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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1431-13</strong></p>
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Entidad pública: Hospital Carlos Van Buren</p>
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Requirente: José Valderrama Linares</p>
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Ingreso Consejo: 02.09.2013</p>
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En sesión ordinaria N° 484 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de noviembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1431-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5° inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285, N° 19.880 y N° 19.628; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653 del año 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; lo dispuesto en la Ley N° 18.490, que establece Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por circulación de vehículos motorizados; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de agosto de 2013, don José Valderrama Linares solicitó al Hospital Carlos Van Buren, “un listado de todas las patentes vehiculares relacionadas con el uso del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) en el Hospital”, correspondientes a los últimos 5 años, ordenadas por año. Además señaló que, según entiende, existe una Unidad de Accidentes de Tránsito dependiente de la Unidad de Recaudación que debe tener una lista de patentes involucradas en atenciones con SOAP.</p>
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2) RESPUESTA: Mediante documento electrónico fechado en 2 de agosto de 2013, el Hospital Carlos Van Buren respondió la solicitud de acceso del Sr. Valderrama Linares, en los siguientes términos: “su solicitud Folio Nº 337172, de fecha 01/08/2013, no corresponde a la Ley de Transparencia. Debido a lo anterior se ha reclasificado como: Solicitud de información Ley de Transparencia” [sic].</p>
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3) AMPARO: El 2 de septiembre de 2013, don José Valderrama Linares dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Hospital Carlos Van Buren, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud de acceso y en no haber recibido respuesta a su solicitud. Además, según el reclamante, el órgano indicó como razón de su respuesta negativa que lo requerido “sería información privada…”.</p>
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4) COMITÉ DE ADMISIBILIDAD: El Comité de Admisibilidad de este Consejo, reunido el 10 de septiembre de 2013, analizó el presente amparo, dejando constancia en el Acta N° 254 de lo siguiente: “A pesar que el reclamante funda su amparo en dos motivos distintos, atendido el tenor de la respuesta del órgano de la Administración del Estado se tendrá fundamentado en la respuesta negativa a su solicitud de información, al considerar que la solicitud no sería amparable en la Ley de Transparencia”. Adicionalmente, se hizo presente en el Acta que –al parecer– por error, la reclamada señaló en su respuesta que se reclasificó la solicitud como de información conforme a la Ley de Transparencia. Por último, se señaló en el Acta que la respuesta acompañada por el reclamante a su amparo habría sido notificada o informada al solicitante el 29 de agosto de 2013, según aparecía en el seguimiento efectuado en la página web del órgano de la Administración del Estado reclamado.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 3.878, de 11 de septiembre de 2013, al Sr. Director del Hospital Carlos Van Buren. En dicha comunicación, se solicitó a la reclamada que al formular sus descargos indicara las razones por las cuales, a su juicio, la solicitud de información de la reclamante no constituía una solicitud susceptible de ser tramitada y amparada bajo las disposiciones de la Ley de Transparencia; y que se refiriera a la eventual concurrencia de una causal de secreto o reserva de la información solicitada. A través del Oficio Ord. N° 1.367, de 7 de octubre de 2013, el Director Subrogante del mencionado Hospital presentó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis que:</p>
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a) Como es de público conocimiento, las placas patentes constituyen un número único referente a un vehículo determinado, el que se encuentra adscrito al vehículo por toda su vida útil y va asociado a los datos del propietario de éste. Con el número de placa patente es factible que cualquiera persona tenga acceso a los datos personales del titular del vehículo, como lo es, por ejemplo, su RUT. Tratándose de vehículos que han sido propiedad de más de una persona es posible acceder a los datos personales de todos los propietarios anteriores.</p>
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b) En virtud de lo expuesto, se denegó la solicitud del señor Valderrama, dando aplicación al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia que autoriza a denegar el acceso a la información, “…cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”. En la especie, los datos solicitados por el señor Valderrama afectan directamente la esfera de privacidad de los propietarios de los vehículos, razón por la cual se denegó la solicitud en comento. Prueba de lo precitado es que este Consejo señaló en el fallo del amparo Rol C1033-11, que “datos como la cédula de identidad, domicilio particular o profesional, entre otros, no podrán ser entregados y precisamente, las placas patentes permiten acceder directamente a estos antecedentes”.</p>
