<p>
<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1769-13</strong></p>
<p>
Entidad pública: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras</p>
<p>
Requirente: Víctor Sforzini Sepúlveda</p>
<p>
Ingreso Consejo: 14.10.2013</p>
<p>
En sesión ordinaria Nº 519 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de abril de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1769-13.</p>
<h3>
VISTO:</h3>
<p>
Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<h3>
TENIENDO PRESENTE:</h3>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de agosto de 2013, don Víctor Sforzini Sepúlveda solicitó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la siguiente información:</p>
<p>
a) "Toda la información que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras disponga de la fusión del Banco Santiago y el Banco Santander; y,</p>
<p>
b) Todos los cambios de numeración que ocurrieron en las operaciones de crédito, al pasar éstas de Banco Santiago a Banco Santander." Aclara, que se refiere a toda la información respecto a la mutación de operaciones de crédito que ocurrió en el cambio de bancos ya señalados.</p>
<p>
2) RESPUESTA: El 23 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras respondió a dicho requerimiento de información señalando que deniega la entrega de la información por la causal de reserva contemplada en el artículo 21 Nº 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Esto, porque la solicitud se inserta en el contexto de múltiples requerimientos a ese órgano sobre el mismo asunto (13 presentaciones sólo el año 2013), al que ya se le ha respondido en innumerables ocasiones, lo que implica distraer indebidamente a los funcionarios en el cumplimiento regular de sus labores.</p>
<p>
3) AMPARO: El 14 de octubre de 2013, don Víctor Sforzini Sepúlveda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Además, hizo presente que durante años ha solicitado la información sin haber tenido éxito. Agrega que "solicito y exijo, en último término, que la SBIF conteste si mutaron las operaciones de crédito y las cuentas corrientes con la fusión del banco Santiago con el Banco Santander, hecho que, de haber ocurrido tuvo que ser informado a la SBIF y por carta certificada a todos los clientes de dichas entidades bancarias."</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, mediante Oficio N° 4.350, de 21 de octubre de 2013, quien, a través de Oficio N° 13.955, de 11 de noviembre de 2013, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:</p>
<p>
a) El solicitante, incluso desde antes de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, ha realizado una gran cantidad de presentaciones ante esa Superintendencia (un total de 188, según el registro de correspondencia de la SBIF), todas ellas relacionadas con un conflicto que sostiene con el Banco Santander, específicamente en relación a un crédito con el Banco Santiago, que posteriormente se fusionó con el Banco Santander. En este sentido, los antecedentes aludidos dan cuenta de que una vez que obtuvo de dicho banco toda la documentación sobre el conflicto en comento gracias a la intermediación de esa Superintendencia, habría llegado al convencimiento de que fue víctima de un delito penal, solicitando a esta entidad que presente ante el Ministerio Público la denuncia que, en su opinión, procedería.</p>
<p>
b) Pese a que esa Superintendencia ha contestado las solicitudes del reclamante, señalándole que no tiene facultades jurisdiccionales, todo ello sin perjuicio de manifestarle que la denuncia sobre la eventual ocurrencia de un ilícito penal puede realizarla él mismo, el reclamante ha continuado solicitando información sobre el mismo asunto y reiterando sus solicitudes de denuncia.</p>
<p>
c) Por tanto, teniendo en consideración el elevado número de presentaciones sobre el mismo asunto que ha realizado el señor Sforzini ante esta Superintendencia (188), incluyendo reclamos, denuncias, solicitudes por Ley de Transparencia y solicitudes genéricas, a lo largo de varios años, es dable sostener que se trata de un caso de abuso de derecho, en cuanto a que pese a que versan sobre la misma materia y han sido igualmente respondidas por esta Superintendencia, el peticionario continúa insistiendo sobre el mismo punto.</p>
<p>
d) Agrega que, respecto de la información solicitada, esto es, específicamente al cambio de numeraciones de operaciones de crédito relacionadas con el requirente, le ha hecho llegar toda la información que se encuentra en su poder, tanto en soporte físico como digital. En este sentido, aduce que el recurrente ha realizado numerosas presentaciones en que manifiesta su conocimiento del detalle de las operaciones de crédito en las que él era deudor. Sin perjuicio de lo anterior, indica que adjunta igualmente la información que esa Superintendencia tiene en su poder sobre los cambios de numeración en operaciones de crédito derivadas de la fusión del Banco Santiago con el Banco Santander en que aparece involucrado el señor Sforzini.</p>
