Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1554-13

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Reclamante:	RODRIGO QUIJADA PLUBINS
Reclamado:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resumen del caso: Se dedujeron dos amparos en contra de la Dirección General de Obras Públicas, fundados en la denegación de la información solicitada referente a: a) Solicitud que dio origen al amparo Rol C1554-13: copia del estudio de evaluación social del proyecto referido a la autopista Américo Vespucio Oriente y su resultado "RATE". b) Solicitud que dio origen al amparo Rol C1676-13: "Las bases de licitación del proyecto Américo Vespucio Oriente definen un "factor subsidio", el cual los licitantes pueden definir en su oferta entre los valores cero y uno. Requiero la estimación del MOP para el valor del factor de subsidio que existirá en la oferta ganadora junto, con los estudios, informes y reportes que sustentan tal estimación". El Consejo acoge el amparo. Sin perjuicio de lo anterior, la obligación del referido órgano de entregar la información consultada en el amparo C1676-13, según lo expuesto en el considerando 12° del presente acuerdo, se tendrá por cumplida, aunque extemporánea mente, con ocasión de la notificación de esta decisión. Respecto al amparo C1554-13, el Consejo no advierte de que manera la divulgación de dicha información pudo haber distorsionado los efectos del proceso de licitación que se indica, debiendo considerarse pública dicha información, toda vez que da cuenta de antecedentes relativos al impacto social en la población aledaña al lugar de construcción.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/17/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1544-13 C1676-13
Jurisprudencia a:	C2020-16 C1676-13
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Carga de la prueba de la causal de secreto >> De quien la invoca
Descriptores analíticos:	Obras Públicas (Vialidad)

DECISIÓN AMPAROS ROLES C1554-13 Y C1676-13 Entidad pública: Dirección General de Obras Públicas Requirente: Rodrigo Quijada Plubins Ingreso Consejo: 25.09 y 10.10 de 2013 En sesión ordinaria Nº 506 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de marzo de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1554-13 y C1676-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Rodrigo Quijada Plubbins, mediante presentaciones de 1° y 17 de agosto de 2013, solicitó al Ministerio de Obras Públicas, en adelante también MOP, los siguientes antecedentes: a) Solicitud que dio origen al amparo Rol C1554-13: copia del estudio de evaluación social del proyecto referido a la autopista Américo Vespucio Oriente y su resultado "RATE". b) Solicitud que dio origen al amparo Rol C1676-13: "Las bases de licitación del proyecto Américo Vespucio Oriente definen un "factor subsidio", el cual los licitantes pueden definir en su oferta entre los valores cero y uno. Requiero la estimación del MOP para el valor del factor de subsidio que existirá en la oferta ganadora junto, con los estudios, informes y reportes que sustentan tal estimación". 2) RESPUESTA: La Dirección General de Obras Públicas, mediante correo electrónico de 30 de agosto de 2013 y de la Resolución N° 3.782, de 13 de septiembre, evacuó respuesta a los referidos requerimientos, utilizando idénticas argumentaciones y en síntesis señaló al requirente, lo siguiente: a) El proyecto Américo Vespucio Oriente consultado, se encuentra en pleno proceso de licitación. Lo anterior, trae consigo que la información solicitada no poseería el carácter público que concede la Ley de Transparencia, " toda vez que forma parte de los antecedentes previos de un proceso de licitación que no se encuentra finalizado, y por consiguiente, acceder a la entrega de la misma significaría exponer el futuro resultado de la licitación del proyecto, así lo ha manifestado la Contraloría General de la República en diversos dictémenes. A modo ejemplar, el dictamen N° 2.420/04 que en lo medular señala: "Sin embargo, de acuerdo a la regulación citada, los interesados pueden tener acceso a esos instrumentos una vez que se haya dictado el acto administrativo que complementan, esto es, en el caso que interesa, una vez que la Administración del Estado haya adjudicado la licitación respectiva, pues solo a partir de ese momento existirá un acto administrativo en los términos previstos por la legislación respectiva". b) Concurre la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N°1, letra b) de la Ley de Transparencia, por ser la información requerida, antecedentes previos a la adopción de una medida o política no adoptada, "haciendo