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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1623-13</strong></p>
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Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos</p>
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Requirente: Alejandro Inostroza Castro</p>
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Ingreso Consejo: 04.10.2013</p>
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En sesión ordinaria Nº 504 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de febrero de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1623-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285; N° 19.628 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de agosto de 2013, don Alejandro Inostroza Castro, solicitó al Servicio de Impuestos Internos, en adelante e indistintamente SII, una planilla en formato Excel con información relativa a contribuyentes. Dicha planilla debía contener los siguientes campos: "Empresas que tributan en primera categoría o Global Complementario; según corresponda, indicando: - Nombre o razón social - RUT (Personas Naturales y Jurídicas) (Constituidas como empresas) - Nombre Representante Legal - Dirección (Calle, Nro, Local/Dpto/Villa, Comuna) (personas Naturales o Jurídicas Constituidas como empresas) Nota: Direcciones donde se declara tener actividad económica. - Código(s) de actividad económica de la empresa - Nro. De Trabajadores declarados en casa matriz - Correo electrónico - Capital Propio Tributario...".</p>
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Asimismo, solicitó que la información le fuera remitida a su correo electrónico.</p>
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2) RESPUESTA: El Servicio de Impuestos Internos, por medio de la Resolución Exenta N° 3.651, de 27 de septiembre de 2013, informó al requirente en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) La Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada dispone en su artículo 2°, letra f), que constituyen datos de carácter personal los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. Por su parte, el artículo 20 de dicho cuerpo legal preceptúa que los órganos públicos sólo pueden tratar esos datos dentro del ámbito de su competencia.</p>
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b) Atendido que los datos referidos a las personas naturales, cualquiera sea el tipo de impuesto al que sus rentas estén afectas, son datos protegidos por la ley N° 19.628 precitada, no le es posible acceder a la entrega de su RUT y dirección, por tratarse de datos personales.</p>
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c) En cuanto a la identidad del representante legal consultado, dicha información también constituye un dato personal que por lo ya expuesto, el SII tampoco se encuentra facultado para divulgar. Agrega, que de conformidad al artículo 9° del Código Tributario, el dato que es obligación de los contribuyentes mantener actualizado ante el SII está referido al nombre del administrador, apoderado o representante para actuar ante la Administración Tributaria, quien no por ello ostenta la calidad de representante legal del contribuyente, de modo que, no obraba en poder de dicho órgano la información requerida. Por lo anterior, no puede hacer entrega de dichos antecedentes.</p>
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d) En cuanto a los correos electrónicos requeridos, dicha información no forma parte de aquella respecto de la cual la reclamada se encuentre facultada por ley para recabar, lo que configura la hipótesis descrita en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, sin que advierta cual sería la autoridad competente para entregarla. Por tal razón, no puede acceder a la entrega de ésta.</p>
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e) Por último, hizo presente que el resto de la información requerida se encuentra contenida en la planilla Excel que esta disponible en su sitio web.</p>
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3) AMPARO: El 4 de octubre de 2013 don Alejandro Inostroza Castro, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del SII. Al efecto, señaló que dicho órgano le hizo entrega parcial de la información pedida, toda vez que no accedió a la entrega de "los datos solicitados (Rut, dirección, comuna, etc.) [pues] constituyen datos de carácter personal y el Servicio no esta facultado para comunicarlos a particulares". Agregó, que tampoco se le entregó los correos electrónicos, puesto que según le indicó el SII, no resulta competente para recabar dicha información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 4.194, de 9 de octubre de 2013, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiriera a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) acompañara copia íntegra de la respuesta entregada al requerimiento; y, (3°) señalara el número de personas naturales, distintas de aquellas constituidas como empresas individuales de responsabilidad Ltda., respecto de las cuales recae la información solicitada, cuya protección invoca de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628.</p>