<p>
e) Por último, señala que, atendido que se trata de un elevado número de solicitudes sobre una misma materia, tratándose además de documentación que ya ha sido remitida al reclamante, es que considera que de encargarse las gestiones necesarias para recopilar los documentos solicitados se afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, en tanto implicaría que sus funcionarios deberían dedicar tiempo a contestar solicitudes de información idénticas a otras anteriores y a las que ya se ha dado respuesta previamente, en lugar de realizar las demás funciones que le encomienda la Ley, entre ellas, responder a las demás solicitudes de información en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia.</p>
<p>
5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El Consejo Directivo de esta Corporación, en sesión ordinaria Nº 500, de 5 de febrero de 2014, decretó una medida para mejor resolver el presente amparo, materializada a través del Oficio Nº 633, de 12 del mismo mes y año. En virtud de dicha medida se solicitó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que: a) se pronuncie acerca de los elementos o requisitos específicos que configurarían la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en relación con la información solicitada en los literales a) y b), debiendo abordar en su análisis la eventual concurrencia de dicha hipótesis de reserva en relación a la totalidad de la información solicitada, considerando, a modo ejemplar, el volumen de ésta y las labores que debería desarrollar para su búsqueda, recopilación y entrega al peticionario. Lo anterior, atendido que, del tenor literal de ambos literales de la solicitud, éstos no se limitan sólo a aquella información relativa a la situación particular del solicitante ; y b) en relación con el punto anterior, se le solicitó aportar todos los antecedentes de que disponga y detalle de los fundamentos que permitan acreditar la concurrencia de la causal que invoque, como por ejemplo, el volumen de información a que se refiere la solicitud, número de funcionarios destinados a la recopilación de la información solicitada, tiempo de la jornada que le demandaría obtener copia de la información, así como también, si estima que dentro de la información solicitada se encuentran datos personales que ameriten ser tarjados en forma previa a su entrega.</p>
<p>
6) RESPUESTA A LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: La SBIF respondió a la antedicha medida a través del Oficio Nº 1.670, de 25 de febrero de 2014, y con respecto a los pronunciamientos que le fueran específicamente solicitados, señaló lo siguiente:</p>
<p>
a) Respecto de la situación que afecta al solicitante, aduce que ya ha entregado toda la documentación de que dispone.</p>
<p>
b) Manifiesta que invocó la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia teniendo en consideración el elevado número de presentaciones sobre el mismo asunto que ha realizado el requirente ante esa Superintendencia -(188) a partir del año 1999-, incluyendo reclamos, denuncias, solicitudes por Ley de Transparencia y solicitudes genéricas. Las reiteradas solicitudes de acceso configuran un caso de abuso de derecho en cuanto, pese a que tales presentaciones versan sobre la misma materia y han sido igualmente respondidas por esa Superintendencia, el solicitante continúa insistiendo sobre el mismo punto, lo cual implica distraer indebidamente de sus funciones habituales a los funcionarios de ésta.</p>
<p>
c) En cuanto a lo solicitado en la letra b) de la solicitud de acceso, a saber, los cambios de numeración que ocurrieron en las operaciones de crédito al pasar éstas de Banco Santiago y Banco Santander, indica que esa Superintendencia no cuenta con ese nivel de detalle en relación a las operaciones de las entidades fiscalizadas. En este sentido, precisa que el informe de deudas que realiza esa Superintendencia sólo se refiere al monto y a la entidad involucrada. En este sentido, aduce que en cuanto a la situación del requirente, la información que en su oportunidad fue puesta a su disposición, se obtuvo a través de un requerimiento directo al Banco en cuestión.</p>
<p>
Posteriormente, mediante Oficio N° 472, de 15 de abril de 2014, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, complementó lo informado en el precitado Oficio N° 1670, de 25 de febrero de 2014, en el siguiente sentido:</p>