completamente aplicable la denegación del acceso de la información solicitada, sobre todo cuando su entrega afectaría de manera clara, evidente e irreparable un proceso de licitación donde precisamente la información cumple un papel importantísimo". c) Agregó, que los antecedentes solicitados corresponden a aquellos considerados como relevantes por la normativa de concesiones. En tal sentido, cita lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento de Concesiones de Obras Públicas, el cual dispone que "Una vez protocolizado el decreto de adjudicación del contrato de concesión, será pública toda la documentación relevante para la ejecución de dicho contrato, esto es, las bases de licitación, los anteproyectos, proyectos y demás estudios e informes aportados por el MOP a los licitantes, la oferta del adjudicatario y las actas de evaluación". Por lo anterior, indicó que la información en comento no podría ser entregada mientras no se protocolice el referido decreto de adjudicación. 3) AMPAROS: El 25 de septiembre y 10 de octubre de 2013, don Rodrigo Quijada Plubbins, dedujo sendos amparos en contra del Ministerio de Obras Públicas, ingresados a este Consejo bajo los Roles C1554-13 y C1676-13, fundado en la denegación de la información requerida por parte del MOP. Al efecto, agregó respecto del amparo C1554-13 lo siguiente: a) El estudio de evaluación es información que ha sido elaborada con recursos públicos. b) El Consejo para la Transparencia, al evaluar la causal de reserva invocada por el MOP ha señalado que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa de que se trata y la resolución, medida o política que el órgano adoptará. Pues bien, el Presidente de la República ha anunciado públicamente la concreción de la autopista en comento, cuyas bases de licitación fueron aprobadas por la Contraloría y que se encuentra en la etapa de postulación de oferentes. c) En cuanto a lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento de Concesiones de Obras Públicas, señaló que dicha norma es de rango inferior a la Ley de Acceso a la Información Pública, motivo por el cual, debe preferirse lo dispuesto en este último cuerpo normativo. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación los referidos amparos y, mediante los Oficios Nos 4.074 y 4.276, de 3 y 16 de octubre de 2013 respectivamente, confirió traslado al Sr. Subsecretario de Obras Públicas, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiriera específicamente a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) informara en qué medida la documentación requerida serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura; explicando las implicancias de dicha medida o política; (3°) explicitara las características particulares de la documentación solicitada, que a su entender, justificarían que su comunicación vulnerase el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su publicación; (4°) se refiriera al estado actual del proceso de licitación de la autopista Américo Vespucio Oriente; y, (5°) acompañara copia de las solicitudes de información de don Rodrigo Quijada Plubbins. La Directora General de Obras Públicas, en adelante e indistintamente la Dirección o Dirección de Obras Públicas, mediante los Oficios Nos 1.329 y 1.431, de 22 de octubre y 13 de noviembre de 2013, solicitó la prórroga del plazo para evacuar sus descargos. Lo anterior, toda vez que la Subsecretaría de Obras Públicas derivó a dicho órgano los oficios de traslados conferidos por el Consejo para la Transparencia, por cuanto la Dirección General de Obras Públicas en su calidad de órgano autónomo es el competente para conocer de los requerimientos formulados por don Rodrigo Quijada Plubbins, los que además fueron tramitados por el órgano que preside. El Consejo para la Transparencia, mediante los Oficios Nos 4.473 y 4.846, de 28 de octubre y 20 de noviembre de 2013, le concedió un plazo extraordinario para evacuar sus descargos respecto de ambos amparos. Dichos plazos, expiraban el 29 de octubre de 2013 (amparo C1554-13) y el 21 de noviembre del mismo año (amparo C1676-13). La referida autoridad mediante los Oficios N° 1.399 y 1.462, de 6 y 19 de noviembre de 2013, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis lo siguiente: Respecto del amparo C1544-13: a) La divulgación del informe consultado puede afectar el proceso de licitación en curso. Lo anterior, por cuanto el acto de adjudicación aún no se ha materializado, pues se encuentra vigente el período en el cual los interesados en participar de dicho proceso han comprado las respectivas bases, encontrándose aún pendiente el