Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1773-23

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Reclamante:	DANIEL MORALES PERICO
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
Resumen del caso: reclama por el trámite migratorio indicado
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	3/29/2023
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C574-11 C919-12 C460-10
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento administrativo >> Especiales >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

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<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <string><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="width:409.5pt; padding:1.5pt; vertical-align:middle">DECISIÓN AMPARO ROL C1773-23 </td><td style="width:259.5pt; padding:1.5pt; vertical-align:middle"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">Entidad pública: Servicio Nacional de Migraciones.</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">&#xa0;</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:top">Requirente: Daniel Morales Perico.</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:middle">&#xa0;</td></tr><tr><td style="padding:3pt; vertical-align:top">Ingreso Consejo: 16.02.2023. </td></tr></table></td></tr></table>En sesión ordinaria Nº 1347 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de marzo de 2023, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C1773-23. &#xa0;VISTO: Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. &#xa0;TENIENDO PRESENTE: <p style="margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-14.2pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'1'; -aw-list-padding-sml:5.04pt">1)&#xa0;&#xa0; Que, con fecha 17 de enero de 2023, don Daniel Morales Perico presentó una solicitud de información ante el Servicio Nacional de Migraciones, mediante le cual reclama por el trámite migratorio indicado y solicita la emisión del certificado de permanencia definitiva señalado.<p style="margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-14.2pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'2'; -aw-list-padding-sml:5.04pt">2)&#xa0;&#xa0; Que, con fecha 16 de febrero de 2023, don Daniel Morales Perico, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud de información.&#xa0;Y CONSIDERANDO: <p style="margin-top:14pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'1'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">1)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, a fin de resolver la admisibilidad del amparo en la especie, primeramente, es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'2'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">2)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales". <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'3'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">3)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, de acuerdo a los antecedentes expuestos por la parte reclamante, se concluye que su comparecencia en esta instancia no es a consecuencia de la falta de entrega de aquella información contenida en alguno de los soportes que señala el artículo 10 precitado. Ello, por cuanto, lo pretendido por la parte recurrente es requerir la emisión de su certificado de permanencia definitiva, lo que no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política de la República, razón por la que no cabe pronunciarse respecto de ello en esta sede. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'4'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">4)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, en efecto, en lo que respecta a la solicitud de emisión de certificados, es preciso hacer presente el razonamiento desarrollado por este Consejo en los amparos Roles C460-10, C574-11 y C919-12, donde estableció claramente que “una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados”, no correspondiendo a este Consejo exigir la elaboración de estos últimos.<p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'5'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">5)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, en este sentido, el considerando 4° de la decisión de reposición del amparo Rol A146-09 concluye, en lo que resulta aplicable al presente amparo, lo siguiente: “4) Que, respecto de la información que es solicitada a los órganos de la Administración en los términos de la Ley de Transparencia, este Consejo considera que respecto de ella puede requerirse la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como “solicitud de copia autorizada”, y que se encuentra amparada por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y su disposición acerca de que la información sea entregada “en la forma y por el medio que requirente haya señalado”. No obstante, debe indicarse que tal certificación debe distinguirse de aquella solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por normas especiales y, por ende, por disposiciones diversas a las contempladas por la Ley de Transparencia”.<p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'6'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">6)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad. <p style="margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:11pt; -aw-import:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0)'; -aw-list-number-styles:'decimal'; -aw-list-number-values:'7'; -aw-list-padding-sml:8.84pt">7)&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0;&#xa0; Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que la parte recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información pública al órgano reclamado o cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, a través de los canales que correspondan, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano. Así como también, podrá recurrir ante este Consejo, interponiendo un nuevo amparo a su derecho de acceso a la información, en los casos que se cumplan los presupuestos del artículo 24, esto es, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la eventual negativa a la solicitud de información; o bien, una vez terminado el plazo de 20 días que dispone el órgano requerido para dar respuesta. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: <ol type="I" style="margin:0pt; padding-left:0pt"><li style="margin-top:14pt; margin-left:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; padding-left:13pt; font-family:'Book Antiqua'; font-size:11pt">Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don Daniel Morales Perico en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por las razones expuestas precedentemente. </li><li style="margin-left:15.16pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; padding-left:13pt; font-family:'Book Antiqua'; font-size:11pt">Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Daniel Morales Perico y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. </li></ol>En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Francisco Leturia Infante, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se hace presente que su Consejera doña Natalia González Bañados, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh. &#xa0;</string>