Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1494-13

Reclamante:	RODRIGO ANDRES UBILLA
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaria de Transportes, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada sobre a) “Copia de todo estudio encomendado a terceros o propio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, informe técnico, planilla de cálculo o similar, que haya utilizado la Subsecretaría de Transportes con el fin de definir: número de líneas, número de plantas y comunas de sedes de las mismas, en las diferentes regiones del país, en el marco de los procesos de licitación de Plantas de Revisión Técnica, b) Si existiera, copia de evaluación económica de cada concesión a licitar. c) Tratándose de la Región Metropolitana, se requiere lo mismo antes señalado, incluyendo especialmente todo lo utilizado para la definición de las comunas que conformaron las diferentes zonas, utilizados antes y después de la modificación al llamado correspondiente. El Consejo señaló que los antecedentes solicitados se refieren a información elaborada por el órgano reclamado, ésta, de conformidad con los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia es información de carácter pública. Por lo tanto, se acogerá el amparo respecto de los literales a) y c) de la solicitud y se requerirá al órgano reclamado que entregue derechamente al solicitante la información allí requerida, o, en caso de que ésta no obre en su poder lo comunique expresa y fundadamente al requirente, refiriéndose para ello, de acuerdo a lo razonado en la presente decisión, a la documentación que le ha sido expresamente solicitada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/20/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1422-12
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Transporte

DECISIÓN AMPARO ROL C1494-13 Entidad pública: Subsecretaria de Transportes Requirente: Rodrigo Andrés Ubilla Ingreso Consejo: 11.09.2013 En sesión ordinaria Nº 489 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de diciembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1494-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de julio de 2013, don Rodrigo Andrés Ubilla solicitó a la Subsecretaria de Transportes la siguiente información: a) “Copia de todo estudio encomendado a terceros o propio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, informe técnico, planilla de cálculo o similar, que haya utilizado la Subsecretaría de Transportes con el fin de definir: número de líneas, número de plantas y comunas de sedes de las mismas, en las diferentes regiones del país, en el marco de los procesos de licitación de Plantas de Revisión Técnica. b) Si existiera, copia de evaluación económica de cada concesión a licitar. c) Tratándose de la Región Metropolitana, se requiere lo mismo antes señalado, incluyendo especialmente todo lo utilizado para la definición de las comunas que conformaron las diferentes zonas, utilizados antes y después de la modificación al llamado correspondiente.” 2) RESPUESTA: El 22 de agosto de 2013, la Subsecretaria de Transportes respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 5.342, de 21 de agosto de 2013, señalando, en síntesis, que: a) No ha encomendado a terceros estudio técnico alguno sobre la materia en cuestión. b) El Ministerio en uso de sus facultades y a través de diferentes instancias técnicas, determina el número y clase de las plantas revisoras y su ubicación dentro de la región, el tipo y número de líneas de revisión requeridas en una determinada área geográfica. c) Las variables y parámetros considerados al momento de dimensionar las necesidades de la región son: los permisos de circulación informados por el INE, las revisiones técnicas efectuadas en la región, las tasas de aprobación y rechazo de las mismas, el crecimiento del parque vehicular, la ubicación de las actuales plantas revisoras, los niveles de aislamiento de determinadas localidades, el estado de los caminos, los rendimientos de las líneas de inspección, los horarios de atención, los años de concesión, entre otros. d) Por su parte, la evaluación económica de las concesiones licitadas corresponde que sean desarrolladas por los propios interesados con anticipación a formular su oferta económica a la hora de postular. 3) AMPARO: El 11 de septiembre de 2013, don Rodrigo Andrés Ubilla dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Señala que, en su respuesta, el órgano aduce que no existen estudios encomendados a terceros, sin embargo no precisa que no exista ningún documento interno o planilla de cálculo que pudiera aportar. Se limita a entregar consideraciones parciales de cómo definieron tan importante negocio a licitar. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sra. Subsecretaria de Transportes, mediante Oficio N° 3.956, de 25 de septiembre de 2013, quien presentó sus descargos y observaciones, a través de Oficio N° 6.719, de 10 de octubre de 2013, señalando, en síntesis que: a) No existe disposición legal, reglamentaria o contractual que obligue al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a elaborar y disponer de un informe técnico, planilla de cálculo o similar para definir lo indicado en la solicitud de acceso. La potestad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en la materia se encuentra establecida en el artículo 4° de la Ley 18.696, norma que señala que dicha Secretaría de Estado puede "... fijar por regiones, provincias o comunas del país, establecimientos que practiquen revisiones técnicas a los vehículos que se señale genéricamente y determinará la forma, requisitos, plazo de concesión, causales de caducidad y procedimientos para su asignación y cancelación". La misma norma indica que las concesiones respectivas