Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C53-10

Volver

Reclamante:	ROSA ELIZABETH CORTES GUTIERREZ
Reclamado:	SERVICIO DE SALUD BÍO-BÍO
Resumen del caso: Se deduce amparo frente a denegación del Servicio de Salud del Biobío de entregar información consistente en copia de resolución de designación del cargo de Subdirector/a Médico del mencionado servicio y todos los antecedentes que le hubieran servido de sustento al nombramiento. El Consejo estimó que una parte de la información era pública (currículo y puntaje asignado a candidatos), pues su difusión no afectaba el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado ni tampoco las funciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil (mediante el cual se realizó el concurso para el cargo). Sin embargo, declara reserva de evaluaciones sicológicas, descriptivas y conclusión de informe sicolaboral más referencias de terceros dentro de proceso por considerar que en estos casos si se producía la mencionada afectación. (Con voto dirimente y disidente)
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/29/2010
Consejeros:	-
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C53-09 C592-09 C90-09 C488-09
Jurisprudencia a:	C336-09 C739-10 C755-10 C748-10 C783-10 C803-11 C1231-13 C1401-13 C895-14 C368-10 C757-10 C850-10 C1139-11 C543-12 C549-12 C1269-13 C1474-13 C562-14 C2512-14 C813-16 C5100-19 C782-10 C504-11 C1326-13 C1961-13 C565-14 C3783-17 C7680-19
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO C53-10 Entidad pública: Servicio de Salud del Bío-Bío Requirente: Rosa Cortés Gutiérrez Ingreso Consejo: 22.01.2010 En sesión ordinaria N° 169 de su Consejo Directivo, celebrada el 27 de julio de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C53-10. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 4 y N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales; la Ley N° 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de enero de 2010 doña Rosa Cortés Gutiérrez solicitó al Director del Servicio de Salud del Bío-Bío copia de la resolución que designa el cargo de Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío y todos sus antecedentes, fundamentos y documentos que le sirven de sustento directo o indirecto, correspondientes al concurso público del Servicio Civil N° 918. 2) RESPUESTA: El Director del Servicio de Salud del Bío-Bío no evacuó respuesta al requerimiento de información reseñado en el apartado anterior, dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: Doña Rosa Cortés Gutiérrez, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo por denegación de acceso a la información y por no haber obtenido respuesta a su requerimiento, el 22 de enero de 2010 en la Gobernación Provincial del Bío-Bío, recibido en este Consejo el 27 de enero, en contra del Servicio de Salud del Bío-Bío. Además agrega que: a) Participó en el concurso aludido en el numeral 1° de la parte expositiva de esta decisión, que se encuentra concluido y cuya resolución de nombramiento ha sido dictada por el Director del Servicio de Salud del Bío-Bío. b) A la fecha de la interposición de su amparo se encuentra pendiente su reclamación ante la Dirección Nacional del Servicio Civil (en adelante DNSC) y, eventualmente, ante la Contraloría General de la República. Por ello, se requirió al órgano reclamado los antecedentes, fundamentos y documentos de la resolución que designó al Subdirector Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío. c) Sólo se habría entregado copia de la resolución de nombramiento del nuevo Subdirector Médico, pero no los otros antecedentes solicitados, manteniéndose en reserva documentos que resultan esenciales para acreditar ante la Contraloría General de la República las faltas legales en que se fundaría su reclamo, en el evento en que la DNSC rechazare su reclamación. d) Precisa que los antecedentes o documentos fundantes requeridos serían: el informe de evaluación de los demás integrantes de la terna, elaborado por la consultora BVM Consultores S.A. y la evaluación realizada por la DNSC de cada una de las personas que conformaron la terna. