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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1335-13</strong></p>
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Entidad pública: Ministerio de Salud</p>
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Requirente: Santos González Rojas</p>
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Ingreso Consejo: 20.08.2013</p>
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En sesión ordinaria Nº 489 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de diciembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1335-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de julio de 2013, don Santos González Rojas solicitó al Ministerio de Salud información sobre el “número de casos de muerte real por meningitis, no importando su tipo, solamente el año 2013, con sus nombres, número de y hospitales donde fueron tratados si fuese así.” (sic)</p>
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En el espacio destinado a las observaciones de su presentación solicita especificar el tipo de meningitis que causó la muerte de cada persona.</p>
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2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 20 de agosto de 2013, don Santos González Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud. Además hace presente que la entrega de la información no vulnera la privacidad de las personas atendido que se trata de la identificación de personas fallecidas.</p>
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3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Subsecretario de Salud Pública, mediante Oficio N° 3.631, de 26 de agosto de 2013, quien, a través de Oficio N° 3.020, de 10 de septiembre de 2013 presentó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos:</p>
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a) La respuesta a la solicitud formulada a través del sistema de trámite en línea del Ministerio de Salud, fue enviada al correo electrónico del reclamante el día 8 de agosto de 2013, esto es, el día hábil número 19 del plazo para dar respuesta.</p>
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b) Adjunta comprobante de respuesta a la solicitud en la que informa que la información solicitada se encuentra disponible en la página web www.minsal.cl, banner “plan de acción w-135, o en el link http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_varios/boletin/meningitis/page_8.html. Respecto al nombre de los fallecidos, dicha información se encuentra regulada en la Ley N° 20.584 y la Ley N° 19.628, por lo que no puede ser entregada a terceras personas.</p>
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c) Respecto de la información solicitada, concurre la causal de secreto o reserva de la información en conformidad al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, al solicitar el reclamante el nombre de los pacientes fallecidos a causa de meningitis y su lugar de tratamiento. Lo anterior, regulado en la Ley N° 19.628.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, en cuanto al fundamento del presente amparo, cabe hacer presente que los antecedentes acompañados por el órgano reclamado junto con sus descargos, no permiten dar por acreditado que, a la fecha, la respuesta a la solicitud formulada por la requirente el 12 de julio de 2013, haya sido remitida al correo electrónico del solicitante. En efecto, si bien el documento denominado “estado de avance del trámite de la solicitud” acompañado por la reclamada consigna como último trámite referido a dicha solicitud que el 8 de agosto de 2013 la respuesta habría sido informada al usuario, el órgano reclamado no acompañó ningún antecedente que acredite que dicha entrega efectivamente se materializó al correo electrónico señalado por el requirente. La falta de acreditación del envío de la respuesta implicó una contravención a la citada norma, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, lo cual será representado al órgano reclamado en lo resolutivo del presente acuerdo.</p>
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2) Que analizado el link informado por el órgano reclamado en sus descargos (http://web.minsal.cl/meningitis_reporte), éste informa que, hasta el 29 de octubre de 2013, la cantidad de fallecidos por dicha enfermedad “se mantiene en 17”. En consecuencia, se dará por contestada, aunque extemporáneamente, aquella parte de la solicitud de acceso relativa al número de casos de muerte por meningitis durante año 2013, conforme con el artículo 15 de la Ley de Transparencia, al haber informado el órgano reclamado la fuente y lugar en que se puede tener acceso a lo solicitado.</p>
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3) Que en aquella parte de la solicitud relativa a la procedencia de entregar la identidad de cada una las personas fallecidas a causa de meningitis durante el año 2013, identificando el tipo de meningitis que les causó la muerte, y, en su caso, el hospital donde fueron tratados, cabe agregar, a efectos de contextualizar la información requerida en el presente amparo, que conforme con el artículo 1°, letra a), y 2 ° del Decreto N° 158, de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria, entre otras, la “enfermedad meningocócica” se encuentra dentro de las enfermedades de notificación inmediata a cuyo respecto, en caso de sospecha, se deberá comunicar en forma inmediata por cualquier medio a la autoridad sanitaria correspondiente. Por tanto, se trata de información que debiera obrar en poder del Ministerio de Salud en cumplimiento de un mandato legal para facilitar el ejercicio de sus competencias.</p>
