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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C2082-13</strong></p>
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Entidad pública: Carabineros de Chile</p>
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Requirente: Jaime Lira Bruce</p>
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Ingreso Consejo: 25.11.2013</p>
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En sesión ordinaria N° 529 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de junio de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2082-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) CONTEXTO PREVIO: Con anterioridad a la presentación de la solicitud que originó este amparo, el Sr. Jaime Lira Bruce requirió a Carabineros de Chile, mediante solicitudes de 24 de junio y 6 de agosto, ambas de 2013, los antecedentes y el resultado del reclamo RR001945-2013, efectuado por el propio solicitante ante el Departamento de Reclamos y Sugerencias de Carabineros de Chile. Ambas solicitudes fueron respondidas por Carabineros de Chile, señalando que la investigación a que dio lugar el señalado reclamo, aún no se encontraba afinada.</p>
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2) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de octubre de 2013, Jaime Lira Bruce presentó a Carabineros de Chile, en adelante también Carabineros, la siguiente solicitud, en relación a la respuesta a las solicitudes previas citadas en el numeral precedente "dado el tiempo transcurrido y entendiendo que los procesos administrativos tienen plazos acotados y definidos (...) quisiera copia electrónica de la documentación que dé cuenta de la decisión final y de sus fundamentos y/o ejecución".</p>
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3) RESPUESTA: El 12 de noviembre de 2013, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información, mediante carta RSIP N° 22599, señalando, en síntesis, que:</p>
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a) Los antecedentes solicitados se remiten respaldados en un CD, dado que no resulta posible enviarlos por correo electrónico, por el tamaño de los archivos escaneados en formato PDF.</p>
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b) Hace presente que de fojas 20 a 24 fue tarjado el Parte Detenidos N° 34, de 27 de marzo de 2013, por "delito de maltrato de obra a Carabinero con resultado de lesiones", "ocultación de identidad", "faltar el respeto a la autoridad", y "oponerse a la acción de la autoridad pública", remitido por parte de la 1° Comisaría Santiago, a la Fiscalía Local Centro Norte, documento que es materia de investigación por parte del Ministerio Público. La investigación se encuentra radicada en la Fiscalía, conforme a lo prescrito por el artículo 80 del Código Procesal Penal.</p>
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c) Además, en razón de lo prescrito en el artículo 2°, de la Ley N° 19.628, en sus letras f) y g), dentro del expediente remitido, también han sido tarjadas las sanciones consignadas en la documentación, en virtud de lo prescrito por el artículo 21 de la Ley N° 19.628. Conforme a la citada norma, Carabineros se encuentra legalmente impedido de divulgar dicha información.</p>
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d) Finalmente, en la documentación remitida se han tarjado determinados planes operativos relativos, especialmente, a movimiento de dotaciones por razones estratégicas, en razón de lo prescrito en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar, en concordancia con la disposición del artículo 8° inciso segundo y disposición cuarta transitoria de la Constitución, debe entenderse que el artículo 436 del Código de Justicia Militar, al tatar materias las cuales son objeto de reserva o secreto respecto de ciertos actos en ellos mencionados, lo hace con el estatus de ley de quórum calificado, quedando de tal forma amparado en el artículo 21, N° 5 de la Ley de Transparencia.</p>
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4) AMPARO: El 25 de noviembre de 2013, Jaime Lira Bruce dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, "lo solicitado viene tarjado, no siendo dato personal, a fojas 369" Agregó que "el expediente completo tiene 379 hojas, de las cuales sólo adjunté una que es donde se grafica la negación injustificada de información".</p>
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5) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: A través de Oficio N° 5103, de 4 de diciembre de 2013, este Consejo requirió al reclamante subsanar su amparo, conforme a lo previsto en el artículo 46 inciso segundo del Reglamento de la Ley de Transparencia. a objeto que aclarase si el reclamo presentado, dice únicamente relación con los datos tarjados a fojas 369 del expediente consultado, o bien, si reclamó por toda la información que fue tarjada por Carabineros. Además, se requirió que acompañase copia de las anteriores solicitudes de información, formuladas el 24 de junio y 6 de agosto pasados, así como las respectivas respuestas de Carabineros de Chile y que adjuntase copia del disco compacto entregado por Carabineros, con toda la información proporcionada en respuesta a la solicitud que originó este amparo.</p>
