Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1617-13

Reclamante:	VALENTINA VICHES SUAREZ
Reclamado:	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, fundado en la falta de respuesta a su solicitud de información referente a la copia de los contratos celebrados por SCL Terminal Aéreo Aeropuerto de Santiago S.A. Sociedad Concesionaria -en adelante e indistintamente SCL- con los siguientes prestadores de servicios: a) "Carga y plataforma en el área de importaciones: Servicios Aeroportuarios AEORSAN FASTAIR Almacenes de Carga DEPOCARGO"; b) "Exportaciones: Andes del Sur cargo. Servicios Aeroportuarios AEROSAN y Terminal de exportación internacional S.A(TEISA); c) "Servicios de Carga Nacional: LAN Cargo y Sky Cargo Ltda"; y, d) "Servicios de Courier y correo: DHL express Chile". El Consejo acoge el amparo, toda vez que se desestima la oposición formulada por el tercero en orden a que la información solicitada sería de carácter privada, toda vez que la reclamada debe ejercer una potestad pública de fiscalización, respecto de los contratos celebrados por la Sociedad Concesionaria SCL, en el contexto de la explotación de la concesión que le fue adjudicada. Por lo que la publicidad de los antecedentes solicitados, permite determinar la forma en que se están cumpliendo las funciones al interior del aeropuerto internacional, como el proceder de los privados que puedan incidir en la distribución de los riesgos que el Estado de Chile pacto con la Sociedad Concesionaria.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/21/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C2758-22
Recursos relacionados:	3092-2014 22859-2014
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Obras Públicas (Vialidad)

DECISIÓN AMPARO ROL C1617-13 Entidad pública: Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas. Requirente: Valentina Vilches Suárez Ingreso Consejo: 03.10.2013 En sesión ordinaria Nº 513 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de abril de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1617-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285; N° 19.628 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de julio de 2013, doña Valentina Vilches Suárez, solicitó al Servicio Nacional de Aduanas, copia de los contratos celebrados por SCL Terminal Aéreo Aeropuerto de Santiago S.A. Sociedad Concesionaria -en adelante e indistintamente SCL- con los siguientes prestadores de servicios: a) "Carga y plataforma en el área de importaciones: Servicios Aeroportuarios AEORSAN FASTAIR Almacenes de Carga DEPOCARGO"; b) "Exportaciones: Andes del Sur cargo. Servicios Aeroportuarios AEROSAN y Terminal de exportación internacional S.A(TEISA); c) "Servicios de Carga Nacional: LAN Cargo y Sky Cargo Ltda"; y, d) "Servicios de Courier y correo: DHL express Chile". 2) DERIVACIONES: a) El Sr. Director Nacional de Aduanas derivó la solicitud de información a la Dirección General de Aeronáutica Civil mediante Oficio N° 10.045, de 7 de agosto de 2013, por corresponder lo requerido a materias de competencia de la referida Dirección, constando que la requirente tuvo conocimiento de dicho trámite, puesto que el mismo fue informado a través de la plataforma electrónica del Servicio Nacional de Aduanas, cuya copia adjuntó a su solicitud. b) La Dirección General de Aeronáutica Civil por su parte, derivó la solicitud de información al Ministerio de Obras Públicas (MOP), específicamente al Inspector Fiscal de Explotación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, mediante Oficio N° 5.300, de 19 de agosto de 2013, por corresponder lo solicitado a materias de competencia del MOP, lo cual fue comunicado al recurrente mediante remisión por correo electrónico. El referido oficio de derivación fue ingresado a la secretaría de la Inspección Fiscal el día 21 de agosto de 2013. 3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 3 de octubre de 2013, doña Valentina Vilches Suárez, dedujo amparo en contra de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, fundado en la falta de respuesta a su solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: a) El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 4.153, de 8 de octubre de 2013, confirió traslado a la Sra. Directora de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) indicara las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido respondida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acreditara dicha circunstancia, acompañando copia de dicha respuesta, y de los antecedentes que la acrediten; (3°) se refiriera a las causales de hecho, secreto o reserva