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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C2158-13</strong></p>
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Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana de Santiago.</p>
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Requirente: Zsuzsanna Tamas Czitrom.</p>
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Ingreso Consejo: 04.12.2013.</p>
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En sesión ordinaria Nº 505 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de marzo de 2014, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2158-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575 y los decretos supremos Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la ley Nº 20.285, en adelante, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de noviembre de 2013, doña Susana Tamas Czitrom solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana de Santiago (en adelante, indistintamente, la SEREMI de Salud) lo siguiente: "Para el acta de inspección N° 33606 de 19 de noviembre de 2013, solicito el tenor de la denuncia que generó dicha visita inspectiva y quién generó dicha denuncia" (sic).</p>
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La recurrente señaló, para efectos de notificación, una dirección de correo electrónico, de conformidad al artículo 12, inciso 3°, de la Ley de Transparencia.</p>
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2) RESPUESTA: El 25 de noviembre de 2013, el órgano requerido otorgó respuesta a la solicitud de la recurrente señalando que el acta de inspección corresponde a la N° 33607 y no a la mencionada en la solicitud. En cuanto al tenor de la denuncia, ésta se refiere a la presencia de roedores y respecto a la identidad de la persona que solicitó la fiscalización, en virtud del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y 21 de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, se deniega el acceso a la información requerida, ya que requirió mantener su nombre en reserva.</p>
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3) AMPARO: El 4 de diciembre de 2013 doña Zsuzsanna Tamas Czitrom, en calidad de asesor técnico de la sociedad SERCOFAR S.A., dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana de Santiago, fundado en la denegación de acceso a la información solicitada. Agrega que el 19 de noviembre de 2013, la empresa (elaboradora de alimentos) a la que presta servicios fue fiscalizada por la SEREMI de Salud y tal como consta en el acta de inspección, no se constató infracción sanitaria alguna. La denegación del órgano no se ajusta a ninguna de las causales del artículo 21 de la Ley de Transparencia, por lo que solicita se fije un plazo para que se le haga entrega de la copia de la denuncia.</p>
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4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de este Consejo solicitó a doña Zsuzsanna Tamas Czitrom subsanar su presentación, mediante oficio N° 5.257, de 12 de diciembre de 2013, para los siguientes efectos: a) indique si Susana Tamas Czitrom -quien efectuó la solicitud de acceso- y Zsuzsanna Tamas Czitrom -quien dedujo el amparo- corresponden a la misma persona y, en su caso, acredite poder para actuar a nombre de la solicitante; b) acredite su calidad de apoderado para actuar a nombre de la sociedad SERCOFAR S.A., mediante el respectivo poder; y c) acompañe copia del poder que hubiere conferido a terceros, para actuar en su representación en el presente procedimiento. Al efecto, el 24 de febrero de 2014, doña Zsuzsanna Tamas Czitrom indica que la solicitante y la recurrente corresponden a la misma persona y acompaña copia de su cédula de identidad. En cuanto a los literales b) y c) que se solicitó subsanar, la recurrente manifiesta actuar a nombre de la sociedad mencionada y otorgar patrocinio y poder para ser representada, sin embargo acompaña documentos que no han sido debidamente autorizados ni se acredita la personería de la representante legal de la sociedad en cuestión, de manera que tales antecedentes no cumplen con los requisitos del artículo 22 de la ley N° 19.880. Por lo expuesto, el amparo se tendrá por interpuesto por la recurrente, en su propio nombre y actuando personalmente. De esta forma, se tiene por subsanado el amparo.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana de Santiago, mediante el Oficio N° 5.256 de 12 de diciembre de 2013. El órgano reclamado evacuó sus descargos el 9 de enero de 2014, por oficio Ordinario N° 274, en síntesis, en los siguientes términos:</p>
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a) La solicitud de la recurrente consistió en determinar el tenor de la denuncia que generó una visita inspectiva y la identidad del denunciante, a lo que el órgano respondió que el tenor de ésta se refiere a la presencia de roedores y que no se daría a conocer la identidad del denunciante, ya que éste solicitó expresamente su reserva.</p>
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b) La reserva de la identidad del denunciante se encuentra amparada en la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En la especie, los derechos del denunciante que serían afectados son la seguridad y la esfera de la vida privada y, en particular, el derecho a resguardar su identidad.</p>
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c) A mayor abundamiento, el nombre de una persona natural es un dato personal, del cual es titular, y un atributo de la personalidad, que se encuentra expresamente amparado por la ley N° 19.628 y, conforme a su artículo 4, sólo con su consentimiento se podría entregar o publicar dicho dato.</p>