deberán otorgarse mediante licitación pública, al oferente que ofrezca el menor precio por los servicios para la tecnología y calidad técnica especificada en las bases de licitación. A fin de reglamentar las revisiones técnicas y la autorización y funcionamiento de las plantas revisoras, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictó el D.S. N° 156 de 1990. b) En razón de la facultad otorgada por la Ley N° 18.696, ya citada, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha efectuado varios llamados a licitación pública con el objeto de otorgar concesiones para operar establecimientos que practiquen revisiones técnicas de vehículos en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y del Maule. c) En razón de las normas precitadas, el Ministerio ha definido en las respectivas bases de licitación, considerando los parámetros y variables informadas al reclamante en la respuesta a su solicitud de acceso, el número y clase de las plantas revisoras, su ubicación dentro de la región, el tipo y número de líneas de revisión requeridas en una determinada área geográfica. Estas bases constituyen los documentos oficiales y formales donde consta la información a que se refiere el requirente. Dichos documentos se encuentran disponibles en: http://www.mtt.gob.cl/licitacion-de-plantas-de-revision-tecnica.html. d) El proceso de determinación de lo anterior se llevó a efecto por las instancias técnicas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en sucesivas etapas y diversas reuniones de los equipos de profesionales, sin que exista obligación alguna de que este trabajo se deba recoger en algún soporte documental como sería algún informe técnico, planilla de cálculo o similar. e) Con la respuesta entregada al requirente esta Subsecretaría considera que se otorgó al reclamante el acceso a la información solicitada toda vez que no existe un documento oficial y formal que esta Subsecretaría haya utilizado para efectuar las determinaciones contenidas en las bases de licitación de plantas revisoras, no existiendo norma legal, reglamentaria o contractual que la obligue a contar con tal documento. En la respuesta se indica con claridad cómo es el proceso y cuáles son los parámetros utilizados para establecer las determinaciones aludidas en el requerimiento de información del reclamante. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en lo que respecta a la información requerida en los literales a) y c) del requerimiento, relativos a “todo estudio encomendado a terceros o propio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, informe técnico, planilla de cálculo o similar” utilizados por el órgano reclamado para definir los aspectos que se indican en la solicitud relativa a los procesos de licitación de Plantas de Revisión Técnica, y respecto de la Región Metropolitana, “todo lo utilizado para la definición de las comunas que conformaron las diferentes zonas, utilizados antes y después de la modificación al llamado correspondiente”, el órgano reclamado, junto con informar que “no ha encomendado a terceros estudio técnico alguno sobre la materia en cuestión”, en lo pertinente, señaló que “no existe disposición legal, reglamentaria o contractual que obligue al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a elaborar y disponer de un informe técnico, planilla de cálculo o similar para definir lo indicado en la solicitud de acceso.” Asimismo, manifestó que “no existe un documento oficial y formal” que haya utilizado para efectuar las determinaciones contenidas en las bases de licitación de plantas revisoras, no existiendo norma legal, reglamentaria o contractual que la obligue a contar con tal documento. 2) Que la ausencia de una obligación de carácter legal, reglamentaria o contractual para el órgano reclamado de elaborar o disponer de un “estudio, informe técnico, planilla de cálculo o similar” -invocada como fundamento de la inexistencia-, no es óbice para que, en los hechos, la determinación de las variables a que se refiere la solicitud haya podido materializarse en alguno de los diversos tipos de documento a que alude el requirente. En efecto, de acuerdo con lo señalado por la propia reclamada, mediante un proceso en el cual intervinieron las diferentes instancias técnicas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en sucesivas etapas y diversas reuniones de sus equipos de profesionales, se determinó el número y clase de las plantas revisoras y su ubicación dentro de la región, el tipo y número de líneas de revisión requeridas en una determinada área geográfica. Al respecto, es menester precisar que la circunstancia de que no exista un imperativo jurídico para que “este trabajo se deba recoger en algún soporte documental como sería algún informe técnico, planilla de cálculo o similar”, no fuerza a concluir la inexistencia de la información requerida, máxime si la aplicación de la sana lógica permite inferir que las decisiones finales del Ministerio sobre la materia no pudieron sino derivar del tipo de antecedentes o documentos fundantes –aunque no sean “oficiales o formales”- cuya entrega se reclama en la especie. 3) Que, por lo mismo, lo señalado por la reclamada también como fundamento de la inexistencia de lo pedido, relativo a la ausencia de un “documento oficial y formal” en que conste lo solicitado, es dable señalar que, del tenor literal de la solicitud, se desprende que aquélla no se encuentra circunscrita a un documento que reúna tales atributos. Por el contrario, ella apunta a requerir la entrega de “todo estudio, informe técnico, planilla de cálculo o similar” –literal a)- y, en el caso del literal c) relativo a la Región Metropolitana, se refiere a “todo lo utilizado para la definición de las comunas que conformaron las diferentes zonas, utilizados antes y después de la modificación al llamado correspondiente.” 