legal, que a su juicio harían procedente la denegación parcial de la información solicitada; (4°) señalara si la información requerida, a su juicio, afectaría derechos de terceros y, en la afirmativa, indicara si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al referido artículo 20, señalara si los terceros presentaron oposición y acompañara todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a éstos, incluyendo copia de la respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación y del escrito de oposición presentado por los terceros; y, (6°) proporcionara los datos de contacto; nombre, dirección, número teléfono y correo electrónico de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. La Directora Nacional de Aeropuertos, mediante el Oficio N° 611, de 25 de octubre de 2013, evacuó sus descargos y observaciones, señalando que el Inspector Fiscal de Explotación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, es el representante de la entidad pública denominada Coordinación de Concesiones del MOP, para los efectos de resguardar el contrato de concesión, constituyendo esa entidad un Servicio distinto de la Dirección de Aeropuertos del MOP. En dicho contexto, señala que no ha recibido la solicitud de información de doña Valentina Vilches Suárez, no existiendo respuesta pendiente que evacuar respecto del requerimiento aludido. No obstante lo señalado, y en atención a que las entidades encargadas de evacuar la respuesta a la reclamante corresponden a Servicios del Ministerio de Obras Públicas "ha indagado que efectivamente se ha dado respuesta por el Inspector Fiscal de Explotación (s) del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, quien la evacuó a la Dirección General de Aeronáutica Civil, entidad que derivó la referida solicitud". b) En virtud de lo anterior, y teniendo presente que la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, es un servicio que depende jerárquicamente de la Dirección General de Obras Públicas, se tuvo por reconducido el amparo en contra de la referida Dirección, confiriéndole traslado a la Sra. Directora de dicho órgano, mediante el Oficio N° 4.556, de 4 de noviembre de 2013, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiriera a la eventual concurrencia de una causal de secreto o reserva de la información solicitada; (2°) señalara si la información requerida, afectaría a su juicio derechos de terceros, y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (3°) de haber procedido conforme al referido artículo 20, señalara si los terceros presentaron oposición y, acompañara todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectivas comunicaciones de los documentos que acrediten su notificación y del escrito de oposición presentada por éstos; y, (4°) proporcionara los datos de contacto; nombre, dirección, número teléfono y correo electrónico de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. La Directora General de Obras Públicas, mediante el Oficio N° 1.468, de 20 de noviembre de 2013, solicitó la prórroga del plazo para evacuar el traslado conferido. Dicha petición, fue acogida por este Consejo, concediéndole a la reclamada un plazo extraordinario cumplidero el 26 de noviembre del 2013. Mediante el Oficio N° 1.539, de 3 de diciembre de 2013, la reclamada evacuó sus descargos, señalando en síntesis lo siguiente: a) El 30 de agosto el Inspector Fiscal de Explotación Concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez, dio respuesta a la solicitud de información que le fuera derivada el 19 del mismo mes por la Dirección General de Aeronáutica Civil. b) La respuesta que debió ser dirigida a doña Valentina Vilches Suárez, fue remitida al órgano que originó la derivación al MOP, por esto, la reclamante nunca recibió respuesta formal a su solicitud. Lo anterior, toda vez que el requerimiento de información no fue derivado a la autoridad competente, como lo dispone el artículo 13 de la Ley de Transparencia, si no que a un funcionario específico, cuyas funciones habituales no son el tratamiento de solicitudes presentadas al amparo del referido cuerpo legal "por lo que la formalidad final del procedimiento no se encontraría cumplida". c) El 26 de agosto de 2013, la solicitud de información fue puesta en conocimiento de la Sociedad Concesionaria SCL, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. El 28 del mismo mes, la sociedad aludida manifestó su oposición a la entrega de los contratos requeridos. Por tal razón, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del cuerpo legal citado, se vio impedida de acceder a la entrega de los antecedentes que le