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El Subdirector Jurídico del SII, mediante presentación de 30 de octubre de 2013, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) En cuanto a las direcciones de correos electrónicos, tanto de personas naturales como jurídicas, indicó que no se le puede exigir la entrega de dicha información, toda vez que el SII no posee facultades legales para recabarla.</p>
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b) Los datos de las personas naturales requeridos -RUT y domicilio- han sido obtenidos de fuentes no accesibles al público, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 66, 68 y siguientes del Código Tributario, siendo aplicable por ende lo preceptuado en el artículo 7° de la Ley N° 19.628 sobre la materia. Por tal razón, el SII se encuentra obligado a mantener reserva de la información consultada de acuerdo a lo dispuesto en al artículo 7° del cuerpo legal citado en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21 Nos 2 y 5 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Por último, y en cuanto a la consulta formulada por el Consejo para la Transparencia referida al número de personas naturales respecto de las cuales se invoca la reserva de sus datos personales distintas de aquellas personas naturales que hubieren constitudo una empresa individual de responsabilidad Ltda (E.I.R.L). El SII indicó que dicho número asciende a la cifra de 638.298 contribuyentes. Dicha cifra, hizo materialmente imposible dar cumplimiento al trámite que exige el artículo 20 de la Ley N° 20.285, y conferir traslado a fin de recabar su anuencia a la entrega de la información requerida. La divulgación de dicha información, afectaría a almaceneros, dueños de kioskos, parceleros, pescadores artesanales, pirquineros, entre otros, que tributan por primera categoría, y que ejercen su actividad a nombre propio en sus mismos domicilios particulares.</p>
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5) GESTIÓN OFICIOSA: El 20 de febrero de 2014, la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo, remitió un correo electrónico a la Sra. Carolina González, Jefa de la Oficina de Transparencia del Servicio de Impuestos Internos, a fin que indicara si dicho órgano poseía una base de datos de correos electrónicos de sus contribuyentes. La referida funcionaria, dio respuesta a la consulta realizada, mediante igual medio electrónico el 21 de febrero de 2014, señalando en síntesis lo siguiente:</p>
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a) El SII no posee una base de datos sistematizada de los correos electrónicos que voluntariamente entregan sus contribuyentes. Datos como la dirección de correo o los números telefónicos "no son datos que este organismo recopile por mandato legal, sino que son aportados voluntariamente por los contribuyentes con el único propósito de recibir información de interés tributario y bajo el entendido que no serán divulgados porque así se les indica, lo que sujeta su tratamiento al Principio de Finalidad, según el cual el uso que se les dé no puede ser distinto del objeto para el cual fueron aportados de buena fe por los contribuyentes, lo que configura la causal de denegación del Art. 21 N° 1 de la ley 20.285, dado que la divulgación de los antecedentes en comento implicaría vulnerar el referido principio y con ello, se afectaría la credibilidad del órgano y posibilidad de incentivar el cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes, ya que inhibiría a muchos de entregar esos datos privados".</p>
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b) Atendido que la entrega de los correos es voluntaria y "que la misma puede ser cualquiera, incluso una perteneciente a personas naturales ajenas a la empresa y que no la representan (como contadores, abogados u otros asesores externos), este organismo al no poseer una base sistematizada de las direcciones de mail de contribuyentes personas jurídicas, además de no poder recuperar tales datos, tampoco puede aseverar que tales direcciones sean o correspondan efectivamente a contribuyentes que sean personas jurídicas y, por el contrario, es altamente probable que la mayoría de ellas sean o correspondan a casillas electrónicas que pertenezcan a personas físicas, incluso de aquellas que toman el servicio a su propio nombre a través de proveedores tales como Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. por lo que existe un riesgo manifiesto de vulnerar datos de personas naturales distintas de las empresas personas jurídicas a las que sirven o con las que se vinculan".</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 7, de 30 de septiembre de 1980, del Ministerio de Hacienda, que fijó la Ley Órganica del Servicio de Impuestos Internos, corresponde a dicho órgano la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente.</p>