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Mediante carta de 11 de diciembre de 2013, el Sr. Lira Bruce señaló, en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) Acompaña copias de respuestas a presentaciones realizadas con anterioridad al requerimiento que dio origen al amparo, a saber, la Resolución Exenta N° 103 de 5 de julio de 2013 y la Resolución Exenta N° 145 de 4 de septiembre de 2013, ambas contienen en forma destacada los requerimientos que dieron origen a dichas respuestas.</p>
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b) El presente amparo es únicamente respecto de las descripciones de las sanciones, a fojas 369.</p>
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c) Se adjunta disco compacto (CD) con el expediente entregado por Carabineros. Señala el solicitante que, atendido que el archivo pesa 83 MB fue imposible enviarlo al Consejo, por correo electrónico.</p>
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6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo trasladó este amparo al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante oficio N°5323, de 18 de diciembre de 2013. Se solicitó especialmente que, junto con presentar sus descargos 1) indicase el estado de cumplimiento en que se encuentran las sanciones impuestas a los funcionarios indicados en el expediente sumarial, a fojas 369, y que se encuentran tarjadas, y 2) proporcionase los datos de contacto de los dos funcionaros de Carabineros de Chile que fueron sancionados en el marco del referido sumario administrativo, a objeto de evaluar una eventual aplicación del artículo 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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Mediante oficio N° 2, de 30 de diciembre de 2013, Carabineros de Chile presentó sus descargos, señalando, en síntesis que:</p>
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a) Mediante respuesta a la solicitud que motivó el presente reclamo, de 7 de octubre de 2013, cuya copia se acompaña, se entregó copia de la Investigación Administrativa, con los siguientes dos alcances: De fojas 20/24, que corresponde a un Parte policial, que se remitió a la Fiscalía Centro Norte, fue tarjado en su totalidad, porque constituye parte una investigación que impulsaría el Ministerio Público; y a fojas 369, que corresponde a la Resolución terminal del proceso indagatorio, fueron tarjadas las medidas administrativas aplicadas en contra de dos funcionarios, por su responsabilidad administrativa en los hechos investigados. El reclamante solamente controvierte que se hayan tarjado las medidas administrativas aplicadas, nada más.</p>
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b) Mediante Resolución N° 27, de 6 de septiembre de 2013, se aplicaron las medidas administrativas a dos funcionarios que individualiza, la cual fue notificada personalmente a ambos funcionarios el 10 de septiembre de 2013. Los dos señalaron en esa oportunidad que no ejercerían su derecho a reclamo o impugnación alguna, situación que hace que la medida administrativa propuesta haya adquirido la condición de firme o ejecutoriada, de conformidad al artículo 49, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11.</p>
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c) Encontrándose ejecutoriada las sanciones administrativas, éstas adquirieron el carácter de cumplidas una vez que, como se dijo, fueron anotadas en el libro de vida correspondiente. Por lo tanto, estando cumplidas las sanciones administrativas, la ley impide comunicarlas, según dispone el artículo 21, inciso 1°, de la Ley N° 19.628, de Protección de Datos, que señala, en lo que interesa, que los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez cumplida la sanción. Es así que Carabineros de Chile no pudo menos que tarjar la sanción administrativa aplicada cada uno de los dos funcionarios afectados, que rola a fojas 369.</p>
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d) Finalmente, proporciona los datos de contacto de ambos Carabineros. Hace presente que producto del proceso anual de traslado del personal de Carabineros de Chile, como de la aplicación de planes operativos policiales con motivo de las festividades de fin de año y comienzo del periodo estival, en actual ejecución, es posible que el domicilio funcional que registran sufra variaciones.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que según el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o jefatura del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la misma. En la especie, la solicitud que motivo el presente amparo ingresó a Carabineros el 7 de octubre de 2013, de modo que el plazo para pronunciarse sobre dicho requerimiento expiró el 6 de noviembre de 2013, sin que conste que hubiere sido prorrogado excepcionalmente. La solicitud solo fue respondida el 12 de noviembre de 2013, esto es, en exceso del citado plazo legal. Lo anterior constituye una infracción al deber legal descrito en el citado artículo 14, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará a Carabineros de Chile la referida infracción en lo resolutivo de la presente decisión.</p>
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2) Que, a modo de contexto, revisado el expediente remitido por Carabineros de Chile al solicitante, el cual fue acompañado por éste último a este Consejo, se advierte que la solicitud recae en copia de la decisión final y sus fundamentos, que obran en investigación administrativa instruida por Carabineros de Chile, con ocasión de la detención de una estudiante universitaria, ocurrida el 27 de marzo de 2013, en el Paseo Ahumada, Santiago Centro. La noticia de la detención de la estudiante fue informada profusamente en los medios de comunicación. A vía ejemplar se citan los siguientes links, revisados el 26 de mayo de 2014: http://radio.uchile.cl/2013/03/27/polemica-por-detencion-de-mechona-reabre-debate-sobre-violencia-policial-contra-estudiantes; http://www.lanacion.cl/detencion-de-mechona-provoca-indignacion-entre-transeuntes/noticias/2013-03-26/162109.html; http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/carabineros/gobierno-respaldo-actuar-de-carabineros-en-detencion-de-mechona/2013-03-28/154720.html y http://www.latercera.com/noticia/educacion/2013/03/657-515922-9-beyer-pide-prudencia-a-carabineros-tras-confusa-detencion-de-estudiante-mechona.shtml.</p>