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4) Que, en relación con la materia, este Consejo, en los amparos Roles C64-10 y C840-10, se ha pronunciado respecto de la publicidad de la nómina de trabajadores fallecidos en accidentes laborales en la Región Metropolitana, y de la nómina de los reclusos fallecidos en establecimientos penitenciarios asociada a las siguientes causas de muerte: muerte natural, suicidio o muerte por acción de terceros, respectivamente. Según se ha sostenido reiteradamente a partir de la decisión recaída en el amparo Rol C64-10, una persona fallecida no es titular de datos personales a la luz de lo dispuesto en el artículo 2 letra ñ) de la Ley Nº19.628, de 1999, sobre protección de datos personales, al no ser ya una persona natural. Ello, porque de acuerdo al artículo 55 del Código Civil personas naturales son “todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición”, iniciándose su existencia al nacer y terminando ésta con la muerte natural, según los artículos 74 y 78 del mismo código. En consecuencia, fallecida una persona deja de ser titular de datos personales y estos últimos dejan de ser tales, para pasar a ser simplemente datos, por lo que no resulta aplicable a su respecto la Ley N°19.628, sobre protección a la vida privada.</p>
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5) Que, a pesar de no resultar aplicable la referida norma legal, ello no implica desconocer en nuestro Ordenamiento Jurídico cualquier otra forma de protección de los datos de los fallecidos, en especial la causa de su muerte. Lo anterior, pues tratándose de la honra del fallecido existen una serie de disposiciones en las que ésta se proyecta como un derecho propio de sus familiares, considerando que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad, protegida y asegurada como parte de la honra de la familia. Cabe destacar en este sentido las siguientes disposiciones:</p>
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i. La Constitución Política de la República, en el artículo 19, numeral 4, reconoce a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra, tanto de la persona misma como de su familia. Por consiguiente, es el propio constituyente el que reconoce esta prolongación de la privacidad del individuo, más allá de su titular originario, para radicarlo en toda su familia.</p>
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ii. La Ley N°20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes, en su artículo 12, dispone que la ficha clínica es el “instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente” y, en el artículo 13 previene que la información contenida en la ficha, copia de la misma o parte de ella, será entregada, total o parcialmente, entre otros, al titular de la ficha clínica, a su representante legal o, en caso de fallecimiento del titular, a sus herederos. De esta forma -y aun cuando en este caso concreto lo pedido no es la ficha clínica propiamente tal por lo que no resulta aplica este régimen jurídico- tanto los datos del estado de salud como el dato causa de la muerte contenidos en ésta, son resguardados por el legislador del conocimiento público. Por ende, a pesar de que no estamos frente a un dato personal, si se protegen los datos de salud si su titular ha fallecido, otorgando acceso restringido únicamente a sus herederos, lo que lleva a concluir que las circunstancias que provocan la muerte no son consideradas per se de naturaleza pública por el legislador.</p>
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iii. El título VI del Código Penal, De los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares, en su numeral 15, que lleva por nombre “De la infracción de las leyes o reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones”, a pesar de centrarse en los artículos 320 y 322 en la infracción a leyes y reglamentos, prescribe en su artículo 321 “El que violare los sepulcros o sepulturas practicando cualquier acto que tienda directamente a faltar al respeto debido a la memoria de los muertos, será condenado a reclusión menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales” (énfasis agregado). Con ello, también en el ámbito penal, se otorga una protección a la privacidad de los fallecidos, al conceptualizar que el bien jurídico protegido no es sólo la salud pública sino que también merece protección la memoria de los muertos.</p>
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6) Que en el ámbito comparado también se otorga protección a la honra del fallecido y su familia, consagrando similares fundamentos a los esgrimidos precedentemente. A modo ejemplar, se destacan los siguientes casos:</p>
