Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1247-13

Reclamante:	JORGE ENRIQUE ORELLANA ITURRA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Rancagua, fundado en que la entrega de la información no fue entregada sobre el listado de subvenciones mayores otorgadas a personas jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro, correspondientes a los años 2009 a 2013. Agregó que “se trata de acceder a copias de formularios de presentación de micro–proyectos”. El Consejo señaló que los argumentos dados por el municipio reclamado para modificar el formato y medio de entrega de la información solicitada, a saber, envío en archivo digital al correo electrónico del reclamante, por fotocopias en formato papel, se ajustaron a lo dispuesto en el inciso primero del referido artículo 17, por lo que, en este caso, la entrega deberá realizarse en la forma y a través de los medios de que disponga la Municipalidad de Rancagua, previo pago de los costos directos de reproducción fijados por dicha entidad edilicia, que fueron comunicados al solicitante en su respuesta. Por lo anterior, se rechazará el presente amparo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/30/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1257-13
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Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C1247-13 Entidad pública: Municipalidad de Rancagua Requirente: Jorge Enrique Orellana Iturra Ingreso Consejo: 05.08.2013 En sesión ordinaria Nº 488 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de diciembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1247-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de junio de 2013, Jorge Orellana Iturra solicitó a la Municipalidad de Rancagua el listado de subvenciones mayores otorgadas a personas jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro, correspondientes a los años 2009 a 2013. Agregó que “se trata de acceder a copias de formularios de presentación de micro–proyectos”. El solicitante señaló como medio de notificación y formato de recepción de la información, el correo electrónico señalado en su solicitud. 2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Por correo electrónico de 19 de julio de 2013, la Municipalidad de Rancagua comunicó al solicitante la prórroga del plazo para responder la solicitud. Argumentó la dificultad para reunir la información requerida. El 26 de julio de 2013, la Municipalidad de Rancagua respondió el requerimiento de información mediante correo electrónico, señalando en síntesis, que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Transparencia, la información se encuentra disponible en formato electrónico, a la que puede acceder a través de la página web de la Municipalidad www.rancagua.cl, banner Transparencia Activa, haciendo clic en Programas, Subsidios y Beneficios, seleccionando el año y el mes, desde el año 2009. 3) PRESENTACIÓN DEL SOLICITANTE AL ÓRGANO: Mediante correo electrónico de 27 de julio de 2013, el Sr. Orellana hizo presente a la Municipalidad de Rancagua que la respuesta no se ajusta a lo solicitado pues, junto con requerir el listado, solicitó los formularios de presentación de micro-proyectos correspondientes a los años señalados. Solicitó que se subsanara la respuesta en el sentido indicado. 4) COMPLEMENTA RESPUESTA: A través de correo electrónico de 30 de julio de 2013, la Municipalidad de Rancagua señaló al solicitante que los formularios de presentación de micro-proyectos solicitados se encuentran disponibles, previo pago de los costos de reproducción, que ascienden a $ 87.080.-. Se adjunta el listado de subvenciones mayores otorgadas a personas jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro, correspondientes a los años 2009 a 2013 y la cantidad de hojas de cada uno de los formularios, cuya cifra total asciende a 4.354 hojas. Además se le indicó que debía confirmar por ese medio si deseaba las copias, pues una vez pagadas se procedería a la reproducción de las mismas. 5) AMPARO: El 5 de agosto de 2013, Jorge Orellana Iturra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Rancagua, fundado en que la entrega de la información está sujeta al pago de $ 87.080.-, pese a que solicitó su entrega vía electrónica. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó este amparo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua mediante Oficio N° 3.400, de 12 de agosto de 2013. Por dicho oficio se solicitó especialmente que, al formular sus descargos, explicase las razones por las cuales no entregó la información en la forma solicitada. Mediante escrito de 26 de agosto de 2013, la abogada Camila Ulloa López, en representación debidamente acreditada de la Municipalidad de Rancagua, presentó sus descargos, señalando, en síntesis, las siguientes observaciones: a) La solicitud fue derivada a la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), y a la Secretaría de Planificación Comunal (Secplac), para que fuera contestada por dichas Direcciones. El 24 de junio de este año, Secplac señaló que no contaba con la información por no ser de su competencia. b) El 19 de julio se envió correo electrónico al solicitante, informando la prórroga del plazo, debido a que aún no se recibía respuesta de Dideco. El 26 de julio de 2013 la Directora de Dideco señaló que la información se encuentra publicada por Transparencia Activa en la Página web del Municipio, enviando el link donde esta se encuentra. En la misma fecha se respondió al solicitante, en los términos ya indicados. c) Atendida la presentación del solicitante, señalada en el numeral 3) de lo expositivo, se complementó la respuesta. Respecto de los formularios requeridos, éstos se encuentran disponibles, pero el precio de las fotocopias por concepto de costo de reproducción es de $ 20.- según lo establecido en la "Ordenanza Local de Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios''. Dado que no se dispone de dicha información en otro formato más que en papel y no se cuenta con funcionarios suficientes para escanear toda la documentación y para no distraerlos indebidamente de sus funciones, se remitió correo electrónico al solicitante, informándole que se contaba con los formularios, pero que previamente debía pagar $ 87.080.- por concepto de fotocopia ($ 20 x 4.354 = $ 87.080.-). d) No es correcta la afirmación del Sr. Orellana en cuanto a que el Municipio para evitar la entrega de la información la condicionó al pago de $ 87.080.-, pues la Municipalidad tramitó su solicitud según la Ley N° 20.285 y su Reglamento, ello en virtud de los artículos 17 y 18 de la citada Ley, que establece que la información solicitada se entregará en la forma y el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles. e) En el presente caso, la Municipalidad no cuenta con el personal para escanear la documentación, siendo el medio disponible para entregar la información el formato papel una vez fotocopiado, y el costo directo de reproducción asociado a ello es de $ 87.080.-, dinero que el solicitante debe cancelar antes de la entrega de la información. 7) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico de 11 de noviembre de 2013, la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo solicitó a la Municipalidad de Rancagua que se pronunciase acerca de las dificultades técnicas y del costo que importaría satisfacer la solicitud en los términos indicados por el requirente (copia digitalizada), indicando, por ejemplo, el modelo de escáner con que cuenta la Municipalidad y el tiempo que demandaría, para los funcionarios que pudieren destinarse al efecto, satisfacer la solicitud de la especie. Además, se requirió que remitiera ejemplos de formularios como el solicitado. A través de correo electrónico de 11 de noviembre de 2013, la abogada Camila Ulloa López, Encargada de Transparencia de la Municipalidad de Rancagua, señaló, en síntesis, lo siguiente: a) La información solicitada se encuentra en la Dirección de Desarrollo Comunitario, específicamente en el Departamento de Inversión Ciudadana. Dicha Dirección tiene un escáner Hp Laser Jet M1212nf MFP. Ese modelo tiene una capacidad máxima de escaneo de 99 hojas; y de 7 hojas por minuto, si el documento es en blanco y negro, o 3 hojas por minuto si es a color. Esto es, 14 minutos se demoraría el escáner aproximadamente en escanear 99 páginas en blanco y negro, y 33 minutos a color. b) Dado que el total de hojas es de 4.354 se tendrían que dividir en 44 grupos de hojas, lo que daría un tiempo total, sólo en escanear, de 616 minutos; esto es, 10 horas aproximadamente, si las hojas sólo son en blanco y negro; y si son a color el tiempo sería de 1.452 minutos; es decir 24 horas aproximadamente. Lo anterior no considera el proceso de borrar los datos personales que tienen dichos documentos, como lo es el RUT y domicilios particulares de los dirigentes de las organizaciones, los que deben ser borrados de acuerdo a la Ley N° 19.628. Ese procedimiento se realiza a través de un programa computacional que posee el Departamento de Computación e Informática que permite borrar información de los documentos de pdf. No se puede borrar la información del documento mismo en papel, pues sólo se posee solo una copia de cada uno. c) Además, se debe considerar que un correo electrónico permite enviar documentos de un máximo de 25 megas, lo que en definitiva serían 44 correos electrónicos diferentes para enviar toda la información al solicitante a su correo electrónico, como él lo pidió, una vez que esté toda la información escaneada y los datos personales borrados del documento. d) El Departamento de Inversión Ciudadana de la Dirección de Desarrollo Comunitario, lo componen 3 personas y sólo una de ellas realiza labores administrativas, por lo que se dispondría de esa única persona para escanear todos los documentos. Considerando que se trabajan 8 horas diarias y en el caso que se trate sólo de documentos en blanco y negro, la persona