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3) Que, del tenor del amparo y de su subsanación formulada por el reclamante, cabe concluir que la reclamación dice relación con que Carabineros de Chile tarjó las sanciones aplicadas a los dos funcionarios de esa institución policial, que fueron aplicadas en el marco del procedimiento disciplinario señalado. Tales sanciones se encuentran contenidas en la Resolución N° 27, de 6 de septiembre de 2013, la cual rola a fojas 367 a 369 del expediente sumarial. Específicamente, el tarjamiento de tales datos se encuentra en la foja 369, pues es ésta foja la que contempla la parte resolutiva del mencionado acto administrativo. Por lo tanto, la presente decisión se circunscribirá a tal información, toda vez que a su respecto el solicitante indicó expresamente no estar conforme con la respuesta de Carabineros.</p>
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4) Que, la reclamada denegó la entrega de dicha información, mediante el tarjamiento de las sanciones aplicadas a los dos funcionarios afectados, atendido que, a su juicio, resultaría aplicable el artículo 21 de la Ley N° 19.628, por tratarse de datos personales relativos a sanciones administrativas cumplidas. La citada norma en su inciso primero, dispone que "los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena". Sobre la materia, cabe analizar el citado artículo 21 de la ley N° 19.628 -que data del año del 1999-, tanto a la luz de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política, que consagra la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen; como en función de las normas establecidas en la Ley de Transparencia, que entró en vigencia en abril de 2009.</p>
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5) Que, al respecto, la citada norma constitucional previene, en lo que interesa, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. De esta forma, las sanciones contenidas en las resoluciones cuya entrega se requiere, en tanto se trata de las medidas disciplinarias aplicadas a dos funcionarios de Carabineros de Chile, que están insertas en tal acto administrativo son, en principio públicas, por cuanto se trata de actos pronunciados por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades, de manera que su publicidad no debiese quedar restringida, salvo en las hipótesis de reserva o secreto contempladas por el legislador.</p>
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6) Que, la publicidad es el régimen general de los actos que emanan de la Administración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política, y en consideración a que el derecho de acceso a la información pública es una garantía constitucional implícitamente reconocida en el N°12 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el artículo 21 de la ley N° 19.628, habrá de interpretarse restrictivamente. Por lo pronto, no parece ajustarse a la necesidad de esa interpretación la conclusión de excluir del conocimiento público los actos administrativos que han impuesto sanciones, una vez cumplidas o prescritas estas, mediante el argumento de entender que la revelación de tales actos comprende el tratamiento de datos a que alude el referido artículo 21 de la ley N° 19.628. En el contexto de publicidad de todas las actuaciones de los órganos de la administración del Estado, no es posible escindir el acto administrativo del contenido que genera, el que si no queda comprendido dentro de las causales de reserva previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, será siempre público.</p>
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7) Que, conforme a ello, la voz "tratamiento" contenida en la señalada disposición de la Ley N° 19.628, no alcanzaría a las medidas disciplinarias contenidas en la resolución que se analiza -por las que se impuso una sanción determinada-, por cuanto tal expresión no puede alcanzar a los actos administrativos que dan lugar u originan una medida disciplinaria o sancionatoria, sino más bien al volcamiento de los datos allí contenidos en registros o bancos de datos, según expresamente lo señala el artículo 1° del cuerpo legal citado. Además, ni el constituyente, ni el legislador han excluido expresamente a dichos actos sancionatorios de la publicidad que rige a todos los actos administrativos, razón por la que en la situación de la especie, procederá su comunicación o entrega en cuanto no se advierte que su divulgación importe afectar alguno de los bienes jurídicos resguardados por las causales de reserva legal.</p>
