Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, ordenándose la entrega de los siguientes antecedentes: (i) Dotación de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, desagregada por departamentos; Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, respecto de la cual, la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no se aviene con su obligación de informar, en conformidad del artículo 15° de la Ley de Transparencia; (ii) Número de desvinculaciones por necesidades de la empresa para los años 2018 (indicar si aplica); 2019; 2020; 2021; 2022 desagregadas por departamento o direcciones; (iii) Indemnizaciones por años de servicio respecto de las desvinculaciones por necesidades de la empresa, para los años 2018 (indicar si aplica); 2019; 2020; 2021; 2022, desagregadas por departamento o direcciones; (iv) Multas asociadas a condenas por despidos injustificados para las desvinculaciones por necesidades de la empresa, para los años 2019; 2020; 2021; 2022; (v) Honorarios pagados a abogados externos para cada uno de los casos mencionados anteriormente; y (vi) Montos de las indemnizaciones por cese de contrato por mutuo acuerdo e identificación del cargo cesado para los años 2021 y 2022. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, desestimándose la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida, los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo, han determinado para su configuración. Atendida las circunstancias de hecho expuestas por la reclamada, se concederá un plazo adicional para dar respuesta al presente procedimiento de acceso. Se rechaza el presente amparo respecto del “Número de decisiones de acreditación respecto de instituciones y programas que han solicitado ser evaluadas por CNA y número de programas e instituciones que han solicitado ser evaluadas por CNA, en 2018; 2019; 2020; 2021; 2022, desagregadas por nivel de formación (pregrado y posgrado) y tipo de institución (universidades, CFT e IP)”. Lo anterior, por cuanto dicho organismo dio cumplimiento a su obligación de informar en conformidad a lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.