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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1173-13</strong></p>
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Entidad pública: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina</p>
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Requirente: Nelson Altamirano Isla</p>
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Ingreso Consejo: 23.07.2013</p>
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En sesión ordinaria Nº 479 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de noviembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1173-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 19.880 y N° 19.628; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Nelson Altamirano Isla, el 4 de junio de 2013, solicitó a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, lo siguiente:</p>
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a) Una nómina con los sueldos base y líquidos del mes de mayo de todos los estamentos (planta, contrata, honorarios, etc.) de los directivos, docentes, paradocentes y asistentes de la educación del Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes.</p>
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b) Además señala que es fundamental que en esa nómina se contenga el nombre del funcionario, cargo, descripción de funciones sueldo base y líquido.</p>
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2) OPOSICIÓN DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Un total de 22 personas del Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes, mediante documentos de 18 de junio de 2013, manifestaron a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, que “de acuerdo al artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, están de acuerdo en dar a conocer solamente los datos referidos al cargo y descripción de funciones, pero no su sueldo bruto y líquido, de quien no se tiene mayores antecedentes que lo identifique”.</p>
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3) RESPUESTA: La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina por correo electrónico de 2 de julio de 2013, respondió a dicho requerimiento de información remitiendo una nómina con indicación del nombre de los funcionarios que se desempeñan en el establecimiento educacional consultado por el recurrente, tipo de funcionario, cargo y descripción de funciones. Además le indica que los funcionarios señalados, con excepción de 3 de ellos, se opusieron a la entrega de los sueldos brutos y líquidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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4) AMPARO: El 23 de julio de 2013, don Nelson Altamirano Isla dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Además, el reclamante hizo presente que “se solicitó nómina con los sueldos base de los docentes, paradocentes y directivos del Liceo Bicentenario Santa Teresa, el cual es un establecimiento público. La Corporación reclamada no envía la información solicitada, aludiendo la negación de la gente involucrada, sin embargo, según la ley, hasta el sueldo del Presidente de la República debe ser conocido”.</p>
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5) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante el Oficio N° 3233, de 29 de julio 2013, acordó solicitar al reclamante que subsanara su amparo, en el sentido de que acompañara copia de la solicitud de información presentada ante el organismo reclamado y copia íntegra de la respuesta entregada. El reclamante, por correo electrónico de 7 de agosto pasado, acompañó copia de los documentos solicitados.</p>
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6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3.449, de 13 de agosto de 2013, al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, requiriéndole que se refiriera a las causales de hecho, secreto o reserva legal que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada y acompañara copia de todos los documentos incluidos en el procedimiento de notificación a los terceros involucrados en el presente amparo.</p>
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La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, por documento ingresado a este Consejo el 27 de septiembre de 2013, presentó sus descargos y observaciones, señalando que:</p>
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a) Una vez recibida la solicitud de información del peticionario, esa Corporación procedió a realizar el examen de los requisitos de procedencia, para luego, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia comunicar a las personas a las cuales se refería o afectaba la información correspondiente, la facultad que les asistía para oponerse a la entrega de los documentos solicitados.</p>
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b) Conforme a ello, el 14 de junio de 2013, se comunicó a las personas a las cuales se refería o afectaba la información, la facultad que les asistía para oponerse a la entrega de los documentos solicitados. A dicha comunicación se adjuntó copia del requerimiento y además se les hizo firmar un acta de recepción. Luego, el 18 de junio de 2013, mediante carta dirigida al Jefe de Personal, veintidós de las personas a las cuales afectaba la solicitud de información ejercieron su facultad de oponerse a la entrega de los antecedentes relativos al sueldo base y líquido. En efecto, en el documento correspondiente, consta que dichas personas no se opusieron a la entrega de la información referida al cargo y funciones, sólo manifestaron su negativa a entregar los datos de sueldo toda vez que argumentan desconocer la identidad del solicitante y de los fines para lo cual se requiere esa información.</p>