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8) Que, asimismo, cabe tener presente que este Consejo, en las decisiones recaídas en los amparos Roles A47-09, A58-09, A95-09, A327-09, 137-11 y C377-13, entre otras, ha sostenido que la órbita de privacidad de los funcionarios que trabajan para la Administración del Estado es más reducida que la del resto de las personas. A mayor abundamiento, la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma. Teniendo presente lo anteriormente razonado, este Consejo también ha sostenido que no toda información subsumible en la categoría de dato personal es per se secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de publicidad de la información que obre en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11 letra c) y 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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9) Que, en consecuencia, atendido lo expuesto en los considerandos precedentes, este Consejo estima que con el objeto de resolver este amparo, debe efectuarse una interpretación del artículo 21 de la ley N° 19.628 que resulte armónica con los principios y normas que gobiernan la publicidad de los actos administrativos. Dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para los organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos de orden caduco -sanciones prescritas o cumplidas- en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero no puede extenderse a la prohibición de conocer la sanción contenida en el acto administrativo que originalmente impuso la medida disciplinaria. Esta interpretación coincide con la práctica de, por ejemplo, excluir del certificado de antecedentes de una persona determinadas sanciones ya cumplidas, sin que ello conlleve el secreto de la sentencia judicial que la adoptó en su oportunidad. Así pues, es posible y necesario distinguir entre el tratamiento posterior de un dato que la ley considera caduco, de la publicidad que rige a los actos administrativos que originalmente impusieron la sanción que por el paso del tiempo, o su cumplimiento efectivo, devienen en dato caduco. En definitiva, el artículo 21 es un llamado a abstenerse de difundir un dato caduco, pero no un mandato de reserva absoluto sobre un acto administrativo.</p>
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10) Que además y a mayor abundamiento, en el caso en análisis, a juicio de este Consejo existen antecedentes suficientes que permiten constatar un interés público preponderante en la publicidad de la información referida a las medidas disciplinarias adoptadas y cumplidas en el marco del procedimiento disciplinario incoado por Carabineros de Chile, a raíz de hechos de connotación pública, según puede apreciarse de los portales informativos citados a vía ejemplar en el considerando 2) de ésta decisión. En tal sentido, debe destacarse el interés público que trae consigo el conocimiento de las sanciones administrativas aplicadas a los funcionarios de Carabineros de Chile a raíz del hecho señalado, en el marco del procedimiento disciplinario incoado por esa institución.</p>
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11) Que en razón de todo lo anterior, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la reclamada que entregue al solicitante copia íntegra de la foja 369 del expediente disciplinario consultado, que forma parte de la Resolución que aplicó las sanciones administrativas a los funcionarios afectados de esa institución, sin tarjar las sanciones disciplinarias que fueron aplicadas y que allí se contemplan.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo deducido por Jaime Lira Bruce, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile que:</p>
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a) Entregue al solicitante copia íntegra de la foja 369 del expediente disciplinario instruido con ocasión de los hechos señalados por el solicitante en su solicitud, la cual forma parte de la Resolución N° 27, de 6 de septiembre de 2013, sin tarjar las sanciones disciplinarias que fueron aplicadas y que en dicha foja se contemplan.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Representar al Sr. General Director de Carabineros de Chile, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, toda vez que no dio respuesta al requerimiento de información que se le formulara en el plazo previsto en el referido artículo 14 del cuerpo legal precitado. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que ante nuevas solicitudes de información la referida infracción vuelva a reiterarse.</p>
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IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jaime Lira Bruce y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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JORGE JARAQUEMADA ROBLERO</p>
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ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI VIVIANNE BLANLOT SOZA</p>
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JOSÉ LUIS SANTA MARÍA ZAÑARTU</p>
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DECISIÓN AMPARO ROL C1970-13 Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana (SEREMI)</p>
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Requirente: María Verónica Schiappacasse Rudolphy</p>
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Ingreso Consejo: 12.11.2013</p>
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En sesión ordinaria N° 529 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de junio de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1970-13.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L.N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de septiembre de 2013, doña María Verónica Schiappacasse Rudolphy solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, en adelante e indistintamente SEREMI, la siguiente información:</p>