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO: El Consejo Directivo estimó admisible este amparo. En consecuencia, se procedió a notificar la reclamación antedicha y a conferir traslado al Director del Servicio de Salud del Bío-Bío, a través del Oficio N° 294, de 17 de febrero de 2010. a) DEL ORGANISMO: Mediante Ord. N° 296, recibido el 26 de febrero de 2010, la autoridad reclamada formuló los siguientes descargos u observaciones al presente amparo: i) En primer lugar, señala que se ha fundamentado la reclamación en su contra en que el servicio que representa no habría entregado a la requirente copia del informe de evaluación de los integrantes de la terna para el cargo de Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío y la evaluación realizada a cada uno de dichos integrantes, no obstante que la solicitud de información se refiere a la entrega de la copia de la resolución de designación para el cargo mencionado y todos los antecedentes, fundamentos y documentos que le sirvieron de sustento directo o indirecto. ii) Es efectivo que el servicio que representa sólo entregó la copia de la Resolución N° 2, de 8 de enero de 2010 de la Dirección del servicio que representa, mediante la cual se designó en el cargo a la Dra. Beatriz Martínez Mallett. iii) No se entregaron los demás documentos solicitados, pues ellos fueron remitidos por la DNSC, mediante Of. Res. N° 178, de 21 de diciembre de 2009, en conformidad con lo establecido en el artículo quincuagésimo de la Ley N° 19.882, de 2003, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, documento que en virtud de su carácter de reservado, no permite su difusión o comunicación a terceros, reserva que alcanza también a los documentos que contiene. iv) El artículo quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882, establece que el proceso de selección tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato. v) Por lo tanto, no se entregó en forma íntegra la información solicitada, en virtud de la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia y por orden expresa de las disposiciones citadas en los literales anteriores. vi) El artículo 22 de la Ley de Transparencia señala que los actos que una ley de quórum calificado declare secretos o reservados, mantendrán ese carácter hasta que otra ley de la misma jerarquía deje sin efecto dicha calificación. En consecuencia, lo dispuesto en el artículo quincuagésimo de la Ley N° 19.882 se encuentra plenamente vigente. vii) Asimismo, el artículo primero transitorio de la Ley de Transparencia, dispone que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la Ley N° 20.285, que establecen el secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos por las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución. Por lo tanto, para estos efectos, los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882 se encuentran dentro de la situación descrita. viii) El actuar de la autoridad reclamada se ha ajustado plenamente a las disposiciones legales invocadas y acatando lo dispuesto en el artículo 61, letra h), del Estatuto Administrativo que señala que: “Serán obligaciones de cada funcionario: h) Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales (…)”. ix) Solicita a este Consejo, por último, que se declare que la información que motivó el presente amparo es reservada y que su actuar se encuentra ajustado a derecho. En subsidio, hace presente que, en el caso que se estime que debe otorgarse acceso a la información requerida, su actuar ha sido “exento del ánimo de arbitrariedad, discriminación u odiosidades, sólo ha obedecido al cumplimiento de disposiciones legales que he considerado aplicables a la materia”. x) Acompaña a sus descargos los siguientes documentos: Of. Res. N° 178/2009 de la Directora del Servicio Civil dirigido al Director del Servicio de Salud del Bío-Bío; nómina de los candidatos elegibles para el cargo de Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío; Ord. N° 2.312/2009 dirigido a la Directora del Servicio Civil que comunica la designación en el cargo a doña Beatriz Martínez M.; Resolución Exenta N° 3.484/2009, que autoriza la interrupción de periodo asistencial obligatorio de becaria a la Dra. Beatriz Martínez M.; Resolución N° 002/2010, que designa en el cargo de Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío a la Dra. Beatriz Martínez M.; y Resolución N° 013/2010, que modifica la Resolución N° 002/10. b) DE LOS TERCEROS: Dado que en este caso el organismo requerido no efectuó la comunicación prevista en el art. 20 de la Ley de Transparencia, el Consejo decretó la medida que se describe en el numeral siguiente y entendió que su práctica hacía innecesario conferir el traslado referido en el art. 25 de la Ley de Transparencia, como se afirmará en el considerando 17º. 5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 151, celebrada el 25 de mayo de 2010 el Consejo Directivo de esta Corporación acordó, como medida para mejor resolver: i) Oficiar al Director Nacional del Servicio Civil, para que hiciera llegar sus observaciones sobre el amparo debido a que había realizado el proceso de selección, y ii) Oficiar al Director del Servicio de Salud del Bío-Bío solicitándole practicar las