fueron solicitados. d) Los documentos solicitados son "contratos celebrados entre privados y, que por motivos de control en cuanto al respeto de las normas que rigen la materia han sido puestos a disposición del Inspector Fiscal de Explotación del contrato, pero cuyo contenido debe ser resguardado y protegido por cuanto pone en evidencia información comercial y financiera de las partes contratantes". En efecto, el artículo 30 bis de la Ley de Concesiones, dispone que durante la vigencia del contrato de concesión, el Ministerio de Obras Públicas a objeto de verificar la buena marcha de la concesión y el debido cumplimiento de las obligaciones del concesionario, podrá requerir de éste la entrega de la información de los subcontratos que haya celebrado para la ejecución de la obra y la prestación del servicio, e información relativa a su contabilidad, entre otros, antecedentes que deberán ser mantenidos en reserva. e) Por último, indicó el nombre y datos de contacto del gerente general de SCL Sociedad Concesionaria Aeropuerto Arturo Merino Benítez. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio Nº 4.555, de 4 de noviembre de 2013, notificó a la Sociedad Concesionaria SCL Terminal Aéreo Santiago S.A., a fin que presentara sus descargos y observaciones, dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la notificación. Don Raúl Mera Zirotti, en representación de la referida sociedad, mediante presentación de 5 de diciembre de 2013, señaló en síntesis lo siguiente: a) SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. es titular de la concesión denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, la cual fue conferida por Decreto Supremo N° 1.168, de 5 de diciembre de 1997. b) En virtud de la referida concesión y de las bases de licitación, dicha sociedad asumió una serie de obras de ampliación y mejoramiento del aeropuerto. El 2 de enero de 1999, se dio inicio provisoriamente a las instalaciones existentes en el aeropuerto, con lo cual quedó autorizada a explotar los servicios comerciales, aeronáuticos y no aeronáuticos, como además cobrar a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el monto equivalente a los ingresos que ésta tenía derecho a percibir por los contratos y concesiones existentes, de acuerdo al listado de contratos que formaron parte del anteproyecto referencial que fueron traspasados a su representada. c) En el referido marco, SCL ha suscrito diversos contratos de subconcesión por los cuales se entrega a terceros la explotación de alguno de esos servicios d) Ni SCL ni sus subconcesionarios, son órganos pertenecientes a la Administración del Estado sino que privados, cuyos actos, contratos y condiciones comerciales pactadas, que constan en dichos actos no tienen el carácter de públicos o de información pública por sí mismos, aún cuando dicha información obre materialmente en poder de un órgano de la Administración del Estado. e) La información que se solicita y los documentos que en ella constan, no tienen la naturaleza de instrumentos públicos, ya que para que ello ocurra, deben ser autorizados con las solemnidades legales por el competente funcionario, Tampoco, dichos antecedentes sirven o han servido de fundamento a actos administrativos, en los términos señalados e el artículo 3° de la Ley N° 19.880, como exige el artículo 10° de la Ley de Transparencia. Es decir, no estamos en presencia de decisiones formales emitidas por algún órgano de la Administración y en el cual se contenga declaraciones de voluntad realizadas en ejercicio de una potestad pública. f) SCL ha remitido al Ministerio de Obras Públicas los contratos de subconcesión que ha suscrito en cumplimiento de las Bases de Licitación. No obstante lo anterior, ello en ningún caso supone que la remisión de dichos antecedentes, y por ende que los contratos obren materialmente en dependencias del MOP, implique restar a su contenido el carácter de información privada, la que por cierto corresponde a información financiera, comercial y económica, que de ser expuesta puede afectar tanto sus derechos como el de los subconcesionarios involucrados. Los contratos no forman parte de un expediente administrativo, ni contienen información que forme parte de actas, tampoco han sido elaborados con presupuesto público "no figurando en ninguna de las partidas presupuestarias de la Ley de Presupuesto". Por tal razón, procede reservarlos en aplicación de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. g) Por último, solicita que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, se confiera traslado a las empresas con las cuales ha celebrado contrato -singularizadas por el requirente en su presentación-. Asimismo, y para efecto de que se reciban sus descargos, requirió se fijara audiencia pública. 