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c) Así, en virtud de lo establecido por el inciso tercero del artículo 20 de la Ley de Transparencia habiéndose deducido oposición en tiempo y forma por parte de los terceros que serían afectados por la entrega de documentación, esa Corporación quedó impedida de entregar dicha información en los términos solicitados por el Sr. Altamirano y procedió a entregarla sólo en la forma autorizada por los ya mencionados terceros. Hace presente además, que hubo personas a las cuales se les notificó su derecho a oponerse a la entrega de información y que no contestaron ni se opusieron dentro de plazo, respecto de las cuales procedió a entregar la información solicitada.</p>
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7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el presente amparo a las 22 personas del Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes, que se opusieron a la entrega de la información, en su calidad de terceros intervinientes en el presente amparo, lo que se materializó a través de los Oficios Nos 3427 al 3448, de 13 de agosto de 2013, con el objeto que presentaran sus descargos y observaciones, y solicitándoles que hicieran expresa mención a los derechos que le asistirían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.</p>
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Al respecto, las 22 personas consultadas, mediante documentos ingresados el 13 de septiembre de 2013 a este Consejo, manifestaron lo siguiente:</p>
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a) De la solicitud de acceso del peticionario fueron notificados en tiempo y forma y oportunamente ejercieron su derecho a oponerse a la entrega de los datos referidos a remuneraciones, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Además, indican que el reclamante no mencionó en su solicitud de acceso, los fines para los cuales se estaban solicitando sus ingresos o remuneraciones que perciben por desempeñarse en el Liceo Bicentenario Santa Teresa.</p>
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c) Por otra parte señalan que la información solicitada por el reclamante, constituye lo que el Reglamento de la Ley N° 20.285 denomina como datos sensibles. Ello por cuanto lo solicitado afectaría la esfera de la vida privada de cada uno de ellos. En este sentido fundan su negativa a entregar los datos de las remuneraciones en la garantía constitucional del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República que garantiza el respeto y protección a la vida privada y en la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que atendido lo manifestado por el recurrente en su amparo, éste se circunscribe únicamente a la solicitud relativa a las remuneraciones brutas y líquidas del personal docente, directivo, paradocente y asistentes de la educación, que se desempeñan de planta, a contrata o a honorarios, en el Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes, el que se encuentra bajo la administración de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina.</p>
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2) Que, según lo disponen los artículos 5º, inciso 2°, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público salvo que dicha información se encontrare sujeta a alguna de las excepciones legales.</p>
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3) Que los terceros intervinientes fundaron su oposición a la entrega de la información solicitada, primeramente, en la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Posteriormente, con ocasión del traslado conferido por este Consejo, alegaron que lo requerido corresponden a datos sensibles, resultando aplicable la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República que garantiza el respeto y protección a la vida privada. Por ello, cabe determinar la procedencia de la invocación de tales alegaciones por parte de dichos terceros, a efectos de sustentar la oposición formulada.</p>
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4) Que en lo que respecta a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y tal como lo ha venido sosteniendo este Consejo a partir de la decisión recaída en el amparo Rol C518-09, entre otras, “dicha causal de reserva y los casos particulares que contempla, sólo pueden ser invocados por el órgano directamente requerido, por cuanto se relacionan con el debido cumplimiento de sus propias funciones y la ponderación de su afectación con ocasión de la publicidad de la información pedida, por lo que no resulta aceptable que el tercero potencialmente afectado… se subrogue al órgano requerido en dicha labor”. Conforme a ello, habrá de desestimar la alegación que hicieran en este sentido los terceros intervinientes en el presente amparo.</p>
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5) Que, asimismo, los intervinientes alegaron que la información requerida se trataba de datos sensibles cuya divulgación afectaría su vida privada. Sobre la materia es preciso señalar que según el criterio que ha venido planteando este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C47-09, la órbita de privacidad de los funcionarios que trabajan para la Administración del Estado es más reducida que la del resto de las personas, por cuanto la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.</p>