que hiciera este trabajo se demoraría sólo en escanear aproximadamente 2 días laborales, sin calcular el tiempo que tomaría a un funcionario del Departamento de Computación e Informática para eliminar los datos personales de cada hoja. Si se tratara de documentos a color, el tiempo que llevaría solo escanear sería aproximadamente 3 días en los que se dediquen 8 horas completas a solo escanear los documentos, sin agregar el tiempo que para eliminar los datos personales. Lo anterior implica que el funcionario administrativo de Departamento de Inversión Ciudadana se distraiga de sus funciones habituales, así como también el funcionario del Departamento de Computación e Informática. e) En cambio, la Municipalidad tiene 1 multicopiadora que tienen capacidad de fotocopiar 4.354 hojas de una sola vez. Es por ello que se comunicó al solicitante que se podía entregar la información fotocopiada, una vez cancelados los costos de reproducción de la misma, esto es, $ 20.- por fotocopia, lo que da un total de $ 87.080.-. f) Adjuntó copia de dos formularios de presentación de micro-proyectos que recibieron subvenciones de la Municipalidad. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, según consta de los antecedentes que obran en poder de este Consejo, la solicitud que dio origen al presente amparo fue presentada en la Municipalidad de Rancagua el 19 de junio de 2013. Por lo tanto, el plazo para que el órgano se pronunciara sobre la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, vencía, en principio, el 18 de julio de 2013. No obstante, el 19 de julio de este año la Municipalidad hizo uso de la prórroga prevista en el inciso 2° de la norma citada, debido a la dificultad para reunir la información requerida. Al respecto, la prórroga del plazo para responder dispuesta por el municipio reclamado no se ajustó a lo establecido en inciso segundo del artículo 14 de la Ley de Transparencia, por cuanto dicha prórroga tuvo lugar una vez vencido el plazo de 20 días hábiles para dar respuesta a la solicitud, en circunstancias que, precisamente, una de las condiciones exigidas por la norma citada para aplicar dicha ampliación excepcional es que la comunicación de la misma se realice al solicitante antes del vencimiento del plazo indicado. Por otra parte, la reclamada tampoco indicó con claridad los fundamentos de dicha prórroga, esto es, las circunstancias que hacían difícil reunir la información solicitada, conforme lo exige la misma disposición antes mencionada. En razón de lo anterior, la antedicha actitud de la reclamada será representada al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, toda vez que dicha conducta ha vulnerado los principios de facilitación y de oportunidad consagrados en el artículo 11, letras f) y h) respectivamente, del mismo cuerpo legal. 2) Que, respecto del fondo de lo debatido, cabe señalar, del tenor del amparo, que la disconformidad del solicitante con la respuesta otorgada por el organismo reclamado se vincula con aquella parte de la solicitud destinada a obtener copia de los formularios de presentación de micro–proyectos de personas jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro, en el marco del programa de subvenciones mayores, correspondientes a los años 2009 a 2013. Ello, por cuanto el reclamante fundó su amparo en que la Municipalidad condicionó la entrega de esos formularios al previo pago de $ 87.080.-, pese a que en su solicitud requirió que éstos fueran remitidos vía electrónica. Conforme a ello, debe entenderse que, al no haber reclamado el solicitante respecto de la primera parte de la solicitud, esto es, el listado de subvenciones solicitado, aquélla fue satisfecha con la respuesta entregada por la Municipalidad, por lo que cabe entender ésta respondida, aunque en forma extemporánea. De esta forma, el amparo de la especie se encuentra circunscrito únicamente a la solicitud no satisfecha por la reclamada, a saber, las copias de los formularios señalados, específicamente el formato de entrega de dicha información. 3) Que, por la solicitud en análisis se requirió copia de los formularios presentados a la Municipalidad de Rancagua en el periodo 2009 a 2012, por personas jurídicas que obtuvieron subvenciones mayores. Atendida la naturaleza de lo pedido, debe concluirse que tal información ha debido constituir un antecedente para el otorgamiento de tales beneficios municipales, en tanto los formularios solicitados fueron presentados por personas jurídicas que postularon al señalado beneficio y a las que finalmente se asignaron tales subvenciones, en el periodo señalado por el requirente. En consecuencia, conforme al artículo 5 y 10° de la Ley de Transparencia, constituye en principio información pública, a menos que a su respecto concurra alguna causal de secreto o reserva del artículo 21 de la citada ley, la cual no se ha alegado en la especie. 