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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1579-13</strong></p>
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Entidad pública: Carabineros de Chile</p>
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Requirente: Wilson Freire Mancilla</p>
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Ingreso Consejo: 30.09.2013</p>
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En sesión ordinaria N° 496 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de enero de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1579-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285, N° 19.880 y N° 19.628; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de septiembre de 2013, don Wilson Freire Mancilla solicitó a Carabineros de Chile “copia del registro de ocupantes de los sitios de la manzana E, sector ampliación Puerto Seco de la comuna de Calama, provincia de El Loa, Región de Antofagasta, que se encontraban en dicho lugar al momento del desalojo realizado el 6 de junio de 2012, por orden de la Gobernación de El Loa, mediante Resolución Exenta N° 512, de 5 de junio de 2012. Dicho registro fue tomado por Carabineros, solicitando datos como la cédula de identidad y la firma de los ocupantes”.</p>
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2) RESPUESTA: Mediante carta RSIP N° 22.347, de 11 de septiembre de 2013, el Jefe del Departamento de Información Pública de Carabineros de Chile respondió la solicitud descrita en el numeral anterior, en los siguientes términos:</p>
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a) Los datos solicitados no pueden ser entregados puesto que están protegidos por la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, que confiere el carácter de dato personal a “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”.</p>
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b) Agrega que, en virtud de lo preceptuado en el artículo 7° de la citada ley, quienes trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en órganos públicos como privados, están obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo.</p>
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c) De esta forma, “se han borrado antecedentes como nombres, domicilios, números de RUN, entre otros, de las personas que allí figuran”.</p>
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3) AMPARO: El 30 de septiembre de 2013, don Wilson Freire Mancilla dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud de acceso. En particular, el reclamante señaló lo siguiente:</p>
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a) La respuesta no se ajusta a derecho, porque vulnera el principio de especialidad de la ley, al no seguir el procedimiento de la Ley de Transparencia que es aplicable a esta solicitud. Al respecto, señala que, en caso de existir dentro de la información requerida datos que pudiesen afectar derechos de terceros, la reclamada debió proceder de acuerdo al artículo 20 de Ley de Transparencia y, consecuentemente, ante una decisión favorable a su solicitud, se debería aplicar el principio de divisibilidad.</p>
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b) Las únicas causales de secreto o reserva están establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia; sin embargo, sus fundamentos jamás se mencionan ni se aplican en la respuesta dada por Carabineros de Chile.</p>
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c) Por otro lado, señala que no es clara la razón en virtud de la cual la información de tal registro reviste totalmente el carácter de “datos personales” y tampoco el hecho que la información se haya obtenido por o desde fuentes no accesibles al público pues, si el criterio ocupado fuese correcto, Carabineros de Chile debiese y debería haber negado siempre la entrega de cualquier información concerniente a sus procedimientos.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 4.145, de 8 de octubre de 2013, al Sr. General Director de Carabineros de Chile, requiriéndole que se refiriera a las causales de hecho, secreto o reserva legal, que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; indicara si la información solicitada obra en su poder o si fue borrada o eliminada, señalando las razones o motivos por los cuales ya no existe o no obra en su poder y la fecha en que ocurrió dicha circunstancia; o bien, en caso de obrar en su poder la información solicitada, señalara si la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Además, en caso de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia señalara si estos terceros presentaron oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y de la oposición deducida. Asimismo, proporcione los datos de contacto –por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico–, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, en caso de obrar en su poder la información solicitada, remitiera copia de la misma bajo la reserva del artículo 26 de la Ley de Transparencia.</p>