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6) Que, en este sentido, los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento –disposiciones aplicables a las Corporaciones Municipales– ordenan mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, la planta de su personal, su personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones. En particular, en el caso de las corporaciones municipales, en su decisión C158-10 y C205-10, este Consejo ha precisado que, atendiendo al especial régimen jurídico que le resulta aplicable a estas corporaciones y las funciones que se les asignan, en cumplimiento de la citada obligación legal deben publicar, en materia de personal, la planta del personal y el personal a contrata que formen parte de la respectiva dotación docente y de salud comunal, según lo dispuesto en las Leyes N° 19.070 y 19.378, y sus Reglamentos, respectivamente, o en otras áreas, según corresponda. El personal que preste servicios a la Corporación en virtud de un contrato de trabajo no regido por las normas ya citadas, que se desempeñe en la administración central de la misma, como el personal no docente de establecimientos educacionales regidos por la Ley N° 19.464, y todas las demás personas naturales que presten servicios para la Corporación en virtud de un contrato de trabajo o a honorarios, con indicación, en todos los casos, de las correspondientes remuneraciones.</p>
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7) Que, en cuanto a la información de las remuneraciones del personal, la Instrucción General Nº 9 de este Consejo, sobre Transparencia Activa, señala que para informar la remuneración del personal de planta, a contrata y del sujeto al Código del Trabajo se deberá consignar, bajo la columna “remuneración bruta mensualizada”, el monto bruto mensualizado de ésta, agregando a continuación que, respecto de las personas naturales contratadas a honorarios, se informará el monto bruto mensualizado del honorario, o del monto total contratado en el caso de aquellos contratos que tengan una duración inferior a un mes. De lo expuesto se concluye que aquella información que los órganos de la Administración del Estado se encuentran obligados a publicar dice relación sólo con el monto de la remuneración bruta y no así del monto líquido de la misma. Con todo, se estableció como buena práctica que el órgano de la Administración incluya en el sitio web institucional un link que conduzca a cada funcionario a un documento que contenga su remuneración mensual bruta y líquida, las asignaciones mensuales que le correspondan, el monto de cada una de ellas y los descuentos legales, agregando que “para el cálculo de la remuneración líquida sólo se considerarán los descuentos legales de carácter estrictamente obligatorio, como por ejemplo, los que se efectúan por concepto de impuestos, cotizaciones previsionales y de salud obligatorias, etc.”.</p>
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8) Que, en cuanto a los descuentos que se pueden practicar a los funcionarios de la Administración, éstos se pueden clasificar en descuentos que la ley ordena; descuentos que la ley autoriza; y, descuentos personales. Entre los descuentos que la ley ordena, se encuentran las cotizaciones de Salud, cotizaciones previsionales (conforme a lo dispuesto por los Decretos Leyes N° 3.500 y 3.501, según el funcionario se encuentre afiliado a una AFP o al sistema antiguo de previsión social, respectivamente), descuentos por desahucio (Ley N° 7.390, en relación al inciso segundo del número 1° del artículo 13 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980), e impuesto único (artículos 42 y 43 de la Ley sobre Impuesto a la Renta). Por su parte, entre los descuentos que la ley autoriza, se encuentran los correspondientes al pago de cuotas de asociaciones gremiales, servicio de bienestar, cotizaciones voluntarias al Fondo de Pensiones (artículo 21 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980), y las cotizaciones voluntarias al fondo de salud. Por último, los descuentos personales, corresponden a aquellos descuentos que el empleador realiza a petición expresa del funcionario para fines distintos a los señalados en forma previa.</p>
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9) Que en relación con aquellos descuentos que la ley ordena, por tratarse precisamente de descuentos que los órganos de la Administración del Estado se encuentran obligados a efectuar a sus funcionarios, éstos deben ser considerados como información pública, resultando pública también, por tanto, la remuneración líquida de los trabajadores que considere sólo este tipo de descuentos. En este sentido cabe manifestar que tal como se ha razonado en la decisión del amparo Rol C283-10, “los descuentos legales de carácter estrictamente obligatorio, tienen el carácter de información pública, y, por lo tanto, si no es publicada en los sitios electrónicos respectivos, debe ser entregada a las personas que lo soliciten”. Por el contrario, tratándose de aquellos descuentos que la ley autoriza y de los descuentos personales, éstos forman parte del objeto al cual los funcionarios destinan voluntariamente sus remuneraciones, por lo que no guardan relación con el desempeño de sus funciones, ni tampoco interfieren en el ejercicio de las mismas, siendo más bien una materia propia de la esfera de su vida privada, debiendo, en consecuencia, mantenerse reservada dicha información por parte del organismo reclamado.</p>
