Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1260-13

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Reclamante:	MARIELA PAZ GARRIDO GONZÁLEZ
Reclamado:	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Consejo de Defensa del Estado (CDE), fundado en la respuesta negativa a su solicitud sobre a) “Listado de todas las causas en que el CDE ha interpuesto la acción de reparación de daño ambiental de la Ley N° 19.300 entre los años 1994 y 2012”; b) “Listado de todas causas en las que el CDE ha transigido en procedimientos iniciados a propósito de la acción de reparación de daño ambiental de la misma ley, y copia de dichas transacciones, entre los años 1994 y 2012”; y, c) “Jurisprudencia relativa a la acción de reparación de daño ambiental de la ley 19.300”. El Consejo señaló que a información requerida no forma parte de antecedentes eventualmente entregados por el Estado de Chile al CDE para el desarrollo de una defensa o estrategia jurídica determinada, como tampoco guardan relación con antecedentes que hayan sido generados con tal objeto. De lo anterior, se colige que no concurren las circunstancias que permiten establecer la reserva de tal información, pues está no está cubierta por el referido secreto profesional, de acuerdo razón por la cual ha de estimarse que dicha información tiene el carácter de pública, refuerza esta conclusión el evidente interés público que reviste la información requerida, dada su naturaleza. En efecto, la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, dispone un régimen general de publicidad de la información de naturaleza ambiental generada a propósito de la intervención de órganos públicos en dichas materias como en lo referido a los procedimientos administrativos en que éstos toman parte. En el caso de la especie, la información requerida evidencia la forma en que se ha reparado el daño ambiental causado, en el marco del procedimiento por el cual se substancia la acción preparatoria aludida, información cuyo conocimiento resulta fundamental para la realización de un control social efectivo en relación a estas materias, las que inciden directamente en el ejercicio, por parte de todas las personas, del derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el que se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/10/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1351-12
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Justicia

DECISIÓN AMPARO ROL C1260-13 Entidad pública: Consejo de Defensa del Estado (CDE) Requirente Mariela Paz Garrido González Ingreso Consejo: 06.08.2013 En sesión ordinaria N° 480 de su Consejo Directivo, celebrada el 15 de noviembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1260-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L N° 1, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de junio de 2013, doña Mariela Paz Garrido González, solicitó al Consejo de Defensa del Estado –en adelante e indistintamente CDE– la siguiente información: a) “Listado de todas las causas en que el CDE ha interpuesto la acción de reparación de daño ambiental de la Ley N° 19.300 entre los años 1994 y 2012”; b) “Listado de todas causas en las que el CDE ha transigido en procedimientos iniciados a propósito de la acción de reparación de daño ambiental de la misma ley, y copia de dichas transacciones, entre los años 1994 y 2012”; y, c) “Jurisprudencia relativa a la acción de reparación de daño ambiental de la ley 19.300”. 2) RESPUESTA: El 19 de julio de 2013, el Consejo de Defensa del Estado, respondió a dicho requerimiento mediante Oficio N° 5.122, señalando en síntesis, que: a) Respecto de lo requerido en el literal a), no posee la información en los términos solicitados, por “no ser un órgano estadístico”. Al afecto, agregó que no obstante lo anterior, toda la información relativa a los resultados y la gestión de las causas en que ha tomado parte, se encuentra disponible en su portal electrónico www.cde.cl, en el apartado “Indicadores y Estadísticas”. b) Respecto del literal b) de la solicitud, indicó al requirente que el listado de las causas que ha transigido en materia medioambiental, se encuentra disponible en la web referida precedentemente, en el apartado “Transacciones Ambientales”. Agregó, que en lo relativo a la entrega de copia de dichas transacciones, ello no es posible, ya que trata de información reservada en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia. En relación a dicha causal señaló, que los documentos solicitados son antecedentes propios de las tareas que la ley le encomienda al CDE, por lo que dicha reserva se encuentra amparada por el secreto profesional del abogado, el cual se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 3, de la Constitución Política de la República y en diversos cuerpos legales como en