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i. En España, pese a que el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, reconocidos en el artículo 18 de su Constitución, se configuran como derechos personalísimos, ligados a la existencia del individuo; en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la protección de éstos se extiende a las personas fallecidas. El Preámbulo de la misma ley, justifica esta protección diciendo que “aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad, la memoria de aquél constituye una prolongación de esta última que debe también ser tutelada por el Derecho”. La tutela del derecho al honor de una persona fallecida se ejerce a través de las personas legitimadas para ello y que ostentan un interés legítimo en esa tutela o por el Ministerio Fiscal que representa el interés legítimo de proteger la memoria de los ciudadanos. Al respecto han existido números pronunciamientos de los Tribunales Supremo de Justicia y Constitucional, entre los que se destaca la STC 231/1988, donde se señaló que, pese a ser los derechos a la imagen y a la intimidad personal y familiar derechos personalísimos y vinculados a la existencia del individuo, “el ordenamiento jurídico español reconoce en algunas ocasiones, diversas dimensiones o manifestaciones de estos derechos que, desvinculándose ya de la persona del afectado, pueden ejercerse por terceras personas”, concluyendo que “ciertos eventos que puedan ocurrir a padres, cónyuges o hijos tienen, normalmente, y dentro de las pautas culturales de nuestra sociedad, tal trascendencia para el individuo, que su indebida publicidad o difusión incide directamente en la propia esfera de su personalidad. Por lo que existe al respecto un derecho -propio y no ajeno- a la intimidad constitucionalmente protegible.”</p>
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ii. En México, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) resolvió en el Recurso de Revisión 3751/09 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la solicitud de acceso a una lista de los internos que del año 2000 a la fecha de la solicitud habían muerto en el penal del Altiplano, Estado de México, así como sus expedientes médicos. El Pleno del IFAI determinó mantener la confidencialidad permanente de los nombres de los reos fallecidos en penales de máxima seguridad, ya que era necesario proteger su memoria y el honor de sus familiares; ordenándose a la Secretaría de Seguridad Pública Federal dar a conocer una versión pública de los expedientes médicos, sin nombre, de 17 internos.</p>
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iii. En Puerto Rico, el Tribunal Supremo, en el caso conocido como Colón vs. Romero Barceló (D.P.R. 573), se resolvió la acción promovida por la viuda y los hijos de una persona fallecida, quienes demandaron porque un grupo político había difundido por televisión una foto explícita del cadáver de su esposo y padre. El Tribunal concluyó que dicha situación era una violación del derecho a la intimidad de los familiares del difunto, quienes se habían visto sometidos a la divulgación de unas imágenes crudas del momento en que se produjo su fallecimiento de manera innecesaria, ya que la inclusión de dicha fotografía no era esencial para comunicar el mensaje y que había ausencia de un interés público auténtico en la continuada divulgación de estas imágenes.</p>
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iv. Por último, en Francia el periódico “Paris-Match” fue condenado en 1997 a abonar una multa de cien mil francos por haber publicado el 25 de enero de 1996 dos fotos del cadáver del ex presidente de la República, François Mitterrand, tendido en la cama de su domicilio. Lo anterior, ya que se consideró que con la mencionada publicación, se estaba "atentando contra la intimidad de una persona".</p>
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7) Que, en la misma línea argumental, la doctrina nacional ha reconocido que la honra de las personas fallecidas es también un derecho de sus familiares, toda vez que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad que es susceptible de protección, la cual queda asegurada por la protección de la honra de la familia (Nogueira A., Humberto. El derecho a la libertad de opinión e información y sus límites. Santiago: Lexis Nexis, 2002, p.131-133). Por ello se ha entendido que el derecho a la honra prohíbe la “violación del buen nombre de la persona o su familia como consecuencia de la divulgación de aspectos de la vida privada de las personas que por su naturaleza afectan su reputación” (Ídem., p. 132).</p>
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8) Que, en razón de las consideraciones anteriores y según ha resuelto este Consejo a partir de la decisión C322-10 y, entre otros, en los amparos Roles C398-10, C556-10 y C740-10, los llamados a cautelar la honra y determinar qué información desean sustraer del conocimiento de terceros no vinculados al fallecido son sus familiares. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, a pesar de no haberse utilizado el procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificándose a los familiares de los fallecidos por meningitis, este Consejo, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado, naturaleza que de acuerdo a lo argumentado precedentemente tiene el dato relativo al nombre de los fallecidos por meningitis, del que sólo puede disponer su familia, resolverá en definitiva disponer el rechazo del amparo en esa parte.</p>
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9) Que, a mayor abundamiento y en el entendido que en el presente caso se ven enfrentados dos derechos fundamentales, como son el acceso a la información pública, de una parte, y la protección a la vida privada y honra de la persona y su familia, de otra, es prudente evaluar si se justifica la entrega de la información requerida para el adecuado control social de la actividad pública, prevaleciendo el acceso por sobre la privacidad. En concreto, el conocimiento del nombre de los fallecidos por meningitis por toda la ciudadanía no pareciera favorecer un mayor control social respecto de las facultades preventivas y fiscalizadoras del Ministerio de Salud, lo que hace prevalecer la privacidad y honra del fallecido y su familia.</p>