<p>
i. La invocación de la causal contemplada en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia obedece a que a que no toda la documentación existente sobre la materia se encuentra disponible en el edificio donde se encuentran las dependencias de esa Superintendencia, por razones de espacio físico, estando el resto de ella en bodegas externas donde se guardan los documentos antiguos. Por esa razón, el volumen total de ella, no es posible de determinar sin recopilarla previamente.</p>
<p>
ii. Además del trabajo de recopilación de la información, que podría tardar incluso un par de semanas para los funcionarios de la Secretaría General de la Superintendencia, debe realizarse un análisis para determinar distinguir aquella información que puede entregarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de Bancos y la Ley de Transparencia. Así las cosas, deben intervenir las siguientes personas: un Abogado de la Dirección Jurídica, el Abogado Jefe de la Dirección Jurídica, el Director Jurídico, y un Intendente. En consecuencia, entregar una información como la señalada implica distraer indebidamente a dichos funcionarios de la Superintendencia. Hace presente que al menos parte de la documentación solicitada está sujeta a reserva en virtud del artículo 7° de la Ley General de Bancos.</p>
<p>
iii. Por último, adjunta copia de otras cinco solicitudes de información por la Ley de Transparencia presentadas por el señor requirente el día 27 de marzo de 2014, en que insiste nuevamente en realizar consultas sobre distintas aristas de su conflicto con el Banco Santander y que habrían tenido su origen en la fusión de los Bancos Santiago y Santander, respecto del cual esa Superintendencia ya se ha pronunciado en reiteradas oportunidades.</p>
<p>
7) TÉNGASE PRESENTE DEL SOLICITANTE: Mediante correo electrónico de 24 de marzo de 2014, y presentación de 23 de abril del mismo año el solicitante manifestó que es sabido por la reclamada "que las operaciones de crédito de dinero y las cuentas corrientes de los clientes y/o ahorrantes, ya existentes no mutan y/o cambian con la fusión de los bancos, hecho que es plenamente conocido por el Superintendente de Bancos." Asimismo, agregó que no solicita que la reclamada ejerza facultades de carácter jurisdiccional, sino que lo que pretende, es que ésta "conteste si es efectivo o no, que las operaciones de créditos existentes en un banco mutan y/o cambian de numeración producto de la fusión de éste con otro."</p>
<h3>
Y CONSIDERANDO:</h3>
<p>
1) Que, lo solicitado en la especie es "toda la información que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras disponga de la fusión de los Bancos Santiago y Banco Santander", y, "todos los cambios de numeración que ocurrieron en las operaciones de crédito, al pasar éstas de Banco Santiago a Banco Santander". En consecuencia, deberá rechazarse el presente amparo, en aquella parte en la que el reclamante requiere que "la SBIF conteste si mutaron las operaciones de crédito y las cuentas corrientes con la fusión del banco Santiago con el Banco Santander", por exceder lo solicitado primitivamente en el requerimiento de acceso que dio origen al presente amparo.</p>
<p>
2) Que, por su naturaleza la información requerida tiene -en principio- el carácter de pública conforme a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia ya que obra en poder de la administración y ha sido elaborada con fondos públicos. Lo anterior, es sin perjuicio de las excepciones a la publicidad de la información, consagradas en el artículo 8° de la Constitución Política, en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y en otras normas particulares.</p>
<p>
3) Que en la especie la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha denegado la entrega de la información que ha sido solicitada fundado en lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia, que contempla la causal de reserva que habilita para denegar su entrega cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos (...) cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento habitual de sus funciones". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7° letra c) del Reglamento de la citada ley, al establecer que "un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". Al respecto, la reclamada ha señalado en su respuesta que la solicitud se inserta en el contexto de múltiples requerimientos a ese órgano sobre el mismo asunto (13 presentaciones sólo el año 2013), en tanto, en sus descargos, adujo que el elevado número de presentaciones (188) sobre el mismo asunto que ha realizado el requirente, incluyendo reclamos, denuncias, solicitudes por la Ley de Transparencia y solicitudes genéricas, a lo largo de varios años, constituiría un caso de abuso de derecho.</p>
