Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C72-23

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Reclamante:	JOSÉ ANTUNEZ OLIVA
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: certificado de salida de su abuela desde España o de llegada en el país de acogida
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	2/10/2023
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C574-11 C310-12 C460-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

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<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <string><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="width:409.5pt; padding:1.5pt; vertical-align:middle">DECISIÓN AMPARO ROL C72-23 </td><td style="width:259.5pt; padding:1.5pt; vertical-align:middle"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile.</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">&#xa0;</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:top">Requirente: José Antúnez Oliva.</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">&#xa0;</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:top">Ingreso Consejo: 03.01.2023. </td></tr></table></td></tr></table>En sesión ordinaria Nº 1337 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de enero de 2023, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C72-23. &#xa0;VISTO: Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. &#xa0;TENIENDO PRESENTE: Que, con fecha 3 de enero de 2023, don José Antúnez Oliva dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud, mediante la cual requirió certificado de salida de su abuela desde España o de llegada en el país de acogida.&#xa0;Y CONSIDERANDO: <p style="margin-top:14pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'1'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">1)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, a fin de resolver la admisibilidad del amparo en la especie, primeramente, es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'2'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">2)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información, dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'3'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">3)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, de acuerdo a los antecedentes expuestos por la parte reclamante, se concluye que su comparecencia en esta instancia no es a consecuencia de la falta de entrega de aquella información contenida en alguno de los soportes que señala el artículo 10 precitado. Ello, por cuanto, lo pretendido por la parte recurrente es que se emita un certificado que indique la fecha de salida de su abuela desde España o su fecha de llegada a Chile, lo que no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política de la República, razón por la que no cabe pronunciarse respecto de ello en esta sede.<p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'4'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">4)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, en lo concerniente a la solicitud de emisión de certificados, resulta pertinente hacer presente el razonamiento desarrollado por este Consejo a propósito de los amparos Roles C460-10, C574-11 y C310-12, entre otros, donde se estableció claramente que “una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados”, no correspondiendo a este Consejo exigir la elaboración de estos últimos. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'5'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">5)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.<p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'6'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">6)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes, se hace presente a don José Antúnez Oliva que, según lo indicado por la Policía de Investigaciones de Chile en su respuesta, su solicitud de acceso a la información fue derivada al Servicio Nacional de Migraciones, dado que dicha institución podría tener en su poder información relativa a su consulta. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'7'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">7)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que la parte recurrente, en el futuro, formule una solicitud de acceso a la información pública al órgano reclamado o cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, a través de los canales que correspondan, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano. Así como también, podrá recurrir ante este Consejo, interponiendo un nuevo amparo a su derecho de acceso a la información, en los casos que se cumplan los presupuestos del artículo 24, esto es, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la eventual negativa a la solicitud de información; o bien, una vez terminado el plazo de 20 días que dispone el órgano requerido para dar respuesta. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: <ol type="I" style="margin:0pt; padding-left:0pt"><li style="margin-top:14pt; margin-left:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; padding-left:13pt; font-family:'Book Antiqua'; font-size:11pt">Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don José Antúnez Oliva en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por las razones expuestas precedentemente. </li><li style="margin-left:15.16pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; padding-left:13pt; font-family:'Book Antiqua'; font-size:11pt">Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Antúnez Oliva y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. </li></ol>En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Francisco Leturia Infante, sus Consejeras doña Gloria de la Fuente González y doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh. &#xa0;</string>