4) Que, por su parte, conforme al inciso primero del artículo 17 de la Ley de Transparencia, la información solicitada a los órganos de la Administración del Estado se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles. En la especie, el solicitante requirió que la información solicitada le fuera remitida por correo electrónico. De lo anterior, se colige que el requirente optó por la forma de entrega de la información en formato digital y que el medio que ha indicado para recibir dicha información es de modo telemático, dirigido al correo electrónico precisado en su solicitud. Al respecto, la Municipalidad indicó que no cuenta con personal para escanear la cantidad de hojas que involucra la solicitud en análisis y que, para no distraer al personal de sus labores habituales, el medio disponible para la entrega de lo requerido era a través de fotocopias, previo pago de los costos de reproducción, que ascienden a $ 87.080.-. 5) Que, en consecuencia, la Municipalidad de Rancagua ha hecho presente que los antecedentes solicitados no se encuentran digitalizados, disponiendo de ellos sólo en formato papel, y que el costo total que le significa fotocopiar cada uno de los formularios solicitados, para reproducir los mismos, constituiría un gasto excesivo o no previsto en su presupuesto institucional. Ello justificaría –en principio– el cobro de las fotocopias como costo directo de reproducción, conforme a la regulación que establece el apartado N° 3 letra a) de la Instrucción General N° 6, según la cual no cabe exigir cobro alguno al peticionario “Si la remisión de la información se realiza telemáticamente (a través de un correo electrónico, por ejemplo), es decir, no se pone a disposición del solicitante por un medio o soporte físico (como papel, medios magnéticos, electrónicos u ópticos), salvo que el documento no se encuentre digitalizado y sea necesario fotocopiarlo para su posterior escaneo. En este último caso podrá cobrarse el valor de las fotocopias conforme el numeral 5”. En cuanto al pago de los costos directos de reproducción, es preciso hacer presente que en virtud del principio de gratuidad establecido en el artículo 11, letra k), de la Ley de Transparencia, el acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito. Sin perjuicio de ello, el artículo 18 de la misma Ley establece que “sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada”. En este sentido, el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala, en lo que interesa, que “se entenderá por costos directos de reproducción todos aquellos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para realizar la reproducción”. 6) Que al respecto, la reclamada en su respuesta no proporcionó antecedentes suficientes que permitieran a este Consejo determinar, en la especie, la concurrencia de la hipótesis de excepción al principio de gratuidad, esto es, la necesidad de fotocopiar la información consultada para su posterior digitalización. Sin embargo, con ocasión de la gestión oficiosa ejecutada por este Consejo, la Municipalidad precisó que el modelo de escáner disponible le permitía digitalizar dicha información con un máximo de 99 hojas, 7 hojas por minuto, tratándose de copias en blanco y negro. Lo anterior permite concluir que la citada Municipalidad, para satisfacer esta solicitud en los términos indicados por el requirente, tendría que dividir los formularios en 44 grupos de hojas, lo que daría un tiempo total, sólo a efectos de su escaneo, de 616 minutos, esto es, 10 horas aproximadamente. Asimismo, hizo presente que dispone de un único funcionario para realizar esta labor, quien se demoraría sólo en escanear 2 días laborales aproximadamente. En el mismo sentido, este Consejo solicitó en la gestión oficiosa descrita, ejemplos de modelos de formularios de micro-proyectos como los requeridos por el Sr. Orellana. La Municipalidad hizo presente que los formularios contienen datos personales que deben ser tarjados, pero que, al corresponder a copias únicas, esos datos de contexto no podían ser tarjados en papel, sino que debían ser eliminados electrónicamente, lo cual importa un costo asociado al ser necesario implementar el procedimiento computacional ya señalado respecto de cada formulario previamente digitalizado. 7) Que, a instancias de este Consejo, la Municipalidad acompañó copia de dos formularios. Al procederse a su examen, se constata que éstos contienen un acápite denominado “Directorio de la Organización (Datos Personales)”, los que incluyen datos personales de contexto de personas naturales que integran los directorios de las personas jurídicas que presentaron dichos proyectos, tales como su número de cédula de identidad y sus domicilios particulares. En armonía con lo señalado por la reclamada, tales datos personales, siendo antecedentes de mero contexto, deben ser tarjados, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia. De todo lo anterior se concluye que, en este caso particular, satisfacer la solicitud en la forma y por el medio señalado por el peticionario, importaría que la Municipalidad de