Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, mediante el cual el recurrente pretendía acceder a diversos antecedentes relacionados con la comisión de fiscalización N° 0816/2022/13, correspondiente a un procedimiento de fiscalización por vulneración de derechos fundamentales, realizado por la Inspección Comunal del Trabajo de Curanilahue. Lo anterior, por cuanto, de divulgarse antecedentes que conforman una investigación por vulneración de derechos fundamentales, se afectaría el debido cumplimiento de las funciones de dicho organismo, toda vez que su conocimiento puede inhibir que los trabajadores afectados por conductas que vulneren sus derechos, presenten denuncias ante el organismo fiscalizador. Asimismo, porque la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración. En este contexto, la aplicación de las normas de la Ley de Transparencia, respecto a antecedentes como aquellos reclamados en el amparo, debe necesariamente ponderar los principios y garantías de derecho laboral aplicables al tipo de información requerida. En conformidad a lo indicado, este Consejo invariablemente ha resuelto que los antecedentes de carácter sustantivo vinculados a procedimientos administrativos de investigación de denuncias por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, forman parte de la esfera de protección normativa contemplada en las causales de reserva del numeral primero y segundo del artículo 21 de la Ley de Transparencia; sin efectuar una distinción casuística respecto del origen o contenido específico de cada documento solicitado, lo que resulta proporcional a la naturaleza del procedimiento en el que incide el requerimiento de acceso, que busca el restablecimiento en el ejercicio del derecho lesionado y la reparación del daño producido por su vulneración, cuando dicha afectación provenga del ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador. Sin perjuicio de señalado precedentemente, estima que parte de lo requerido, no constituye un requerimiento de acceso a la información pública amparado por la Ley de Transparencia.