trámite de apertura de ofertas. El referido informe, forma parte de antecedentes previos de una medida o política que no se encuentra tomada, en el caso, la adjudicación del proyecto, motivo por el cual acceder a su entrega claramente afecta el debido funcionamiento de dicho organismo, especialmente en el desarrollo del proceso de licitación. b) Respecto a lo consultado por el Consejo para la Transparencia (Consejo) en el numeral 2° de su traslado, relativo a que informara en qué medida la documentación requerida serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura, señaló que el informe de rentabilidad se encuentra íntimamente ligado al proceso de licitación actualmente en desarrollo, por cuanto es parte de lo requerido en el artículo 2° inciso 8° de la Ley de Concesiones, que dispone que "Los proyectos a ejecutarse mediante el sistema de concesión, deberán contar, como documento interno de la Administración, y, previo al llamado a licitación, con informe del organismo de planificación nacional, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnica económica que analice su rentabilidad". c) La propia Ley de Concesiones es la que caracteriza al informe solicitado como un documento interno de la Administración "por lo que mientras no se encuentre adjudicado el proyecto y considerando el proceso de licitación como un conjunto de actos que se encuentran vinculados y unidos con otros por la finalidad única de todos ellos, que es el acto final de adjudicación del contrato de concesión no se puede acceder a su entrega". d) En cuanto a la segunda interrogante planteada por el Consejo (explicitar las características particulares de la documentación solicitada que, a su entender, justificarían que su comunicación vulnerase el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su publicación), señaló que "La solicitud de información en comento versa sobre un antecedente que no se pone a disposición de los licitantes (el informe de rentabilidad social) y el cual contiene información tan sensible como valoraciones económicas y estadísticas que podrían afectar de manera considerable las estimaciones que deben hacer los participantes de la misma. Dicho de otra forma, el informe de rentabilidad social que confecciona este Órgano de la Administración del Estado con el fin de iniciar un proceso licitatorio específico contiene información relacionada con proyecciones y estimaciones económicas y fácticas que precisamente son la base de cualquier proceso participativo, que de conocerse harían inútil su justificación. En este informe se encuentran las proyecciones que el Órgano Público espera desarrollar y respecto de las cuales los participantes de la licitación deben estimar sus costos económicos y técnicos, pero apoyados en sus propios antecedentes. Consentir en su entrega generaría una ventaja no establecida en la Ley a su favor, y obviamente una desventaja en los demás participantes". e) Respecto del estado actual de proceso de licitación, informó que éste se encuentra actualmente pendiente. El trámite de apertura de ofertas técnicas y económicas establecido en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Concesiones, se espera realizar el día 30 de diciembre del presente año, según lo señalado en la Circular Aclaratoria N° 2, publicada en su web http://www.concesiones.cl/proyectos/Documents/Americo%20Vespucio%20Oriente/Circular%20Aclaratoria%20N2AVO.pdf Respecto del amparo C1676-13: Conjuntamente con reiterar lo expresado en los literales a), b), c) y d) precedentes respecto del amparo C1554-13, indicó que la información pedida es un antecedente que no se pone a disposición de los licitantes, toda vez que contiene datos económicos que afectan de forma considerable las proyecciones que deben hacer los participantes de la misma. Agregó, que "La proyección que pudiera realizar del valor del factor de subsidio sería en el marco de planificar internamente el escenario esperado de la licitación. Este valor es una de las principales variables que considera la oferta económica que entregarán los licitantes. El entregar alguna proyección o algún supuesto que haya hecho este Ministerio de este valor, entregaría información que influiría directamene en la competencia entre los participantes. Para la determinación de este valor, los licitantes deben realizar un detallado análisis de los antecedentes del proyecto y estimar sus propias proyecciones de costos de construcción, costos de explotación y utilidades. Por lo que dar conocer públicamente información de este tipo, se estaría afectando el normal proceso de licitación del proyecto. Las bases de licitación