Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1952-13

Reclamante:	ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS NO ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO
Reclamado:	UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Universidad del Bío Bío, fundada en la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información referido a la copia del expediente sumarial, relacionado con la denuncia por acoso sexual y laboral realizada por una de sus socias en contra del funcionario que se indica. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que las piezas del expediente sumarial no eran susceptibles de ser entregadas al requirente, como tercero ajeno del procedimiento, ni a la ni a la época de la solicitud ni al vencimiento del plazo para evacuar la respectiva respuesta. Por tal razón resulta aplicable la causal de reserva del Artículo 21 N°5, toda vez que la publicidad de dicha información el debido cumplimiento de las funciones del órgano.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/7/2014
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Estatuto Administrativo
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C7-10 C858-10 C969-10 C411-09
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Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C1952-13 Entidad pública: Universidad del Bío Bío Requirentes: Asociación de Funcionarios No Académicos de la Universidad del Bío Bío Ingreso Consejo: 08-11-2013 En sesión ordinaria Nº 501 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de febrero de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1952-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; las disposiciones pertinentes del D.F.L. N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de octubre de 2013, la Asociación de Funcionarios No Académicos de la Universidad del Bío Bío, solicitó a la Universidad del Bío Bío, en adelante e indistintamente la “Universidad”, copia del expediente sumarial, relacionado con la denuncia por acoso sexual y laboral realizada por una de sus socias en contra del funcionario que se indica. Tal solicitud fue dirigida al Rector de la Universidad requerida y suscrita por los Sres. José Uribe Soto, en calidad de Tesorero, y Héctor Rivas Soto, en calidad de Presidente Subrogante. Además, se invocó especialmente la Ley de Transparencia. 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 8 de noviembre de 2013, doña María Cristina Castro Pérez, en calidad de Presidenta de la Asociación de Funcionarios No Académicos de la Universidad del Bío Bío interpuso amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Universidad del Bío Bío, fundado en la falta de respuesta a su solicitud de acceso dentro del plazo legal. 3) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Mediante Oficio N° 4863, de 21 de noviembre de 2013, este Consejo solicitó a la Asociación de Funcionarios No Académicos de la Universidad del Bío Bío, la subsanación del su amparo. Lo anterior, en atención a que, una vez revisados los antecedentes del mismo, este Consejo advirtió que la Sra. María Cristina Castro Pérez, pese a haber invocado la calidad de Presidenta de la asociación aludida, no acompañó los documentos que acreditan tal personería en los términos exigidos en el artículo 22 de la Ley N° 19.880. Por tal razón se requirió a la solicitante acreditar la representación invocada de acuerdo a la norma indicada y dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación del oficio. El 22 de noviembre de 2013, a través de carta ingresada a la misma fecha a este Consejo, la Sra. María Castro Fuentes adjuntó el certificado de vigencia N° 1308/2013/542, de 28 de agosto de 2013, por el cual el Jefe de la División de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo certificó, entre otros hechos, la integración y vigencia del directorio de la asociación, en el cual consta que la Sra. Castro es la Presidenta de la organización. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó este amparo al Sr. Rector de la Universidad del Bío Bío, mediante oficio N° 4986, de 28 de noviembre de 2013. Por dicho oficio se solicitó especialmente que junto con formular sus descargos: (1°) indicase las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido respondida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acreditase dicha circunstancia, acompañando copia de dicha respuesta, y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2° de la Ley de Transparencia y, en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia; (3°) se refiriese a la eventual concurrencia de una causal de secreto o reserva de la información solicitada; (4°) señalara el estado de tramitación en que se encuentra el sumario objeto de la solicitud de información; (5°) señalara si la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, en su caso, acompañe copia de las respectivas comunicaciones con el respectivo comprobante que acredite fecha y medio de despacho; (6°) En caso de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, proporcionara los datos de contacto –por ejemplo-: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y (7°) señalara si estos terceros presentaron oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañara a este consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y de la oposición deducida. A través de Ordinario N° 071, de 17 de diciembre de 2013, ingresado a este Consejo el 18 del mismo mes y año, el Sr. Pablo Zeiss Martínez, en representación de la Universidad del Bío Bío, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que: a) Lo solicitado es copia de un sumario administrativo que a la fecha de la solicitud de acceso no se encontraba aún terminado, por lo que de acuerdo a las normas legales que regulan la materia no era posible acceder a la petición. b) En efecto el artículo 137 inciso 2° del D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, señala expresamente que el sumario administrativo será secreto hasta la fecha de la formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo sólo para el inculpado a su abogado. La entrega de antecedentes a terceros ajenos al proceso no afinado transgrede esta normativa, de acuerdo a lo dictaminado por la Contraloría General de la República y el criterio de los Tribunales Ordinarios de Justicia. c) A la fecha de esta presentación, el procedimiento sumarial requerido aún no se encuentra terminado, por lo que tampoco es posible acceder a la solicitud de copias del mismo. d) Acompaña copia de un mandato judicial otorgado por la Universidad del Bío Bío a don Pablo Zeiss Martínez para efectos de su representación. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o jefatura del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la misma. En la especie, la solicitud de información que motivó el presente amparo ingresó al organismo reclamado el 4 de octubre de 2013, de modo que el plazo para pronunciarse sobre dicho requerimiento expiró el 5 de noviembre de 2013, sin que éste fuera respondido dentro de ese término legal y sin que conste que la reclamada hubiere prorrogado excepcionalmente dicho término, de conformidad al inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, se ha configurado el fundamento del presente amparo, cual es, la ausencia de respuesta dentro de plazo legal. Lo anterior constituye una infracción al deber legal descrito en el citado artículo 14, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará a la reclamada la referida infracción en lo resolutivo del presente acuerdo. 2) Que, en cuanto al fondo, la universidad reclamada indicó en sus descargos que no era posible acceder a la solicitud de acceso de acuerdo a las normas legales que regulan la materia, en atención a que tal sumario, a la fecha de la solicitud de acceso y de sus descargos, no se encontraba terminado. Además, fundó su alegación en lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 137 del Estatuto Administrativo que señala que el sumario administrativo será secreto hasta la fecha de la formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo sólo para el inculpado o su abogado. Además, refrendó lo anterior citando el Dictamen N° 4.322, de 2012, de la Contraloría General de la República y aludiendo a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 28 de octubre de 2013, en causa Rol N° 9712, de 2012. 3) Que en cuanto a la reserva dispuesta en el artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo, cabe tener presente el criterio que ha desarrollado este Consejo en relación a la aplicación de dicho precepto, el cual en síntesis, es el siguiente: a) Tratándose de sumarios afinados, esto es, aquéllos en que la autoridad respectiva ha pronunciado un dictamen para resolver el sumario de que se trate, este Consejo a través de las decisiones recaídas en los amparos Roles A47-09, A95-09, A159-09, A327-09, C411-09, entre otras, ha establecido que el expediente sumarial, desde ese momento, adquiere el carácter de información pública, en los términos dispuestos en los artículos 5° y 10º de la Ley de Transparencia. b) En el caso de que los sumarios se encuentren aún en tramitación, se ha distinguido por esta Corporación, por ejemplo, en las decisiones de amparos Roles C7-10, C858-10 y C969-10, la procedencia de la divulgación de antecedentes, en atención al estado preciso en que se encuentre la substanciación del sumario: Mientras no se hayan formulado cargos en el procedimiento sumarial éste tiene carácter reservado general, en razón de lo dispuesto en el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo. El considerando 4° de la decisión recaída en el amparo Rol C858-10 afirma que “…dicha reserva tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, lo que se subsume en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia”, citando el considerando 4° de la decisión recaída en el amparo Rol C7-10. En este último se afirma que “…el carácter secreto del sumario consagrado en el artículo 137 de la Ley N° 18.834, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación en curso cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia. En efecto, el expediente sumarial, en su etapa indagatoria, contiene los antecedentes de una investigación que son previos a la adopción de una resolución, medida o política respecto de ella, conforme a la letra b) del precitado numeral. Por otro lado, y según las circunstancias del caso concreto, su divulgación puede ir en desmedro de la prevención de un crimen o simple delito, conforme lo establece la letra a), del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia”. c) En cambio, y en el considerando 4° de la decisión del amparo Rol C858-10, se estimó que a partir de la formulación de cargos, el expediente sumarial pierde su carácter reservado pero sólo con respecto al inculpado y su abogado, quienes desde ese momento –y conforme a lo establecido en el artículo 137, inciso segundo, de la Ley N° 18.834– pueden tomar conocimiento del expediente sumarial, conservando su carácter secreto respecto de terceros. 4) Que, aún cuando el organismo reclamado no señaló expresamente el estado de tramitación del sumario ni en qué etapa específica se encontraba, sí indicó a este Consejo que el expediente consultado estaba en tramitación, tanto a la época en que se efectúo la solicitud de acceso como a la fecha en que se evacuaron los descargos. 5) Que, atendido lo expuesto, las piezas del expediente sumarial consultado no eran susceptibles de ser entregadas a la Asociación de Funcionarios No Académicos, en su calidad de tercero ajeno al procedimiento, ni a la época de la solicitud ni al vencimiento del plazo para evacuar la respectiva respuesta. Por tal razón, resulta aplicable el criterio de este Consejo reseñado en el considerando 3° precedente, ya que en la especie, encontrándose aún pendiente la adopción de una decisión por parte de la autoridad universitaria, resulta aplicable el artículo 137 inciso 2° del Estatuto Administrativo, configurándose, en la especie, la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5, en concordancia con el artículo 1° transitorio, ambos de la Ley de Transparencia, por afectar la publicidad de dicha información el debido cumplimiento de las funciones del órgano, una de las causales contempladas en el artículo 8° de la Constitución Política y desarrollada en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia. En virtud de lo razonado precedentemente, se concluye que la reclamada no se encontraba obligada a entregar la información pedida, motivo por el cual deberá rechazarse el amparo deducido. 6) Que, sin perjuicio de lo señalado, cabe hacer presente a la reclamante que una vez afinado el sumario administrativo, podrá, en todo caso, realizar una nueva solicitud de acceso al amparo de la Ley de Transparencia. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo interpuesto por doña María Castro Pérez, en representación de la Asociación de Funcionarios No Académicos de la Universidad del Bío Bío, en contra de la Universidad del Bío Bío, por las razones precedentemente expuestas. II. Representar al Sr. Rector de la Universidad del Bío Bío la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia y al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo legal, toda vez que el órgano reclamado debió haber respondido la solicitud de información a la requirente en la oportunidad señalada en el citado artículo 14. Lo anterior, a fin de que se adopten las medidas necesarias para que ello no vuelva a reiterarse. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Rector de la Universidad del Bío Bío y a doña María Castro Pérez, en representación de la Asociación de Funcionarios No Académicos de la Universidad del Bío Bío. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente del Consejo Directivo don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por no asistir a esta sesión. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.