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10) Que, respecto de aquella parte de la solicitud en que se requiere el número de hospitales donde fueron tratadas los fallecidos por meningitis y la identificación de los hospitales respectivos, se entiende que no existe afectación alguna a los derechos señalados en los considerandos precedentes, en la medida que se entregue disociada al dato nombre de los fallecidos, por lo que se acogerá el presente amparo respecto de dicho punto específico de la solicitud de acceso, ordenándose su entrega en los términos señalados.</p>
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11) Que, a pesar de que los argumentos precedentes son suficientes para decidir la reserva de la información sobre los nombres de los fallecidos con meningitis y de que, en este caso, no es aplicable la Ley N°19628, que recoge el concepto de fuente accesible al público, sí estimamos necesario aclarar en los considerandos siguientes la diferencia entre ésta y un registro público.</p>
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12) Que el artículo 177 del Reglamento Orgánico del Registro Civil (DFL N°2.128, de 1930) señala que: “Al requerirse la inscripción de un fallecimiento, deberá presentarse un certificado expedido por el médico encargado de comprobar las defunciones o por el que haya asistido al difunto en su última enfermedad. En dicho certificado se indicará, siendo posible, el nombre, apellido, estado, profesión, domicilio, nacionalidad y edad efectiva o aproximada del difunto; el nombre y apellido de su cónyuge y de sus padres; la hora y el día del fallecimiento, si constare, o, en otro caso, las que se consideren probables, y la enfermedad o la causa que haya producido la muerte”. A su turno, el artículo 182 N°5 de dicho texto legal preceptúa que: “La inscripción del fallecimiento se practicará en el Registro respectivo y contendrá, a más de las generales establecidas en el artículo 89, las siguientes indicaciones: 5) La enfermedad o la causa que hubiere producido la defunción, en caso de ser conocida”. Por su parte, el artículo 211 del aludido reglamento previene que podrán solicitar certificados del Registro Civil, además de los interesados en una inscripción, todas las personas que lo deseen. Asimismo, el artículo 24 de la Ley Nº4.808, sobre Registro Civil, indica que: “Los certificados o copias de inscripciones o subinscripciones que expidan el Conservador o los Oficiales del Registro Civil, tendrán el carácter de instrumentos públicos”.</p>
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13) Que, a pesar de tratarse de información que obra en poder de la Administración y a la que puede accederse a través de un procedimiento de certificación, ello no implica que el legislador haya considerado públicas las causas que han ocasionado la muerte de una persona como si se tratara de una fuente accesible al público en los términos de la Ley N°19.628. En efecto, no obstante su consideración como instrumento público, el certificado de defunción –así como las circunstancias de la muerte que constan en él– se entrega en forma individual y en base al suministro previo de determinados datos como nombre, apellido y RUN del fallecido, para poder acceder al registro público del Servicio de Registro Civil e Identificación.</p>
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14) Que, con relación a la consideración de la información solicitada como proveniente de una fuente de acceso público, es importante destacar que la Ley Nº 19.628 define éstas como “…los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes” (énfasis agregado). En su artículo 9, además, señala que "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". En consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional se centra en la posibilidad de acceder sin restricciones, por cualquier persona, a todos los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar.</p>
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15) Que, en el caso español, el artículo 3 letra j) de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) define las fuentes accesibles al público como “Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación.” (énfasis agregado).</p>
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16) Que esta definición se extiende y aclara en el artículo 7 del Reglamento respectivo que señala: “A efectos del artículo 3, párrafo j) de la Ley Orgánica 15/1999, se entenderá que sólo tendrán el carácter de fuentes accesibles al público: a) El censo promocional, regulado conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre; b) Las guías de servicios de comunicaciones electrónicas, en los términos previstos por su normativa específica; c) Las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional e indicación de su pertenencia al grupo. La dirección profesional podrá incluir los datos del domicilio postal completo, número telefónico, número de fax y dirección electrónica. En el caso de Colegios Profesionales, podrán indicarse colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional; d) Los diarios y boletines oficiales; e) Los medios de comunicación social. En todo caso, para que los supuestos enumerados en el apartado anterior puedan ser considerados fuentes accesibles al público, será preciso que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación.” (énfasis agregado). En el caso de obtener datos de carácter personal de cualquier otra fuente de información no indicada en el articulado legal, el responsable del fichero deberá obtener siempre el consentimiento previo del afectado.</p>