el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Ética del Colegio de Abogados. c) Agregó, que la Corte Suprema con fecha 28 de noviembre del año 2012, resolvió una serie de recursos de queja en la disputa legal sostenida entre el Consejo de Defensa del Estado y el Consejo para la Transparencia Roles 2423-2012, 2582-2012 y 2788-2012, estableciéndose en dichos procesos que ”los antecedentes que son entregados al CDE para representar los intereses de los distintos organismos fiscales se encuentran cubiertos por el secreto profesional de los abogados y, por lo tanto, se debe negar su acceso público y mantenerse su reserva”. d) En cuanto al literal c), informó que la jurisprudencia requerida puede ser consultada en su base jurisprudencial disponible en su página web, específicamente en el link Unidad de Medio Ambiente “Jurisprudencia Ambiental” 3) AMPARO: El 6 de agosto de 2013, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del CDE, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Al efecto, señaló que “Las transacciones dentro de los juicios de acción de reparación por daño ambiental tienen como titular al Fisco de Chile, cuyo representante es el CDE. La información solicitada es acerca de las prestaciones mutuas, y en especial, las acciones de cómo se reparó efectivamente el daño causado. No solicito violar el secreto profesional, pues [la solicitud] se enmarca en una actividad académica e investigación”. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3.402, de 12 de agosto de 2013, al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, solicitándole que al formular sus descargos se refiriera a la eventual concurrencia de una causal de secreto o reserva legal de la información solicitada. Al respecto, el Sr. Presidente del CDE evacuó sus descargos y observaciones mediante el Oficio N° 6.100, de 23 de agosto de 2013, reiterando lo ya señalado en su respuesta y agregó que: a) Atendido a lo informado al requirente en cuanto a la disponibilidad de la información consultada en los literales a), b) y c), mediante la página web (www.cde.cl), a su juicio estima que ha cumplido con su obligación de informar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. b) En relación a aquella parte del literal b), en que lo requerido son las copias de las transacciones celebradas por el CDE en el contexto del ejercicio de la acción de reparación ambiental, agregó que los antecedentes requeridos –por tratarse de antecedentes propios del cumplimiento de las tareas que la ley encomienda al CDE–, se encuentran amparados por el secreto profesional del abogado, el que además de estar consagrado en diversos cuerpos legales, emana de la garantía constitucional del derecho a defensa, establecida en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política, de modo que cualquier acto u omisión que lo vulnere o amenace, debe ser entendido como un impedimento, restricción o perturbación a la intervención del letrado y, por ende a la garantía misma. c) La asesoría forense del abogado, no sería libre si no estuviese protegida por la confidencialidad, pues contaminaría todo consejo y asesoría por la coerción de esa publicidad. Agrega que existiría un reconocimiento amplio del secreto profesional en la normativa comparada, el que ha sido expresamente consagrado en el artículo 10° del Código de Ética del Colegio de Abogados. Concluye que el secreto profesional es tanto un deber ante los clientes, como un derecho ante los jueces, y dicha garantía es aplicable a todo profesional, con independencia del tipo de negocio en el que se desarrolle. d) De conformidad con el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado es una norma de secreto vigente, que deriva de la necesidad de dar debido cumplimiento a las funciones legales de dicho organismo, logrando una defensa eficaz de los derechos del Estado Fisco. Así las cosas, los abogados del Consejo mantendrían con el organismo una relación idéntica a la de un abogado con sus clientes, quedando bajo protección del secreto profesional la información a que el funcionario acceda en función de su cargo. Dicha conclusión, encontraría respaldo a su juicio, en la historia del citado cuerpo legal. Luego esgrimió, que el Estatuto Administrativo prohíbe, revelar asuntos que tengan carácter reservado en virtud de la ley, el reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales y, si lo hace, compromete gravemente su responsabilidad disciplinaria. e) En este contexto, concluyó que la aplicación de esta obligación legal en relación a la solicitud efectuada por el peticionario resulta evidente, especialmente cuando lo solicitado consiste, precisamente, en datos o documentos proporcionados por quien ha requerido la representación judicial –a la sazón, el Estado de Chile por disposición legal–, o en antecedentes basados o elaborados en el desarrollo de la gestión profesional desplegada por los abogados del CDE en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el haber asumido esta representación, de modo que la divulgación de la información que ha solicitado la Sra. Mariela Paz Garrido González, no sólo se encuentra vedada por la propia Ley N° 20.285, sino que es sancionada, además, como constitutiva de delito por la Ley Orgánica de este Servicio, circunstancias que se mantienen vigentes más allá del término del proceso judicial correspondiente, dado que a ello obliga precisamente el secreto profesional, como se ha explicado. 