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d) La divulgación o entrega de los nombres de los denunciantes o reclamantes inhibe futuras denuncias o reclamos, lo que afectaría seriamente la función fiscalizadora de la SEREMI de Salud.</p>
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e) El órgano consideró inoportuno e inoficioso comunicar la solicitud al denunciante del caso, toda vez que en la propia denuncia señala expresamente "solicito reserva de mi identidad", expresión clara y suficiente que revela de forma inequívoca su voluntad en el sentido de que sea protegida su identidad.</p>
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f) En consecuencia, se deniega la solicitud de información de la recurrente, por estimar que los datos solicitados afectan directamente la seguridad y la vida privada del denunciante y en particular el derecho a resguardar su identidad.</p>
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6) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio Nº 3 de 2 de enero de 2014, notificó el amparo en análisis al tercero interesado, adjuntando copia del mismo y de sus documentos fundantes, a fin que presentara sus descargos dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la notificación de dicho oficio. Se le solicitó especialmente que señalara los derechos que le asistirían y que pudieren verse afectados con la publicidad de la información requerida. Sin embargo, el tercero interesado no formuló descargos en esta sede.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 5° de la Ley de Transparencia, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, los procedimientos que se utilicen para su dictación, como asimismo la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, salvo que concurra a su respecto alguna causal legal de secreto o reserva.</p>
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2) Que, en la especie, el órgano recurrido ha manifestado en sus descargos que, en casos como el que se analiza, la divulgación de los nombres de los denunciantes o reclamantes inhibiría futuras denuncias o reclamos, lo que afectaría seriamente la función fiscalizadora de la SEREMI de Salud, argumentos tales que pueden ser subsumidos en la causal de reserva que contempla el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, esto es, la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano. Asimismo, ha fundado, expresamente, la denegación de acceso a la identidad del denunciante en la causal del artículo 21 N° 2 de la ley referida, particularmente por estimar que se afectarían derechos del denunciante, quien requirió resguardar su identidad. Por consiguiente, corresponde analizar la procedencia de tales causales de secreto o reserva, como excepción al principio de publicidad de la información.</p>
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3) Que, el artículo 21 de la Ley de Transparencia, dispone que para verificar la procedencia de una causal invocada, es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, afectación que a su vez, debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva (así, por ejemplo, se ha pronunciado este Consejo en las decisiones roles A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11, C929-11).</p>
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4) Que, en cuanto a la identidad del denunciante, el órgano recurrido, para denegarla, ha invocado la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, fundado en que su publicidad, comunicación o conocimiento afectaría los derechos de seguridad y la vida privada de éste. Al respecto, este Consejo ha resuelto que el nombre de una persona natural es un dato personal del cual ella es titular, además de un atributo de la personalidad, que como tal se encuentra amparado por la ley N° 19.628 sobre Protección de la vida privada, y sólo con su consentimiento se puede entregar o publicar, a menos que se obtenga de una fuente accesible al público -y éste no es el caso-. Por otra parte, en la especie no resulta de interés público el nombre de quien realizó la denuncia ante la autoridad sanitaria, por cuanto, tal como ha sostenido este Consejo, reiteradamente (en decisiones de amparos roles C91-09, C520-09, C567-09, C56-10 y C302-10), los particulares que pongan en conocimiento de las autoridades públicas determinados hechos que puedan constituir infracciones o presuntos ilícitos, merecen que su identidad sea protegida, tal como lo solicitó expresamente el tercero en la propia denuncia. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que de acuerdo al tenor del artículo 20 de la Ley de Transparencia, para el caso que se soliciten documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, el organismo requerido se encuentra compelido a comunicar este hecho a los terceros -aún cuando el denunciante, en este caso, haya solicitado reserva de su identidad en el texto de la denuncia y, precisamente, porque en ello se funda la causal de reserva alegada- a fin de permitir a éstos ejercer el derecho a oponerse expresamente a la entrega de la información requerida, infracción que se representará en lo resolutivo este acuerdo.</p>
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5) Que, en consecuencia, cabe estimar que la publicidad, comunicación o conocimiento de la identidad del denunciante puede afectar la seguridad y la vida privada del tercero involucrado, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y considerando, además, la especial función que el artículo 33, letra m), de la misma ley encomienda al Consejo, de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628 sobre Protección de la vida privada, por parte de los órganos de la Administración del Estado.</p>