<p>
4) Que, en relación con las alegaciones de la reclamada, cabe consignar que este Consejo ha acogido la referida causal de reserva, por ejemplo, en la decisión de los amparos Roles C1426-12, y C362-13 y C368-13, ponderando el número de solicitudes de acceso formuladas por un determinado solicitante y el período en que ello se ha verificado. Así, por ejemplo en la precitada decisión este Consejo ha señalado que:" el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona, ante un mismo órgano de la Administración del Estado, en un período acotado de tiempo, puede justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios de dicho órgano, respecto del cumplimiento regular de sus funciones, recogidas en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia. Lo anterior, cuando se acredite que su atención agregada implica para tales funcionarios la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas."</p>
<p>
5) Que, para estimar acreditada la concurrencia de la hipótesis de reserva en análisis, este Consejo ha considerado especialmente las circunstancias fácticas alegadas y acreditadas por los órganos reclamados en cada caso. Así y a título ejemplar e ilustrativo de lo señalado cabe citar el considerando undécimo de la mencionada decisión de los amparos Roles C362-13 y C368-13 : "Que en el presente caso se ha podido constatar que en dos días de un mismo mes, a saber, el 6 y 15 de febrero de 2013, el requirente formuló de manera consecutiva un total de sesenta y dos solicitudes de información que requieren la entrega de más de 2.374 oficios (829 de 2009, 812 de 2010, 733 de 2011, todos los oficios de año 2012 y dos meses de 2013). Como ha acreditado la reclamada a través de los documentos acompañados a sus descargos, dichos documentos se refieren a una amplia diversidad de materias concernientes al órgano reclamado, específicamente, a su División de Desarrollo Urbano, tales como, postulaciones al Programa de Pavimentación Participativa, remisiones de contratos a honorarios, asistencia de funcionarios, reembolsos por traslados, etc."</p>
<p>
6) Que, a la luz del criterio expuesto precedentemente, se advierte que los elementos de juicio aportados por la reclamada tanto en su respuesta como en sus descargos, resultan insuficientes para dar por acreditada la concurrencia de la causal de reserva precitada. En efecto, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para sustentar su alegación, alude a un número elevado de solicitudes (188), el cual, sin embargo, no se refiere únicamente a solicitudes de acceso a la información, sino también a otras de diversa naturaleza - reclamos, denuncias, solicitudes genéricas-, formuladas incluso antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Por otra parte, es menester agregar que, del número de solicitudes (13) de acceso que el órgano reclamado aduce haber recibido de parte del solicitante en el año 2013, no es posible apreciar que éste constituya un nivel de ingreso de solicitudes que, por sí solo, dé lugar a la aplicación de la causal en análisis. En efecto, no ha acreditado que la solicitud de acceso del reclamante en conjunto con las que cita se hayan verificado en un período acotado de tiempo y, cuya atención agregada, considerando su materia y extensión, haya podido significar un entorpecimiento al debido cumplimiento de sus funciones. Adicionalmente, cabe tener presente que en lo que atañe específicamente a la información que ha sido requerida en la solicitud que dio origen al presente amparo, el órgano reclamado no ha indicado en qué medida la entrega de aquélla produciría la afectación alegada.</p>
<p>
7) Que, en la complementación de su respuesta a la medida para mejor resolver, el órgano reclamado manifestó que no toda la documentación existente sobre la materia se encontraba disponible en sus dependencias, estando el resto de ella en bodegas externas. Asimismo, indicó que la recopilación de la información "podría tardar incluso un par de semanas" para los funcionarios de la Secretaría General de la Superintendencia, y que además debía realizarse un análisis para distinguir aquella información susceptible de entregarse, "de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de Bancos y la Ley de Transparencia."</p>
<p>