6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER:, este Consejo para una más acertada resolución de la controversia planteada, decretó como medida para mejor resolver se solicitara mediante Oficio Nº 691, de 20 de febrero de 2014 a la Directora General de la Dirección de Obras Públicas, proporcionar a esta Corporación copia de los contratos requeridos y dar respuesta a determinadas consultas, entre estas, indicara si los contratos dan cuenta de la subcontratación o subconcesión por parte de la sociedad concesionaria de parte de la explotación de la concesión que le fue otorgada, detallar las labores de fiscalización que ejerce el MOP respecto de los servicios que las empresas prestan a la concesionaria, indicar el titulo en cuya virtud los contratos solicitados obran en su poder. La Directora, dio cumplimiento a lo solicitado a través del Oficio Nº 370, de 19 de marzo de 2013, señalando en síntesis lo siguiente: a) De acuerdo al numeral 1.10.2 III A), h) de las Bases de Licitación, los servicios prestados por las empresas requeridas a la concesionaria, son servicios no aeronáuticos comerciales. Dichos servicios, consisten en la gestión del terminal de carga. Tales prestaciones, deben ser ejecutadas por la concesionaria en forma obligatoria durante todo el período de explotación. En el citado numeral, se indica además, que el concesionario no podrá explotar directamente los servicios de operación de carga. b) Los contratos solicitados son contratos de subconcesión. c) Las empresas consultadas pueden calificar dentro de la definición de subconcesionarias o subcontratistas de conformidad a lo planteado sobre la materia por la Dirección del Trabajo. d) De conformidad a lo dispuesto en el punto 1.10.2 III A) h) de las bases, el concesionario deberá administrar las instalaciones y áreas comunes y ofrecer en arriendo las áreas destinadas a la prestación de servicios de carga. Lo anterior, toda vez que el concesionario no podrá explotar directamente tales servicios. e) El MOP fiscaliza que las áreas entregadas en arriendo estén reguladas mediante contratos celebrados por las empresas prestadoras del servicio de carga y la concesionaria. Conjuntamente con lo expuesto, también fiscaliza en terreno la calidad y estado de la infraestructura de las áreas comunes. f) Los contratos obran en su poder de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1.10.3 C 2 de las bases de licitación, en virtud del cual el concesionario deberá remitir al inspector fiscal copia de los subcontratos que celebre. g) Por último, adjuntó copia de los contratos consultados por la reclamante. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone, que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, dicha respuesta no se concretó dentro del plazo legal -que vencía el 23 de septiembre de 2013-, toda vez que la solicitud planteada por doña Valentina Vilches Suárez y que fuera derivada a la reclamada, materializándose el 21 de agosto de 2013 su recepción en dependencias de la secretaría de la Inspección Fiscal del MOP, no fue respondida, motivo por el cual se representará a la Dirección General de Obras Públicas del MOP en lo resolutivo del presente acuerdo, la infracción a la precitada disposición y al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado. 2) Que del análisis de los antecedentes remitidos por el MOP en esta sede, este Consejo ha podido constatar, que dicho órgano igualmente infringió lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, puesto que comunicó la solicitud en comento al tercero interesado en exceso del plazo de dos días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud -21 de agosto de 2013-, lo que se verificó sólo el 26 de agosto del mismo año, esto es, al tercer día hábil siguiente a la recepción del requerimiento. La referida infracción, le será representada a la Sra. Directora General de Obras Públicas en lo resolutivo de la presente decisión. 3) Que la reclamada denegó la entrega de los contratos solicitados, atendida la oposición de la Sociedad Concesionaria, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Al efecto, la referida sociedad señaló con ocasión de sus descargos, que funda su oposición en el carácter privado de los antecedentes solicitados, puesto que éstos han sido celebrados por esta con privados -subconcesionarios-. Agregó, que dichos contratos no han sido elaborados con presupuesto público ni han sido fundamento de ningún acto administrativo, como tampoco forman parte de un expediente de igual naturaleza, motivo por el cual estima procedente la aplicación de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues según indica, la naturaleza privada de dichos antecedentes no se altera por obrar materialmente en poder de la Administración del Estado. 