemente, tanto desde el punto de vista geográfico como desde la perspectiva del acceso directo e inmediato a dichas dependencias; d) medida de tiempo que comprende la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años; e) número de documentos que han sido requeridos lo que debe ser explicitado suficientemente por el órgano requerido; y f) funcionarios encargados de la búsqueda, recopilación y entrega de la información pedida y horas hombre destinadas especialmente a dichos efectos. 6) Que, para fundamentar la causal alegada el órgano reclamado señaló, en lo medular, que levantar la información reclamada en el amparo conllevaría que el personal que se destine a esta función desatienda el trabajo a nivel operativo y administrativo por el cual fue contratado y en consecuencia, no se satisfagan las necesidades de la comunidad; debiendo destinarse a 21 funcionarios, por un periodo de a lo menos 180 días para recabar y sistematizar toda la información; o bien, contratar a prestadores de servicios externos destinados exclusivamente a esta labor; por tratarse de transferencias corrientes recibidas de los muchos servicios públicos que enumera, teniendo presente además que el Municipio es intermediario en el área de salud y educación, a través de su Corporación. Todo esto sumado a la gran cantidad de información, referida a programas sociales, proyectos de inversión comunal y otros programas de los años 2020, 2021 y lo que va corrido del año 2022; además de solicitarse datos de beneficiarios, población, comunidad, etc. 7) Que, en la especie, este Consejo advierte que la reclamada no acompañó antecedentes suficientes que acrediten la distracción indebida que fuere alegada. En efecto, si bien estableció el tiempo y la cantidad de funcionarios que tendría que destinar para atender el requerimiento; no indicó el volumen de información a revisar; ni la cantidad de documentación que se encuentra almacenada en formato papel y/o registrada en formato digital, ni el porcentaje de información que se encuentra disponible en el portal de transparencia activa municipal; ni el modo en que determinó el tiempo de revisión informado; sin precisar la forma concreta en que la entrega de lo pedido, implicaría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, en circunstancias que las respuestas a solicitudes de acceso y la entrega de información pública forman parte de sus funciones. En este sentido, cabe tener presente que por tratarse de normas de derecho estricto -las causales de reserva-, que se contraponen al principio general de Transparencia de los actos de la Administración, deben ser interpretadas restrictivamente. 8) Que, adicionalmente, se pondera que la información reclamada en el amparo se relaciona directamente con el presupuesto municipal correspondiente a la época consultada y beneficiarios de programas sociales (en términos generales), información de carácter esencialmente público, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 7°, letras k) e i) de la Ley de Transparencia. En conformidad a lo anterior, se puede deducir razonadamente, que la información se debe encontrar previamente sistematizada, por lo que la mera recopilación de antecedentes no detenta la potencialidad de afectar el bien jurídico protegido por la norma de reserva, en el entendido que lo reclamado es la información consolidada y no documentos específicos que den cuenta de las transferencias o copias físicas rendiciones efectuadas. Asimismo, la información sobre los beneficiarios se pregunta en términos generales. En conformidad a lo razonado, será desestimada la configuración de la causal de reserva invocada 9) Que, en consecuencia, atendido el carácter eminentemente público de lo requerido, la que a juicio de esta Corporación, reviste un alto interés para la ciudadanía, cuyo conocimiento y publicidad contribuye en definitiva a la materialización de un debido control social sobre la misma; y no habiéndose acreditado la causal de reserva invocada por el órgano requerido este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando a la Municipalidad de Castro entregar la información pedida, otorgando un plazo prudencial para su cumplimiento. Con todo, en el evento de que todo o parte de la información que se ordenará entregar no obre en poder del órgano reclamado, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, de este Consejo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Pablo Pérez Pérez, en contra de la Municipalidad de Castro, por los argumentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Castro: a) Hacer entrega a la parte reclamante, respecto de los años 2020; 2021 y 2022 (hasta la fecha de la solicitud), de la siguiente información: i. Informar las transferencias corrientes recibidas respecto de otros organismos públicos como SUBDERE, MINAGRI, MINEDUC, MINSAL, y de todos los Ministerios y todas las entidades públicas señaladas en la Ley de Presupuesto 2020, 2021 y 2022. ii. Dar cuenta de los montos recibidos, programas o planes financiados, rendiciones realizadas y las fechas de las mismas. iii. Beneficiarios de dichas transferencias (Población, agrupación, comunidad o personas naturales o jurídicas). En el evento de que todo o parte de la información que se ordenará entregar no obre en poder del órgano reclamado, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, de este Consejo. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días. c) Acreditar la entrega efectiva de la información, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Pérez Pérez y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Castro. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Francisco Leturia Infante, sus Consejeras doña Gloria de la Fuente González, y doña Natalia González Bañados, y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.