8) Que, a juicio de este Consejo, las circunstancias de hecho que alega el órgano reclamado para entender fundada la antedicha causal de reserva, no resultan justificadas en la especie. Ello, toda vez que el tiempo que ha estimado para reunir la documentación -dos semanas- no reviste la entidad suficiente para que las actividades que debe desarrollar dicho organismo le suponga distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones. En este sentido, cabe consignar, respecto de su alegación relativa a que debía ponderar la aplicabilidad del artículo 7° de la Ley General de Bancos, que no ha precisado en qué medida la información solicitada requeriría el precitado análisis. Sobre el particular, es menester hacer presente que, conforme a lo resuelto de manera sistemática y uniforme por este Consejo a partir de la decisión Rol C695-10, la redacción del mencionado precepto no puede interpretarse en términos tales que ello suponga que todos los informes elaborados por los funcionarios de la Superintendencia o que los hechos, negocios o situaciones de que hubieren tomado conocimiento en el desempeño de su cargo sean secretos o reservados. Por el contrario, el precepto en examen explicita, pura y simplemente, un deber funcionario directamente aplicable a las personas que, a cualquier título, presten servicios en la SBIF, pero que no habilita a este órgano para fundar la denegación de información que obre en su poder. En el mismo sentido, se ha pronunciado la sentencia Rol 10474-2013, de la Excma. Corte Suprema recaída en el recurso de queja Rol 4060-3102 caratulada "Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras con Consejo para la Transparencia ", respecto del alcance de la norma en análisis, señalando que : "se trata entonces de una regulación jurídica que tiene como destinatarios a los funcionarios en las áreas de sus competencias propias con las referidas sanciones administrativas y/o penales en caso de infracción. La publicidad y la transparencia, en cambio, con su regulación jurídica actual, antes que a las personas se refieren a los órganos del Estado (Emilio Pfeffer, Reformas Constitucionales 2005. Antecedentes, Debates, Informes páginas 30 y 31), lo que confirman los artículos 4º y 14 de la Ley de Transparencia al formular una clara distinción entre funcionarios y autoridades institucionales."</p>
<p>
9) Que, en consecuencia y atendido lo señalado, este Consejo rechazará la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia, ordenando que entregue al solicitante la información requerida previo pago de los costos de reproducción que fueren procedentes, otorgándosele a ésta un plazo excepcional de 15 días hábiles a efectos de cumplir adecuadamente con dicho requerimiento, atendido lo señalado en su respuesta a la medida para mejor resolver dispuesta por este Consejo.</p>
<p>
10) Que, con todo, en cuanto a la información solicitada en el literal b) de la solicitud, relativa a "todos los cambios de numeración que ocurrieron en las operaciones de crédito, al pasar éstas de Banco Santiago a Banco Santander", cabe consignar que sólo con ocasión de la respuesta a la medida para mejor resolver dispuesta por este Consejo, la reclamada informó que "no cuenta con ese nivel de detalle en relación a las operaciones de las entidades fiscalizadas". Por lo tanto, encontrándose este Consejo impedido de requerir la entrega de información inexistente, se rechazará el presente amparo en este aspecto, dándose por contestada, aunque en forma extemporánea, dicha parte de la solicitud.</p>
<p>
11) Que, finalmente, respecto de lo señalado por el reclamante en su presentación de 23 de abril de 2014, en orden a que lo que requiere es que la reclamada se pronuncie respecto de si mutaron las operaciones de crédito y las cuentas corrientes con la fusión de bancos a que alude su solicitud, cabe indicar que ello difiere del objeto de la información consignada en los literales a) y b) de lo expositivo, constatándose que ello constituye una solicitud de acceso diferente a la que allí se contiene, no siendo la tramitación del presente amparo, la instancia idónea para efectuarla, razón por la que se desestimará dicho requerimiento. Con todo, ello no obsta a que el requirente, de estimarlo pertinente, formule una nueva solicitud de acceso ante el órgano reclamado.</p>
<h3>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
<p>
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Victor Sforzini Sepúlveda, en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras:</p>
<p>
a) Hacer entrega al reclamante de la información solicitada en el literal a) del numeral 1° de lo expositivo de la presente decisión, previo pago de los costos de reproducción que fueren procedentes.</p>
<p>
b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo excepcional que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl , o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y a don Víctor Sforzini Sepúlveda.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.</p>
<p>
</p>