Rancagua incurriese en un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional. Ello, por cuanto digitalizar el número de hojas solicitado de los formularios que dispone en formato o soporte papel, para luego eliminar de dichos formularios ya escaneados los datos personales de contexto de las personas naturales que aparecen en tales formularios, produciría un impacto en la labor diaria del personal destinado a tales funciones, ocasionando un costo excesivo para su gestión institucional, en los términos planteados por el órgano en el numeral 7) de lo expositivo. De no tarjarse tales datos de modo electrónico, la Municipalidad debería igualmente tarjar tales datos personales previa copia de cada una de las hojas de los formularios requeridos, lo que genera un costo que resulta insoslayable. Por lo anterior, este Consejo estima que, en este caso particular, no pudiéndose satisfacer la solicitud en la forma y por el medio requeridos, resultaba procedente acceder a la entrega de la información en la forma y medios disponibles, esto es, a través de fotocopias, en soporte papel, de dichos formularios, correspondiendo, por ello, el cobro previo exigido por la reclamada, como costo directo de reproducción. 8) Que precisado lo anterior, en relación al monto establecido por concepto de costos directos de reproducción, la Instrucción General Nº 6 de este Consejo, sobre gratuidad y costos directos de reproducción, fija los criterios para definir aquellos costos que pueden cobrar los órganos de la Administración, estableciéndose que en el caso que el órgano no tenga contratado el servicio de reproducción vía convenio marco, licitación pública, privada o trato directo (por ejemplo, lo presta directamente a través de una máquina de su propiedad o arrendada), como aparece ocurrir en el presente caso, podrá “estimar suficiente el valor de referencia señalado, esto es, el precio establecido en el convenio marco de referencia, exigiendo su pago al solicitante de información; o bien estimar que dicho valor de referencia es insuficiente para costear los costos directos de reproducción en que efectivamente incurre, caso en que deberá establecer en el acto administrativo que fije aquéllos, en forma desglosada y conforme al criterio de realidad, el valor de cada uno de los insumos que conformen el costo total directo de reproducción del producto señalado y acreditarlo fehacientemente de ser requerido por este Consejo”. En la especie, la Ordenanza Local N° 3 de “Derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios'', aprobada por Decreto Exento N° 1.539, de 2009, establece un monto de $ 20.- por fotocopia de documentos, valor que, a juicio de este Consejo, no parece desproporcionado al que, para estos servicios, establece el Convenio Marco de Servicios de Impresión y Reproducción Licitación N° 2239-5-LP08 (denominado CM 05/2008) que rige en esta materia, en tanto se condice con el valor de referencia fijado para estos efectos y que autoriza a cobrar la Ley, los que ascenderían a $ 14.-, más IVA, en blanco y negro. 9) Que en consecuencia, en el presente caso, debe concluirse que los argumentos dados por el municipio reclamado para modificar el formato y medio de entrega de la información solicitada, a saber, envío en archivo digital al correo electrónico del reclamante, por fotocopias en formato papel, se ajustaron a lo dispuesto en el inciso primero del referido artículo 17, por lo que, en este caso, la entrega deberá realizarse en la forma y a través de los medios de que disponga la Municipalidad de Rancagua, previo pago de los costos directos de reproducción fijados por dicha entidad edilicia, que fueron comunicados al solicitante en su respuesta. Por lo anterior, se rechazará el presente amparo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo deducido por Jorge Enrique Orellana Iturra en contra de la Municipalidad de Rancagua, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua que: a) Al no haber dado respuesta a la solicitud de información del requirente dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, transgredió dicha disposición, así como los principios de facilitación y oportunidad, consagrados en el artículo 11, letras f) y h), respectivamente, de dicho cuerpo legal, por lo que deberá adoptar las medidas administrativas que sean necesarias a fin de dar estricto cumplimiento a la preceptiva citada. b) Al haber prorrogado el plazo para dar respuesta a la solicitud sin ajustarse a lo que exige el artículo 14 de la Ley de Transparencia y la Instrucción General Nº 10 de este Consejo, transgredió lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como los principios de facilitación y oportunidad, consagrados en el artículo 11, letras f) y h), respectivamente. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para que dicha situación no vuelva a reiterarse. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Jorge Orellana Iturra y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.