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Carabineros de Chile, mediante el Oficio N° 436, de 23 de octubre de 2013, presentó sus descargos y observaciones, señalando que:</p>
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a) A la fecha en que se envió la respuesta al reclamante, se tuvo por antecedente para responder, que “de existir tal registro, que contendría datos personales, como nombres y números de cédulas de identidad, la información no era entregable por esta vía”.</p>
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b) Ahora bien, con ocasión del presente reclamo, indica que la Prefectura de El Loa, precisó que “la única misión del personal de Carabineros de Chile fue prestar el auxilio de la fuerza pública, toda vez que las notificaciones administrativas correspondiente a los ocupantes de los sitios de la Manzana R (sic) , sector Ampliación Puerto Seco, Calama, fue realizada por personeros de Bienes Nacionales”.</p>
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c) En consecuencia, Carabineros de Chile no posee registro de los ocupantes que fueron desalojados en el episodio a que se refiere el peticionario de la información.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, de manera previa a analizar el fondo de lo controvertido y a modo de contexto, es preciso anotar que mediante el Dictamen N° 74.089, de 27 de noviembre de 2012, la Contraloría General de la República, se pronunció acerca de los procedimientos adoptados por el Ministerio de Bienes Nacionales en el término unilateral de contratos de arrendamiento de terrenos fiscales ubicados en el sector Puerto Seco en la comuna de Calama. Al respecto, indicó que:</p>
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a) El Ministerio de Bienes Nacionales mantenía contratos de arrendamiento con la Asociación Gremial de Empresarios del El Loa, sobre las manzanas A y C del sector Puerto Seco, con el propósito de consolidar un parque industrial en dicha zona. Añade que la agrupación se atribuyó también la administración de la manzana E, asignándosela en uso y arrendamiento a sus socios, pese a ocuparlo ilegalmente, pues no contaba con título alguno que autorizara su tenencia, por lo cual, tras una serie de denuncias planteadas por los ocupantes y luego de las fiscalizaciones de rigor, se ordenó el desalojo por el Gobernador de la Provincia de El Loa de la asociación gremial aludida, regularizándose la tenencia de quienes verdaderamente lo utilizan.</p>
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b) En efecto, según consta en dicho documento, la Contraloría Regional de Antofagasta pudo acreditar que el 30 de mayo de 2008 la referida asociación gremial solicitó a la SEREMI el arrendamiento de la manzana E, petición que fue denegada el 30 de marzo de 2012, en atención a que dicha agrupación subdividió ese inmueble, procediendo a la asignación de algunos de estos lotes a terceros, sin tener título alguno que la autorizara. Tras tomar conocimiento de una serie de hechos que hacían suponer la existencia de delitos, la SEREMI informó de éstos a la Fiscalía Local de Calama. Mientras, la Gobernación de la Provincia de El Loa (a través de su Resolución Exenta N° 512, de 2012) ordenó el desalojo administrativo del bien raíz fiscal por la ocupación ilegal de terceros, requiriendo su restitución de forma inmediata.</p>
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2) Que, en el marco antes descrito, el reclamante ha solicitado el registro de los ocupantes de los sitios de la manzana E, sector Puerto Seco de la comuna de Calama, que allí se encontraban al momento del desalojo realizado el 6 de junio de 2012, y que fue dispuesto por la Gobernación de El Loa, mediante Resolución Exenta N° 512, de 5 de junio de 2012. Según indica el reclamante, dicho registro habría sido efectuado por Carabineros de Chile, solicitando a dichos ocupantes datos como su cédula de identidad y su firma. Atendido los antecedentes de hecho referidos a la situación antes descrita, cabe entender que el peticionario ha supuesto que Carabineros de Chile, al prestar el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de dicho desalojo, procedió a levantar un acta o documento en el que registró la información específica que ha requerido, cual es, la nómina, cédula de identidad y firma de quienes se encontraban en dicho sitio al momento de llevarse a cabo dicha diligencia. De esta forma, a juicio de este Consejo, la solicitud de acceso debe entenderse circunscrita al registro de la actuación administrativa que llevó a cabo Carabineros de Chile con ocasión del citado desalojo, lo que se habría materializado en el levantamiento de un acta o documento, en el que constaría la individualización y demás datos de los ocupantes del sitio desalojado. Al respecto, y sin perjuicio de lo sostenido por el organismo reclamado en sus descargos, la existencia de dicho registro, acta o documento se desprendería de lo manifestado expresamente por Carabineros de Chile en su respuesta, en cuya virtud denegó tales datos por aplicación de la Ley N° 19.628.</p>