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c) Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que el Hospital Carlos Van Buren, específicamente su Unidad de Recaudación, no considera la placa patente única como insumo para bases de datos o cuadros estadísticos relativos al cobro del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales. En efecto, la placa patente es un campo libre dentro de la Hoja de Referencia del Accidente de Tránsito. Con este documento se confecciona el programa médico para facturar a las Compañías de Seguros. A partir de la Hoja de Referencia se alimenta la base de datos en archivo Excel para la generación de reportes, que contiene los siguientes campos: apellido, nombre, RUT, N° Referencia Compañía, N° de póliza, N° de factura, monto cancelado y fecha. Agrega que se realiza de forma manual una estadística mensual.</p>
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d) Por otra parte, en relación al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señala que en los últimos 5 años, desde el 2008 al 2012, hay constancia de 8.300 personas atendidas en el Hospital por accidentes de tránsito y habiéndose generado la misma cantidad de Hojas de Referencia, las cuales están almacenadas en papel.</p>
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e) A juicio de Director del Hospital se verifican en la especie los presupuestos de hecho establecidos en la letra c) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, por cuanto, en caso de no admitirse la aplicación de la protección de datos de carácter personal, la entrega de la información solicitada significaría la revisión manual de cada uno de los registros y su posterior procesamiento, incluida la identificación y comunicación con los propietarios de los vehículos con las patentes en cuestión, situación que involucraría la destinación de un tiempo significativo de la labor funcionaria en detrimento de las funciones y objetivos propios del Hospital, en el contexto de la política de salud. En abono de este argumento cita la decisión de amparo Rol C739-10, de este Consejo, en la cual se indicó que se debía “estimar afectado el debido cumplimiento de las funciones, fundado en que el volumen de los expedientes cuya revisión involucra la respuesta del reclamante distraería indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones”.</p>
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f) Por último, solicita desechar el amparo del reclamante por tratarse de información que no sólo afectan la esfera de intimidad de terceros, sino que también compromete el debido cumplimiento de las labores del personal de ese recinto y no presentan interés público.</p>
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g) Acompaña a su oficio de descargos la siguiente documentación:</p>
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i. Documento electrónico titulado “Comprobante de respuesta Ley 20.285”, fechado en 29 de agosto de 2013, dirigido al solicitante, mediante el cual se respondió la solicitud de información que motiva este amparo, en los mismos términos señalados en el literal a) precedente y comunicando que ese Servicio no podía acceder a entregar la información requerida, en aplicación del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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ii. Copia en blanco de la denominada “Hoja de Referencia” donde se incluye para ser completado el campo “patente”, entre otros.</p>
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iii. Modelos de planillas estadísticas que darían cuenta del registro de prestaciones de salud asociadas a los casos de accidentes del tránsito tratados en el Hospital.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que a partir de los antecedentes acompañados por la reclamada a sus descargos, específicamente, el documento electrónico titulado “Comprobante de respuesta Ley 20.285”, de 29 de agosto de 2013 –descrito en el numeral i. del literal g) del N° 5) de la parte expositiva–, es posible establecer que la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que motiva este amparo se materializó a través de este documento y, por lo tanto, la comunicación de 2 de agosto de 2013 –anotada en el numeral 2) de lo expositivo–, sólo constituyó un documento de mero trámite.</p>
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2) Que de acuerdo al artículo 24 de la Ley N° 18.490, el seguro obligatorio de accidentes personales (SOAP) cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran las personas como consecuencia de accidentes en que intervengan el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas. Este seguro cubrirá tanto al conductor del vehículo como a las personas que estén siendo transportadas en él y cualesquier tercero afectado. Luego, el artículo 25 de la citada ley señala que este seguro garantiza una indemnización por concepto de gastos de hospitalización o de atención médica, quirúrgica, dental, prótesis, implantes, farmacéutica y cualquiera otra que se requiera para la rehabilitación de la o las víctimas del siniestro. Por su parte, el artículo 32 de la ley en comento especifica que el pago de los “gastos de hospitalización y atención médica, quirúrgica o farmacéutica, también se podrá hacer en forma directa al Servicio de Salud o a la entidad previsional u hospitalaria, que acredite haber prestado a la víctima el correspondiente servicio”.</p>
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3) Que el artículo 2° literal f) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, define como datos personales “…los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”. A la luz de esta definición, este Consejo ha estimado que la placa patente de un vehículo constituye un dato personal, en tanto ella pueda asociarse a una persona natural identificada o identificable, específicamente, al propietario inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación, conforme a la Ley N° 18.290, de Tránsito. Además, se ha señalado que la divulgación de estos antecedentes constituiría un tratamiento o comunicación de datos personales en los términos del artículo 2° literal o) del mismo cuerpo legal, tratamiento que requiere la autorización expresa de los titulares de los datos, de acuerdo a la norma prevista en el artículo 4° de la Ley N° 19.628; o bien, en el caso de organismos públicos, tratamiento que debe efectuarse respecto de las materias propias de su competencia, según lo dispone el artículo 20 de la mencionada ley. En el sentido indicado se resolvió, por ejemplo, el amparo Rol C820-13.</p>