comunicaciones a los terceros que hubieran participado en el proceso de selección y que integraron la terna para el cargo de Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío, en conformidad con el artículo 20 de la Ley de Transparencia. a) Presentación de la Dirección Nacional del Servicio Civil: En cumplimiento de lo requerido por este Consejo, mediante Of. Ord. N° 613, recibido el 24 de junio de 2010, el Director Nacional del Servicio Civil realizó las siguientes observaciones al presente amparo: i) El 4 de enero de 2010 se recibió una reclamación por parte de la reclamante respecto del proceso de selección ya aludido. El Consejo de Alta Dirección Pública procedió a desestimar la reclamación debido a que los antecedentes aportados no serían base de vicios o irregularidades que pudieran haber afectado su participación igualitaria en el concurso. Para demostrar lo anterior, se transcriben algunos párrafos de la reclamación interpuesta ante el órgano. ii) La solicitante al presentar su reclamación detallando el nombre y apellido de la persona seleccionada, estaría contraviniendo la confidencialidad respecto de su identidad, toda vez que el acto jurídico de designación del Servicio de Salud del Bío-Bío se materializó con posterioridad a la presentación de la aludida reclamación –esto es, el 8 de enero de 2010. iii) La misma reclamante ha efectuado una presentación a la Contraloría General de la República que a la fecha de la presentación, aún no se ha resuelto. En ella la reclamante acompañó antecedentes definidos por la ley como confidenciales, los que son enumerados en la presentación, lo que ha llevado a incoar un sumario administrativo en la DNSC, cuyo objeto es descartar posibles debilidades en la seguridad de la información institucional y de la confidencialidad que rige los procesos de selección del Sistema de Alta Dirección Pública (en adelante SADP). iv) Hace presente que la reclamante no ha aceptado la decisión de la autoridad competente, adquiriendo una manifiesta animosidad en contra de la persona designada en el cargo. v) Por último, indica que la información requerida en el caso vulnera el principio de confidencialidad establecido en los artículos quincuagésimo y quincuagésimoquinto de la Ley N° 19.882, norma de quórum calificado que faculta al Servicio de Salud del Bío-Bío a denegarla, todo conforme a lo señalado en el artículo 21 N°s 2, 4 y 5 de la Ley de Transparencia. b) Terceros: Mediante los Ord. N°s 844 y 843, ambos de 23 de junio de 2010, el Servicio de Salud del Bío-Bío comunicó a dos de los tres candidatos que integraban la terna para el cargo de Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío el requerimiento de información –la tercera persona era la reclamante– en cumplimiento de la medida para mejor resolver decretada por este Consejo. De las personas que fueron comunicadas en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, uno de los candidatos, don Pedro Urayama Rodríguez, quien fue notificado personalmente del Ord. N° 844, de 23 de junio de 2010, por el Servicio de Salud del Bío-Bío, no ejerció el derecho de oposición que le otorga el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Sólo se opuso expresamente la seleccionada en el concurso respectivo, doña Beatriz Martínez Mallet, actual Subdirectora Médica del Servicio de Salud del Bío-Bío el 25 de junio de 2010, por las razones que se indican: i) La Ley N° 19.882 señala que el proceso de selección de los altos directivos públicos tendrá el carácter reservado, lo que implica que la información requerida no debe ser divulgada a terceros, incluidos aquéllos que hayan postulado a dicho cargo y no hayan sido seleccionadas, como ocurre en el caso de la reclamante. ii) Para resultar seleccionada en el cargo que ejerce, fue fundamental la evaluación de las competencias personales de todos los candidatos, lo que incluye información sobre su personalidad desconocida por los otros participantes y que no deben ser divulgados, como por ejemplo, las evaluaciones sicolaborales y datos personales atingentes a su situación familiar. En caso de no respetarse la privacidad se afectarían sus garantías constitucionales tales como el derecho a la integridad síquica y a la protección de su dignidad. iii) Invoca la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección a la vida privada y el Código Sanitario, cuyo artículo 127 señala que los servicios relacionados con la salud son reservados, dentro de los cuales se encuentran los informes emitidos por sicólogos, en conformidad con los artículos 112 y 113 del mismo cuerpo legal. Asimismo, invoca el Dictamen de la Contraloría General de la República N° 31.250/2008, por