5) GESTIÓN OFICIOSA: El 6 de noviembre de 2013, la Unidad de Análisis de Fondo, tomó contacto telefónico con la solicitante a fin de que profundizara algunos aspectos de su solicitud. La reclamante mediante correo electrónico de igual fecha, manifestó al Consejo para la Transparencia, en síntesis, lo siguiente: a) Respecto del listado de causas en que el CDE ha interpuesto la acción de reparación por daño ambiental indicó que la información solicitada “no debe recaer en todo el expediente, sino en los datos principales de las demandas, esto es, demandado, demandante, fecha, que es lo demandado y qué medidas de reparación se solicitan”. b) En cuanto al listado de transacciones “las copias solicitadas no recaen en la totalidad del documento de la transacción, sino en qué es lo transigido; qué entrega el Fisco y qué entrega el demandado, pues esto finalmente es lo que se traduce en la reparación del medio ambiente…”. c) Por último, en lo relativo a la jurisprudencia consultada “este punto se diferencia del primero, puesto que aquí necesito ver las sentencias en que se acoge o rechaza la acción y se determinan las medidas de reparación por parte del juez. De esta forma podré comparar cuantos litigios han terminado por transacción y cuantos por sentencia de un tribunal. Lógicamente necesito que se comprenda el mismo período de tiempo, que es 1994 -2013”. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que el CDE, conforme a su Ley Orgánica, aprobada por el D.F.L. N° 1/1993, del Ministerio de Hacienda, “…tiene por objeto, principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado” (artículo 2°). El artículo 3° N° 1 de esta norma establece, entre sus atribuciones, la de encargarse de “…la defensa del Fisco en todos los juicios y en los actos no contenciosos de cualquier naturaleza, sin perjuicio de la que corresponda, de acuerdo con la ley, a los abogados de otros servicios públicos”. En materia medioambiental el inciso 1° del artículo 54 de la Ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, de 9 de marzo de 1994, establece que uno de los titulares de la acción que permite obtener la reparación del medio ambiente dañado culposa o dolosamente es el Estado, “por intermedio del Consejo de Defensa del Estado”. Agrega este precepto que “Deducida demanda por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. Para los efectos del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, se presume que las municipalidades y el Estado tienen interés actual en los resultados del juicio”. Para estos efectos —y según se informa en http://www.cde.cl/— el CDE creó una unidad especializada para este tipo de juicios que, además, supervigila y presta apoyo técnico a las Procuradurías Fiscales del CDE ubicadas en cada región, en lo relacionado con la tramitación de juicios ambientales ante los Tribunales de Justicia. 2) Que, en lo referido al listado de causas ambientales (literal a) de la solicitud), en que ha sido impetrada la acción de reparación por daño ambiental ante los tribunales -período 1994-2012-, el CDE indicó al solicitante que no posee la información en los términos requeridos. No obstante lo anterior, agregó que en su página web podía acceder a información sobre los resultados y la gestión de las causas en que ha tomado parte, agregando con ocasión de sus descargos, que en esta parte ha cumplido su obligación de informar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Sobre el particular, resulta relevante tener presente lo resuelto por este Consejo ante idéntico requerimiento en la decisión de amparo Rol C1351-12 “el CDE no ha negado que cuente con antecedentes que le permitan informar lo requerido ni tampoco que esto implique un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional. Es más, el número de causas tramitadas por el CDE en materias medio ambientales puede verse en el propio portal web de la reclamada, que contiene información estadística sobre la gestión de sus causas e indica que en 2010 y 2011 patrocinó un total de 261 procesos de este tipo, detallando tal información mediante gráficos. Al mismo tiempo, indica el porcentaje que representan dichas causas sobre el total de procesos cuya defensa ha asumido el CDE. Lo anterior permite colegir que la reclamada sistematiza la información referida a sus procesos judiciales, lo que le permitiría dar una adecuada respuesta en este punto a la solicitud de información formulada” (considerando 4°). La referida decisión fue refrendada en esta parte, tanto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia Rol 503-2013, de 31 de julio de 2013, y confirmada – en los mismos términos- por sentencia de la Excelentísima Corte Suprema recaída en causa Rol N° 5337-2013, que desestimó el recurso de queja deducido por el CDE en contra de la referida sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. 