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a) La individualización completa del o de los solicitantes de la declaración de herencia vacante quedada al fallecimiento de doña Pascuala Brito Briones.</p>
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b) Todos los actos y resoluciones que se hayan dictado con ocasión de tal tramitación.</p>
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2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO: Mediante el Ordinario N° 5.140, de 10 de octubre de 2013, la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana comunicó la solicitud de información al tercero interesado -notificado el 15 de octubre de 2013- a objeto de que pudiera ejercer su derecho a oponerse a la entrega de la información solicitada, conforme al procedimiento regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. El 18 de octubre de 2013, el tercero interesado manifestó su oposición a la entrega de la información requerida, sin señalar los motivos de su oposición.</p>
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3) RESPUESTA: El 30 de octubre de 2013, la SEREMI, mediante correo electrónico, dio respuesta a la solicitud de información, mediante el envío de la resolución Exenta N° 3.614, de 28 de octubre de 2013, en virtud de la cual denegó la información relativa al nombre del solicitante de la herencia vacante, por haberse deducido oposición del tercero en tiempo y forma.</p>
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4) AMPARO: El 12 de noviembre de 2013 doña María Verónica Schiappacasse Rudolphy dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la SEREMI, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y, mediante el Oficio N° 4.882, de 21 de noviembre de 2013, confirió traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, el que fue contestado mediante Ordinario N° 6.038, de 6 de diciembre de 2013, en los siguientes términos:</p>
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a) La protección de los datos personales es un mandato de protección de rango constitucional, dentro de la esfera de resguardo del derecho a la vida privada consagrado en el artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental. El Tribunal Constitucional ha reconocido a través de su jurisprudencia que la protección de la vida privada de las personas, guarda estrecha relación con la protección de los datos personales, lo que en doctrina es conocido como autodeterminación informativa.</p>
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b) La SEREMI notificó el 15 de octubre de 2013 al denunciante de la herencia vacante, quien solicitó expresamente reserva de su identidad, razón por la cual se denegó la información.</p>
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c) Existen variados casos en nuestro Servicio en que denunciantes de herencias vacantes solicitan la reserva de sus identidades por el temor de exponerse a agresiones físicas y amenazas, por ejemplo, de parte de los ocupantes ilegales de inmuebles que se han denunciado como parte del acervo hereditario a que tiene derecho el Fisco de Chile.</p>
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d) Por otra parte, debido a un error no forzado, no se hizo entrega a la reclamante de copia de los documentos que forman parte de la tramitación del proceso de herencia vacante, llevado a efecto por esta SEREMI. Por lo que se adjunta copia completa de los actos del expediente respectivo.</p>
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6) CORREO ELECTRÓNICO DEL ORGANISMO RECLAMADO: El 6 de marzo pasado, la Unidad de Atención al Usuario de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana remitió por correo electrónico a la solicitante el Oficio N° 684, de la misma fecha, por el cual hizo entrega de copia del expediente de tramitación de la herencia vacante, en el cual se tarjó el nombre del solicitante de la herencia en comento.</p>
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7) GESTIONES OFICIOSAS: La Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo se comunicó con la reclamante el 7 de marzo de 2014, solicitándole que señalara si recibió la información requerida y si se encuentra conforme con la misma. El 10 de marzo pasado, la Sra. Schiappacasse señaló haber recibido dicha información y que se encontraba disconforme con la misma, toda vez que faltarían las resoluciones correspondientes a la materialización de los actos administrativos dictados en el procedimiento.</p>
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Mediante Oficio N° 1.613, de 14 de abril de 2014, este Consejo, para una más acertada resolución del presente amparo, solicitó a la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana lo siguiente:</p>
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a) Informar detallada y fundadamente a este Consejo si el denunciante de la herencia vacante recibió el galardón regulado en el artículo 42 del Decreto Ley N° 1.939, de 1977, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado.</p>
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b) Informar fundada y detalladamente a este Consejo si los documentos remitidos al solicitante y a este Consejo son los únicos que obran en su poder respecto de la denuncia de herencia vacante de la causante doña Pascuala Brito Briones o existen otros documentos o actos administrativos respecto de dicho procedimiento. En caso de existir otros documentos adicionales a los ya enviados, se solicita remitir copia de los mismos a este Consejo.</p>