4) Que, de acuerdo a lo indicado en el sitio electrónico de Coordinación de Concesiones del MOP (disponible en: http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/detalleExplotacion.aspx?item=75, consultado el 07.01.2013), consta que mediante D.S. Nº 1.168, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, se adjudicó el contrato de concesión para la "ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago", al licitante conformado por las sociedades que se indican. Con posterioridad, y en cumplimiento de lo señalado en el punto 1.6.2 de las respectivas Bases de Licitación, éstas conformaron la Sociedad "SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.", siendo esta la sociedad que opera la concesión para la explotación del respectivo terminal aéreo y el tercero que se opuso a la entrega de la información solicitada. 5) Que en cuanto a la relación de supervigilancia existente entre la sociedad concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas, el punto 1.8 de las Bases de Licitación señala que existirá un Inspector Fiscal de la concesión -obligación establecida, a su vez, en el artículo 38 del Reglamento de Concesiones de Obras Públicas-, que será funcionario del MOP, y que estará "encargado de velar directamente por el cumplimiento del Contrato de Concesión", quién será asesorado por el Inspector Técnico de la Obra y por el Inspector Técnico de la Explotación. Dicho Inspector Fiscal, tendrá en general, "todas las atribuciones y derechos necesarios para hacer cumplir cabal, eficaz y oportunamente el contrato de concesión". 6) Que de conformidad a lo dispuesto en el punto 1.8.6 de las referidas Bases de Licitación, sobre la obligación del concesionario de entregar información al Inspector Fiscal, señala en su numeral 7° que el concesionario entregará semestralmente dentro de los primeros quince días del mes siguiente al período informado, un informe de gestión de lo servicios aeronáuticos y no aeronáuticos señalados en el punto 1.10.2, entre otros, servicios de embarque y desembarque, transporte de pasajeros, aseo, información al público, alimentación, etc. Dicho informe, deberá incluir la descripción de los servicios que se prestan en la concesión y sus modificaciones, identificando aquellos servicios que explota el concesionario directamente y aquellos bajo la modalidad de subconcesión, indicando respecto de estos últimos, el nombre, RUT y domicilio del subconcesionario. 7) Que en este mismo sentido, y de acuerdo a lo establecido por el artículo 30 bis del D.F.L. Nº 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, "Durante la vigencia del contrato de concesión, el Ministerio de Obras Públicas, a objeto de verificar la buena marcha de la concesión y el debido cumplimiento de las obligaciones del concesionario, podrá requerir de éste la entrega de la información de los subcontratos que haya celebrado para la ejecución de la obra y la prestación del servicio". 8) Que en el presente caso, tanto la reclamada como el propio tercero interesado han señalado a este Consejo que la información solicitada obra en poder de la Dirección General de Obras Públicas del MOP, por haber sido entregada directamente por la concesionaria a dicho órgano. En efecto, de conformidad al punto 1.10.3 C2 de las bases de licitación, "cuando el concesionario otorgue la prestación y explotación de un servicio aeronáutico y/o no aeronáutico a través de una subconcesión, éste podrá hacerlo a través de un trato directo con el subconcesionario o mediante la realización de licitaciones, remates u otro mecanismo. El concesionario deberá remitir copia de los subcontratos al inspector fiscal, el cual podrá exigir al concesionario suprimir o modificar las cláusulas de los subcontratos que contravengan lo dispuesto en las bases de licitación o tengan por efecto alterar la distribución de los riesgos entre la Sociedad concesionaria y el Estado establecida en el 1.14.2 (...) el único responsable ante el MOP del cumplimiento del contrato de concesión será el concesionario". 