3) Que teniendo presente tanto lo resuelto por este Consejo, como por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y Excelentísima Corte Suprema, y atendida la circunstancia de haberse el CDE limitado a señalar que no posee la información en los términos requeridos por no ser un órgano de tipo estadístico, precisando a su vez que posee información sobre la gestión de causas en su web que satisfaría lo requerido en el literal en análisis, no es posible eximir a la reclamada del deber de entregar la información que le es requerida de conformidad a lo dispuesto en el referido cuerpo legal. En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Transparencia, el cual dispone que “estará obligado [el jefe superior del órgano] a proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley”, la reclamada sólo podrá eximirse de hacer entrega de la información solicitada en caso de concurrir alguna de las referidas hipótesis de excepción. 4) Que en vista de lo anterior, y la circunstancia de no haberse alegado por el CDE la concurrencia de una causal de reserva, oposición de terceros o la inexistencia de la información que le permitiría hacer entrega de los antecedentes consultados, de conformidad a las hipótesis de excepción descritas en el artículo 16 citado precedentemente, dicho órgano se encuentra en la obligación de hacer entrega de lo pedido. En atención a la alegación del CDE relativa a la aplicación del artículo 15 de la Ley de Transparencia, efectuada por este Consejo – el 8 de noviembre de 2013- la revisión de la página web de dicho órgano, se constató que la información contenida en ésta difiere de la requerida, pues sólo da cuenta de informes estadísticos de sus causas, sin individualizar respecto del período comprendido entre los años 1994 – 2012, cada uno de los procesos iniciados por el CDE, en virtud de la acción reparatoria por daño ambiental contemplada por la Ley N° 19.300. Por lo anterior, debe desecharse la posibilidad de tener por entregada la información por aplicación del artículo 15 de la Ley de Transparencia, debiendo el organismo reclamado hacer entrega de la información en los términos requeridos en el literal a) de la solicitud de acceso. 5) Que en cuanto a las precisiones efectuadas por la solicitante con ocasión de gestión oficiosa, - quién indicó que la entrega de la información requerida en el literal a), comprende la indicación de las partes, fecha de la interposición de la demandada, objeto demandado y medidas de reparación requerida-, este Consejo estima que estas amplían el tenor original de la solicitud, la cual a juicio de esta Corporación, sólo se satisface con la individualización de cada uno de los roles de los procesos y los Tribunales ante los cuales se tramitan o tramitaron las respectivas acciones de reparación ambiental. Por lo anterior, se acogerá el presente amparo en esta parte y conjuntamente con ello, se requerirá al CDE hacer entrega de la información consultada en el literal a) en la forma antes señalada. Al efecto cabe hacer presente, que la sola entrega de los antecedentes precedentemente individualizados, permitiría al solicitante revisar cada uno de los procesos, ya sea presencialmente o mediante los sitios electrónicos del Poder Judicial y del Tribunal Ambiental 6) Que en lo referido al literal c) de la solicitud, por el que se solicitó la “Jurisprudencia relativa a la acción de reparación de daño ambiental de la ley 19.300”, la solicitante con ocasión de gestión oficiosa de este Consejo, anotada en el numeral 5° de lo expositivo, agregó que “este punto se diferencia del primero [literal a)], puesto que aquí necesito ver las sentencias en que se acoge o rechaza la acción y se determinan las medidas de reparación por parte del juez. De esta forma podré comparar cuantos litigios han terminado por transacción y cuantos por sentencia de un tribunal. Lógicamente necesito que se comprenda el mismo período de tiempo, que es 1994 -2013”. Atendido el tenor de la precisión efectuada y el objetivo perseguido por la reclamante según lo ha señalado, este Consejo estima que esta ha ampliado su solicitud, a la totalidad de sentencias existentes sobre la materia, lo cual difiere de la solicitud original de información, en la que no se requirió de manera expresa la totalidad de pronunciamiento dictados al efecto. Por lo tanto, el análisis del amparo en esta parte, sólo comprenderá el tenor original de la solicitud, esto es, la entrega de “jurisprudencia relativa a la acción de reparación de daño ambiental de la ley 19.300”. 