consideran dos tramos por la cual pueden entregar ofertas los licitantes. El primero es el tramo A, en el cual la oferta se evalúa con el valor de ITC (ingresos totales de la concesión), en donde se busca al licitante que entregue el menor valor. El segundo es el tramo B en el cual se detalla el valor de subsidio que requería el licitante para su oferta. Esta se determina en base al subsidio máximo que es señalado en las bases de licitación. Este valor conocido, se le debe multiplicar por el factor de licitación (S), cuyo valor va desde 0 a 1. Es decir, que el licitante deberá señalar en su oferta que porcentaje (0% a 100%) del subsidio máximo señalado en bases de licitación lo considerara para su oferta (subsidio máximo x S). Consentir en su entrega, singnificaría entregar información privilegiada a un ciudadano en desmedro de los participantes de la licitación, lo cual evidentemente ocasiona una ventaja no legítima a favor del primero". <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que el principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos Roles C1554-13 y C1676-13 existe identidad respecto del solicitante y del órgano de la Administración requerido, además de tratarse en ambos casos de solicitudes de información relacionadas con antecedentes correspondientes al procedimiento de licitación de la autopista Américo Vespucio Oriente, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto. 2) Que la solicitud tiene por objeto, la entrega por parte de la Dirección General de Obras Públicas, del estudio de evaluación social del proyecto referido a la autopista Américo Vespucio Oriente y su resultado "RATE, como información sobre la estimación realizada por la reclamada sobre el "factor subsidio", estimación que según indico don Rodrigo Quijada Plubbins, permitiría a la Direccción de Obras Públicas, determinar la oferta ganadora de la licitación de la autopista aludida, conjuntamente con los reportes, informes u otro documento que funde la estimación realizada por la Dirección. Al efecto, la reclamada indicó que la referida información formaba parte de los antecedentes que iban a servir de base a la adjudicación de la licitación actualmente en curso. Por tal razón, indicó que le era imposible acceder a la entrega de dichos antecedentes, toda vez que concurría la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N°1, letra b) de la Ley de Transparencia. 3) Que, el Ministerio de Obras Públicas inició un proceso de licitación para el proyecto "Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av. El Salto- Principe de Gales", mediante inserción en el Diario Oficial de 30 de julio de 2013, en la cual se detalló que las ofertas serían recibidas el día 22 de noviembre de dicho año, y que la apertura de las ofertas económicas se realizaría el día 19 de diciembre de 2013. Los referidos términos, fueron modificados por la reclamada mediante la Circular Aclaratoria N° 2 , de 17 de octubre de 2013, que dispuso en sus puntos 5° y 6°, que las ofertas serían recibidas el 30 de diciembre de 2013 y, que se procedería a la apertura de las ofertas económicas el 20 de enero de 2014. 4) Que, según lo preceptuado por el artículo 5° de la Ley de Transparencia, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, los procedimientos que se utilicen para su dictación, como asimismo la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, salvo que concurra a su respecto alguna causal legal de secreto o reserva. Por tal motivo, y habiendo el organismo reclamado invocado la reserva de la información consultada, fundada en la causal prevista en el artículo 21 N°1, letra b) de la Ley de Transparencia, esto es, afectación del debido cumplimiento de sus funciones, corresponde analizar su procedencia en este caso. 5) Que al respecto, cabe precisar que dicha causal permite denegar la información que se solicite cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". Conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por "antecedentes" todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por "deliberaciones", las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Conforme al señalado marco normativo, en las decisiones pronunciadas en los amparos Roles A12-09, A47-09 y A79-09 , este Consejo ha sostenido reiteradamente, que para configurar dicha hipótesis de secreto o reserva se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: (a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y (b) que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 6) Que respecto del estudio de evaluación social consultado - en el amparo C1554-13-, cabe tener presente