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10) Que, por lo tanto, si bien este Consejo estima que la remuneración bruta y líquida –a excepción de los descuentos personales- del personal que se desempeña en el Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes, dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, son datos personales, conforme la definición dada por el artículo 2°, letra f) de la Ley N° 19.268; su publicidad no afecta la intimidad, la vida privada, ni la honra de dichos trabajadores, ni tampoco implica la divulgación no autorizada de sus datos personales. Ello pues, como se ha indicado, ha sido el propio legislador quien ha efectuado una ponderación sobre tal afectación, disponiendo la publicación de la nómina de trabajadores y su respectiva remuneración en el sitio web de cada servicio. Además, dicha información dice directa relación con el ejercicio de sus cargos y funciones públicas, las que son pagadas con fondos públicos. Por lo tanto, habrá de rechazar las alegaciones efectuadas en este sentido, por los terceros intervinientes en el presente amparo.</p>
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11) Que revisado el sitio electrónico de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina http://www.corporacioncolina.cl/, los días 8 y 11 de noviembre de 2013, se ha podido verificar que dicha entidad no contempla un banner al cual se acceda a la información que, según las normas precedentemente expuestas en esta decisión, debiese mantener permanentemente al público en cumplimiento a sus obligaciones de transparencia activa. Tampoco se halló dicha información en el sitio electrónico de la Municipalidad de Colina (http://www.colina.cl/). Conforme a ello, en ejercicio de la facultad de fiscalización que el artículo 33, letra a), de la Ley de Transparencia confiere a este Consejo, se remitirá esta decisión a la Dirección de Fiscalización de esta Corporación, a objeto de que haga especial seguimiento a esta materia y revise el nivel de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia activa.</p>
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12) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo y se ordenará a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina entregar al recurrente la información solicitada referida a la información bruta mensualizada del personal que se desempeña en sus distintos estamentos en el Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes, así como la remuneración líquida de cada uno de ellos, teniendo presente lo señalado en los considerandos 8° y 9° del presente acuerdo; o bien proporcione copia de los documentos en donde consten los antecedentes necesarios para dar respuesta a la información pedida, según lo que le represente un menor gravamen. En ambos casos el órgano deberá asegurar el adecuado resguardando de aquellos datos personales de contexto que pudieren estar involucrados, tales como el RUT, domicilio, teléfonos y correos electrónicos u otros similares, los que deberán ser tarjados de manera previa a su entrega. Ello en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.</p>
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13) Que, con todo, si al tiempo de dar respuesta al solicitante, la información requerida se encontrare publicada en el sitio web de la reclamada, podrá esta última proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, y lo señalado en el numeral 3.1, de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, debiendo responder con la mayor precisión posible y señalar el link específico que la alberga o contiene, no entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indicar, de modo general, la página de inicio respectiva.</p>
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14) Que, por último, cabe desestimar la alegación efectuada por los terceros intervinientes en el presente amparo, en orden a que el solicitante no habría señalado la finalidad para la cual requiere la información referida a los sueldos brutos y líquidos del personal del Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes, por cuanto los artículos 12 de la Ley de Transparencia y 28 de su Reglamento, no lo exigen como requisito que deba reunir toda solicitud de acceso a la información pública, y una exigencia como la analizada contradice al principio de no discriminación contenido en el artículo 11, literal f) de la citada Ley.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo deducido por don Nelson Altamirano Isla en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, lo siguiente:</p>
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a) Entregar al reclamante, la información referida a los sueldos brutos y las remuneraciones líquidas con los descuentos legales de carácter estrictamente obligatorio, del personal que se desempeña en el Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes; o bien proporcione copia de los documentos en donde consten los antecedentes necesarios para dar respuesta a la información pedida, según lo que le represente un menor gravamen; teniendo presente en cualquiera de esos casos, lo señalado en los considerandos 12 y 13 del presente acuerdo.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Sra. Directora de la Dirección de Fiscalización de esta Corporación, que haga especial seguimiento a las normas de transparencia activa de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina y revise el nivel de cumplimiento de sus obligaciones.</p>
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IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Nelson Altamirano Isla, al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina y a los 22 terceros intervinientes en el presente amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia de que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.</p>
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