el cual se denegó la entrega de informes sicológicos de los candidatos a un cargo público, requeridos por un concejal. iv) Al postular al cargo que ahora ocupa, la DNSC siempre le aseguró que existiría confidencialidad absoluta sobre la información aportada, por lo mismo sintió que se estaba resguardando su privacidad ante posibles descontentos de terceras personas que postularon al mismo cargo y que no fueron seleccionadas. En efecto, la DNSC le envió un correo electrónico por medio del cual fue consultada si le afectaría que su información fuera pública, en el caso de postular a un nuevo cargo ante la institución. Al relatar este ejemplo, concluye que queda absolutamente claro que existe un resguardo de la confidencialidad de la información. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en la especie, la reclamante requirió al Director del Servicio de Salud del Bío-Bío copia de la resolución de designación del cargo de Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío (concurso que fue realizado a través de la DNSC) y todos los antecedentes, documentos y fundamentos que le hubieran servido de sustento directo o indirecto, precisando en su amparo que dichos antecedentes incluyen el informe de evaluación de los demás integrantes de la terna, elaborado por la consultora BVM Consultores S.A. y las evaluaciones realizadas por la DNSC de cada uno de los candidatos elegibles que conformaron la terna final para su designación en el cargo aludido. 2) Que el Director del Servicio de Salud del Bío-Bío reconoció en sus descargos que sólo se entregó copia de la resolución de la designación del cargo a la reclamante, no proporcionando los otros antecedentes, por considerar que éstos revisten el carácter de reservados en conformidad con los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882, configurándose la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, por ser la Ley N° 19.882 de quórum calificado y encontrándose vigente con anterioridad a la Ley N° 20.285, en conformidad con las causales del artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución. 3) Que, no habiéndose comunicado el requerimiento de la reclamante a los candidatos que conformaron la terna para el cargo de Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío, este Consejo requirió al órgano reclamado que procediera a incoar el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a lo que se dio cumplimiento, según fue señalado en el apartado 5°, de la parte expositiva de esta decisión, oponiéndose a la entrega de la información doña Beatriz Martínez Mallet, actual Subdirectora Médica del Servicio de Salud de Bío-Bío. 4) Que el artículo quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882 dispone que el proceso de selección de los altos directivos públicos correspondientes al segundo nivel jerárquico “…tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato” y añade que la DNSC “dispondrá las medidas necesarias para garantizar esta condición”. La misma reserva se establece en el artículo quincuagésimo para la entrega de la nómina de candidatos en los concursos de segundo nivel jerárquico. 5) Que en relación a la entrega o reserva de la evaluación personal de los postulantes a un concurso desarrollado por la DNSC, es posible distinguir los siguientes elementos de tales evaluaciones: a) Evaluación Sicológica; b) Referencias de terceros; c) Evaluación de atributos con puntaje; d) Descripción de la motivación; y e) Conclusión (síntesis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). 6) Que la regla general en materia de acceso a la información se encuentra en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, según los cuales son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones que establece la misma ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. Por lo tanto, encontrándose en poder del Servicio de Salud del Bío-Bío la información requerida que ha sido elaborada con presupuesto público, ésta es en principio pública. 7) Que en este caso se ha planteado por el reclamado la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5, fundamentándola en que la información requerida se trata de datos o informaciones que una ley de quórum calificado, esto es, la Ley N° 19.882, ha declarado secretos o reservados, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución. 8) Que para que se configure la causal invocada, no basta que exista una ley de quórum calificado que determine el secreto o reserva de la información respectiva, sino que, además, la publicidad de dicha información debe afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. 