que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2°, inciso 8° de la Ley de Concesiones "La realización de estudios de preinversión y los proyectos de inversión a ejecutarse mediante el sistema de concesión deberán contar, como documento interno de la Administración, con un informe emitido por el Ministerio de Desarrollo Social. En el caso de los proyectos de inversión, el informe deberá estar fundamentado en una evaluación técnica y económica que analice su rentabilidad social...". Por su parte, respecto de la información referida al "factor subsidio" requerida en el amparo Rol C1676-13, resulta relevante tener a la vista lo dispuesto en las Bases de Licitación del proyecto de la autopista Américo Vespucio Oriente. 7) Que las referidas bases disponen en su acápite 1.6.3 que la comisión evaluadora procederá a la apertura de las ofertas económicas de los participantes cuyas ofertas fueran declaradas técnicamente aceptables. La comisión verificará si las ofertas económicas se ajustan a las bases y asignará un puntaje a las mismas, considerando los factores y tramos de la licitación señalados en los acápites 3.1, 3.2 y 3.3. Los referidos ácapites preceptúan, que la oferta económica deberá situarse únicamente en uno de los dos tramos de la licitación (A y B). El tramo de licitación B, considera el factor de subsidio como elemento de evaluación de la oferta económica, en este parte, las bases de licitación -acápite 3.2.2- disponen que "El valor del factor de subsidio(s) que postule el licitante o grupo licitante en su oferta económica deberá ser mayor a cero y menor o igual a 1,000 (0,000<s< o="" igual="" a="" 1,000).="" el="" valor="" del="" itc="" [ingresos="" totales="" de="" la="" concesión]="" será="" uf="" 28.250.000.="" para="" efecto="" evaluación="" puntaje="" (p)="" se="" calculará:="" p(i)="1-S" [="" siendo="" -s-="" factor="" subsidio](...)="" concesión="" adjudicará="" al="" licitante="" cuya="" propuesta="" haya="" obtenido="" mayor.="" (...)="" si="" una="" vez="" aplicadas="" las="" reglas="" precedentes,="" produce="" un="" empate="" dos="" más="" puntajes="" en="" mismo="" tramo="" licitación,="" presente="" adjudicada="" grupo="" que="" mejor="" puntuación="" oferta="" técnica".="" 8) Que, en tal sentido, la reclamada precisó con ocasión de sus descargos : a) El estudio requerido es "un antecedente que no se pone a disposición de los licitantes [toda vez que] contiene información tan sensible como valoraciones económicas y estadísticas que podrían afectar de manera considerable las estimaciones que deben hacer los participantes de la misma. Dicho de otra forma, el informe de rentabilidad social que confecciona este Órgano de la Administración del Estado con el fin de iniciar un proceso licitatorio específico contiene información relacionada con proyecciones y estimaciones económicas y fácticas que precisamente son la base de cualquier proceso participativo, que de conocerse harían inútil su justificación. En este informe se encuentran las proyecciones que el Órgano Público espera desarrollar y respecto de las cuales los participantes de la licitación deben estimar sus costos económicos y técnicos, pero apoyados en sus propios antecedentes. Consentir en su entrega generaría una ventaja no establecida en la Ley a su favor, y obviamente una desventaja en los demás participantes". b) Respecto a la forma en que ha estimado el factor subsidio indicó, que "La proyección que pudiera realizar del valor del factor de subsidio sería en el marco de planificar internamente el escenario esperado de la licitación. Este valor es una de las principales variables que considera la oferta económica que entregarán los licitantes. El entregar alguna proyección o algún supuesto que haya hecho este Ministerio de este valor, entregaría información que influiría directamene en la competencia entre los participantes. Para la determinación de este valor, los licitantes deben realizar un detallado análisis de los antecedentes del proyecto y estimar sus propias proyecciones de costos de construcción, costos de explotación y utilidades. Por lo que dar conocer públicamente información de este tipo, se estaría afectando el normal proceso de licitación del proyecto (...). Consentir en su entrega, singnificaría entregar información privilegiada a un ciudadano en desmedro de los participantes de la licitación, lo cual evidentemente ocasiona una ventaja no legítima a favor del primero". 9) Que las solicitudes de información de don Rodrigo Quijada Plubbins datan del 1° y 17 de agosto de 2013. Por su parte, la recepción de las ofertas de los licitantes recién se produjo el 30 de diciembre de 2013, procediéndose a la apertura de las ofertas económicas el 20 de enero de 2014. 