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3) Que, con todo, dado que la divulgación de los datos que contendría el registro solicitado constituiría una comunicación o transmisión de datos personales a individuos distintos de sus respectivos titulares, según preceptúa la letra c) del artículo 2° de la Ley N° 19.628, es menester determinar si, en caso de establecerse la existencia de tal registro, acta o documento, su comunicación se encuentra amparada por el derecho de acceso a la información pública o si, por el contrario, debe ser sometida al régimen de secreto consagrado en la mencionada ley. Conforme constan en los antecedentes de contexto del presente caso, lo requerido dice relación con la ejecución de una resolución emanada por un órgano de la Administración del Estado, en la que le correspondió intervenir a Carabineros de Chile, por lo que, en virtud del artículo 5° de la Ley de Transparencia, deben presumirse públicos los antecedentes vinculados a ella. Sin embargo, por otra parte, los datos solicitados por el reclamante han sido proveídos a la Administración del Estado por las personas naturales sobre las que éstos versan, esto es, han sido recolectados de una fuente no accesible al público por lo cual, en principio, les resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la Ley N° 19.628, que exige a quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, “tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público”.</p>
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4) Que al ser Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales, debe reconocerse que la regla de secreto contenida en su artículo 7° se basa en la afectación de los derechos de las personas, en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia. Ello, pues, dicha ley constituye una norma especial en el tratamiento de datos personales en registro o banco de datos, y la propia Ley de Transparencia ha reconocido su carácter especial en la letra m) de su artículo 33, al ordenar a este Consejo “velar por su adecuado cumplimiento”.</p>
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5) Que, sin embargo, no toda información subsumible en la categoría de dato personal es per se secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de publicidad de la información que obre en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11 letra c) y 21 de la Ley de Transparencia. Para abordar esta problemática, este Consejo ha optado por circunscribir los efectos de sus decisiones al caso concreto, utilizando los denominados test de daños y de interés público: “Ambos, que pueden ser complementarios, consisten en realizar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación. El primero se centra en ponderar si la divulgación puede generar un daño presente, probable y específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios obtenidos; el segundo, en ponderar si el interés público a obtener con la entrega de la información justifica su divulgación y vence, con ello, la reserva” (Decisión C193-10). Así, por ejemplo, en la decisión Rol C664-10, relativa a las resoluciones recaídas en sumarios sanitarios donde aplicaba el derecho al olvido consagrado en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, este Consejo resolvió dar acceso a dichas sanciones atendido el interés público involucrado en su conocimiento.</p>
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6) Que conforme al criterio precedentemente expuesto, cabe señalar que, no obstante comprender la nómina requerida datos personales de terceros distintos al solicitante de información, es evidente el interés público que dicha información reviste, por cuanto, a través de su acceso, es posible ejercer un control social respecto de las personas que, al momento del citado desalojo, podían estar haciendo uso de bienes fiscales sin contar con algún título que lo autorizara. Del mismo modo, permitiría constatar la eventual comisión de delitos, cuya investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Local de Calama, dada las situaciones irregulares que constató la SEREMI de Bienes Nacionales en la manzana E. De esta forma, atendido el interés público involucrado en este caso, se desestimará la alegación efectuada por Carabineros de Chile, en orden a denegar la información requerida por el solicitante, por estimar aplicable lo dispuesto en la Ley N° 19.628.</p>
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7) Que, por otra parte, Carabineros de Chile alegó en sus descargos que únicamente prestó el auxilio de la fuerza pública en el desalojo, toda vez que las notificaciones administrativas correspondientes a los ocupantes de los sitios de la Manzana E, sector Puerto Seco de Calama, fue realizada por personeros de Bienes Nacionales. Conforme a ello, indicó que “no posee registro de los ocupantes que fueron desalojados en el episodio a que se refiere el peticionario de la información”.</p>