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17) Que al respecto, la doctrina española mayoritaria (ver “Comentarios al artículo 287 de la LOPD: Datos incluidos en las Fuentes de Acceso Público” de la profesora María Arias Pou, publicado en la obra Comentarios a la Ley Orgánica de Protección de Datos, Civitas, Madrid 2010) ha considerado que la lista indicada tiene el carácter de tasada porque única y exclusivamente son consideradas como fuentes accesibles al público las que aparecen en ella y que serán consideradas como tales, en tanto su consulta pueda ser realizada por cualquier persona que no esté impedida por una norma limitativa.</p>
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18) Que, mientras en el Ordenamiento Jurídico nacional las fuentes accesibles al público están definidas en función de la existencia de restricciones al acceso a los datos contenidas en las mismas, en el Ordenamiento español, en cambio, se pone foco en la posibilidad de consultar las fuentes, las que el propio legislador ha optado por enumerar en forma taxativa.</p>
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19) Que, por tanto, en el caso concreto, el hecho que las circunstancias de la muerte de una persona se encuentren contenidas en un registro público, cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar el nombre y apellidos y/o el RUN del fallecido, excluye la posibilidad de considerar a este registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i) de la Ley N° 19.628.</p>
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20) Que la presente decisión ha sido acordada con el voto dirimente del Presidente del Consejo, don Jorge Jaraquemada Roblero, y de la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, y la disidencia de los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu, cuyos fundamentos se indican al final de este acuerdo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y CON LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Santos González Rojas, en contra del Ministerio de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, teniendo por cumplida la obligación de informar, de manera parcial y extemporánea, respecto de aquella parte de la solicitud de acceso relativa al número de casos de muerte por meningitis durante año 2013.</p>
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II. Requerir al Sr. Subsecretario de Salud Pública:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de la información relativa al el número de hospitales donde fueron tratadas los fallecidos por meningitis durante el año 2013 y la identificación de los hospitales respectivos.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Santos González Rojas, y al Sr. Subsecretario de Salud Pública.</p>
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VOTO DISIDENTE:</h3>
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Decisión acordada con el voto disidente de los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu, quienes no comparten los considerandos 6° y siguientes y tienen presente, en cambio, las siguientes razones que les llevan a estimar que debe entregarse al requirente la información relativa al nombre de las personas fallecidas durante el año 2013 a causa de meningitis, precisando el tipo de meningitis:</p>
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1) Que respecto de la eventual afectación de los derechos de los familiares de los fallecidos a que se refiere la solicitud en comento, por la divulgación de su causa de muerte, cabe tener presente las siguientes disposiciones y protocolos relativos al registro y publicidad de la causa de muerte:</p>
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a) El artículo 177 del Reglamento Orgánico del Registro Civil (D.F.L. N° 2128, de 1930) señala que: “Al requerirse la inscripción de un fallecimiento, deberá presentarse un certificado expedido por el médico encargado de comprobar las defunciones o por el que haya asistido al difunto en su última enfermedad. En dicho certificado se indicará, siendo posible, el nombre, apellido, estado, profesión, domicilio, nacionalidad y edad efectiva o aproximada del difunto; el nombre y apellido de su cónyuge y de sus padres; la hora y el día del fallecimiento, si constare, o, en otro caso, las que se consideren probables, y la enfermedad o la causa que haya producido la muerte”. A su turno, el artículo 182 N° 5 de dicho texto legal preceptúa que: “La inscripción del fallecimiento se practicará en el Registro respectivo y contendrá, a más de las generales establecidas en el artículo 89, las siguientes indicaciones: 5) La enfermedad o la causa que hubiere producido la defunción, en caso de ser conocida”. Por su parte, el artículo 211 del aludido reglamento previene que podrán solicitar certificados del Registro Civil, a más de los interesados en una inscripción, todas las personas que lo deseen.</p>
