Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenándose la entrega de Certificado, de fecha 27 de febrero de 2023, del Departamento de Acción Social; o en su defecto, se acredite su proporción efectiva a la parte requirente en sede de cumplimiento. Lo anterior, por cuanto el organismo se allanó a la entrega de dicho documento; no constando su remisión efectiva al solicitante. Asimismo, se acoge el presente amparo en lo que respecta a la entrega del “listado con los nombres y apellidos de los Beneficiarios que obtuvieron la Pensión de Gracia como Victimas del Estallido Social”. Lo anterior, por cuanto la develación de la nómina consultada reviste de un evidente interés público, pues posibilita a la ciudadanía tomar noticia y ejercer control social respecto del cumplimiento de los procedimientos y requisitos que deben cumplir las personas para acceder a un beneficio pecuniario de carácter estatal, que, por lo demás, es de carácter vitalicio. En efecto, la jurisprudencia de este Consejo ha sido invariable sobre esta materia. En los Amparos roles C1764-20, C6699-20, C6701-20, C6702-20 y C6703-20, C5281-22, C6671-22, entre otros, ha razonado reiteradamente sobre la publicidad de información relativa a oficios, actas de evaluación de postulantes, nómina de beneficiarios, entre otros antecedentes respecto a la extensión del beneficio de pensiones de gracia, fundado en que se trata de un beneficio pecuniario otorgado por el Estado, cuya divulgación permite un adecuado control social acerca del cumplimiento de los requisitos de su obtención. En forma previa a su entrega, el órgano deberá tarjar los datos personales de contexto y sensibles que pudieran contener los documentos, especialmente aquellos que expongan o visibilicen un determinado estado de salud o patología de las personas consultadas en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.