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2) Que respecto de las personas naturales que realizan una actividad gravada con impuestos, cabe señalar que éstas pueden constituir una empresa a fin de realizar actividad comercial determinada. En efecto, el portal electrónico del Servicio de Impuestos Internos -http://www.sii.cl/portales/mipyme/etapa_de_nacimiento.htm-, dispone que la empresa constituida por una persona natural "corresponde a la forma más simple de constitución de una MIPYME. Desde el punto de vista del patrimonio este tipo de empresas responde con todo el patrimonio de la persona natural". Agrega, que "la Microempresa familiar es una empresa que pertenece a una o más personas naturales que realizan sus actividades empresariales en la casa habitación en que residen. Las labores profesionales, oficios, comercio, pequeñas industrias o talleres, artesanía o cualquier otra actividad lícita que se realizan en ese domicilio son entonces, de prestación de servicios o de producción de bienes. Sin embargo la ley excluye aquellas actividades consideradas peligrosas, contaminantes y molestas(...) Desde el punto de vista del patrimonio, este tipo de empresas responde con todo el patrimonio de la persona natural".</p>
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3) Que al respecto cabe agregar, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 del Código Tributario, todas las personas naturales y jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, pero susceptibles de ser sujetos de impuestos y que en razón de su actividad o condición causen o puedan causar impuestos, deben estar inscritas en el Rol Único Tributario de acuerdo con las normas del Reglamento respectivo. A su turno, la Circular N° 31, del 1° de julio de 2007 del Servicio de Impuestos Internos, que regula la inscripción en el registro del Rol Único Tributario, dispone en su acápite 1.2.1 que "las personas naturales no necesitan solicitar un RUT, puesto que su número se corresponde con el Rol Único Nacional del que da cuenta su cédula de identificación".</p>
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4) Que de los dichos del solicitante anotados en el numeral 3° de lo expositivo, se concluye que el presente amparo se encuentra circunscrito a la entrega de la cédula de identidad y domicilio de empresas constituidas por personas naturales, antecedentes los cuales fueron denegados por el Servicio de Impuestos Internos, así como el nombre de los representantes legales de las empresas consultadas -personas jurídicas y personas naturales constituidas como empresa- conjuntamente con los correos electrónicos de dichas empresas, toda vez que no formaban parte de la información contenida en la planilla puesta a su disposición por el organismo requerido. Al efecto, cabe señalar que la reclamada precisó con ocasión de sus descargos, que los datos personales denegados corresponden a personas naturales que ejercían actividades comerciales, como almaceneros, dueños de kioskos, parceleros, pescadores artesanales, pirquineros, entre otros, quienes ejercen sus labores en sus domicilios.</p>
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5) Que el Servicio de Impuestos Internos, denegó la entrega de la información referida a las personas naturales, atendido el carácter reservado que la Ley N° 19.628 le otorga, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21 Nos 2 y 5 de la Ley de Transparencia. Al efecto, agregó con ocasión de sus descargos, que le era imposible conferir traslado a los titulares de los datos personales de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, en consideración del número de contribuyentes involucrados -638.298-. En cuanto a la identidad de los representantes legales consultados, indicó que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° del Código Tributario, no contaba con dicha información. Lo anterior, por cuanto los contribuyentes sólo se encontraban obligados a actualizar ante dicho órgano el nombre del administrador, apoderado o representante para actuar ante el SII, quien no por ello ostentaba la calidad de representante legal del contribuyente, de modo que no obraba en su poder dicha información. Agregó, que en lo referido a los correos electrónicos consultados, no existía fuente legal que lo facultara para requerir dicho antecedente, circunstancia por la cual se encontraba impedido de acceder a su entrega.</p>
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6) Que respecto a los datos de carácter personal requeridos (cédula de identidad y domicilio), cabe tener presente lo resuelto por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos C461-09, C18-12 y C1162-13, entre otras . En las referidas decisiones, se resolvió reservar aquella información relativa a datos de personas naturales, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Asimismo debe tenerse presente - según lo resuelto en las decisiones C18-12 y C1162-13 citadas- que procedía la reserva, toda vez que los datos personales requeridos habían sido obtenidos de fuentes no accesibles al público, motivo por el cual resultaba aplicable a su respecto, lo dispuesto en los artículos cuarto y séptimo del citado cuerpo legal, en cuanto sólo la anuencia de sus titulares permite al órgano reclamado acceder a la entrega de dicha información, en caso contrario, resultaba plenamente aplicable la reserva dispuesta en el referido cuerpo