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b) Según el artículo 24 de la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil: “Los certificados o copias de inscripciones o subinscripciones que expidan el Conservador o los Oficiales del Registro Civil, tendrán el carácter de instrumentos públicos”.</p>
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c) Que consultado el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI), con ocasión de la tramitación del amparo Rol C840-10, acerca del contenido de los certificados de defunción entregados a las personas, dicho órgano informó, en lo que interesa, lo siguiente:</p>
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i. Las inscripciones de defunción se llenan siguiendo el formulario “certificado médico de defunción y estadísticas de mortalidad fetal”, el cual es suscrito por el médico que certifica el fallecimiento. Dicho formulario contiene tres causas de muerte: (i) “inmediata (enfermedad o condición que produjo directamente la muerte)”; (ii) “originarias (enfermedades, lesiones y tipo de accidente, suicidio u homicidio que ocasiono la causa mediata)”; (iii) Campo en blanco (u otra causa originaria). Además, contiene un ítem denominado “Estados Morbosos Concomitantes (contribuyentes a la defunción pero fuera de la cadena causal)”.</p>
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ii. Hizo presente que no necesariamente los médicos informan las tres causas. Sin embargo, en el certificado de defunción emitido por el SRCeI se colocan todas las causas que hayan sido consignadas por el médico en el respectivo campo de texto (no parametrizado), las que se transcriben en forma exacta. Agrega que los “Estados Morbosos Concomitantes” no figuran en el certificado.</p>
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iii. A modo ilustrativo, expuso que el certificado de defunción elaborado por el Servicio indica como causa de muerte lo siguiente: “causa de muerte inmediatas” / “causa de muerte originaria” / “causa de muerte originaria”.</p>
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2) Que, sobre la base de lo expuesto en el numeral precedente es dable concluir que la muerte, así como las causas que la han ocasionado, es una circunstancia que el legislador ha estimado pública al reglar el sistema de inscripción de las causas de muerte y la emisión de los certificados de defunción, pues la enfermedad o causa inmediata que haya producido la muerte consta en registros administrados por el Servicio de Registro Civil e Identificación y a los que puede acceder cualquier persona, en conformidad con la normativa legal precitada.</p>
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3) Que, establecido lo anterior, cabe referirse a la alegación del órgano reclamado relativo a la eventual aplicación de la Ley N° 20.584, respecto de la información solicitada. Dicho cuerpo legal, en su artículo 12, dispone que la ficha clínica es el “instrumento obligatorio en el que en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial de cada paciente.” Agrega dicho precepto, que “toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2º de la ley Nº 19.628.” A su turno, el artículo 13 del mismo texto normativo, previene que la información contenida en la ficha, copia de la misma o parte de ella, será entregada, total o parcialmente, entre otros, al titular de la ficha clínica, a su representante legal o, en caso de fallecimiento del titular, a sus herederos. Por su parte, el D.S. N° 41 de 15 de diciembre de 2012, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre Fichas Clínicas, en su artículo 6°, letra c), señala que toda ficha clínica deberá contener, entre otros, antecedentes el “registro cronológico y fechado de todas la atenciones de salud recibidas: consultas, anamnesis, evoluciones clínicas, indicaciones, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, intervenciones quirúrgicas, protocolos quirúrgicos u operatorios, resultados de exámenes realizados, interconsultas y derivaciones, hojas de enfermería, hojas de evolución clínica, epicrisis y cualquier otra información clínica”.</p>
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4) Que, teniendo a la vista las disposiciones citadas en el numeral precedente relativas a la reserva de la información contenida en la ficha clínica, la solicitud de la especie no se refiere a obtener copia íntegra o parcial de las fichas clínicas de los fallecidos a que se refiere el requerimiento, por lo que no resulta posible concluir que a la información requerida resulte aplicable el régimen de reserva contemplado para el acceso a una copia total o parcial de una ficha clínica, en los términos indicados en el considerando precedente. Además, es menester puntualizar que, si bien el dato relativo a la enfermedad que ha causado la muerte a una persona pueda eventualmente encontrarse incorporado en alguno de los documentos que forman parte de la ficha clínica en que se consigna el proceso asistencial del que ha sido objeto el fallecido, dicha circunstancia no obsta a que tal dato, cuyo contenido se limita únicamente a dar cuenta de la enfermedad que ha causado el fallecimiento a una persona determinada, se encuentre sujeto al régimen de publicidad detallado en el presente voto.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.</p>
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