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8) Que, respecto de dicha alegación, este Consejo concluye que tal interpretación dice relación con un registro distinto del que fue requerido a Carabineros de Chile, pues la solicitud de información, conforme al tenor de la misma, no ha hecho referencia al proceso de notificaciones administrativas que, respecto de los ocupantes de dicho sitio, llevó a cabo el Ministerio de Bienes Nacionales y los eventuales registros que dicha repartición haya levantado, sino que, de acuerdo a lo que se razonó en el considerando 2° precedente, debe entenderse referida al registro, acta o documento que Carabineros de Chile haya podido elaborar con ocasión de la actuación administrativa en que lo correspondió intervenir –como fue el citado desalojo–. Además, la circunstancia invocada en torno a que las notificaciones administrativas realizadas por el Ministerio de Bienes Nacionales permitirían justificar la inexistencia del “registro de ocupantes” solicitado, cabe desestimarla, por cuanto la forma en que tales comunicaciones se hayan llevado a cabo no dicen relación con el modo en que Carabineros de Chile haya procedido a prestar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar dicha diligencia, pudiendo, en tal caso, haberse levantado un registro de las personas que, al momento de producirse el desalojo, ocupaban el sitio antes mencionado.</p>
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9) Que, al respecto, es preciso tener presente que según lo disponen los artículos 5º, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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10) Que, por su parte, el artículo 4°, incisos segundo y tercero de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, establece que este último prestará a las autoridades administrativas el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio legítimo de sus atribuciones. En situaciones calificadas, Carabineros de Chile podrá requerir a la autoridad administrativa la orden por escrito, cuando por la naturaleza de la medida lo estime conveniente para su cabal cumplimiento. Por su parte, el artículo 5° de la Ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos, establece el principio de escrituración, por el cual “el procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia”. Además, el artículo 13 del mismo cuerpo legal consagra el principio de no formalización, según el cual “el procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares”. De tales normas se colige que corresponde al organismo reclamado, en el ejercicio de sus atribuciones que dan origen a un procedimiento administrativo determinado, al menos, dejar constancia de sus actuaciones.</p>
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11) Que, por lo tanto, considerando que las alegaciones del organismo reclamado no se han referido específicamente al registro solicitado en el presente caso, no habiendo precisado con exactitud si dispone o no de lo requerido, en los términos indicados en los considerandos 2° y 8° anteriores, cabe acoger el presente amparo y ordenar la entrega del registro, acta o documento que haya elaborado Carabineros de Chile con ocasión del desalojo efectuado el 6 de junio de 2012, al que se refiere la solicitud, y en el que le correspondió intervenir prestando el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de dicha diligencia, y en el que consignó la nómina, cédula de identidad y firma de quienes se encontraban en los sitios antes aludidos al momento de llevarse a cabo el mencionado trámite. En el evento que Carabineros de Chile no haya levantado tal registro, acta o documento, deberá indicarlo expresamente al solicitante, señalando fundadamente las circunstancias que justifiquen dicha omisión.</p>
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12) Que, con todo, de contenerse en la nómina que haya levantado Carabineros de Chile, otros datos personales de contacto, tales como domicilio, teléfono, correo electrónico u otros similares, deberán reservarse tales antecedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Wilson Freire Mancilla, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile, lo siguiente:</p>
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a) Entregar del registro, acta o documento que haya elaborado Carabineros de Chile con ocasión del desalojo efectuado el 6 de junio de 2012, al que se refiere la solicitud, y en el que le correspondió intervenir prestando el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de la diligencia ordenada por Resolución Exenta N° 512, de 5 de junio de 2012, de la Gobernación de El Loa, y en el que conste la nómina, cédula de identidad y firma de quienes se encontraban en los sitios antes aludidos al momento de llevarse a cabo el mencionado trámite, reservando únicamente los datos personales de contexto, conforme lo indicado en el considerando 12° del presente acuerdo. Con todo, de no disponer de tal registro, acta o documento, deberá indicarlo expresamente al solicitante, señalando fundadamente las circunstancias que hayan justificado dicha omisión.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Wilson Freire Mancilla y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente del Consejo Directivo don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por no asistir a esta sesión.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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