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6) Que, en concordancia con lo razonado precedentemente, respecto a la identidad del denunciante, es posible estimar que la comunicación de su identidad inhibiría que a futuro formule una nueva denuncia, pudiendo dañar el canal establecido por el organismo para recibir insumos esenciales para el ejercicio de sus funciones (criterio establecido por este Consejo en decisiones de amparos roles A520-09, C567-09 y C56-10, entre otros, que resulta plenamente aplicable al presente caso). En efecto, acceder a la identidad de la persona que voluntariamente ha entregado antecedentes a un organismo de la administración del Estado que, conforme a su competencia, tiene la atribución de ejercer acciones respecto de los particulares, sobre la base de dichos antecedentes, conlleva un riesgo probable de disuadir o desalentar en el futuro, la colaboración que puedan efectuar terceros. De esta manera, dicha situación afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, pues implicaría que la SEREMI de Salud pierda una fuente directa de información con la que hasta ahora cuenta para el ejercicio de sus funciones, afectación probable cierta y específica para acoger la reserva de esta información, independientemente de los méritos o utilidad de los antecedentes presentados por los terceros en el contexto de sus denuncias. En consecuencia, en mérito de lo expuesto, se rechazará el presente amparo respecto a este aspecto de la solicitud.</p>
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7) Que, en cuanto a la solicitud de la denuncia, el órgano estimó -atendido el texto literal de ésta- que lo requerido era conocer el contenido de la misma, y no una copia de ella, por lo que informó oportunamente que su tenor se refería a la presencia de roedores en la empresa fiscalizada. Luego, la solicitante aclaró -en su amparo- que lo requerido es la copia del texto de la denuncia. Para dilucidar este punto es de suma importancia considerar la función que debe cumplir el órgano recurrido. Al respecto, el D.F.L. N° 1 de 2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y 18.469, en su artículo 4 N° 3, encomienda al Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva: "(...) La fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y normas complementarias y la sanción a su infracción cuando proceda, en materias tales como higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, productos alimenticios, inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, laboratorios y farmacias (...)". Luego, el artículo 12 N° 3 del cuerpo legal citado dispone la función de: "Adoptar las medidas sanitarias que correspondan según su competencia, otorgar autorizaciones sanitarias y elaborar informes en materias sanitarias (...)". En dicho contexto, de acuerdo a lo expresado por el órgano en sus descargos y tal como ha resuelto este Consejo en decisiones anteriores (roles C1211-12 y C475-13), divulgar el texto de la denuncia afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la SEREMI de Salud, esencialmente en su labor de fiscalización de las infracciones a la normativa sanitaria, pues tendría el efecto de inhibir la futura presentación de denuncias, en tanto la labor investigativa del órgano se apoya esencialmente en que éstas se formulen. A más de lo anterior, cabe precisar que, en el caso particular que se analiza, del examen acucioso del contenido de la denuncia es posible advertir que esta contiene antecedentes y datos precisos y detallados respecto a los hechos y el lugar que se denuncia, lo que podría conducir a una eventual identificación del denunciante o afectar las facultades de fiscalización en terreno del organismo, antecedentes que fuerzan a mantener, en este caso, la reserva del texto de la denuncia.</p>
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8) Que, en atención a lo expuesto, se advierte claramente que la divulgación o publicidad del texto de la denuncia afectaría ostensiblemente el ejercicio de funciones propias del órgano recurrido, es decir, el debido cumplimiento de las funciones de la SEREMI de Salud, razón por la cual procede asimismo la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia en esta parte de la solicitud. Por tanto, este Consejo estima que respecto a la información objeto de la solicitud -copia de la denuncia e identidad del denunciante-, concurre asimismo la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por afectarse el debido cumplimiento de las funciones de la SEREMI de Salud, con la publicidad de la información pedida, razón por la cual debe rechazarse el presente amparo también en este aspecto.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Rechazar el amparo interpuesto por doña Zsuzsanna Tamas Czitrom en contra de Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana de Santiago, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Representar a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana de Santiago el no haber notificado la solicitud de información al denunciante o reclamante, para que éste pudiera ejercer el derecho de oponerse a la entrega de la información requerida, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por lo que se requerirá que adopte las medidas necesarias para que en el futuro no se reitere este hecho.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Zsuzsanna Tamas Czitrom y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana de Santiago.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por no asistir a esta sesión.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.</p>
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