9) Que el Servicio de Salud del Bío-Bío no ha señalado cómo la Ley N° 19.882 se encuentra conforme con el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, esto es, no ha indicado ni fundamentado cómo la publicidad de la información requerida en la especie afecta el debido cumplimiento de sus funciones, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Por lo tanto, este Consejo deberá desestimar la configuración de la causal invocada en el procedimiento. 10) Que, no obstante lo anterior, se debe analizar en concordancia con la reiterada jurisprudencia de este Consejo en materia de concursos de la Alta Dirección Pública llevados a cabo por la DNSC, si debe entregarse o no la información del proceso de selección para el cargo de Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío y qué información debe ser entregada. 11) Que se estima que en el presente caso deben mantenerse en reserva los antecedentes referidos a la evaluación sicológica, la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión (síntesis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del informe sicolaboral de los participantes en los procesos de selección a que se refiere este caso, aplicando los criterios adoptados en la decisión que resolvió los recursos de reposición interpuestos en contra de las decisiones recaídas en los amparos Rol A29-09 y A35-09, de 30 de diciembre de 2009, y que se pasan a transcribir: « a. La evaluación de los antecedentes señalados corresponde a un examen en un momento determinado y sobre la base de los atributos definidos por un mandante, todo lo cual dificulta medirlos en términos objetivos y supone la emisión de opiniones por parte de las consultoras dedicadas al reclutamiento de personal (head hunters), cuya claridad y asertividad es esencial para una debida prestación de sus servicios, tanto en el mundo público como en el privado, y de evidente utilidad para quienes deben decidir qué persona contratar. De allí que la DNSC se refiera a ellos como un “juicio de expertos”, difícilmente objetivable. Lo anterior hace que de difundirse esas opiniones se produzcan cuestionamientos difíciles de dirimir y que, además de no generar valor al sistema de reclutamiento, pueden provocar serios entorpecimientos en su funcionamiento regular. b. Que precisamente el rol del Consejo de Alta Dirección Pública es administrar este sistema de selección con una visión de Estado cuestión que, entre otras cosas, supone velar por el adecuado desempeño de las empresas consultoras que elaboran estos informes. Para ello este organismo cuenta con una autonomía resguardada por el sistema de selección y permanencia de sus autoridades, ya que cuatro de sus consejeros/as deben ser ratificados por los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio, duran 6 años en sus cargos y sus causales de cese son objetivas, según lo establecido en los artículos cuadragésimo tercero y siguientes de la Ley N° 19.882, de 2003; c. Que, en estas circunstancias, de entregarse estos antecedentes el Sistema de Alta Dirección Pública se vería sometido a una magnitud de cuestionamientos cuyo volumen atentaría contra su debido funcionamiento. Previsiblemente, en muchos casos no se dejaría satisfechos a los interesados lo que podría llevar a mermar la claridad y asertividad de los informes, transformándolos en herramientas poco útiles. De allí que se estime que respecto de estos antecedentes deba aplicarse el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, de manera de armonizar la transparencia con este especial sistema. d. Por todo lo anterior, (…) se declarará la reserva de la evaluación sicológica, la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión (síntesis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del informe pues, aplicado el test de daño, se estima que el beneficio público resultante de conocer esta información es inferior al daño que podría causar su revelación». 12) Que lo anterior ha sido acordado en las diversas decisiones recaídas en los amparos sobre la materia (A29-09, A35-09, A162-09, A336-09, C488-09 y C592-09), que adoptaron este acuerdo considerando que de revelarse esta información se afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la DNSC. Si bien no es éste el órgano en contra de quien se ha interpuesto el amparo, la DNSC fue la institución que llevó a cabo el proceso de selección del cargo ya aludido, por lo que debe aplicarse el criterio jurisprudencial ya consolidado por este Consejo en sus decisiones previas. 