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4) Que, adicionalmente, la información solicitada en este caso permite realizar una segunda asociación a una persona natural determinada o determinable, ya que vincula al propietario de un automóvil inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados a un accidente de tránsito que requirió asistencia médica en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, accidente en el cual pudo o no haber participado el titular del vehículo.</p>
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5) Que la reclamada denegó la solicitud de información pública del reclamante, invocando la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, que autoriza a negar el acceso a la información cuando su publicidad afecte derechos de las personas, en este caso, la esfera de su vida privada. Al respecto, este Consejo ha señalado que para dar aplicación a esta causal de reserva es necesario que previamente el órgano de la Administración haya dado aplicación al procedimiento establecido en el artículo 20 de la misma ley, a fin de comunicar a los terceros eventualmente afectados en sus derechos, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de lo pedido o bien consentirla. Luego, si no se cuenta con la manifestación de voluntad de dichos terceros, no es posible que el órgano requerido invoque directamente la causal del artículo 21 N° 2, ya que estaría atribuyendo una representación que no detenta, salvo que se haya encontrado en la imposibilidad material de notificar a los terceros involucrados. Así lo ha resuelto previamente este Consejo al pronunciarse sobre el amparo Rol C420-13.</p>
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6) Que en el presente caso, el Hospital reclamado no practicó las notificaciones a los terceros involucrados por estimar que la ejecución de lo ordenado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia afectaría el debido cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que era necesario revisar las 8.300 Hojas de Referencia generadas durante los últimos cinco años. Lo anterior, sumado al corto plazo que otorga el mencionado artículo 20 para dar traslado a los terceros, a saber, 2 días hábiles, permite estimar que el realizar tales comunicaciones suponía afectar el cumplimiento de las funciones del citado órgano. Por lo tanto, en este caso el órgano reclamado se encontraba en la imposibilidad material de notificar a los terceros involucrados, situación que le permite invocar directamente la causal de reserva del artículo 21 N° 2, debiendo, en todo caso, fundarla adecuadamente.</p>
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7) Que, asimismo, este Consejo estima que la comunicación al reclamante de la información requerida en la especie, escapa al tratamiento de datos personales que el artículo 20 de la Ley N° 19.628 autorizaría a realizar al Hospital reclamado. Dicha autorización debe entenderse restringida, en virtud del artículo 32 de la Ley N° 18.490, a la comunicación de los datos personales de las personas involucradas en un accidente del tránsito con el solo fin de cobrar la correspondiente indemnización de los “gastos de hospitalización y atención médica, quirúrgica o farmacéutica” en que haya incurrido dicho Servicio de Salud.</p>
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8) Que este Consejo estima que resulta aplicable en la especie la norma de secreto prevista en el artículo 7° de la Ley N° 19.628, configurándose así, la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación a la causal del N° 2 de la misma ley, ya que los propietarios de los automóviles cuyas placas patentes se solicitan no autorizaron la entrega de esta información al reclamante, ni el órgano de la administración reclamado está habilitado a entregarla, conforme se explicó en el considerando precedente, estimando este Consejo que existe una afectación de la esfera de la vida privada de los propietarios de los vehículos consultados.</p>
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9) Que, además, si bien este Consejo estima que la información relativa a los reembolsos que hayan solicitado y obtenido los hospitales por atenciones médicas y hospitalarias brindadas a personas beneficiadas con el SOAP reviste un evidente interés público, considera, al mismo tiempo, que dicho interés puede satisfacerse adecuadamente a través de medios alternativos –tales como el acceso a los pagos efectuados por las compañías de seguros por concepto de SOAP, contrastándolos con los requerimientos realizados para el reembolso de las prestaciones médicas suministradas y el número de accidentes en que dicho seguro ha operado–, sin que ello justifique, por tanto, la divulgación de datos personales de terceros.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Rechazar el amparo interpuesto por don José Valderrama Linares, el 17 de julio de 2013, en contra de Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Valderrama Linares y al Sr. Director de Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente del Consejo Directivo don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por no asistir a esta sesión.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.</p>
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