Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C12399-22

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Reclamante:	ANDRES VALENZUELA CONCHA
Reclamado:	DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
Resumen del caso: Solicita el nombre, teléfono y correo electrónico del encargado de capacitación y del jefe de la división, departamento o unidad jurídica.
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	12/30/2022
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C611-10 C136-13 C5748-18 C6109-18 C703-19 C5195-21
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Transparencia activa >> Facultades, funciones y atribuciones de cada unidad interna >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

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<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <string><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="width:409.5pt; padding:1.5pt; vertical-align:middle">DECISIÓN AMPARO ROL C12399-22</td><td style="width:259.5pt; padding:1.5pt; vertical-align:middle"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">Entidad pública: Delegación Presidencial de Coquimbo.</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">&#xa0;</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:top">Requirente: Andrés Valenzuela Concha.</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">&#xa0;</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:top">Ingreso Consejo: 06.12.2022. </td></tr></table></td></tr></table>En sesión ordinaria Nº 1328 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de diciembre de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C12399-22.&#xa0;VISTO: Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. &#xa0;TENIENDO PRESENTE: <p style="margin-top:0pt; margin-left:18.15pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'1'; -aw-list-padding-sml:8.69pt">1)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que con fecha 5 de diciembre de 2022, don Andrés Valenzuela Concha, realizó una solicitud ante la Delegación Presidencial de Coquimbo, mediante el cual, requirió el nombre, teléfono y correo electrónico del encargado de capacitación y del jefe de la división, departamento o unidad jurídica. &#xa0;<p style="margin-top:14pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'2'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">2)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, mediante Oficio N°1173, de 06 de diciembre de 2022, la Delegación Presidencial de Coquimbo señaló los nombres de los funcionarios señalados, además, indicó lo siguiente: “En cuanto a la solicitud referida a la entrega de los teléfonos y correos electrónicos de los funcionarios singularizados, se denegará el requerimiento, en atención a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, disposición que contempla como causal de secreto o reserva, “cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido”. A propósito de esta causal, la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia ha establecido que cabe resguardar aquellos números telefónicos y casillas de correos electrónicos respecto de los cuales el órgano no cuenta con un mecanismo de canalización de comunicaciones o aquellos que permiten el acceso directo a autoridades o funcionarios, atendido que cuya divulgación podría significar una afectación en sus funciones habituales”.<p style="margin-top:12pt; margin-left:18pt; margin-bottom:14pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'3'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">3)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, con fecha 6 de diciembre de 2022 dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Delegación Presidencial de Coquimbo, fundado la respuesta incompleta a su solicitud. En dicha presentación indicó lo siguiente: "Lo solicitado no eran sólo los nombres de los encargados de capacitación de la delegación y de su jefe jurídico, sino que sus teléfonos y correos electrónicos. La respuesta señala que la jurisprudencia del CPLT "...cabe resguardar aquellos números telefónicos y casillas de correos electrónicos respecto de los cuales el órgano no cuenta con un mecanismo de canalización de comunicaciones o aquellos que permiten el acceso directo a autoridades o funcionarios, atendido que cuya divulgación podría significar una afectación en sus funciones habituales.". Sin embargo, no basta sólo con nombrar una supuesta causal y jurisprudencia, sino que es esencial explicar de qué manera la causal se cumpliría y cómo esta afecta expresamente el debido funcionamiento del órgano, cosa que no ha ocurrido en la respuesta de la Delegación".&#xa0;Y CONSIDERANDO: <p style="margin-top:14pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'1'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">1)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, a fin de resolver la admisibilidad de la reclamación deducida, primeramente, es necesario determinar si ésta cumplió con los requisitos legales, en particular, si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'2'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">2)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, es preciso señalar que el artículo 24 de la Ley de Transparencia al referirse al objeto al que se extiende el amparo por denegación de acceso a la información dispone: "Vencido el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega de la documentación requerida, o denegada la petición, el requirente tendrá derecho a recurrir ante el Consejo establecido en el Título V, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información". Por su parte, el inciso 2º agrega: "La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran".<p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'3'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">3)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, es dable hacer mención que lo requerido corresponde a las casillas de correos utilizados por autoridades o funcionarios para el cumplimiento de sus funciones públicas, las que son proveídas y financiadas por el servicio. Así, se trata de información elaborada con presupuesto público, por lo que, en virtud del artículo 11, letra c), de la Ley de Transparencia, se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones indicadas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. A su vez, dicha disposición legal establece como causales para declarar el carácter secreto o reservado de determinada información, entre otras, que su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.<p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'4'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">4)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; <a name="_Hlk122535579">Que, respecto de los números de teléfonos de funcionarios públicos, el criterio de este Consejo, desarrollado en los considerandos 8º y 9º de la decisión de amparo Rol C611-10, extendido luego a los correos electrónicos institucionales en la decisión de amparo C136-13, ha sido el de reservarlos, en habida consideración a que la decisión de los órganos de la Administración del Estado de informar a través de su sitio electrónico determinados números telefónicos y/o casillas, obviando otros, y disponer de sistemas electrónicos integrales de atención ciudadana, es con la finalidad precisa de canalizar el flujo de comunicaciones y así evitar distraer de sus funciones habituales a su personal; caso contrario, se podría configurar la causal del artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia. Criterio aplicado en las decisiones de amparo Roles C5748- 18, C6109-18, C703-19, C5195-21, entre otras</a>.<p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'5'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">5)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, en el contexto del análisis de admisibilidad realizado al presente amparo, no se pudo constatar la infracción alegada, por cuanto, la respuesta otorgada se ajusta a la jurisprudencia sostenida por este Consejo referente a la publicidad de los correos electrónicos y números de teléfonos de funcionarios y autoridades.<p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'6'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">6)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, de acuerdo a todo lo señalado previamente, este Consejo estima que, en la especie, no existe una vulneración al derecho de acceso a la información de la parte recurrente, por lo que el amparo deducido, adolece de la falta de un elemento habilitante para su interposición, en cuyo mérito se declarará inadmisible. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: <ol type="I" style="margin:0pt; padding-left:0pt"><li style="margin-top:14pt; margin-left:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; padding-left:13pt; font-family:'Book Antiqua'; font-size:11pt">Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don Andrés Valenzuela Concha en contra de la Delegación Presidencial de Coquimbo, por las razones expuestas precedentemente.</li><li style="margin-left:15.16pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; padding-left:12.85pt; font-family:'Book Antiqua'; font-size:11pt">Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Andrés Valenzuela Concha y a al Sr. Delegado Presidencial de Coquimbo, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. </li></ol>En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Francisco Leturia Infante, sus Consejeras doña Gloria de la Fuente González y doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez.Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh. &#xa0;</string>