Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2017-13

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Reclamante:	CRISTIAN VARGAS MONTENEGRO
Reclamado:	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fundado en que no dio respuesta a la solicitud de información referente a: a) Respuesta a lo consultado en presentación individualizada como CAS-2113923-F6F4M6; b) Informar si la ley de microempresa, permite el uso de espacio de propiedad privada, si existe un muro medianero y de adosamiento que utiliza un espacio de su propiedad y si el tejado de la ampliación realizada por su vecino está junto a su muro; y, c) La ley de microempresa permite que la ampliación, que no posee muro corta fuego, ponga en riesgo su propiedad, sabiendo que en caso de incendio el fuego escalará y afectará a su vivienda. El Consejo declara inadmisible el amparo, toda vez que la solicitud de información no habría sido formulada por ninguna de las vías señaladas por la ley de transparencia, sino que ingreso como denuncia.
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	12/2/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C67-13 C68-13 C69-13 C70-13 C73-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Plazo de presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Vivienda

DECISIÓN AMPARO ROL C2017-13 Entidad pública: Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Requirente:  Cristian Vargas Montenegro. Ingreso Consejo: 15.11.2013. En sesión ordinaria N° 483 de su Consejo Directivo, celebrada el 27 de noviembre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2017-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) Que, con fecha 16 de octubre de 2013, don Cristian Vargas Montenegro realizó una presentación al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del cual habría solicitado: a) Respuesta a lo consultado en presentación individualizada como CAS-2113923-F6F4M6; b) Informar si la ley de microempresa, permite el uso de espacio de propiedad privada, si existe un muro medianero y de adosamiento que utiliza un espacio de su propiedad y si el tejado de la ampliación realizada por su vecino está junto a su muro; y, c) La ley de microempresa permite que la ampliación, que no posee muro corta fuego, ponga en riesgo su propiedad, sabiendo que en caso de incendio el fuego escalará y afectará a su vivienda. 2) Que, con fecha 15 de noviembre de 2013, don Cristian Vargas Montenegro deduce amparo a su derecho de acceso a la información en contra del MINVU, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia. 2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por la requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones. 3) Que, en consecuencia, a fin de resolver la admisibilidad del amparo de la especie, primeramente es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si el requerimiento que lo motivó constituye una solicitud de acceso a la información amparada por la Ley de Transparencia. 4) Que, en primer lugar, según se desprende de los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y artículos 42 y siguientes de su Reglamento, para que este Consejo pueda conocer de la solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información interpuestas en contra de los órganos de la Administración de Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad se hayan efectuado ante los mismos una o más solicitudes de acceso a la información en los términos exigidos por los artículos 12 y 14 de la Ley de Transparencia y 27 y 28 de su Reglamento. 5) Que, al tenor de las exigencias previstas en las normas mencionadas en el considerando precedente se advierte que el reclamante, a través de su presentación, no requirió información alguna al órgano reclamado en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, en particular en sus artículos 5 y 10, que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a “solicitar y recibir información” en la forma y condiciones establecidas en dicho cuerpo legal. 6) Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”. 7) Que, a través de la presentación de don Cristian Vargas Montenegro, más bien, se solicita que el órgano requerido emita un pronunciamiento respecto de determinados hechos que afectarían a su propiedad, por construcciones que habría realizado su vecino, lo cual no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, por lo que no cabe referirse respecto a ello en esta sede. 8) Que, en segundo lugar, el legislador ha establecido en los artículos 12 de la Ley de Transparencia y 28 del Reglamento que la ejecuta, las maneras de hacer solicitudes de información mediante el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, a saber: a) Por escrito; mediante el formulario dispuesto en dependencias de los órganos de la Administración del Estado, principalmente en la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS), o a través de carta dirigida al Jefe Superior del Servicio, o; b) Por sitios electrónicos; a través del sitio especificado para la recepción por el respectivo organismo público. 9) Que, según consta de los antecedentes aportados por el requirente, la solicitud de información no habría sido formuladas por ninguna de las vías señaladas en el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Transparencia, sino que se ingresó como un reclamo, a través del Sistema Integrado de Atención Ciudadana (SIAC). 10) Que, en este sentido, cabe hacer presente que, la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2011, dispone, en el párrafo segundo de su numeral 1.1. que “si el formato escogido por el solicitante es electrónico, en el banner a que se refiere el numeral 12 de la presente Instrucción General se deberá especificar el sitio web que se encuentra disponible para la recepción electrónica de las solicitudes, y redireccionar directamente a él”. Asimismo, el párrafo quinto del mismo numeral señala que “en caso que la solicitud se presente a través de canales no especificados para su recepción, como un correo electrónico o comunicación postal enviada directamente a un funcionario, y el servicio correspondiente procediere a acusar recibo de ella y tramitarla en los términos de la Ley de Transparencia y de esta Instrucción General, se entenderá validada con ello tanto la vía de ingreso como la respuesta remitida, no pudiendo alegar el órgano, frente a un eventual amparo del requirente, que la consulta se recibió por una vía no dispuesta al efecto”. 11) Que, conforme lo anterior, este Consejo procedió a revisar el sitio electrónico institucional del MINVU, pudiendo verificarse la existencia, en la página principal un banner denominado “Solicitud de Información por Ley de Transparencia”, donde es posible realizar solicitudes de información. Asimismo, a través del SIAC, vía utilizada por el reclamante, es posible realizar solicitudes de información; sin embargo, de la impresión de pantalla acompañada por éste, y de los antecedentes que expuso, se constató que la presentación que dio origen a la presente reclamación corresponde a un reclamo y no a una solicitud de información en los términos de la Ley de Transparencia. 12) Que, a mayor abundamiento, en estos mismos términos se ha pronunciado con anterioridad este Consejo al adoptar una decisión en los amparos Roles C67-13, C68-13, C69-13, C70-13 y C73-13, entre otros. 13) Que, conforme a los razonamientos anteriores, resulta forzoso concluir que la presentación del reclamante no cumplió con los requisitos para ser admitida a tramitación como solicitud de información y, consecuentemente, no puede dar lugar dicha petición a una reclamación de amparo al derecho de acceso a la información pública ante este Consejo. 14) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que el recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información pública al MINVU, o a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, en particular en sus artículos 5 y 10, y realizando dicha solicitud a través de los canales y vías de ingreso, de conformidad a lo establecido en el numeral 1.1. de la Instrucción General N° 10, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano, según lo preceptuado en el artículo 3°, literal e), del Reglamento de la Ley de Transparencia. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don Cristian Vargas Montenegro, en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por las razones expuestas precedentemente. II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristian Vargas Montenegro y al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.