4) Que, en este sentido, resulta pertinente considerar lo señalado por este Consejo en la decisión Rol C1422-12, en orden a que “el derecho de acceso a la información pública consagrado en la Ley de Transparencia se extiende, en un sentido general, tanto a la documentación oficial como a la no oficial, que obre en poder de la Administración del Estado, toda vez que dicho cuerpo legal no la limita a la puramente oficial, no contemplando, por ende, dicha diferenciación. En efecto, la fórmula de publicidad que contempla el artículo 5º de la Ley de Transparencia no sólo comprende los actos o resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, sino también se extiende, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de la norma, a “…la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento…”, a menos que concurran las excepciones legales.” 5) Que, en el mismo orden de ideas, el considerando 4° de la aludida decisión, indica que “la misma historia de la Ley Nº 20.285 da sustento a dicha interpretación. Así, en el primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización respecto de la incorporación propuesta como un inciso 2° al artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575, y que, posteriormente, en la indicación sustitutiva del Ejecutivo fue trasladado al actual artículo 5º inciso 2º, se señala: “…el segundo principio se refiere a la amplitud con que debe comprenderse el término información. El D.F.L. Nº 1/18575 restringía el acceso a la información sólo a los actos administrativos y a los documentos que le sirvieran de complemento directo o esencial. Las leyes de acceso eficaces le confieren al término información el sentido más amplio, y así lo deben recoger las normas que se refieran al efecto. La información comprenderá todo registro en poder de los órganos del Estado, con prescindencia de su origen y de si se trata formalmente de un acto que se adecue a la definición de acto administrativo”. 6) Que, en consecuencia, las alegaciones del órgano reclamado invocadas como fundamento de la inexistencia de la información solicitada en los precitados literales, relativas a la ausencia de obligación legal, reglamentaria o contractual de elaborar o disponer de tal información, y que no obra en su poder un “documento oficial y formal” sobre la materia impetrada, unida a la ausencia de un pronunciamiento explícito y preciso de la reclamada en orden a que no posee la información que estrictamente se le ha solicitado, impiden a este Consejo formarse convicción acerca de la inexistencia de la misma. 7) Que, finalmente, y habida cuenta de que los antecedentes solicitados se refieren a información elaborada por el órgano reclamado, ésta, de conformidad con los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia es información de carácter pública. Por lo tanto, se acogerá el amparo respecto de los literales a) y c) de la solicitud y se requerirá al órgano reclamado que entregue derechamente al solicitante la información allí requerida, o, en caso de que ésta no obre en su poder lo comunique expresa y fundadamente al requirente, refiriéndose para ello, de acuerdo a lo razonado en la presente decisión, a la documentación que le ha sido expresamente solicitada. 8) Que, respecto del literal b) de la solicitud, relativo a “si existiera, copia de evaluación económica de cada concesión a licitar”, en su respuesta, el órgano reclamado señaló que “la evaluación económica de las concesiones licitadas corresponde que sean desarrolladas por los propios interesados con anticipación a formular su oferta económica a la hora de postular”. Sobre el particular, se advierte que la respuesta de la Subsecretaría de Transportes no se refiere específicamente a la materia solicitada por cuanto del tenor de la solicitud se advierte que lo requerido se refiere a la evaluación económica efectuada por el órgano reclamado previo a que se efectúe la licitación y no en el sentido informado por la reclamada en que se refiere a la evaluación efectuada por cada oferente respecto de las concesiones ya licitadas. En consecuencia, se acogerá igualmente el presente amparo y se ordenará a la Subsecretaría de Transportes que entregue la información señalada en el literal b) del requerimiento, y en caso de no contar con dicha información o ser ésta inexistente, comunique expresa y fundadamente dicha circunstancia al solicitante. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo deducido por don Rodrigo Andrés Ubilla en contra de la Subsecretaria de Transportes, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Transportes: a) Hacer entrega al reclamante de copia de todo estudio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, informe técnico, planilla de cálculo o similar, que haya utilizado la Subsecretaría de Transportes con el fin de definir: número de líneas, número de plantas y comunas de sedes de las mismas, en las diferentes regiones del país, en el marco de los procesos de licitación de Plantas de Revisión Técnica, y, tratándose de la Región Metropolitana, todo lo utilizado para la definición de las comunas que conformaron las diferentes zonas, utilizados antes y después de la modificación al llamado correspondiente. Asimismo, se le requerirá que entregue, si existiera, copia de la evaluación económica de cada concesión a licitar. En el evento de no contar con dicha información o ser ésta inexistente, comunique expresa y fundadamente dicha circunstancia al solicitante. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl , o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Andrés Ubilla, y a la Sra. Subsecretaria de Transportes. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.