9) Que la reclamada señaló en su respuesta a la medida para mejor resolver de este Consejo, anotada en el numeral 6° de lo expositivo, que los contratos consultados detallan la subconcesión de servicios no aeronáuticos comerciales - transporte de carga-, que la Sociedad Concesionara SCL, debe realizar obligatoriamente de conformidad a las bases. Los servicios no aeronáuticos son aquellos que debe prestar el concesionario en forma obligatoria durante todo el período de explotación a través de subconcesionarios (1.10.2 acápite tercero de las bases en comento). En efecto, de conformidad al literal h1 del referido numeral, la concesionaria no podrá explotar directamente el servicio de transporte de carga, el cual deberá ser realizado siempre por terceros. 10) Que de lo expuesto precedentemente se colige, que la reclamada debe ejercer una potestad pública de fiscalización, respecto de los contratos celebrados por la Sociedad Concesionara SCL, en el contexto de la explotación de la concesión que le fue adjudicada mediante el Decreto Supremo Nº 1.168, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas. Lo anterior, a fin de velar por la adecuación de dichos contratos a las bases de licitación, y a fin de evitar que se modifique la distribución de los riesgos determinados en las bases entre la concesionaria y el Estado de Chile con ocasión de la explotación de la concesión. 11) Que, a través a la publicidad de dichos antecedentes es posible determinar tanto la forma en que se están cumpliendo importantes funciones al interior del principal aeropuerto del país, como el proceder de privados que eventualmente puede incidir en la distribución de los riesgos que el Estado de Chile pactó con la Sociedad Concesionaria en el contexto de la licitación, lo que podría comprometer el patrimonio fiscal. Ambas circunstancias, demuestran que la existencia de los referidos contratos en poder del MOP responden a la necesidad de que este vele por los intereses fiscales comprometidos precisamente a partir de la existencia y contenidos de los mismos, al punto que estos son sometidos a la revisión del Inspector Fiscal, quién puede exigir su modificación en cumplimiento de sus funciones de control sobre la concesión. Lo anterior, permite desvirtuar el carácter privado que la sociedad concesionaria ha alegado respecto de tales instrumentos y justifica, por el contrario, el interés público que la revelación de su contenido conlleva. 12) Que, en tal sentido, cabe señalar que revisados por este Consejo los contratos consultados, se advierte que estos son formatos tipos, que describen las obligaciones contraídas por las empresas subconcesionarias, el monto del pago que deben enterar a la empresa SCL, como sus derechos, sin hacer alusión alguna a aspectos sensibles del giro del negocio de dichas sociedades, que justifiquen reservar dichos antecedentes. 13) Que, en concordancia con lo señalado, se desestimará la oposición formulada por el tercero interesado en el procedimiento en análisis y consecuentemente con ello, se acogerá el presente amparo. Al respecto, y a fin de no dilatar la entrega de la información al requirente, este Consejo, en aplicación del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, remitirá a doña Valentina Vilches Suárez de manera excepcional los antecedentes consultados, conjuntamente con la notificación de la presente decisión. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por doña Valentina Vilches Suárez, en contra de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, por las razones precedentemente expuestas. II. Representar al Sra. Directora General de Obras Públicas: a) La infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, toda vez que el órgano reclamado no dio respuesta al requerimiento de información que se le formulara dentro del plazo previsto en el referido artículo 14. Lo anterior, a fin de que se adopten las medidas necesarias para evitar que ello vuelva a reiterarse. b) La infracción a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendido lo expuesto en el considerando segundo de esta decisión. Lo anterior, a fin que arbitre las medidas pertinentes para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la referida norma, respecto de las nuevas solicitudes que se le formulen. III. Encomendar al Director General de este Consejo remitir al solicitante, conjuntamente con la notificación de la presente decisión, en virtud del principio de facilitación, copia de los contratos remitidos por la Sra. Directora General de Obras Públicas con ocasión de sus descargos, mediante el Oficio N° 370, de 19 de marzo de 2014. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Directora General de Obras Públicas, a doña Valentina Vilches Suárez y a don Raúl Mera Zirotti, en su calidad de representante del tercero interesado en este procedimiento. En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.