13) Que, no obstante lo indicado en los considerandos anteriores, en la misma decisión citada en el considerando 11º, este Consejo estimó que una parte de dicha información tenía carácter público, pues su difusión no afectaba el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado ni tampoco las funciones de la DNSC, constituyendo, además, un medio indispensable para permitir el control de los procesos de selección y la retroalimentación de los postulantes. Se trata de los siguientes antecedentes: a) La historia curricular del candidato; b) La descripción de la motivación; c) El puntaje asignado a cada atributo del perfil por la consultora; y d) El puntaje asignado a cada atributo del perfil por el Comité de Selección. 14) Que en cuanto a la entrega de la información referida a la reclamante y postulante al cargo de Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío, este Consejo estima que aunque el informe haya sido encargado por el órgano reclamado, a través de la DNSC a una consultora externa –BVM Consultores S.A.– el titular de los datos allí contenidos es la persona a que se refieren dichos datos, en este caso, la postulante requirente. Ello, por aplicación del artículo 2°, letra ñ) de la Ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, que entiende por “titular de los datos” a “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”. En consecuencia, la requirente tiene derecho a conocer su evaluación personal. Sin embargo, este Consejo estima necesario declarar la reserva de los mismos antecedentes señalados previamente, pues estima que de revelarse se afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la DNSC. Por lo mismo, sólo deben entregarse los antecedentes referidos en el considerando anterior reservándose, en cambio: a) Las referencias de terceros dentro del proceso de selección. En caso contrario, la sinceridad de estos testimonios se reduciría quitándoles buena parte de su valor, de manera que el daño que originaría su difusión superaría las ventajas de divulgarlo. b) La evaluación sicológica, la evaluación descriptiva de atributos y la conclusión (síntesis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del informe sicolaboral, por los mismos fundamentos señalados en el considerando 11° anterior. 15) Que en lo que se refiere a la divulgación de la información respecto de la candidata seleccionada para el cargo de Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío, doña Beatriz Martínez Mallet, quien expresamente se opuso a la entrega de la información, en tiempo y forma, este Consejo resolverá, en votación dividida resuelta por el voto dirimente del Presidente del Consejo, don Raúl Urrutia Ávila, entregar toda la información indicada en el considerando 5°, salvo las referencias de terceros, por las siguientes razones: a) La condición de alto directivo en la Administración del Estado es de evidente interés público pues, como se indicó en la decisión A29-09, de 11 de agosto de 2009, el ejercicio de dichas funciones interesa a toda la comunidad lo que supone un estándar de escrutinio público en el que la privacidad debe ceder en pos del necesario control social que debe ejercerse, en primer lugar, respecto a los procesos de selección y nombramiento de tales cargos y, luego, en el ejercicio de su función, que también estará sujeta al principio de transparencia de la gestión pública. b) Si bien es cierto que la divulgación de parte de la evaluación podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de la DNSC es poco probable que surjan esos conflictos tratándose de los seleccionados dado que, casi por definición, sus informes debieran ser positivos. Es más, en caso contrario, la sociedad tiene derecho a conocer en qué no lo son, dada la relevancia de las funciones que les tocará desempeñar y, muy en particular, si se tratase de elementos negativos significativos. 16) Que en el caso del candidato que también conformó la terna y fue debidamente notificado por el Servicio de Salud del Bío-Bío, cumpliendo la medida para mejor resolver decretada por este Consejo (apartado 5° de la parte expositiva de esta decisión), sin que se opusiera a la entrega de la información como permite el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se aplicará lo señalado en los considerandos 12º y 13º precedentes, requiriéndose la entrega de la siguiente información a su respecto: a) Su historia curricular; b) La descripción de su motivación; c) El puntaje asignado a cada atributo del perfil por la consultora; y d) El puntaje asignado a cada atributo del perfil por el Comité de Selección. 17) Cabe señalar, por último, que conforme se indicó en el apartado 4° b) de la parte expositiva de esta decisión este Consejo, en virtud de los principios de economía procesal y de celeridad, no estimó pertinente conferir traslado al tercero que se opuso con ocasión de la medida para mejor resolver ordenada dentro de este procedimiento. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el reclamo interpuesto por doña Rosa Cortés Gutiérrez en contra del Servicio de Salud del Bío-Bío y requerir a su Director la entrega de la siguiente información: 1) Respecto de la requirente y postulante al cargo Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío: ? Elaboración de una versión pública de los criterios que fundan su calificación final; ? Su historia curricular; ? La descripción de la motivación; y ? El puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a este cargo por la consultora y el Consejo de Alta Dirección Pública. 2) Respecto de la persona seleccionada en el cargo de Servicio de Salud del Bío-Bío Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío: Entregar a la reclamante toda la información requerida respecto de doña Beatriz Martínez Mallet, actual Subdirectora Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío, con la sola excepción de las referencias de terceros dentro del proceso de selección. 3) Respecto de don Pedro Urayama Rodríguez quien no fue seleccionado para desempeñar el cargo de Subdirector/a Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío, quien conformó la terna respectiva y que no se opuso a la entrega de la información requerida al ser notificado conforme el artículo 20 de la Ley de Transparencia: a) Elaboración de una versión pública de los criterios que fundan su calificación final; b) Su historia curricular; c) La descripción de la motivación; y d) El puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a este cargo por la consultora y el Consejo de Alta Dirección Pública. II. Requerir al Director del Servicio de Salud del Bío-Bío que entregue la información referida en el numeral anterior a la reclamante, doña Rosa Cortés Gutiérrez, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde que esta decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder en caso de incumplimiento conforme lo señalan los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia. III. Requerir al Director del Servicio de Salud del Bío-Bío, que remita copia de la información indicada en el numeral I anterior a este Consejo al domicilio Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta decisión. IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña Rosa Cortés Gutiérrez, al Director del Servicio de Salud del Bío-Bío, a doña Beatriz Martínez Mallet, a don Pedro Urayama Rodríguez y al Director Nacional del Servicio Civil. <h3> VOTO DISIDENTE</h3> Decisión acordada con el voto disidente de los Consejeros don Roberto Guerrero Valenzuela y don Juan Pablo Olmedo Bustos, sólo en lo relativo al informe de la candidata seleccionada en el cargo de alta dirección pública. Ello, pues ambos consejeros fueron de la opinión de entregar sólo parcialmente la información requerida respecto de la Subdirectora Médico del Servicio de Salud del Bío-Bío y aplicar las mismas reglas de reserva que la decisión emplea en los informes de los demás cargos, por las siguientes razones: 1) Que si bien es efectiva la relevancia de las funciones públicas que deben desempeñar quienes son seleccionados en cargos sometidos al sistema de alta dirección pública, ello no quita que los razonamientos indicados para los demás informes analizados en esta decisión les sean igualmente aplicables, esto es, que su difusión afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil. A mayor abundamiento, resulta plausible que la difusión de las debilidades que consignen los informes sicolaborales pudieran someter a estos directivos a situaciones inconvenientes para la gestión pública y el interés general. Por último, no debe olvidarse que aunque este Consejo ha declarado que la esfera de privacidad de los funcionarios públicos es mucho más delimitada que la del resto de las personas en virtud de la función que ejercen (entre otras, decisión del amparo A47-09, de 15 de julio de 2009) no queda anulada y debe, en este caso, ser amparada. 2) Que, por lo tanto, sólo se debería entregar la versión pública de los criterios que fundan la calificación final de las evaluaciones de los seleccionados, la historia curricular de los seleccionados, la descripción de la motivación, el puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente a los cargos por la consultora y el puntaje asignado a cada atributo del mismo perfil por el Comité de Selección a cargo del concurso ya aludido. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Juan Pablo Olmedo Bustos. No firma el Consejero Guerrero V. por no encontrarse presente al momento de firmarse la decisión. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.