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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1202-13</strong></p>
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Entidad pública: Agencia de Calidad de la Educación</p>
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Requirente: Néstor Calderón Allendes</p>
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Ingreso Consejo: 30.07.2013</p>
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En sesión ordinaria Nº 479 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de noviembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1202-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de julio de 2013, don Néstor Calderón Allendes solicitó a la Agencia de Calidad de la Educación el puntaje que obtuvo su hijo Ignacio Calderón Slater, cuyo R.U.T indica, en la prueba SIMCE de 4º básico, rendida el año 2012, en el colegio Mozart Machalí.</p>
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2) RESPUESTA: El 30 de julio de 2013, la Agencia de Calidad de la Educación respondió a dicho requerimiento de información mediante carta Nº 301, en los siguientes términos:</p>
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a) Los puntajes individuales de los alumnos sólo serán entregados a los padres o apoderados de los alumnos cuando las mediciones tengan validez y confiabilidad estadística a nivel individual, de acuerdo a los señalado en los artículos 11, letra h), de la Ley Nº 20.529 y 7º del D.F.L Nº 2 del año 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370, con las normas no derogadas del D.F.L Nº 1, de 2005.</p>
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b) Una vez que el OAE cuente con los mecanismos que permitan la entrega de resultados individuales, se deberá omitir toda aquella información que tenga el carácter de personal o sensible. Concluye que por el momento no se podrá acceder a la solicitud.</p>
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3) AMPARO: El 30 de julio de 2013, don Néstor Calderón Allendes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.</p>
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4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Mediante Oficio N° 3.313, de 5 de agosto de 2013, este Consejo señaló al solicitante que, de acuerdo a lo resuelto precedentemente por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en relación a solicitudes de antecedentes académicos y educacionales de terceros, en este caso del hijo del requirente, se ha establecido que sólo pueden tener acceso a dicha información ciertos sujetos determinados, quienes serían las únicas personas legitimadas activamente para requerirlos. En virtud de lo señalado, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, se solicitó al reclamante que acreditase su calidad de padre del menor mediante copia del certificado de nacimiento de ésta. Mediante correo electrónico de 7 de agosto de 2013, el solicitante dio cumplimiento a lo solicitado, adjuntando copia del aludido certificado.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, mediante Oficio N° 3.405, de 12 de agosto de 2013. Dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones, a través de Oficio N° 185, de 30 de agosto de 2013, señalando, en síntesis que:</p>
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a) Junto con reiterar lo señalado en su respuesta a su solicitud de acceso, señala que la inexactitud del puntaje entregable a nivel individual. Las pruebas SIMCE están construidas y elaboradas para evaluar las habilidades de los estudiantes a nivel de establecimiento, y no a nivel individual. La validez y confiabilidad de los puntajes obtenidos, en virtud de los procedimientos que se aplican actualmente, es sólo a nivel de curso, establecimiento, comuna, región, país, etc., ya que cada alumno aporta con una parte de la evaluación y su puntaje es de utilidad sólo en consideración a los resultados de sus compañeros. En consecuencia, la precisión de los resultados está orientada a dichos niveles y no a nivel de estudiante (considerado en forma individual).</p>
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b) En virtud de lo anterior, al requirente de la información no se le negó lo solicitado, sino que se le indicó que actualmente no es posible entregar puntajes SIMCE a los padres y apoderados de los alumnos/as, ya que la prueba no permite obtener puntajes que tengan validez estadística a nivel individual, como lo exigen los artículos 11, letra h), y 7° de las leyes ya citadas en los párrafos 3 y 4.</p>
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c) Además, señalo que se encuentra estudiando la implementación de mejoras en la prueba SIMCE, a fin de que, a futuro, pueda entregar puntajes individuales y cumplir así con lo dispuesto en la Ley.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, respecto de una solicitud de información relativa a la misma materia a que se refiere aquella que motivó el presente amparo formulada ante el mismo órgano reclamado, y conociendo del amparo deducido en contra de aquél, este Consejo evacuó la decisión Rol C544-13, cuyo razonamiento, en lo pertinente, habrá de seguirse en la presente decisión.</p>
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2) Que de acuerdo al artículo 9° de la Ley N° 20.529, sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, la Agencia de Calidad de la Educación es un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación.</p>
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3) Que la información objeto del presente amparo dice relación con antecedentes educacionales de una persona determinada, en específico, lo solicitado es el detalle del puntaje obtenido por el hijo del solicitante en la prueba SIMCE rendida el año 2012, para 4° básico. Tal información, dada su naturaleza, constituye un dato personal a la luz de la definición prevista en el artículo 2º, letra f), de la Ley Nº 19.628, en tanto se trata de un conjunto organizado de información concerniente a una persona natural identificada. Por lo tanto, en principio, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4º, 7º y 20 de la citada Ley, su comunicación sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello.</p>
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4) Que, en el caso en análisis, la titularidad de los datos personales solicitados le pertenecen a un menor de edad, razón por la cual, el consentimiento para revelar sus datos personales debe ser prestado por quien(es) ostente(n) su representación legal. Al respecto, con ocasión de la subsanación solicitada por este Consejo, el solicitante ha acreditado ser padre del menor a cuyo respecto solicitó la información, mediante la respectiva copia del certificado de nacimiento.</p>