7) Que al efecto, el CDE informó a la solicitante que la jurisprudencia sobre reparación ambiental, podía ser consultada en su página web. Revisado por este Consejo la referida página, específicamente el link http://www.cde.cl/web/aplicaciones/bf.nsf, constató que contiene un motor de búsqueda que permite acceder a información sobre jurisprudencia de casos en que ha tomado parte la reclamada en el cumplimiento de sus funciones de conformidad a su Ley Orgánica, previa determinación de tópicos como la materia, tribunal, texto legal o completando la opción texto libre. Efectuada una búsqueda al azar, utilizando expresiones como “acción indemnizatoria”, “medio ambiente” o “Ley N° 19.300”, en el referido buscador, se obtiene información acotada sobre casos referidos a la materia consultada -acción reparatoria-. Asimismo, contiene información clasificada por materia y respecto de casos que a juicio de la reclamada constituyen “Fallos Destacados”. Lo anterior, permite concluir que, el CDE al indicar al requirente la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a sentencias recaídas sobre el ejercicio de la referida acción de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, ha satisfecho plenamente el requerimiento en análisis, motivo por el cual se rechazará el amparo en este punto. 8) Que en cuanto a lo solicitado en el literal b) del requerimiento, en que se pide el “Listado de todas causas en las que el CDE ha transigido en procedimientos iniciados a propósito de la acción de reparación de daño ambiental de la misma ley, y copia de dichas transacciones, entre los años 1994 y 2012”. Al efecto, el Consejo de Defensa del Estado, informó al requirente que: a) Respecto del listado de las causas que ha transigido en materia medioambiental, éstas se encuentran disponibles en su página web, en el apartado “Transacciones Ambientales”. b) En cuanto a la entrega de copia de las transacciones referidas en su web, denegó dichos antecedentes fundándose en que estarían amparados por el secreto profesional del abogado, consagrado en la Constitución Política, su Ley Orgánica como en otros cuerpos de naturaleza similar que haría procedente la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. 9) Que respecto del listado de transacciones, este Consejo revisó el portal electrónico de la reclamada, específicamente el apartado sobre “Transacciones Ambientales”, constatando que contiene información sobre 26 transacciones celebradas por la reclamada entre los años 1999 y 2007. No obstante lo anterior, y teniendo presente que el período consultado abarca los años 1994 y 2012, ambos inclusive, eventualmente podrían existir otros procesos judiciales en que la acción reparatoria por daño ambiental deducida por la reclamada hayan finalizado en virtud de la celebración de una transacción entre las partes que no se encuentren contenidas en la web y que se encuentren comprendidas en el período consultado 1994-2012. Por tal razón, en esta parte se acogerá el amparo y conjuntamente con ello, se requerirá a la reclamada que, en el evento de que haya celebrado transacciones que no se encuentren contenidas dentro del referido listado, informe de estas al solicitante. En caso de no haberlas acordado, deberá señalarlo expresamente al solicitante. 10) Que en lo relativo a la entrega de copia de las transacciones, la reclamada circunscribió su negativa sólo a las transacciones indicadas en su portal electrónico, celebradas entre los años 1999 y 2007. Al respecto, cabe señalar que de conformidad a lo razonado en el considerando precedente – respecto de la eventual existencia de transacciones que no se encuentren contenidas en la referida web-, el análisis que a continuación se desarrollará comprenderá tanto las transacciones que están contenidas en la web como las que eventualmente no se encuentren en ésta-. 11) Que al efecto resulta pertinente tener presente que de conformidad al artículo 7° de su Ley Orgánica, “El Consejo de Defensa del Estado, con el voto de las tres cuartas partes de sus miembros en ejercicio y en sesión especialmente convocada con tal objeto, podrá acordar transacciones en los procesos en que intervenga. En el acta de la sesión en que se adopte el acuerdo de transigir deberá dejarse constancia de los fundamentos que se tuvieron para ello. Del mismo modo, podrá aprobar la celebración de acuerdos reparatorios en los procedimientos penales en que intervenga como querellante. Podrá también, con el voto de la mayoría de los miembros en ejercicio, aceptar el pago en cuotas de las deudas que le corresponda cobrar, aun en los casos que éstas consten en sentencias ejecutoriadas. El Consejo fijará el número de cuotas en que se dividirá la deuda y las épocas de pago y determinará, en el mismo acto, el reajuste y el interés con que aquélla deberá solucionarse, pudiendo eximir de intereses, sean éstos futuros o ya devengados, al obligado, si sus facultades económicas lo justificaren(…) Los acuerdos a que se refieren los incisos anteriores, deberán ser aprobados por resolución del Ministerio de Hacienda cuando se trate de sumas superiores a tres mil unidades tributarias mensuales”. 