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La respuesta a dicha solicitud, hasta la fecha, no ha sido ingresada a este Consejo por el organismo reclamado.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, a modo de contexto, cabe señalar que el artículo 42 del Decreto Ley N° 1.939, de 1977, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, establece que los derechos sucesorios del Fisco se regularán por las normas de la legislación común y por las especiales del Párrafo IV de ese cuerpo normativo. Agrega su inciso segundo que cualquier persona puede poner en conocimiento del servicio la existencia de derechos hereditarios que le correspondan al Fisco, así como de cualquier clase de bienes que, perteneciéndole, no tuviere de ellos conocimiento, o que se encontraren indebidamente en poder de terceros. Además señala que el denunciante que cumpliere los requisitos que más adelante se señalan, tendrá derecho a un galardón equivalente al 30% del valor líquido de los bienes respectivos.</p>
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2) Que respecto del literal a) de la solicitud de información, esto es, la individualización completa del o de los solicitantes de declaración de herencia vacante quedada al fallecimiento de doña Pascuala Brito Briones, en su respuesta enviada a la reclamante, el organismo reclamado negó la entrega de dicha información, atendida la oposición manifestada por el solicitante, una vez aplicado el procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Al respecto, este Consejo ha estimado en su decisión recaída en los amparos Roles C1731-12, C1732-12, C1733-12, C1734-12 y C1735-12, "que si bien el RUT de las personas naturales (...) constituye un dato personal, al permitir identificar con certeza a la persona del denunciante, contribuye a verificar la corrección del procedimiento de denuncia de herencia vacante, toda vez que de conformidad con las disposiciones citadas en el considerando 2°, se tendrá como primer denunciante a quien primero presente la denuncia, el cual, de verificarse los requisitos que la normativa respectiva dispone, tendrá derecho a un galardón equivalente al 30% del valor líquido de los bienes respectivos. Por ello, se justifica suficientemente, en la especie, la divulgación del nombre del o los denunciantes de herencias vacantes en análisis, incluyendo el RUT de los mismos". En consecuencia, deberá la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana entregar a la solicitante la individualización completa del o de los solicitantes de declaración de herencia vacante quedada al fallecimiento de doña Pascuala Brito Briones.</p>
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3) Que, en cuanto al literal b) de la solicitud de información, a saber, todos los actos y resoluciones que se hayan dictado con ocasión de la tramitación de la herencia vacante en comento, el organismo reclamado no se pronunció al respecto en sus descargos, no obstante lo cual, mediante correo electrónico de 6 de marzo pasado, remitió el expediente de dicho procedimiento, tarjando los datos del denunciante de la herencia vacante. Sobre la información enviada, la reclamante señaló su disconformidad con la misma, toda vez que faltarían las resoluciones correspondientes a la materialización de los actos administrativos dictados en el procedimiento. Del análisis de dicha documentación, este Consejo ha constatado que contiene información que fue adjuntada por la Sra. Schiappacasse a la SEREMI, además de los oficios emitidos por dicho organismo y que fueron remitidos a las diversas empresas en las cuales la causante habría tenido la propiedad de acciones emitidas por ellas, sus respectivas respuestas y el Ordinario N° 4.256, de 6 de agosto de 2013, dirigido al Jefe de Departamento de Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación, información que, de acuerdo a lo señalado por el organismo reclamado, corresponde a lo que obra en el expediente respectivo a la fecha de la solicitud. Por lo anterior, se acogerá esta parte del amparo, teniendo por cumplida, aunque de forma extemporánea, la obligación de informar de la institución reclamada respecto del literal b) de la solicitud de información.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo interpuesto por doña María Verónica Schiappacasse Rudolphy en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, por los fundamentos expuestos precedentemente, teniendo por cumplida, aunque extemporáneamente, su obligación de informar respecto del literal b) de la solicitud de información.</p>
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II. Requerir a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana lo siguiente:</p>
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a) Entregar a la solicitante la individualización completa del o de los solicitantes de declaración de herencia vacante quedada al fallecimiento de doña Pascuala Brito Briones.</p>
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b) Informar el cumplimiento de la presente decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana y a doña María Verónica Schiappacasse Rudolphy.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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JORGE JARAQUEMADA ROBLERO</p>
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ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI VIVIANNE BLANLOT SOZA</p>
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JOSÉ LUIS SANTA MARÍA ZAÑARTU</p>
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