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5) Que, la reclamada negó lugar a solicitud de información, atendido que su entrega afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, citando al efecto la normativa contenida en el artículo 11 letra h), de la Ley N° 20.529 sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. Dicho artículo contempla las atribuciones de la Agencia para el cumplimiento de sus funciones. En su literal h) señala que la Agencia tendrá la atribución de “Poner a disposición del público la información que, con motivo del ejercicio de sus funciones, recopile respecto de establecimientos educacionales, sostenedores, docentes y alumnos. En caso alguno la publicación incluirá la individualización de los alumnos. Sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados deberán ser informados de los resultados obtenidos por sus hijos o pupilos cuando las mediciones tengan validez y confiabilidad estadística a nivel individual, sin que tales resultados puedan ser publicados ni usados con propósitos que puedan afectar negativamente a los alumnos, tales como selección, repitencia, cancelación o condicionalidad de matrícula u otros similares”. Norma del mismo tenor se encuentra en el artículo 7° del DFL N° 2, del Ministerio de Educación, que establece la Ley General de Educación.</p>
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6) Que según se advierte, el órgano reclamado, al denegar la información, se limitó a señalar, tanto en su respuesta como en sus descargos, que los resultados de la prueba SIMCE sólo tenían validez a nivel de establecimiento educacional, pero aún no, técnicamente, en el individual o por alumno, por lo que el conocimiento de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de sus funciones. No obstante que el órgano reclamado no señaló expresamente una causal de secreto o reserva específica, del tenor de sus alegaciones puede desprenderse que está haciendo referencia de manera genérica, a la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.</p>
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7) Que de conformidad con el texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de una causal de secreto es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ya ha señalado este Consejo, tal afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva (decisiones recaídas en los amparos Roles A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11, C929-11, entre otras). En la especie, la Agencia no aportó antecedentes específicos que permitan entender cómo, en concreto, la entrega al solicitante del detalle del puntaje obtenido por su hijo en la prueba SIMCE de 4° básico rendida el año 2012, afectaría al debido cumplimiento de sus funciones. Asimismo, este Consejo no advierte que en este caso específico, con la divulgación o conocimiento de los puntajes solicitados, se produzca la afectación alegada, por lo que deberá desestimarse dicha afectación en la especie. Además, y en cuanto a lo sostenido por la Agencia reclamada en orden a que las mediciones de la prueba SIMCE carecen de validez y confiabilidad estadística a nivel individual, este Consejo estima que tal razonamiento no puede constituir un motivo plausible para denegar lo solicitado, por cuanto tales restricciones, por su sola concurrencia, no convierten en reservada la información que se ha pedido. Al respecto, si la información solicitada presenta las limitaciones que la Agencia ha indicado, procede que este órgano, al momento de hacer entrega de la misma, efectúe una prevención en orden a que dicha información no tiene validez ni confiabilidad estadística a nivel individual, por alumno, atendido el diseño metodológico que actualmente se emplea en dicha prueba. Finalmente, y en este mismo sentido, cabe tener presente lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo Rol A19-09, relativo a una encuesta sobre empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en orden a que “(…) por otro lado, aunque la forma de procesar y presentar los datos entregados puede dar pie a interpretaciones inexactas será el debate público y académico quien deberá hacerse cargo de este tema, si es que aflora.”</p>
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8) Que cabe tener presente que este Consejo acogió el amparo Rol C967-12, originado en una solicitud formulada por un padre acerca de información educacional de su hija menor de edad, y requirió la entrega de la información, por cuanto, en aplicación del criterio desarrollado en las decisiones de los amparos C1196-11 y C475-12, estimó que tratándose de datos personales de una menor relativos a su situación educacional vinculada a puntajes de la prueba SIMCE, existe autorización legal, en los términos exigidos por los artículos 4º y 7º de la Ley Nº 19.628, para que la información requerida del menor de edad de que se trata pueda ser entregada al padre de la misma, quien por lo demás acreditó en esta sede dicha condición. Además, en la decisión del Amparo C1196-11, este Consejo señaló que la Convención Internacional de Derechos del Niño, CIDN “impone a ambos padres un deber de crianza que va más allá del cuidado personal y que no sólo corresponde a quien tenga la patria potestad, el cual supone un conocimiento de las condiciones en que se encuentra el menor, particularmente en materia de salud, de manera que le presten un apoyo adecuado en su proceso de desarrollo", razonamiento que se aplica en la especie, toda vez que no resulta posible que un padre ejerza su labor de cuidado personal y crianza sin conocer la información educacional de su hijo.</p>
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9) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo y se requerirá al órgano reclamado que haga entrega de la información solicitada al reclamante, debiendo la reclamada, previo a la entrega de los puntajes requeridos, dar estricto cumplimiento a la Instrucción General N° 10, punto 4.3 de este Consejo, que dispone que “cuando la información requerida contenga datos de carácter personal y el peticionario indique ser su titular, sólo se procederá a la entrega presencial y quien la efectúe deberá verificar que la información sea retirada por quien efectivamente tenga dicha calidad o por su apoderado conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.880”.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo deducido por don Néstor Calderón Allendes, en contra de la Agencia de Calidad de la Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante del puntaje obtenido por su hijo en la prueba SIMCE rendida el año 2012 para 4° básico, debiendo en todo caso, previamente, dar estricto cumplimiento a la Instrucción General N° 10, punto 4.3 de este Consejo.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Néstor Calderón Allendes, y al Sr. Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia de que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.</p>
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