10) Que respecto del estudio de evaluación social consultado (amparo C1554-13), este Consejo no advierte de qué modo la divulgación de dicha información pudo haber distorsionado los efectos del proceso de licitación en comento. Lo anterior, toda vez que el estudio requerido da cuenta de antecedentes relativos al impacto social en la población aledaña al lugar de construcción, así como de los beneficios y perjuicios que la obra trae consigo, antecedentes que por su contenido deben ser considerados de carácter público, dado que el acceso a éstos, permite el ejercicio de un control social de los proyectos cuya mangnitud suponga un impacto relavante en una zona determinada del país -como lo es construir una autopista-. Por lo expuesto, esta Corporación estima necesario hacer presente a la reclamada que en lo sucesivo, y ante requerimientos similares, deberá acceder a la entrega de dicha información. 11) Que en cuanto a la información referida a la estimación que del factor subsidio haya hecho la reclamada (amparo C1676-13), cabe hacer presente que, el requerimiento formulado por el reclamante admite dos intepretaciones: a) La primera, supone entender que la solicitud tiene por objeto acceder a una estimación que el propio Ministerio de Obras Públicas haya realizado a priori del inicio del proceso de licitación, sobre el puntaje que determinará la propuesta que se adjudicará el proceso. Al respecto, este Consejo concluye que la divulgación de dicha información, antes de haberse presentado las ofertas al proceso de licitación en comento, acaecida el 30 de diciembre de 2013, necesariamente hubiese alterado el sentido de la herramienta empleada, privando al procedimiento licitatorio de objetividad. Por lo tanto, resulta evidente que la divulgación del antecedente consultado a la fecha del requerimiento pudo haber distorsionado los resultados de dicho proceso y en base a ello, afectado el debido cumplimiento de la Dirección de Obras Públicas. b) La segunda, consiste en entender que lo requerido es la forma de estimación del subsidio para efecto de determinar la propuesta ganadora. Al respecto, cabe señalar que dicha información -entendida en estos términos- fue entregada por la reclamada, quién en esta parte, y con ocasión de sus descargos en esta sede, explicó de forma detallada el mecanismo de cálculo del referido subsidio, el que por lo demás, se encuentra detallado en las bases de licitación del procedimiento consultado. 12) Que de estimarse procedente la intepretación descrita en el literal a) del considerando 11° anterior, procede el rechazo del amparo C1676-13. Por su parte, en lo referido al literal b) del referido considerando, correspondería acoger el amparo, toda vez que la reclamada debió haber informado en su respuesta al reclamante la forma de estimar el subsidio consultado. No obstante todo lo anterior, teniendo presente, que la Dirección de Obras Públicas detalló la formula de cálculo del subsidio con ocasión de sus descargos en esta sede, dicha información se tendrá por entregada con ocasión de la notificación de la presente decisión. 13) Que, asimismo se acogerá el amparo C1554-13, y conjuntamente con ello se requerirá a la reclamada que haga entrega a don Rodrigo Quijada Plubbins de copia del estudio de evaluación social del proyecto referido a la autopista Américo Vespucio Oriente, requerido. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger los amparos C1554-13 y C1676-13 interpuestos por don Rodrigo Quijada Plubbins, en contra de la Dirección General de Obras Públicas, por las razones precedentemente expuestas. Sin perjuicio de lo anterior, la obligación del referido órgano de entregar la información consultada en el amparo C1676-13, según lo expuesto en el considerando 12° del presente acuerdo, se tendrá por cumplida, aunque extemporáneamente, con ocasión de la notificación de esta decisión. II. Requerir a la Sra. Directora General de Obras Públicas que: a) Haga entrega al requirente de copia del estudio de evaluación social del proyecto referido a la autopista Américo Vespucio Oriente, requerido con ocasión de la solicitud de información que dio origen al amparo C1554-13. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Directora General de Obras Públicas y a don Rodrigo Quijada Plubbins, remitiendo a éste último copia de los descargos de la reclamada evacuados en esta sede. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por no asistir a esta sesión. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.