legal. En efecto, en la decisión C461-09, se resolvió que respecto de las empresas "constituidas por personas naturales (...) cobra plena aplicación la definición de datos personales y las demás disposiciones pertinentes de la Ley N° 19.628. Por ello, no cabe hacer entrega de información que se refiera a éstas al no concurrir en este caso las circunstancias que contempla el artículo 4° de dicho cuerpo legal". En tal sentido, en la decisión recaída en el amparo C18-12 se resolvió que "aquellos datos contenidos en la nómina de patentes comerciales, en cuanto referidos a contribuyentes que sean personas naturales, constituyen datos personales, toda vez que se trata de información concerniente a una persona natural identificada, en los términos del artículo 2º, letra f), de la Ley Nº 19.628, datos que han sido proveídos a la Administración por las personas naturales sobre las que éstos versan, lo que significa que han sido recolectados de una fuente no accesible al público, por lo cual, en principio, les resultaría aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7º de la citada ley" (considerando 4°).</p>
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7) Que el criterio prececedentemente descrito resulta aplicable en la especie, por lo tanto, la reclamada al denegar la entrega de la cédula de identidad y domicilio de las personas naturales consultadas, obró de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, por cuanto ante la imposibilidad de conferir traslado a los titulares de la información pedida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia para los fines de obtener su anuencia a la entrega de la información como dispone el artículo 4° de la Ley 19.628, atendido el elevado número de involucrados - 638.298-, aplicó la reserva general que dicho cuerpo legal dispone.</p>
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8) Que, al respecto, cabe además señalar que este Consejo no advierte un interés público prevalente que justifique la revelación de la referida información y permita soslayar la reserva que el legislador le otorga. En consecuencia, y siendo la información pedida de aquellas protegidas por la Ley N° 19.628 precitada, así como por lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, el cual dispone la protección de aquella información cuya comunicación pueda afectar la vida privada de sus titulares, se rechazará el amparo en esta parte.</p>
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9) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, y advirtiendo este Consejo que en el contexto del procedimiento de acceso a la información en análisis, el SII hizo entrega de la identidad de las personas naturales constituidas como empresas cuyos datos personales (cédula de identidad y domicilio) denegó, sin que dicho órgano haya contado con la autorización de los titulares de dicha información, infringiendo lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628, ya citada, se torna necesario representar a la reclamada en lo resolutivo del presente acuerdo, el haber procedido de dicho modo.</p>
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10) Que en lo referido a la identidad de los representantes legales consultada, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo en la decisiónes recaídas en los amparos Roles Nos C188-13 y C933-13 (de 3 de abril y 23 de octubre de 2013) ante idéntico requerimiento y alegaciones del SII. En dichas decisiones se resolvió, que de conformidad al artículo 9° de Código Tributario, la información que por regla general obra en poder del órgano reclamado guarda relación con los representantes designados por cada uno de los contribuyentes para los efectos de comparecer y efectuar trámites ante el Servicio de Impuestos Internos. Dicha representación, no equivale necesariamente a la "representación legal" a que se refieren las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y la Ley N° 3.918. En efecto, "si bien el órgano reclamado tiene acceso a la escritura social de constitución de la sociedad en que constan los socios encargados de la administración y del uso de la razón social, con ocasión del trámite de inicio de actividades, tales antecedentes son devueltos al contribuyente una vez afinado dicho procedimiento. Lo que permanece en poder del SII es aquella información contenida en los formularios y declaraciones pertinentes, la que no distingue acerca del carácter del "representante" que ahí se indica"(considerando 5° de la decisión C188-13). Es por lo anterior, que en ambas decisiónes se rechazó el amparo deducido, toda vez que este Consejo estimó "atendible lo señalado por la reclamada en el sentido de que sólo dispone de la información relativa al representante designado para la realización de actuaciones ante la administración tributaria, y no del dato referente a él o los socios encargados de la administración y del uso de la razón social establecido en la escritura social de constitución de la sociedad o en una modificación posterior de ésta". En consecuencia, y tornándose aplicable en lo pertinente, lo ya razonado por este Consejo en las decisiones precitadas, se rechazará el amparo en esta parte.</p>