12) Que, el fundamento esgrimido por el CDE para justificar la concurrencia de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, radica en la circunstancia de que los antecedentes consultados –transacciones- se encuentran protegidos por la reserva que otorga el “secreto profesional” que debe guardar la reclamada en su relación con el Estado de Chile. 13) Que, las referidas transacciones atendida su naturaleza, son un equivalente jurisdiccional que exterioriza una forma de solución de un conflicto originado por el ejercicio de la acción reparatoria por daño ambiental contemplada en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Además, tales transacciones deben formar parte de los procedimientos judiciales en que ésta haya sido ejercida por la reclamada. En cuanto a sus fundamentos, éstos deben constar en la respectiva acta de sesión en que dicho acuerdo se haya adoptado, y según la cuantía involucrada, el acta respectiva debe ser aprobada mediante Resolución del Ministerio del Interior, de conformidad al artículo 7° de su Ley Orgánica, reseñado en el considerando 11° precedente. 14) Que del referido análisis se concluye que la información requerida no forma parte de antecedentes eventualmente entregados por el Estado de Chile al CDE para el desarrollo de una defensa o estrategia jurídica determinada, como tampoco guardan relación con antecedentes que hayan sido generados con tal objeto. De lo anterior, se colige que no concurren las circunstancias que permiten establecer la reserva de tal información, pues está no está cubierta por el referido secreto profesional, de acuerdo razón por la cual ha de estimarse que dicha información tiene el carácter de pública. 15) Que refuerza esta conclusión el evidente interés público que reviste la información requerida, dada su naturaleza. En efecto, la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, dispone un régimen general de publicidad de la información de naturaleza ambiental generada a propósito de la intervención de órganos públicos en dichas materias como en lo referido a los procedimientos administrativos en que éstos toman parte. En el caso de la especie, la información requerida evidencia la forma en que se ha reparado el daño ambiental causado, en el marco del procedimiento por el cual se substancia la acción preparatoria aludida en el considerando 13), información cuyo conocimiento resulta fundamental para la realización de un control social efectivo en relación a estas materias, las que inciden directamente en el ejercicio, por parte de todas las personas, del derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el que se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política. 16) Que en concordancia con lo razonado, se acogerá en esta parte el amparo y conjuntamente con ello, se requerirá al Consejo de Defensa del Estado que haga entrega de la información requerida. Sobre el particular se hace presente a la reclamada, que en el evento que las transacciones celebradas sólo sean aquellas que da cuenta su página web, indique dicha circunstancia expresamente al requirente. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por doña Mariela Paz Garrido González en contra de la Consejo de Defensa del Estado, por las razones precedentemente expuestas. II. Requerir al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado que: a) Entregue al reclamante lo requerido en el literal a) de su solicitud. b) Entregue al reclamante lo requerido en el literal b) del requerimiento de conformidad a lo expresado en los considerandos 8 ° y siguientes. c) Cumpla dicho requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia. d) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado y a doña Mariela Paz Garrido González. En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Alejandro Ferreiro Yazigi. Se deja constancia que el Consejero don José Luis Santa María Zañartu, no concurre al presente acuerdo por reconocer parentesco de afinidad dentro del segundo grado, con la autoridad o funcionario directivo del servicio de la Administración del Estado interesado, en los términos que ha sido dispuesto por numeral 3, letra a), del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.