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11) Que en lo relativo a los correos electrónicos solicitados por la reclamante, el SII indicó que no existía norma legal que lo faculte para requerir a los contribuyentes dicha información, motivo por el cual se encontraba impedido de acceder a su entrega. Al efecto, citó el artículo 13 de la Ley de Transparencia, expresando que desconocía cual sería la autoridad competente que tendría en su poder la información pedida.</p>
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12) Que a mayor abundamiento agregó, con ocasión de respuesta a gestión oficiosa de este Consejo, que no posee una base de datos sistematizada con los correos electrónicos que sus contribuyentes voluntariamente le entregan bajo el entendido que no serán divulgados, encontrándose dicha información sujeta al principio de finalidad. Por aplicación del referido principio, el uso de los referidos corrreos no puede ser distinto al objeto para el cual fueron aportados -interés tributario- y en su mérito alegó la concurrencia de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia. Conjuntamente con lo expuesto, precisó que no se encuentra en posición de determinar si los correos electrónicos entregados por los contribuyentes corresponden a personas jurídicas o naturales, lo cual supondría en caso de entregarse la información pedida, el riesgo de divulgar la casilla electrónica de personas naturales.</p>
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13) Que, al respecto, cabe señalar que si bien del análisis de la normativa que regula al Servicio de Impuestos Internos no se desprende la obligatoriedad de los contribuyentes para informar su correo electrónico en el contexto de los trámites que realizan ante dicho órgano, ni que la reclamada posee facultades para exigir su entrega, el SII igualmente requiere dicha información, lo cual se evidencia del análisis del Formulario N° 22 sobre declaración de renta, el cual contempla dentro de uno de los campos a llenar por el contribuyente el relativo a su casilla electrónica. En efecto, el artículo 4 bis del Decreto con Fuerza de Ley N° 7, de 30 de septiembre de 1980, del Ministerio de Hacienda dispone que "El Servicio de Impuestos Internos podrá, además, relacionarse directamente con los contribuyentes y éstos con el Servicio, a través de medios electrónicos, entendiendo por tales aquellos que tienen capacidades eléctricas, digitales, magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u otras similares. Los trámites y actuaciones que se realicen a través de tales medios producirán los mismos efectos que los trámites y actuaciones efectuados en las oficinas del Servicio o domicilio del contribuyente."</p>
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14) Que a juicio de este Consejo, el correo electrónico constituye una forma de comunicación entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes, constituyéndose en una herramienta indispensable para el cumplimiento de las funciones de dicho órgano, tanto en lo referido a la declaración de impuestos como respecto de los diversos trámites y gestiones en línea que pueden realizarse por medio de su portal electrónico, permitiendo además al SII plantear por este medio requerimientos a los constribuyentes respecto de cualquiera de las materias que debe conocer.</p>
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15) Que por lo señalado, la divulgación de la información en análisis podría eventualmente inhibir a los contribuyentes de entregar sus casillas de correo electrónico por no resultar su entrega obligatoria, privando consecuentemente al Servicio de Impuestos Internos, de una forma de comunicación rápida y eficaz con sus contribuyentes, afectándose con ello el debido cumplimiento de sus funciones. Por lo anterior, se torna aplicable la causal alegada por la reclamada consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Al efecto, cabe además tener presente que, en el caso de los correos concernientes a personas naturales, dichos antecedentes se encuentran protegidos por la reserva dispuesta en la Ley N° 19.628, por constituir éstos datos personales de sus titulares. En consecuencia, se rechazará igualmente el amparo en esta parte.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Rechazar el amparo interpuesto por don Alejandro Inostroza Castro, en contra del Servicio de Impuestos Internos, por las razones precedentemente expuestas.</p>
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II. Representar al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos la infracción a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, toda vez que hizo entrega de la identidad de personas naturales, sin contar con la anuencia de sus titulares. Lo anterior, a fin de que se adopten las medidas necesarias para que ello no vuelva a reiterarse</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos y a don Alejandro Inostroza Castro.</p>
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En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.</p>
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